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miércoles, 5 de agosto de 2009

*ACUERDO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS (CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE CHILE) - 22 DE AGOSTO DE 1973., GRAVE QUEBRANTAMIENTO DEL ORDEN CONSTITUCIONAL

*ACUERDO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS (CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE CHILE) - 22 DE AGOSTO DE 1973., GRAVE QUEBRANTAMIENTO DEL ORDEN CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LA REPÚBLICA.

Acuerdo de la Cámara de Diputados (Congreso de la República de Chile)

http://www.geocities.com/CapitolHill/Congress/1770/acuerdos.html

El siguiente acuerdo fue aprobado por 81 votos contra 47 en la cámara de diputados chilena el 22 de agosto de 1973. En él se explicitan los actos antiliberales, antidemocráticos y aticonstitucionales de Salvador Allende, al que aún siguen algunos considerando un demócrata ejemplar.

El siguiente acuerdo fue aprobado por 81 votos contra 47 en la cámara de diputados chilena el 22 de agosto de 1973.

En él se explicitan los actos antiliberales, antidemocráticos y anticonstitucionales de Salvador Allende, al que aún siguen algunos considerando un demócrata ejemplar.

Considerando:

1º Que es condición esencial para la existencia de un Estado de Derecho que los Poderes Públicos, con pleno respeto al principio de independencia recíproca que los rige, encuadren su acción y ejerzan sus atribuciones dentro de los marcos que la Constitución y las leyes les señalan, y que todos los habitantes del país puedan disfrutar de las garantías y derechos fundamentales que les asegura la Constitución Política del Estado;

2º Que la juridicidad del Estado chileno es patrimonio del pueblo que en el curso de los años ha ido plasmando en ella el consenso fundamental para su convivencia y atentar contra ella es, pues, destruir no sólo el patrimonio cultural y moral de nuestra nación sino que, en la práctica, negar toda posibilidad de vida democrática;

3º Que son estos valores y principios los que se expresan en la Constitución Política del Estado que, de acuerdo a su artículo 2º, señala que la soberanía reside esencialmente en la nación y que las autoridades no pueden ejercer más poderes que los que ésta les delegue y, en el artículo 3º, se deduce que un Gobierno que se arrogue derechos que el pueblo no le ha delegado, incurre en sedición;

4º Que el actual Presidente de la República fue elegido por el Congreso Pleno previo acuerdo en torno a un estatuto de garantías democráticas incorporado a la Constitución Política, el que tuvo como preciso objeto asegurar el sometimiento de la acción de su Gobierno a los principios y normas del Estado de Derecho, que él solemnemente se comprometió a respetar;

5º Que es un hecho que el actual Gobierno de la República, desde sus inicios, se ha ido empeñando en conquistar el poder total, con el evidente propósito de someter a todas las personas al más estricto control económico y político por parte del Estado y lograr de ese modo la instauración de un sistema totalitario, absolutamente opuesto al sistema democrático representativo, que la Constitución establece;

6º Que, para lograr este fin, el Gobierno no ha incurrido en violaciones aisladas de la Constitución y de la ley, sino que ha hecho de ellas un sistema permanente de conducta, llegando a los extremos de desconocer y atropellar sistemáticamente las atribuciones de los demás Poderes del Estado, violando habitualmente las garantías que la Constitución asegura a todos los habitantes de la República, y permitiendo y amparando la creación de poderes paralelos, ilegítimos, que constituyen un gravísimo peligro para la nación, con todo lo cual ha destruido elementos esenciales de la institucionalidad y del Estado de Derecho;

7º Que, en lo concerniente a las atribuciones del Congreso Nacional, depositario del Poder Legislativo, el Gobierno ha incurrido en los siguientes atropellos:

a) Ha usurpado al Congreso su principal función, que es la de legislar, al adoptar una serie de medidas de gran importancia para la vida económica y social del país, que son indiscutiblemente materia de ley, por decretos de insistencia dictados abusivamente o por simples resoluciones administrativas fundadas en "resquicios legales", siendo de notar que todo ello se ha hecho con el propósito deliberado y confeso de cambiar las estructuras del país, reconocidas por la legislación vigente, por la sola voluntad del Ejecutivo y con prescindencia absoluta de la voluntad del legislador;

b) Ha burlado permanentemente las funciones fiscalizadoras del Congreso Nacional al privar de todo efecto real a la atribución que a éste le compete para destinar a los Ministros de Estado que violan la Constitución o la ley o cometen otros delitos o abusos señalados en la Carta Fundamental, y

c) Por último, lo que tiene la más extraordinaria gravedad, ha hecho "tabla rasa" de la alta función que el Congreso tiene como Poder Constituyente, al negarse a promulgar la reforma constitucional sobre las tres áreas de la economía, que ha sido aprobada con estricta sujeción a las normas que para ese efecto establece la Carta Fundamental;

8º Que, en lo que concierne al Poder Judicial, ha incurrido en los siguientes desmanes:

a) Con el propósito de minar la autoridad de la magistratura y de doblegar su independencia, ha capitaneado una infamante campaña de injurias y calumnias contra la Excma. Corte Suprema y ha amparado graves atropellos de hecho contra las personas y atribuciones de los jueces;

b) Ha burlado la acción de la justicia en los casos de delincuentes que pertenecen a partidos y grupos integrantes o afines del Gobierno, ya sea mediante el ejercicio abusivo del indulto, o mediante el incumplimiento deliberado de órdenes de detención;

c) Ha violado leyes expresas y ha hecho "tabla rasa" del principio de separación de los Poderes, dejando sin aplicación las sentencias o resoluciones judiciales contrarias a sus designios y, frente a las denuncias que al respecto ha formulado la Excma. Corte Suprema, el Presidente de la República ha llegado al extremo inaudito de arrogarse en tesis el derecho de hacer un "juicio de méritos" a los fallos judiciales, determinando cuándo éstos deben ser cumplidos;

9º Que, en lo que se refiere a la Contraloría General de la República --un organismo autónomo esencial para el mantenimiento de la juridicidad administrativa-- el Gobierno ha violado sistemáticamente los dictámenes y actuaciones destinados a representar la ilegalidad de los actos del Ejecutivo o de entidades dependientes de él;

10º Que entre los constantes atropellos del Gobierno a las garantías y derechos fundamentales establecidos en la Constitución, pueden destacarse los siguientes:

a) Ha violado el principio de igualdad ante la ley, mediante discriminaciones sectarias y odiosas en la protección que la autoridad debe prestar a las personas, los derechos y los bienes de todos los habitantes de la República, en el ejercicio de las facultades que dicen relación con la alimentación y subsistencia y en numerosos otros aspectos, siendo de notar que el propio Presidente de la República ha erigido estas discriminaciones en norma fundamental de su Gobierno, al proclamar desde el principio que él no se considera Presidente de todos los chilenos;

b) Ha atentado gravemente contra la libertad de expresión, ejerciendo toda clase de presiones económicas contra los órganos de difusión que no son incondicionales adeptos del Gobierno; clausurando ilegalmente diarios y radios; imponiendo a estas últimas "cadenas" ilegales; encarcelando inconstitucionalmente a periodistas de oposición; recurriendo a maniobras arteras para adquirir el monopolio del papel de imprenta, y violando abiertamente las disposiciones legales a que debe sujetarse el Canal Nacional de Televisión, al entregarlo a la dirección superior de un funcionario que no ha sido nombrado con acuerdo del Senado, como lo exige la ley, y al convertirlo en instrumento de propaganda sectaria y de difamación de los adversarios políticos;

c) Ha violado el principio de autonomía universitaria y el derecho que la Constitución reconoce a las Universidades para establecer y mantener estaciones de televisión, al amparar la usurpación del Canal 9 de la Universidad de Chile, al atentar por la violencia y las detenciones ilegales contra el nuevo Canal 6 de esa Universidad, y al obstaculizar la extensión a provincias del Canal de la Universidad Católica de Chile;

d) Ha estorbado, impedido y, a veces, reprimido con violencia el ejercicio del derecho de reunión por parte de los ciudadanos que no son adictos al régimen, mientras ha permitido constantemente que grupos a menudo armados, se reúnan sin sujeción a los reglamentos pertinentes y se apoderen de calles y caminos para amedrentar a la población;

e) Ha atentado contra la libertad de enseñanza, poniendo en aplicación en forma ilegal y subrepticia, a través del llamado Decreto de Democratización de la Enseñanza, un plan educacional que persigue como finalidad la concientización marxista;

f) Ha violado sistemáticamente la garantía constitucional del derecho de propiedad, al permitir y amparar más de 1.500 "tomas" ilegales de predios agrícolas, y al promover centenares de "tomas" de establecimientos industriales y comerciales para luego requisarlos o intervenirlos ilegalmente y constituir así, por la vía del despojo, el área estatal de la economía; sistema que ha sido una de las causas determinantes de la insólita disminución de la producción, del desabastecimiento, el mercado negro y el alza asfixiante del costo de la vida, de la ruina del erario nacional y, en general, de la crisis económica que azota al país y que amenaza el bienestar mínimo de los hogares y compromete gravemente la seguridad nacional;

g) Ha incurrido en frecuentes detenciones ilegales por motivos políticos, además de las ya señaladas con respecto a los periodistas, y ha tolerado que las víctimas sean sometidas en muchos casos a flagelaciones y torturas;

h) Ha desconocido los derechos de los trabajadores y de sus organizaciones sindicales o gremiales, sometiéndolos, como en el caso de El Teniente o de los transportistas, a medios ilegales de represión;

i) Ha roto compromisos contraídos para hacer justicia con trabajadores injustamente perseguidos como los de Sumar, Helvetia, Banco Central, El Teniente y Chuquicamata; ha seguido una arbitraria política de imposición de las haciendas estatales a los campesinos, contraviniendo expresamente la Ley de Reforma Agraria; ha negado la participación real de los trabajadores de acuerdo a la Reforma Constitucional que les reconoce dicho derecho; ha impulsado el fin de la libertad sindical mediante el paralelismo político en las organizaciones de los trabajadores;

j) Ha infringido gravemente la garantía constitucional que permite salir del país, estableciendo para ello requisitos que ninguna ley contempla.

