Los regimenes arbitrarios, como el bolivariano, adoptan medidas de distinta índole parastablecer contra viento y marea el sistema político que se han propuesto, generalmente rechazado por la mayoria, con el exclusivo fin de perpetuarse en el poder, para lo cual usan herramientas criminales como el amedrentamiento, la persecución y la segregación o apartheid político.
Estos regimenes suelen
recurrir a la interpretación sesgada de las normas y de los procedimientos,
especialmente en el ámbito de los derechos humanos, para minimizarlos, evadir
los controles y allanar el camino para lograr el fin planteado.
Recientes
decisiones judiciales dejan perplejo al jurista y al analista político. En días pasados un juez del regimen
desvirtúo con una decisión aberrante el concepto y la naturaleza del delito de
difamación e injuria al manipular e interpretar de manera interesada,
tergiversando el valor de sus elementos constitutivos, el significado y el
valor procesal del insulto y la descalificación en forma reiterada y
sistemática en perjuicio de una persona honorable, mas grave aun, ausente. Otro
juez, igualmente dependiente, legaliza irresponsable y peligrosamente la
invasión a la propiedad privada, contrariando las normas fundamentales que la
protegen. La via judicial no es la única a la que recurre un ejecutivo
avasallador para imponer tales medidas, sino también la legislativa que se
expresa en base a una mayoría ilegitima que usurpa la iniciativa popular, a la
que con tanto fervor se refieren los revolucionarios bolivarianos cuando
intentan definir la "democracia participativa y protagonica." La
promulgación de una ley que crea un poder judicial paralelo, como si el actual
no fuere suficiente para atropellar a quienes ejercen su derecho a disentir, completa
la decision de acabar con el sistema, a través de la ruptura del orden
constitucional y legal.
Adentro,
estos regimenes logran tener cierto éxito, pero no tan solidamente; menos aun en forma indefinida. Afuera, estos
regimenes intentan también modificar el orden de la cosas, interpretando a su
manera las normas y los mecanismos
generalmente aceptados, especialmente, cuando se trata de ámbitos que, de
respetarse, pondrían en peligro su propia existencia, como serian los derechos
humanos. Para ello, estos regimenes se asocian, actúan en conjunto, promoviendo
nuevas instituciones y esquemas que de actuar de acuerdo con sus intereses,
generarían contradicciones y desorden.
Los países
del ALBA, por ejemplo, intentan disminuir con sus posturas forajidas, el funcionamiento
y la importancia de instituciones regionales como la OEA, para dar forma a
conceptos y criterios absolutamente ideologizados, contrarios a la sana
evolución de las normas. La tentativa de
crear instituciones regionales y subregionales, de concertación o de
cooperación, como la reciente CELAC, solo persigue, para ellos, la creación de
foros para desvirtuar y sustituir los conceptos existentes que forjados con el
tiempo y aceptados por todos, responden a la evolución de la sociedad internacional.
Afortunadamente, ese grupo marginal esta lejos de imponer tales criterios
aunque algunos gobiernos democráticos se presten al juego avalando directa o
indirectamente ciertas posturas que buscan el debilitamientola de esas
instituciones que de funcionar adecuadamente fortalecrian las posiciones
regionales.
Las normas
relativas a los derechos humanos, recogidas en tratados internacionales y en
las legislaciones internas de los Estados, son de aceptación general por la
comunidad internacional. Su interpretación
no puede sino responder al sentido de sus términos, a la practica y a la
jurisprudencia, en fin, al sentir de los ciudadanos. Si en el plano interno
esos regimenes interpretan a su manera el derecho a la libre expresión, el
derecho a ser informado y a informar, el derecho a elegir y a ser elegido, el
derecho a pensar, mediante decisiones
judiciales de corte político, leyes y decretos anticonstitucionales, en el
plano internacional no pueden lograr tal fin, pues el escenario y los procesos de adopción de las decisiones
son diferentes y además, hay un fuerte rechazo que neutraliza tal pretensión.
Intentar
disminuir la importancia de los mecanismos de protección de los derechos
humanos, como la CIDH o la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una
aberración que solo puede tener un relativo y efímero impacto interno.
Desconocer las sentencias de los tribunales internacionales y las
recomendaciones de los órganos del sistema regional de protección traduce la naturaleza totalitaria de un régimen.
Diseñar
medidas a su medida, en contra de la corriente, con el objetivo fundamental de
perpetuarse en el poder, es una irresponsabilidad mayúscula que será castigada
con el voto en el 2012; y, por la justicia, al aplicarse la ley y castigarse a
los responsables.
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