11º Que contribuye poderosamente a la quiebra del Estado de Derecho, la formación y mantenimiento, bajo el estímulo y la protección del Gobierno, de una serie de organismos que son sediciosos porque ejercen una autoridad que ni la Constitución ni la ley les otorgan, con manifiesta violación de lo dispuesto en el artículo 10 Nº 16 de la Carta Fundamental, como por ejemplo, los Comandos Comunales, los Consejos Campesinos, los Comités de Vigilancia, las JAP, etc.; destinados todos a crear el mal llamado "Poder Popular", cuyo fin es sustituir a los Poderes legítimamente constituidos y servir de base a la dictadura totalitaria, hechos que han sido públicamente reconocidos por el Presidente de la República en su último Mensaje Presidencial y por todos los teóricos y medios de comunicación oficialistas;

12º Que en la quiebra del Estado de Derecho tiene especial gravedad la formación y desarrollo, bajo el amparo del Gobierno, de grupos armados que, además de atentar contra la seguridad de las personas y sus derechos y contra la paz interna de la Nación, están destinados a enfrentarse contra las Fuerzas Armadas; como también tiene especial gravedad el que se impida al Cuerpo de Carabineros ejercer sus importantísimas funciones frente a las asonadas delictuosas perpetradas por grupos violentistas afectos al Gobierno. No pueden silenciarse, por su alta gravedad, los públicos y notorios intentos de utilizar a las Fuerzas Armadas y al Cuerpo de Carabineros con fines partidistas, quebrantar su jerarquía institucional e infiltrar políticamente sus cuadros;

13º Que al constituirse el actual Ministerio, con participación de altos miembros de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, el Excmo. Señor Presidente de la República lo denominó "de seguridad nacional" y le señaló como tareas fundamentales las de "imponer el orden político" e "imponer el orden económico", lo que sólo es concebible sobre la base del pleno restablecimiento y vigencia de las normas constitucionales y legales que configuran el orden institucional de la República;

14º Que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros son y deben ser, por su propia naturaleza, garantía para todos los chilenos y no sólo para un sector de la Nación o para una combinación política. Por consiguiente, su presencia en el Gobierno no puede prestarse para que cubran con su aval determinada política partidista y minoritaria, sino que debe encaminarse a restablecer las condiciones de pleno imperio de la Constitución y las leyes y de convivencia democrática indispensable para garantizar a Chile su estabilidad institucional, paz civil, seguridad y desarrollo;

15º Por último, en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 39 de la Constitución Política del Estado

LA CAMARA DE DIPUTADOS ACUERDA:

PRIMERO: Representar a S.E. el Presidente de la República y a los señores Ministros de Estado y miembros de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República que entrañan los hechos y circunstancias referidos en los considerandos Nºs 5 a 12 precedentes;

SEGUNDO: Representarles, asimismo, que, en razón de sus funciones, del juramento de fidelidad a la Constitución y a las leyes que han prestado y, en el caso de dichos señores Ministros, de la naturaleza de las instituciones de las cuales son altos miembros y cuyo nombre se ha invocado para incorporarlos al Ministerio, les corresponde poner inmediato término a todas las situaciones de hecho referidas, que infringen la Constitución y las leyes, con el fin de encauzar la acción gubernativa por las vías del Derecho y asegurar el orden constitucional de nuestra patria y las bases esenciales de convivencia democrática entre los chilenos;

TERCERO: Declarar que, si así se hiciere, la presencia de dichos señores Ministros en el Gobierno importaría un valioso servicio a la República. En caso contrario, comprometerían gravemente el carácter nacional y profesional de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, con abierta infracción a lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política y con grave deterioro de su prestigio institucional, y

CUARTO: Transmitir este acuerdo a S.E. el Presidente de la República y a los señores Ministros de Hacienda, Defensa Nacional, Obras Públicas y Transportes y Tierras y Colonización.

CONGRESO REPUBLICA DE CHILE
22 de septiembre 1973.

Otras referencias y consultas:

http://www.inap.uchile.cl/cienciapolitica/destacado16.html

http://www.udi.cl/documentos/do_acuerdo_cd1973.htm

http://es.wikisource.org/wiki/Presentaci%C3%B3n_del_proyecto_de_Acuerdo_de_la_C%C3%A1mara_de_Diputados_del_22_de_agosto_de_1973

http://es.wikisource.org/wiki/Acuerdo_de_la_C%C3%A1mara_de_Diputados_sobre_el_grave_quebrantamiento_del_orden_constitucional_y_legal_de_la_Rep%C3%BAblica

http://www.liberalismo.org/articulo/298/60/acuerdo/camara/diputados/

http://qbitacora.wordpress.com/2009/06/01/camara-diputados-chile-declaracion-quiebra-democracia/

http://www.rodolfowalsh.org/spip.php?article2321

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/coedicion/modak/21pueblo.pdf
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S071771942007000100006&script=sci_arttext


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OPINIONES:

El Acuerdo 22 de agosto de 1973

http://simposiolibertario.blogspot.com/2005/09/el-acuerdo-22-de-agosto-de-1973.html
Como de costumbre, la presa de izquierda de nuevo conmemora el 11 de septiembre chileno con las falsedades repetitivas. Sin embargo, José Piñera en su libro "Una Casa Dividida", nos muestra como la izquierda se quiso adueñar del país con la violencia política, para imponer una dictadura comunista de corte cubano o soviético. Ahora niegan. Obviamente, porque no les conviene.

José Piñera rescata dos hechos importantes:

El Acuerdo de la Cámara de Diputados y el Acta de Rivera.
· El Acuerdo nos muestra las reiteradas violaciones a las personas en que cayó la Unidad Popular, entre ellas, la tortura.
· Y el Acta de Rivera nos muestra que la oposición al gobierno de la Unidad Popular no contaba con el apoyo de las FF.AA ni la CIA, como la izquierda ha venido diciendo.

"EL Presidente Salvador Allende había gobernado Chile por casi mil días cuando el miércoles 22 de agosto de 1973 el pleno de la Cámara de Diputados fue citado, a las 12 horas, para "analizar” la situación política y legal que afecta al país". Apenas iniciada la sesión, los Comités de Diputados del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y el Partido Nacional (PN) presentaron un Proyecto de Acuerdo que cambiaría el curso de la historia de Chile.
El primer orador fue el diputado del PDC Claudio Orrego, un intelectual muy cercano al ex Presidente Frei. En su discurso de presentación del Proyecto acusó al Gobierno de Allende de haber generado una "crisis que no tiene parangón en nuestra historia patria, a lo largo de ciento setenta y tres años de vida independiente...La situación de ilegalidad pasa por atropellos reiterados a las atribuciones del Poder Judicial, por atropellos reiterados a los derechos de los ciudadanos, a los medios de comunicación de los chilenos y hasta, en algunos casos, a la libertad de las personas... Dentro de este cuadro, cuando un país se desmorona, no caben pequeñas maniobras de políticas superestructural. Aquí hay que resolver los problemas de fondo" (Claudio Orrego, Para una paz estable entre los chilenos, 1974).
El diputado Orrego afirmó también que el Presidente Salvador Allende no estaba respetando el "El Estatuto de Garantías Democráticas" que había sido incorporado a la Constitución en 1970 como condición para que la PDC, con sus votos en el Congreso, eligiera a Allende. En efecto, el candidato socialista sólo había obtenido el 36,2% del voto popular y, por lo tanto, el Congreso podía elegir Presidente de la República a cualesquiera de las dos primeras mayorías relativas. La segunda mayoría la había obtenido Jorge Alessandri, el candidato conservador, con 34,9% de la votación. Tiempo después, y ya instalado en la sede presidencial de La Moneda, Allende reconocería que él firmó ese Estatuto sólo como "una necesidad táctica"(Regis Debray, The Chilean Revolution: Conversations with Allende, 1971).
Tras intervenir otro representante del PDC, tomó la palabra el diputado del PN Hermógenes Pérez de Arce, quien realizó una contundente afirmación: "El Poder Ejecutivo ha dejado encuadrase en la Constitución y la Ley, lo que ha dado lugar a la ilegitimidad de mandato y ejercicio del Presidente de la República".
Después de otros dos diputados del PN, intervino Luis Maira, de la coalición de partidos de gobierno llamada Unidad Popular. No negó las graves acusaciones que hacía el Proyecto de Acuerdo e intentó justificar la conducta del gobierno sosteniendo "que el problema de fondo no es otro que el Estado de Derecho y su justa correlación con las transformaciones económicas indispensables".
La sesión de la mañana finalizó con un encendido discurso del diputado Juan Luis Ossa, presidente de la juventud del PN. En los alrededores del edificio del Congreso habían ocurrido el día anterior graves incidentes. El diputado Ossa, atacado por grupos armados, se había visto a hacer uso de su arma de fuego, afirmando a la prensa que se le disparaba incluso con armas automáticas. La policía no había actuado en defensa de los jóvenes de su partido. Exasperado por este incidente, calificó a los diputados comunistas de "bandas de traidores, bandas de cobardes, bandas de vendidos, bandas de mentirosos hipócritas". Ese era el clima de profunda división que se vivía en Chile tras mil de gobierno de la Unidad Popular.

A las 14 horas y 13 minutos se interrumpió el debate. En el mundo hispano, ni siquiera asuntos tan grave ameritan postergar la hora del almuerzo.

La sesión de la tarde, convocada para votar el Proyecto de Acuerdo, comenzó a las 20 horas. Pero hubo una sorpresa. Tras un breve debate, la Cámara se constituyó en sesión secreta a instancias del diputado comunistas Jorge Insunza y el público en las tribunas tuvo que abandonar el recinto. Diputados asistentes han sostenido que Insunza afirmó que fuerzas extranjeras invadirían de inmediato el país si se aprobaba el Proyecto de Acuerdo.
Reanudada la sesión pública, se procedió de inmediato a votar. Una vez hecho el recuento, el Presidente de la Cámara de Diputados declaró aprobado el Acuerdo por 81 votos contra 47(63,3% versus 36,7%). A las 21 horas 49 minutos se levantó la sesión.

El Acuerdo acusaba al Gobierno del Presidente Allende de veinte violaciones a la Constitución y las leyes, entre las cuales destacaban amparar grupos armados, torturar, detener personas ilegalmente, amordazar la prensa, manipular la educación, limitar la posibilidad de salir del país, confiscar la propiedad privada, formar organismos sediciosos, y violar las atribuciones del Poder Judicial, el Congreso y la Contraloría.
La mayoría de la Cámara denunciaba que el "actual Gobierno de la República, desde sus inicios, se ido empeñado en conquistar el poder total, con el evidente propósito de someter a todas las personas al más estricto control económico y político por parte del Estado y lograr de ese modo la instauración de un sistema totalitario". (Texto completo del Acuerdo en Documento).
Para John Locke, el gran pensador político inglés, la tiranía es "el ejercicio más allá de la ley". Cuando al excederse en los límites de su poder una autoridad coloca al país en un estado de guerra, ese persona se ha "rebelado" ("re-bellare" proveniente del latín "bellum" o guerra). La esencia del Acuerdo de la Cámara de Diputados, en consecuencia, es la acusación al Presidente Allende de que, a pesar de haber sido elegido democráticamente, se había rebelado contra la Constitución y traspasado el umbral de la tiranía.
Los diputados chilenos habían aprobado un documento que evoca la cadena de acusaciones que la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos hizo contra el Rey Jorge III. También habían llegado a la misma conclusión: "Cuando una larga sucesión de abusos y usurpaciones, todos ellos encaminados de manera invariable hacia el mismo objetivo, revelan la intención de someter al pueblo al absoluto despotismo, es su derecho, es su deber, derrocar a tal gobierno y nombrar nuevos guardianes de su futura seguridad".

El Acuerdo de la Cámara de Diputados tiene 15 artículos y se puede descomponer conceptualmente en cuatro categorías:
Preámbulo. Contenido en los artículos 1 a 4, y que enuncia las conocidas condiciones esenciales que deben darse para que exista un Estado de Derecho. Contiene una advertencia cargada de significado: "Un gobierno que se arrogue derechos que el pueblo no le ha otorgado incurre en sedición". También le recuerda al Presidente Allende que fue elegido por el Congreso Pleno, "previo acuerdo en torno a un estatuto de garantías democráticas incorporado a la Constitución Política".
Veinte acusaciones. De manera específica se enumeran veinte transgresiones a la Constitución y a las leyes de la República:
una conducta sistemática destinada a instaurar un sistema totalitario (artículos 5 y 6);
siete violaciones al principio constitucional de la separación de poderes (artículos 7, 8 y 9);
diez violaciones a determinados derechos humanos (enumeradas dentro del artículo 10), y
dos acusaciones de carácter sedicioso (artículos 11 y 12).
Téngase presente. El Presidente Allende había incorporado a la política contingente a altos miembros activos de las Fuerzas Armadas. Durante algunos meses incluso designó en el cargo político de mayor gravitación y controversia, el Ministerio del Interior, al entonces Comandante en Jefe del Ejército. El Acuerdo, en sus artículos 13 y 14, les recuerda a esos militares que su lealtad debe estar con la Constitución y no con el Gobierno.
Llamado a las Fuerzas Armadas. En el lenguaje oblicuo tradicional de la política latinoamericana, el Acuerdo, al exigirle a los ministros militares poner "inmediato término" a estas graves violaciones a la Constitución (art. 15), está de hecho llamando a las Fuerzas Armadas a remover al Gobierno.
Así lo comprendió claramente el Presidente Allende. El jueves 23 de agosto un mensajero de la Cámara entregó en el palacio presidencial de La Moneda un sobre dirigido al Primer Mandatario con el texto del Acuerdo aprobado la noche anterior (lo que explica que algunos se hayan referido al Acuerdo del 23 de agosto). El viernes 24 el Presidente Allende daba su respuesta en una declaración pública y le señalaba al país lo siguiente: "En el día de anteayer, los diputados de oposición han exhortado formalmente a las Fuerzas Armadas y Carabineros a que adopten una posición deliberante frente al Ejecutivo... Pedir a las Fuerzas Armadas y Carabineros que lleven a cabo funciones de gobierno al margen de la autoridad y dirección política del Presidente de la República es promover el golpe de Estado."
Conforme al artículo 42 de la Constitución promulgada en 1925, la remoción del Presidente exigía dos tercios de los senadores en ejercicio. Como el senado se renovaba parcialmente, era virtualmente imposible que un Presidente –por impopular que fuera- perdiera elecciones parlamentarias durante su período de tal modo de quedar sin el apoyo de, al menos, un tercio de los senadores. De hecho, la oposición al Presidente Allende ganó por mayoría absoluta las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, logrando casi dos tercios de la Cámara de Diputados, pero no igual mayoría en el Senado. En síntesis, la Constitución de 1925 permitía que cualquier gobierno la violara "sistemáticamente" mientras mantuviera a su lado a un tercio de los senadores.
La Cámara de Diputados realiza entonces un "llamado" a la intervención de los ministros militares, y, a través de ellos, a las Fuerzas Armadas, pues el camino estrictamente jurídico para remover al Presidente que estaba violando la Constitución era, en la práctica, imposible.
La respuesta de Allende al Acuerdo de la Cámara es reveladora de su confusión sobre lo que significa el Estado de Derecho, pues declara que insistirá en su estrategia, ya que "tras la expresión `Estado de Derecho’ se esconde una situación que presupone una injusticia económica y social entre los chilenos que nuestro pueblo ha rechazado, Pretenden ignorar que el Estado de Derecho sólo se realiza plenamente en la medida que se supere las desigualdades de una sociedad capitalista". (La negrilla es mía)
El origen del texto del Acuerdo es revelador. Claudio Orrego ha dado este testimonio: "El Presidente de la Democracia Cristiana, senador Patricio Aylwin, me encomendó la tarea de Preparar el Proyecto de Acuerdo. Me solicitó que hablara con el senador Juan Hamilton...quien me informó que los parlamentarios del Partido Nacional tenían un borrador de declaración que podía ahorrarnos mucho trabajo... Después de analizar dicho documento, me pareció que contenía mucho material que estaba muy bien hecho...Una vez terminado el trabajo- del cual guardo el original- transmití al senador Aylwin para que lo aprobara la Directiva del PDC. Este procedió a redactar nuevamente las conclusiones, en la forma en que fueron definitivamente aprobadas por la Cámara. El mismo día 22 de agosto, en la mañana, revisamos el texto definitivo con Patricio Aylwin y me dirigí al Congreso a presentarlo... Esa es la relación verdadera del Acuerdo de la Cámara de Diputados. La historia juzgará de su importancia y su oportunidad" (Carta a La Segunda, 26 de marzo de 1980).
Según el ex diputado Pérez de Arce, quien estuvo presente en una reunión con ese propósito, el primer borrador del Acuerdo lo redactó el jurista Enrique Ortúzar y lo revisó el senador del PN Francisco Bulnes. Ello es coherente con la versión de Orrego, quien señala que la redacción final del texto se basó en un "muy bien hecho" trabajo que le entregaron parlamentarios del PN. Todo indica entonces que se trata del mismo texto, el cual fue enriquecido por distintas personas del PN y PDC en la búsqueda de una redacción que satisficiera a todos y así asegurara la votación unánime de diputados de ambos partidos. Como la versión final la revisó el senador Patricio Aylwin, es indudable que el texto del Acuerdo tuvo la aprobación del senador Eduardo Frei, líder máximo del PDC, Presidente del Senado y ex Presidente de la República.
A medida que el Gobierno de la Unidad Popular fue restringiendo las libertades económicas, sociales y políticas con el propósito de hacer una revolución marxista, surgió, desde los más diversos ámbitos de la sociedad chilena, una fuerte resistencia civil que se transformó pronto en una avalancha de protestas, manifestaciones, huelgas y denuncias.
Alexander Solzhenytsin afirmó que "el comunismo sólo se detiene cuando encuentra una muralla, aunque sólo sea una muralla de resolución". La resistencia civil generalizada, que concluyó con el Acuerdo de la Cámara de Diputados, fue "la muralla de resolución" con la que se encontró el comunismo en Chile.
El historiador Richard Pipes, profesor de la Universidad de Harvard, ha concluido que, con el Acuerdo:
"la Cámara le solicitó a las Fuerzas Armadas que restauraran las leyes del país. Obedeciendo este mandato, a los 18 días los militares chilenos...removieron por la fuerza a Allende de su cargo"(Communism, A Brief of Story, 2001). "

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*LA DICTADURA PERFECTA, LUIS MARIN

La novedad de la actual dictadura, si tuviera alguna, es la preeminencia que le da al camuflaje que, hasta ahora, era una táctica militar subsidiaria o accesoria, que nunca podría suplantar al poderío real, a la fuerza efectiva disponible.
Desde tiempos inmemoriales se ha sostenido que el engaño, la estratagema o el arte de confundir al enemigo es un factor a veces decisivo en el combate; pero a nadie se le ha ocurrido postular que sea el único o más importante factor a la hora de presentar batalla.
Otras veces los ardides limitan su eficacia al caso de no presentarse ninguna verdadera confrontación, porque entonces terminan descubiertos y se hacen contraproducentes, como las celebradas vivezas de Rommel, el zorro del desierto, que hacía desfilar tanques de cartón con los pocos panzers con que contaba, hasta que llegó a El Alamein.

O el régimen de Corea del Norte, que despliega cientos de misiles detrás del único que lleva la carga atómica, truco que puede funcionar, salvo que alguien los ponga a prueba. El caso de Saddam Hussein ya resulta trágico, porque el poderío de que alardeaba y por el que era considerado una gravísima amenaza para el mundo, a la hora de la verdad, no apareció por ningún lado, pero sí lo condujo a él al cadalso.

Lo contrario a simular un poder que no se tiene es disimular la fuerza real detrás de una fachada aparentemente inofensiva, para sorprender al enemigo. También al verdadero poder, que opera en secreto. Usar lo que el ideólogo de la dictadura, Luis Britto García, llama: “La máscara del poder”.

Instituciones falsas, como la Asamblea Nacional, que son cajas de resonancia del tirano (Juan Vicente Gómez); pero que le dan un barniz de legitimidad a su voluntad omnímoda, como para decirle al mundo que “la oposición incita al incumplimiento de las leyes”, cosa que en el lenguaje europeo configura un delito per se. Esto, claro, porque ellos no saben, ni les interesa saber, a qué se llama aquí “leyes”, ni quiénes las hacen, ni cómo.

Los militares jefes de todas las instituciones del Estado se presentan en público vestidos de civil, si no con elegantes paltó y corbata, con indeciblemente inelegantes camisas rojas y por alguna razón que no explican se ofenden hasta la ofuscación si les anteponen al nombre su grado militar, como debería ser y de lo que deberían estar orgullosos.

Ahora la práctica más socorrida es poner a mujeres a ejecutar acciones de tal calaña que los militares no se atreven a realizar ellos mismos, so pena de que les acusen de gorilas.

FEMME FATALE. Ya algunos comentaristas han llamado la atención, en clave humorística algunos, en tono herido otros, sobre el notable predominio de féminas a la cabeza de los poderes públicos no ocupados directamente por militares (salvo en finanzas, donde se cumple la doble condición de mujeres militares en los altos mandos).

En el CNE Tibisay Lucena, TSJ Luisa Estella Morales, Asamblea Nacional Cilia Flores, Fiscalía General Luisa Ortega Díaz, Defensoría del Pueblo Gabriela Ramírez, Asuntos Varios Maripili Hernández y canalladas espectaculares, como el juicio y condena de los comisarios y los policías metropolitanos, se las encargan a mujeres, la juez Marjori Calderón y la fiscal Jaifa Aissami, hermana del Ministro del Interior, Tareck El Aissami.

Aparte especial merece la designada jefe del Distrito Metropolitano de Caracas, Jackeline Farías, objeto de toda la animadversión pública, pero que no se sabe a quién manda ni cuál es la fuente de su autoridad política, porque no fue elegida por nadie y ni siquiera parece advertir que está en medio de la disputa por una nómina, una bolsa con la cual se paga a una plantilla de malvivientes que deambulan por los alrededores, agrediendo a quien se acerque a la Plaza Bolívar, la esquina caliente, la Asamblea Nacional y que no le responden a ella, que es quien presta la cara.

Cualquier observador político imparcial podría pasarse la vida tratando de establecer cuál puede ser la fuente de poder de estas mujeres, qué es lo que les da autoridad y fuerza para hacer lo que hacen, quién les obedece y porqué, visto que ellas no son fundadoras ni jefes de ningún partido político, ni de una fuerza guerrillera triunfante, no tienen ninguna autoridad intelectual, tradicional, carismática y ni por los cargos que ostentan porque si de algo adolece Venezuela es de instituciones y de respeto a las leyes, por lo que su dominio no es, pues, lo que se pueda llamar “racional-legal”.

Siguiendo al ideólogo de la dictadura, Luis Britto García, detrás de las caras pintarrajeadas de colorete se encuentra “El Poder sin la máscara”: la DISIP, DIM, Guardia Nacional, las milicias y en última instancia las brigadas de caballería blindada, aviones Sukhoi, fragatas misilísticas y cien mil Kalashnikov, listas para disparar al son de aquella vieja consigna cubana “patria, socialismo o muerte” y todos los hilos convergiendo en las manos del gran titiritero.

Los comunistas, que gastaron las suelas de los zapatos clamando por todo el país contra “la falsa democracia de los ricos”, pretenden seguir consecuentemente sus propios prejuicios al punto de intentar edificar una “falsa democracia de los pobres”. El resultado es esta triste charada militarista en cuya confusión perdieron el norte y toda posibilidad de un programa inteligible, por lo que ahora no pueden creerse ni a sí mismos.

El asambleísmo comunista se resume en que el jefe toma una decisión, de allí baja al comité central, luego a los comités de base, donde se aprueba por aclamación. A veces escuchan en la asamblea a representantes del mundo exterior para ver “qué piensa el enemigo” y preparar las defensas ideológicas que consideren más contundentes.

MILITARISMO. Hay que prevenir contra el malentendido de confundir lo militar con esta caricatura que resulta cuando las prácticas y valores castrenses se pretenden extender a todo la sociedad, como si ésta pudiera funcionar a la manera de un cuartel.

El cuartel (como la cárcel o el hospital) es una realidad restringida, que funciona según una dinámica muy particular que por definición no puede hacerse extensiva a la sociedad civil en su conjunto, sencillamente, porque ésta no funciona ni puede funcionar así.

Lo militar supone una jerarquía estricta de relaciones de supra-subordinación, con una estructura de mando que se corresponde perfectamente con la disciplina y obediencia como valores supremos. Al contrario, la sociedad civil presupone una colectividad de hombres libres e iguales, que se encuentran en un plano horizontal, estableciendo relaciones de coordinación en forma voluntaria, al punto de que la validez de sus acuerdos depende en gran medida de que sus declaraciones de voluntad se hagan sin ningún tipo de apremio so pena de nulidad de lo acordado, pues la imposición vicia el consentimiento.

Las formas militares se justifican porque en principio deben servir casus belli; en cambio las formas civiles corresponden esencialmente a tiempos normales, siendo que la condición previa para la constitución misma de la sociedad civil es precisamente la paz. Pretender militarizar a la sociedad civil es algo tan absurdo como pretender “civilizar” el ámbito castrense y convertirlo en un mercado; no en balde, cuando los oficiales quieren impactar a los subalternos como si fuera un insulto les gritan: ¡No somos civiles!

El mercado no funciona ni puede funcionar mediante instrucciones autoritarias de tipo extraeconómico y cualquier intento en este sentido no logra sino distorsionarlo y hacerlo completamente anómalo.

Es una cosa cómica ver a capitostes militares, con barniz comunista, leer discursos salpicados de fraseología clasista, siendo que son tan mal tratados por esta doctrina. Para el marxismo, los militares no son una clase social y ni siquiera se consideran productivos en ningún sentido que se atribuya a esa palabra. No están vinculados con ningún factor de producción (capital, tierra, trabajo), pero además, para los marxistas, los militares oscilan de la condición de “brazo armado de la burguesía” a la de simples parásitos, léase bien: elementos que se nutren de lo que producen los demás, sin producir nada ellos mismos.

Para Marx y Engels, la extinción del Estado no significa otra cosa que la desaparición de esos “cuerpos especiales de hombres armados”, cuya función primordial es la represión de las clases oprimidas y no tienen ninguna razón de existir en una sociedad sin clases.

Lenin los trata con mayor desdén y su fórmula “obreros, campesinos y soldados” debe entenderse como la expresión social de la consigna política “pan, tierra y paz”, con que hacía proselitismo el partido socialdemócrata ruso. Era una alianza para quebrar al ejército ruso por la base, dividiendo a la soldadesca, casi toda de origen campesino, de los altos mandos, que eran considerados como aristócratas zaristas, con el señuelo de lograr una paz negociada en la I Guerra Mundial.

En ninguna de las revoluciones comunistas asiáticas los militares han pasado de ser “brazo armado de la burguesía” a “brazo armado del proletariado”, entre otras cosas porque se trata de ejércitos nacidos de guerrillas campesinas y éstas repudian esa condición de ser heraldos de una clase social industrial urbana.

La expresión que pulula en los textos marxistas de “obreros armados” traducida como equivalente a “soldados” es una contradictio in adjecto, porque se considera indigno del honor militar ocuparse de oficios viles o actividades manuales para ganarse el sustento, ¡incluso en Rusia!

Si la extensión de las formas castrenses es nefasta para la economía, es peor para la política, sobre todo por el frecuente intercambio de roles que desorienta, tanto más cuando asumen funciones de Estado. No se sabe qué hacer con tanto performance militar-civil y viceversa, al punto de que debería crearse una nueva disciplina “vestuariología” para Castro, Ortega y Chávez, porque cada vez que aparecen a la vista someten al público al desafío de desentrañar qué mensaje estarán enviando con la ropa que llevan puesta: si de militar, en traje de gala o uniforme de campaña; si de civil, paltó y corbata o ropa casual, mono deportivo o guayabera (hay expertos en esa materia).

La dictadura perfecta es el arte del camuflaje y la distracción, es la búsqueda del término apropiado que haga plausible cualquier atrocidad: “rescate” se llama al despojo de tierras; “democratización” a la confiscación; “liberación” se dice porque antes “éramos esclavos del capitalismo”. Pero, ¿cuándo han sido los militares esclavos? ¿De quién, como no sean los conscriptos a merced de sus superiores?

En Venezuela nadie es procesado por las verdaderas razones por las que es perseguido sino bajo acusaciones denigrantes, arbitrarias e increíbles, con lo que se muestra el bulto de lo que se oculta, mandando un mensaje de escarmiento a los espectadores.

Es cuestión de decir, como la Fiscal General: seguridad de la nación en lugar de “Seguridad Nacional”.

Luis Marín
04-07-09
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*LA ESCUELA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UCAB ANTE EL CIERRE DE LA DEMOCRACIA, TIZIANA POLESEL, UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO

El Consejo de Escuela de Comunicación Social de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Católica Andrés Bello, en reunión extraordinaria y de emergencia, manifiesta su rechazo ante lo que considera una arremetida oficial contra la libertad de expresión en Venezuela, a través de acciones que afectan de forma directa a gran parte de la población del país.
El cierre de 34 emisoras, como previo de un total de 240, anunciado por el director de Conatel y ministro del Poder Popular para Obras Públicas y Vivienda, en la noche del viernes 31 de julio, le resta oportunidades a la ciudadanía de tener acceso a informaciones, de transmitir sus quejas, reclamos e inquietudes, y de expresar su opinión de forma libre y crítica frente a la actuación de las autoridades, en el medio de su preferencia.
Manifestamos nuestro repudio categórico a que los procedimientos administrativos seguidos contra las emisoras clausuradas, se hayan ejecutado sin respetar el derecho a la defensa y al debido proceso de los titulares de las concesiones de tales medios de comunicación


El cierre intempestivo y masivo de emisoras de radio, luego de que las mismas han venido funcionando y transmitiendo a lo largo del tiempo, con el conocimiento y reconocimiento de la propia autoridad, hace presumir una intención de ejercer una conducta de censura indirecta contra medios que se han manifestado en desacuerdo con las posturas oficialistas. La excusa es la aplicación de un procedimiento administrativo, lo que deja entrever una clara desviación de poder como cortapisa de las libertades de expresión e información, el pluralismo comunicacional y el libre flujo de información e ideas en nuestra sociedad.

Este hecho revela una estrategia general de medidas administrativas, legales, impositivas del gobierno nacional para criminalizar y coartar la libertad de expresión, de manera tal que se produzca un silencio global a la crítica de la gestión del gobierno. Con este entramado legal se deja desvalida a la población venezolana ante la acción de las autoridades públicas, con lo que queda abierta la posibilidad de que se avalen el abuso, la corrupción y la ineficacia, y se le reste poder al pueblo en su función contralora de la gestión gubernamental.

La experiencia reciente del país con respecto a la reasignación de concesiones ha demostrado el contundente fracaso de la pretendida democratización del espectro radioeléctrico, pues se sustituyen canales efectivos de comunicación por otros que dejan mucho que desear por la falta de calidad técnica y por la sustitución de contenidos propios por otros importados, lo cual ha sido rechazado por los venezolanos con la baja sintonía.

Sorprende la propuesta de la Fiscal General de la República ante la Asamblea Nacional de presentar un proyecto de ley contra los delitos mediáticos, que de materializarse, acabaría con el ejercicio del periodismo, en tanto que penaliza por acción y omisión. Es decir, implicaría una autocensura no sólo para los dueños de medios y periodistas, sino para las fuentes generadoras de noticias, incluyendo a la gente de las comunidades que no podría expresar los problemas que le aquejan. Preocupa igualmente la criminalización constante contra la libertad de expresión en el sentido de descalificar a los medios de comunicación, a los periodistas, trabajadores y a las universidades que forman profesionales del área.

El Proyecto de Ley Especial contra Delitos Mediáticos no es sino un intento político de darle un marco legal a la censura previa en el ejercicio del periodismo en Venezuela, y peor aún, convierte en delito el pensamiento y su expresión. En dicho anteproyecto se establecen delitos que tipifican conductas ambiguas y generalistas, que pueden dar pie a cualquier interpretación a los fines de justificar la aplicación de penas privativas de libertad. Como catedráticos rechazamos la acuñación de este término, que no tiene ningún fundamento teórico. Basado en una serie de ambigüedades, que les deja a la discreción de un funcionario, lo que es o no una infracción de la ley, este proyecto no sólo condena lo que se dice, sino lo que se deja de decir, lo que representaría un instrumento perfecto para acallar la disidencia, limitar el periodismo libre y crítico, y convertirlo en un vocero del gobierno.

La artillería legal avanza en este sentido con los proyectos de reforma de la Ley del Ejercicio de Periodismo y de la de Educación, los proyectos de la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia, y de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, Informática y Servicios Postales, que responden más que a una pretendida democratización de los medios de comunicación social, al establecimiento de una “hegemonía comunicacional”, es decir, una dictadura mediática, orquestada por el Poder Ejecutivo.

Evidentemente, existe la intención estratégica de desviar la atención de la ciudadanía acerca de los graves problemas que afectan al país, relacionados con la inseguridad, conflictividad laboral, alto costo de la vida, desempleo, niveles de corrupción en los entes públicos, desabastecimiento agroalimentario, carrera armamentista e intervencionismo internacional entre otros.
Adicionalmente, el referido anteproyecto de ley y otros vinculados con la libertad de expresión e información, están repletos de conceptos jurídicos imprecisos que no se encuentran previstos dentro de las restricciones y los límites contemplados por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Lo que está en juego es la libertad de expresión e información como derechos consagrados en los artículos 57 y 58 de la constitución venezolana, también peligra la libertad de la audiencia para elegir la información y el momento adecuado para acceder a ella. La libertad de expresión e información es un derecho de doble vía que conlleva deberes por parte del Estado y de la población. La Ley de Procesos Electorales no reconoce la existencia de las minorías y con las leyes antes referidas la voz de estas minorías ni siquiera tendrá espacio en los medios de comunicación social, desarticulando los principios fundamentales del sistema democrático consagrado en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Con acciones como las descritas se cierra definitivamente el capítulo democrático de Venezuela.

Caracas, 3 de agosto de 2009.

Tiziana Polesel
C.I. 5.971.305
Directora
Escuela de Comunicación Social
Universidad Católica Andrés Bello, Caracas


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*LA LIBERTAD DE OPRESIÓN EN VENEZUELA, LEANDRO AREA

Con bandas armadas ha salido otra vez el gobierno a la calle a imponer su ley, amparado en el fuero constitucional que le da patente de corso para hacer lo que le venga en gana, que es como Chávez y los que lo rodean entienden el concepto de democracia. Su ambición es la persecución y el “control del enemigo”, por las vías legales, y de todo aquello lo que no responda a sus designios.
Después de sus derrotas en Honduras, Colombia y el resto del mundo, no les ha quedado otro convencimiento que el de huir hacia delante, atacando de nuevo para borrar lo imborrable, con un libreto que ya conocemos de antemano. Y así lo hicieron. El Ministro de todo, Diosdado Cabello, siguiendo instrucciones de su jefe máximo, decidió el cierre “constitucional y democrático, respetuoso de todas las providencias administrativas de rigor”, de decenas de emisoras de radio tanto de Caracas como del interior de la República Bolivariana.

Pero no les es suficiente con los legalismos sino que requieren de la violencia expresiva y simbólica para mostrar que son impunes, que dan miedo y que están apoyados. Que eso del Estado de derecho es un preservativo que se quita y se pone a gusto. Que la nota está en el fugaz y ruidoso ataque sorpresivo perpetrado desde la colmena de motos armada de revólveres, pistolas y bombas lacrimógenas que percutadas agreden una estación de televisión, Globovisión. Que no les gusta porque no les ríe sus acciones, que odian sería mejor decir y que ha sido declarada “objetivo militar” en varias ocasiones, que ha sido multada, amenazada, satanizada, perseguida, arrinconada hasta la saciedad, y que ha decidido, a pesar de todo, jugar duro y de frente en defensa de la voz de los que nos estamos quedando mudos por las acciones oficiales.

Pero de lo que no se dan cuenta estos patoteros de nueva calaña es que lo que atacan, más allá de ciudadanos y espacios de propiedad establecida, son unos principios democráticos sagrados en los que ellos no creen. Con el arrebatón, el maltrato televisado, demuestran una vez más que son cobardes y no tantos como pregonan, pero que están amparados por el poder y la paga. La respuesta del Ministro El Aissami de que “sea quien sea quien esté comprometido con esta acción violenta, con esta acción que no dudamos en calificar de delictiva, debe ser puesto a la orden de la justicia venezolana”, da risa. Y no de él, faltaba más, sino de lo que representa, que es el vandalismo legalizado que se ha apoderado del país. Vandalismo y socialismo son sinónimos en Venezuela.

Pero como no les gusta que les lleven la contraria porque no están para el diálogo y la creación, son eternamente repetitivos. El verdadero debate que debemos dar las fuerzas democráticas en Venezuela y en el mundo no es solamente el de la libertad de expresión, sino también el del peligro de la mancha corrosiva que se extiende sobre la humanidad, que es la de la creciente libertad de opresión que asiste a los que ejercen el poder, sea cual sea su origen.

Leandro Area
leandro.area@gmail.com
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*LA OBEDIENCIA MILITAR QUE CIEGA, POR DIEGO E. ARRIA

Alterando radicalmente el juramento de graduación de oficiales del ejercito venezolano, Hugo Chavez está generando una desviación institucional con graves implicaciones tanto para venezuela como para los países vecinos. Análisis del diplomatico venezolano y ex Embajador ante la ONU Diego Arria.

Hasta hace tres años la misión de la Academia Militar de Venezuela fue similar a la de otras organizaciones militares: la formación de oficiales para garantizar la integridad territorial, la independencia y la soberanía de la Nación. Hoy, desconocido por la opinión pública, la academia no los prepara mas para el “servicio exclusivo de la Nación”, sino que los adoctrina en los “principios éticos socialistas y revolucionarios” que le funcionan al teniente coronel Hugo Chávez y a su proyecto político.
¿Cómo pudo suceder semejante desnaturalización de su misión, mediante la cual las armas de la República son entregadas a los oficiales preseleccionados por su cercanía y simpatía al proyecto político, para que respondan sólo al jefe de Estado?

Sin la menor duda la responsabilidad principal recae en la perdida del sentido institucional y de la dignidad personal de los oficiales del alto mando militar, quienes negociaron su deber por la oportunidad de participar en el saqueo del poder y del patrimonio nacional, sometiendo al escarnio y al repudio público al resto de su institución y a sus propios familiares.

Su voracidad los llevó a subordinarse al denominado “primer golpista de América Latina” para avanzar en lo que, parodiando al Che Guevara, sería la creación del “Oficial Nuevo”. Justamente los que necesitan para reforzar un sistema que, con el apoyo de agentes de la inteligencia cubana, actúa como ejército de ocupación de nuestro territorio, cuya máxima prioridad es anular toda resistencia.

El proceso para tal despropósito fue el siguiente: El jefe de Estado alteró radicalmente el juramento de graduación de los nuevos oficiales entre 2006 y 2008. En 2006 los subtenientes respondían a la siguiente pregunta: “¿Juran ante Dios y la República, en presencia de la Bandera, defender la patria, sus instituciones y su pueblo hasta perder la vida, si fuese necesario, y no abandonar jamás a sus superiores?”. En 2007: “Juro delante de Dios, delante de usted (Hugo Chávez), por el Dios de mis padres, por mi honor, por mi patria, que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma, en la gran batalla por la segunda independencia nacional, por la liberación definitiva de Venezuela y por la felicidad de mi pueblo. Patria, socialismo o muerte”. Y finalmente en 2008 el jefe de Estado –quien declaró que “el pueblo venezolano necesita que su Fuerza Armada sea más antiimperialista, más revolucionaria y más socialista: en la teoría, en la ideología y en la praxis”- los juramentó así: “¿Juran no dar descanso a sus brazos ni reposo a sus almas hasta que, junto al pueblo, hayamos construido (...) la patria socialista? (....) ¿Juran sumarse (...) junto al pueblo y la FAN a impulsar la revolución bolivariana para su independencia?”
Esta desviación institucional, contraria a los intereses de la patria, tiene consecuencias muy graves para los venezolanos que aspiramos a vivir en libertad y democracia. Pero las tiene también para el resto de América Latina y muy en especial para nuestros vecinos. Una Fuerza Armada que coopera con grupos narcoterroristas, y con regimenes y organizaciones forajidas, con los cuales comparte propósitos similares, representa un extraordinario peligro para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional.

La Academia Militar de Venezuela ha sido convertida en “la cuna de la Revolución Bolivariana”, como reza su lema, en la cual se forjan militares que practican la obediencia ciega a Hugo Chávez. Es esa obediencia ciega la que los lleva a celebrar como fiesta nacional el crimen del golpe de Estado del 4 de febrero de 1992, fecha en la que murieron más de cien personas.

Pero la obediencia ciega no es la que legitima los desmanes ni les garantiza impunidad, como sueñan muchos oficiales para excusar sus actos. Desde el establecimiento del Tribunal de Nuremberg tal obediencia no les exculpa de sus delitos, cuyas penas compartirán por igual con el jefe de Estado.

Entrometiéndose en la crisis de Honduras, en la cual tuvo una responsabilidad central, Hugo Chávez le dijo a los militares de ese país: “¿Me pregunto hasta cuando va a durar la obediencia ciega a estos gorilas?” Es la misma pregunta que yo le vengo haciendo como ciudadano, con todo mi derecho, a los militares venezolanos que se comportan como gorilas. ¿Hasta cuando va a durar la obediencia ciega a un hombre, y no a la Nación?

Sábado, 1 de Agosto de 2009

DIEGO@DIEGOARRIA.COM

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*EL APAGÓN DE LINA RON, LINA RON, APAGÓN Y AL PAJÓN JUEGOS DE PODER DEL RÉGIMEN

NC-RS- Según informaron fuentes confiables de inteligencia a noticiascentro esta mañana, el apagón eléctrico que afecto a 8 Estados, entre ellos la región capital, y la “Operación Asalto” de Lina Ron a Globovisión eran parte de un mismo plan.

El “apagón” debía tapar el asalto, en cuya fase final, la Guardia Nacional “tomaría” Globovisión”.

Debido a la conmoción del corte de luz, la acción de la GNB-Lina Ron, pasarían desapercibidas hasta después de consumadas. Fait accomplie. Ese era el esquema.
El detalle que arruina el plan está en que Lina Ron y su huestes adelantaron su acción una hora antes de lo acordado, por lo que no había “apagón” todavía cuando se consumió , y hubo que abortar la fase correspondiente a la “toma” por parte de la GNB organizada –según las fuentes- por Diosdado Cabello.
Las fuentes de Rafael Rivero Muñoz – Comisario General (ret) de Disip-PTJ son diferentes a las de noticiascentro pero coinciden en los detalles “operativos”.
Hasta el momento -30 horas después del "apagón" – las autoridades no han logrado ofrecer una explicación técnica a las causas del “evento”
Las luchas intestinas
En el complejo asunto del Poder y del no poder
Rafael Rivero Muñoz
Observando los más recientes acontecimientos en su cruda realidad, no se puede menos que tratar de juntar las piezas para poder entender, al concatenar presiones, torpezas y precipitaciones en una apreciación especulativa.

Precedente

Por las alertas de la Sala Situacional, G2 cubano y de su círculo de íntimos Hugo Rafael Chávez Frías, tiene ya identificado el potencial peligro del llamado Chavismo Sin Chávez.

Le urge y tiene que neutralizar todo asomo de peligro y destruir como sea esa probabilidad latente.
Nombra entonces a ex vicepresidente interino Diosdado Cabello –quien como se dice ya ha comentado que -siendo esa su posición cuando Hugo Chávez regresa de manos de Baduel luego de su abandono, por renuncia o no, del cargo de presidente- no fue él quien le entregó, como era de esperar, siendo como era el titular del cargo– en múltiples posiciones decisorias, entre ellos en CONATEL, pero con una trascendente misión específica: Cerrar a Globovisión.

Con ello busca Chávez colocar a Diosdado en una insuperable posición de rechazo total, tanto de la opinión pública en general, opositora, alineada o no, como de aquella que es afecta e incondicional a la revolución.

Viene a confirmar la especie una de las últimas notas de Lina Ron publicadas en El Nuevo País, que comienza de esta forma: “…NOSOTROS, Chavistas, Revolucionarios Bolivarianos y Diosdadistas, no nos transamos con nadie y mucho menos si nos mandan ‘amigos entre comillas’ a ‘conversar’…”

En iguales o parecidas circunstancias al uso que hace Chávez de la Guardia Nacional, con el mismo objetivo.

Ni uno ni los otros tendrán posibilidades de conseguir soporte y soportadores, menos aún de recuperarse, una vez que, en su momento, tome la decisión de eliminarlos del cuadro político: A uno, de las posibilidades de un Chavismo sin Chávez y a la otra, como fuerza militar que pueda en un futuro ejercer cualquier acción o presión a su voluntad y objetivos personales.

El fallido asalto

Ese es el contexto donde se desarrolla el último evento del asalto de Lina Ron y sus huestes a las instalaciones de Globovisión.

Mientras Hugo Chávez, una y otra vez y públicamente ha insistido e insiste en presionar a Diosdado Cabello para el cierre definitivo de Globovisión, éste no lo hace porque intuye la patraña de Hugo Chávez y no quiere caer en una visible trampa.

Pero al estilo de la vieja técnica del jiu jitsu, usando la fuerza del otro, monta una a su vez.
Selecciona el momento, el argumento y la circunstancia; el día la hora, el apagón, y el asalto
Teóricamente, sobre el papel, de coincidir los tres elementos, todo quedaría zanjado con un golpe de teatro siguiendo un preciso guión:

Primero el apagón, segundo el ataque de Lina Ron, tercero, la fabricada oportunidad y la presión suficiente para producir la decisión directa emanada del propio Hugo Chávez de aprovechar la coyuntura táctica y en un golpe de mano, emplear a la Guardia Nacional en la toma y cierre definitivo de la planta televisora Globovisión.

Misión cumplida

Cerrada y tomada Globovisión se acabó el problema.

"Recuperada la energía eléctrica" ya la acción se ha ejecutado, hechos cumplidos y nadie se enteró; ni posiblemente se entere hasta bien pasado y consolidada la acción. Cuando se entere la opinión pública, ya no podrá tener efecto alguno su reacción.

Ejecutado el plan Diosdado Cabello cumplió con la precisa tarea encomendada, pero eso sí, no asumió el grueso de las consecuencias ulteriores puesto que la orden del asalto y toma no partió de él; la orden del asalto final con la fuerza pública, eso, sería obra y decisión del propio líder máximo.

Diosdado Cabello quedando a salvo del evento y de las severas consecuencias políticas, conservaría el construido potencial hacia el Chavismo Sin Chávez.

Pero… siempre hay un pero

Sólo que, no contaba Diosdado Cabello con dos no calculadas circunstancias:

a) la precipitación de Lina Ron y sus hordas quienes ya en posición, preparados e intoxicados, iniciaron la movilización y el ataque antes de la hora acordada del apagón y

b) las capacidades para la maniobra de su más diligente y activo contendor “revolucionario”, José Vicente Rangel.

Inician el ataque al descubierto contra la planta de televisión. Glovisión sale de inmediato al aire con la información. Por ésta u otra vía se entera José Vicente Rangel de la acción y se comunica urgente con Hugo Chávez a quien impone de la gravedad y las consecuencias internas y externas de los eventos en pleno desarrollo, y ya hechos públicos por la prensa nacional y extranjera.
Hugo Chávez, ante los argumentos reacciona contrario a lo proyectado, y ordena la suspensión inmediata de la acción.

Detalles

Si se presta atención al desarrollo del ataque, se observará que una vez iniciado y ya en el interior de las instalaciones, sin resistencia alguna, los atacantes tienen el campo abierto y a voluntad pero, súbitamente, se frenan.

Los atacantes se repliegan, salen en carrera de las instalaciones de Globovisión.
Luego se observa cómo precipitadamente unos y otros atacantes corren, huyen del lugar, raudos abordan sus motos.

Se observa en un momento y antes del inicio de la estampida, que uno de los más cercanos acompañantes de Lina Ron se lleva la mano a la cara. Al parecer atiende una llamada por celular y luego de comunicarse con ella Esta, Lina Ron, a las puertas del canal, gira en redondo mientras ordena la retirada.

Tan precipitada ésta, que a uno de los motorizados no le prende la moto y casi lo abandonan a su suerte; sale él y su parrillero en el último momento tras sus compañeros
El fracaso

Allí murió un muy elaborado y complejo proyecto y, pareciera, quedaron todos los actores al descubierto. Veremos poco a poco las consecuencias.
Una de ellas, ya materializada. Luego de ser acusada la misma noche en el programa del Canal Ocho La Hojilla, como “enemiga de la revolución, como traidora y hasta de contratada por la oposición”, hoy Lina Ron ya tiene ejecutada una privativa de libertad y, en cadena de medios, una severa reprimenda pública del líder máximo del: “Chavismo Con Chávez”.
Pareciera que son las resultas o derivados de esas luchas intestinas que nunca se pueden dar por finalizadas, mucho menos hoy en Venezuela y en la más compleja de las situaciones, la de poder y no poder.

http://www.noticiascentro.com/noticias/detalle/2143

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*MILITARES Y DESPOTISMO, ANÍBAL ROMERO. (EL NACIONAL), 05.08.2009

El régimen imperante en Venezuela está lleno de paradojas. Por un lado enarbola la soberanía frente al imperialismo y por otro se subordina a la Cuba castrista. Nunca antes un mandatario venezolano había colocado a su nación y a sí mismo en tal estado de dependencia, como lo ha hecho Hugo Chávez con respecto a Fidel Castro. La educación, la salud, la política exterior y de seguridad y defensa venezolanas son dirigidas desde Cuba y supervisadas por cubanos. No obstante nuestro caudillo pretende representar la liberación del pueblo. Los voceros del régimen hablan de soberanía alimentaria, pero nunca como ahora Venezuela había dependido más de las importaciones en medio de la ruina de la agricultura y la ganadería, asfixiadas por la demagogia de un régimen corrupto y depredador.
En realidad, la tal “liberación” no es más que una consigna para engañar a los ingenuos izquierdistas europeos que aún creen en Chávez, pero en términos concretos significa mayor opresión política. Venezuela es empujada hacia una nueva versión del comunismo cubano, centrado en el férreo control de las áreas estratégicas de la vida social y el establecimiento de mecanismos que garanticen la indefinida perdurabilidad en el poder de las élites revolucionarias dominantes. El caudillo y sus secuaces proclaman su amor por el pueblo pero en verdad colocan a las grandes mayorías en condición de servidumbre, haciéndolas depender de un Estado todopoderoso que les cambia el pan por la fidelidad política.

Lo que le falta al régimen es fervor genuino de parte de sus presuntos seguidores. Si alguna vez Chávez y su trágica revolución fueron objetos de fervor, ese tiempo ya concluyó. Lo que ahora existe es resignada sumisión, que se observa en los rostros de las pobres gentes que el régimen moviliza a sus actos de masas, vistiéndoles con las franelas rojas de una renovada esclavitud. El modelo bolivariano se traduce en unas élites que dominan y unas masas sumisas, a las que se quiere dejar en permanente situación de pobreza y dependencia.

El despotismo de Chávez es inocultable y se hará día a día más patente, a pesar de lo que digan mentirosos y oportunistas como Moratinos, Lula, Bachelet, y todo el resto de desvergonzados alcahuetes de la izquierda internacional.

Ahora bien, este despotismo no podría existir y consolidarse sin el respaldo militar del que en efecto disfrutan el caudillo y sus acólitos civiles. La izquierda resentida y vengativa que nos gobierna sobrevive gracias al apoyo de un sector castrense entregado al proyecto de cubanización de la vida venezolana. Por ello me parece importante advertir a los militares venezolanos, como profesor que fui durante más de dos décadas en sus institutos de formación profesional, que la FAN no puede ni podrá eludir su responsabilidad por las terribles consecuencias del rumbo actual de Venezuela, arrastrada por la ambición y el delirio de un hombre que llegó al poder con un mensaje de cambio democrático, ocultando deliberadamente su intención real, que no era otra que imponer el comunismo castrista.

Mi propósito en estas líneas es hacer explícito y a tiempo un testimonio, y salvar mi responsabilidad personal como docente que fui de varias generaciones de oficiales. Los abusos del régimen, su alianza con los terroristas de las FARC y del Medio Oriente, sus violaciones a los derechos humanos fundamentales y su empeño de hundir a Venezuela en el abismo comunista, no podrán ser desconocidos por nuestros militares cuando llegue la hora de hacer justicia. Y nada dura eternamente.


ANÍBAL ROMERO
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*HUGO CHÁVEZ Y LA LIBERTAD, MARTES, 04-08-09,ABC.ES

La comunidad internacional no puede permanecer por más tiempo cerrando los ojos ante lo que está sucediendo en Venezuela. Hugo Chávez está llevando a su país hacia la autodestrucción en el camino de una dictadura con ambiciones expansionistas.

No pasa un día en que no salgan a la luz nuevos escándalos de corrupción y podredumbre del régimen, a lo que se añaden evidencias cada vez más incontestables de su complicidad con la narco-guerrilla colombiana de las FARC, lo que es un hecho gravísimo.

Su última decisión de acabar con la libertad de expresión en Venezuela es un paso que eliminaría los últimos resquicios de democracia en el país.

El cierre de treinta y dos emisoras de radio y dos televisiones, coincidiendo además con la tramitación de una ley que le permitirá encarcelar a cualquier periodista con argumentos arbitrarios, no deja lugar a dudas sobre la voluntad del régimen de someter a todos los medios de comunicación a su antojo. Se trata de una decisión incompatible con la libertad e intolerable desde cualquier punto de vista.

Chávez atormenta a los venezolanos con interminables monólogos televisivos. Todas las emisoras de radio y televisión están obligadas a transmitir los discursos que se le antojan. Él mismo controla numerosas emisoras de televisión, incluyendo el canal internacional Telesur, con el que se permite interferir en los asuntos de otros países alentando movilizaciones de masas.

Y sin embargo, todavía no le parece suficiente y se propone amordazar a cualquier pensamiento disidente, aun a costa de arrasar con la sociedad venezolana. Ayer mismo, en pleno debate sobre estas medidas, una horda de partidarios suyos irrumpió con armas y granadas lacrimógenas en la sede de Globovisión, prácticamente la única emisora que no se le ha sometido, lo que es un síntoma nefasto de la situación social que está provocando Chávez.

Resulta escandaloso que la misma Organización de Estados Americanos mire para otro lado y se empeñe en ignorar lo que está pasando en Caracas, sobre todo porque tiene un efecto negativo para la democracia en Iberoamérica. No es casualidad que ayer mismo el dirigente ecuatoriano, Rafael Correa, acólito de Chávez, anunciase una clausura masiva de emisoras similar a la venezolana. Tolerar ese comportamiento totalitario de Chávez ha sido la causa de la crisis de Honduras; seguir cerrando los ojos nos llevará a situaciones mucho más graves.

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*LA SOCIEDAD DEL MIEDO, SIXTO MEDINA, EN EL DIARIO TAL CUAL,

El costo humano y social ha sido muy grande. Asaltos a mano armada en plena calle. Homicidios perversos donde aparece la autoridad pública involucrada. Golpes tipo comando en plena ciudad. Personas atracadas en la vía pública, y/o asesinadas alevosamente en las puertas de sus casas o al transitar con su vehículo. Viviendas y comercios robados en reiteradas oportunidades. Robos al ir al mercado o salir de un banco, en los que asoma el perfil de un submundo delictivo. En lo cotidiano dos nuevas modalidades delictivas de estremecedora perversidad -dispuestas a radicarse entre nosotros- el secuestro y el sicarito. Pero aún hay más, a lo enumerado hay que sumar dos factores pavorosamente corrosivos. Por un lado la falta de confianza pública en las fuerzas policiales, que aparecen penetradas por la corrupción. Por el otro, pura y simplemente, lo siguiente: el sentimiento de desprotección que suscita preocupación en la ciudadanía, ante un poder judicial que esta degradando la administración de justicia y no garantiza la vigencia del Estado de Derecho.

El delito se extiende, encontramos a jóvenes, adolecentes y hasta niños sumergidos en el mundo de la droga, el robo y el crimen. Con ese panorama, es comprensible que el ánimo colectivo de los venezolanos este invadido, en estos momentos, por el desconcierto o la angustia. Una nación que no confía en la justicia, en sus jueces y en sus fuerzas policiales se siente al borde de un abismo. La seguridad-al igual que la educación y la salud-no debe ser terreno para las improvisaciones. Debe ser una política de Estado al servicio de la sociedad.

Las recetas erráticas y coyunturales que ha puesto en práctica el régimen que preside Hugo Chávez para lograr la seguridad ciudadana no solucionan ni siquiera parcialmente el problema. El ciudadano reclama seguridad personal y jurídica. Pide políticas de Estado; política integral de seguridad. Esta política integral de seguridad deberá basarse en tres pilares esenciales: la prevención, el control y la sanción. Para ello se impone la relación entre Estado y sociedad para generar compromisos y alianzas entre los diversos actores sociales.

La problemática de la seguridad debe ser abordada de manera conjunta por el Estado nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos municipales. Si en algo se impone un esfuerzo compartido, más allá de rivalidades personales y políticas, competencia electoral y egoísmos de cualquier tipo, es el tema de la seguridad. El dolor de una sociedad que gime ante la tragedia que vivimos los venezolanos no admite que se haga política con la seguridad. En esto, también, Chávez ha fracasado. Tiene mucho que ver con la sordidez y la grandeza del poder.


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*HUGO ARREBATA, MERCEDES MONTERO, UNA TRIBUNA PARA VOCES DEL DECORO, PUBLICADO EL 02.08.2009 19:58

Hugo está aturdido, una bulla que viene desde adentro de su mente está a punto de hacerle perder la razón. Es la voz de su conciencia, juez implacable, la que causa ese ruido, la que le dice en forma fría pero con volumen creciente que ha perdido, es culpable del destrozo del país y del robo a la nación a la que desde el fondo de su corazón detesta. Lo que es peor que para nada le ha servido tal vileza pues no alcanzará su objetivo final que no es otro que llegar a ser el líder global del imperio castro comunista y heredero del trono de Fidel.

Hugo, cobarde como es se niega a reconocer esa voz, prefiere engañarse a si mismo y achacarle ese ruido ensordecedor a la nación, razón por la cual anhela el silencio de la opresión. Cada día de sus nefastos 10 años de gobierno ha puesto a equipos de serviles a diseñar torturas mediáticas, ejemplos sobran: Alo Presidente, las cadenas interminables, la invasión que de cada hogar hace su imagen. Sin embargo a medida que esto ha ocurrido el ruido interno ha crecido con el paso del tiempo y ahora le habla a gritos.

A Hugo se le ocurrió un plan magistral y al igual que Emiliano Zapata que cuando no ganaba, arrebataba, decidió arrebatarle la libertad de expresión a todos los venezolanos. La única voz que se oirá será la suya, todos sus acólitos dirán”si señor” y a la masa de odiados les será ordenada la mordaza, sin darse cuenta Hugo que mientras más silencio haya en el exterior, más aumentará el volumen de la voz de su conciencia.

Como Hugo no quiere perder imagen, pero es cobarde como él solo, le ordenó a Diosdado Cabello , a quien gran miedo le tiene, que cerrara las radioemisoras y televisoras ya que son los medios más utilizados por las clases populares. Se imagina que como es CONATEL el organismo que ejecuta el despojo, a él no lo chispea. Al mismo tiempo le pide a Luisa Ortega que levante los muros del silencio mediante la propuesta de la Ley de Delitos Mediáticos, con la cual todo lo que se diga o deje de decir, incluyendo el lenguaje por señas, que sea diferente a las loas al líder del proceso son delitos. Sin acordarse la Fiscal que las peroratas presidenciales de 8 horas son un abuso mediático y como tales podrían calificar como delito, que la procacidad del lenguaje presidencial es una falta de respeto, y que la burla de la que Hugo hace objeto a todo sus adversarios es discriminació n, y, que un presidente NO puede discriminar. . .

Cuando el ruido dentro de la cabeza de Hugo sea insoportable, volverá a traer a colación los temas del golpe de estado y el magnicidio, será entonces que se de cuenta que la extensión y profundidad de su fracaso, el odio que lo embarga hacia el país y la nación a la que pertenece, su cobardía y la voz poderosa de su conciencia son los cuatro jinetes de su Apocalipsis personal. Es decir con todas estas acciones Hugo se está destruyendo a sí mismo.

Mercedes Montero
mechemon99@yahoo. co.uk
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