El ambiente político venezolano es, lamentablemente, electorero. Y afirmo que lo es y que lo lamento, porque tanto el Poder Ejecutivo Nacional -el gobierno del Estado- como el resto de la ciudadanía tendríamos que estar enfocados en la solución de los muchos y graves problemas, de todo tipo y complejidad, que nos aquejan, sin desgastar energías y talentos en la discusión ¿Bizantina? De si ellos son ‘heredados’ del siglo pasado o son ‘generados’ por la actual administración, que de todas maneras habrá que precisar como parte del diagnóstico y no como enfoque central.
Pero cargamos con la mácula de ser una población de inmediatistas carentes de conciencia histórica, peligrosamente olvidadizos y políticamente presidencialistas, una rémora del caudillismo de la ‘cosiata’ o ‘revolución de los morrocoyes’ que desde el 30 de abril de 1826 traemos incrustado los venezolanos en el genoma político. Y siendo ese y no otro el comportamiento nuestro y el escenario, toca a quienes nos reputamos como demócratas la necesaria tarea de ubicarnos ideológicamente antes de manifestar preferencia por cualquiera de las alternativas que se nos presentan desde la acera de la libertad y el respeto al disenso. Y así como cada uno de los pre-candidatos tiene el compromiso de presentarnos un programa político, social y económico a corto plazo (1 año para sentar las bases de la reversión del comunismo por la democracia) un plan a mediano plazo (los 5 años de su gestión para retomar el rumbo del progreso y crecimiento sustentable) y un proyecto a largo plazo (una visión de país a ser proseguida en el futuro), nosotros los electores también tenemos la obligación de auscultar nuestra orientación política, para luego seleccionar de entre aquellos que se postulan para las ‘primarias’, aquel que interprete mejor nuestra visión de país.
Esta es una labor nada fácil para cualquiera de nosotros, acostumbrados a resumir al máximo la vida en función de los obstáculos y las dificultades que se nos presentan en los diferentes entornos que nos toca vivir, y que utilizamos esos ‘atajos intelectuales’ para hallar las muletillas con las que nos construimos mentalmente nuestro particular universo, con imágenes ancestrales autónomas, constituyentes básicos de lo inconsciente colectivo y que nos simplifican la toma de decisiones: Es decir, que estamos acostumbrados a ‘arquetipar’, siendo los arquetipos sociales aquello que Carl Gustav Jung definiera como las posibilidades heredadas de representaciones del inconsciente colectivo. ¡Es que somos adictos al consumo de esos procesos organizados bajo la estructura de esquemas a priori, que castran la circulación de la energía social y nos confiscan las posibilidades de captación e interpretación de la realidad!
Para hallar mi ubicación ideológica consulté el ‘Diagrama de Nolan’ (), me respondí con honestidad las 20 preguntas referenciales que integran el cuestionario y hallé la definición de mi ubicación ideológica: Soy centro-liberal. Y compruebo con la realidad que sí lo soy, pues comparto con otras ideologías algunas de sus mejores y más sobresalientes características políticas. Yo prefiero un sano equilibrio entre Estado y libertad individual; estoy convencido que el Gobierno del Estado debe tener unas funciones limitadas, siempre anteponiendo la libertad individual, así en lo económico como en lo político y social. Sí, soy en esencia un liberal. Uno de los que cree en que el Estado debe tener un gobierno con funciones limitadas al cobro de los impuestos, a traducir esos dineros exclusivamente en bienestar público, con un agresivo programa de infraestructura nacional, máxima seguridad social y ciudadana, excelente educación básica pública y el aseguramiento de la integridad territorial y la paz social.
En materia de libertad de expresión, comunicación y opinión, sostengo que en ningún caso o circunstancia, debe existir censura de opiniones por parte del Estado, aunque algunos individuos y medios de comunicación difundan con facilidad opiniones equivocadas con objetivos cuestionables. Son las Leyes y los Tribunales de la República los encargados de determinar, a petición de la parte afectada, la pena en lo civil, mercantil y judicial para quienes valiéndose de la libertad de expresión y opinión afecte al colectivo o a particulares con sus afirmaciones. El Gobierno, representado en el Poder Ejecutivo, nada tiene que hacer más que cumplir el mandato de ejecutar el corpus legal de la nación y permitir que el otro Poder, el Judicial, se encargue de dictar justicia, sujetando a las partes involucradas al imperio de las leyes, por mandato de la voluntad popular.
Creo en un Estado esencialmente laico que permita la libertad de cultos e incluso que apoye con subsidios y otras modalidades de respaldo indirecto, las labores de carácter social que adelantan las iglesias de diferentes orientaciones y cultos, sin que medien concordatos o acuerdos Estado-Iglesia que favorezcan a una congregación o religión por encima de las demás. En mi visión de una Venezuela próspera, libre y soportada sobre la independencia de los Poderes del Estado y el imperio de la Ley, la defensa del país corresponde exclusivamente a las distintas ramas de un ejército nacional y estrictamente profesional, al que acude la ciudadanía de manera voluntaria, bien para formarse como profesional en los diferentes niveles de cada una de las fuerzas, o para prestar como apoyo a los profesionistas un servicio por un lapso limitado, equivalente a cualquier otro servicio público voluntario. Es a la fuerza policial preventiva del Estado, mas no a las Fuerzas Armadas, a quien corresponde controlar la inmigración, siguiendo los controles establecidos y respetando los derechos humanos de los ciudadanos infractores, y junto con la integridad territorial y la vigilancia activa de la inmigración por las fronteras, debe ser prioridad para el próximo Gobierno que el Estado proteja y promueva las expresiones culturales, el idioma, las lenguas y las identidades que identifican a los pueblos y sus moradores autóctonos y recientes, y que desde estas regiones perfilan el rostro multicultural, multiétnico y polifacético de la Nación.
En lo que toca a la moralidad, soy de los que concibe las relaciones sexuales entre adultos como un asunto de la esfera privada e íntima de las personas, aunque personalmente creo que las manifestaciones públicas y notorias de la homosexualidad, la poligamia y la prostitución deben estar fuertemente controladas y ante cualquier evento de exposición pública, deben primar los valores morales de las familias afectadas por encima de la libertad de ‘exposición pública’ de aquellos que ofenden el recato y la moralidad de los menores de edad. La libertad que tiene una persona para manifestar o exhibir una determinada conducta u orientación sexual llega hasta donde los otros lo consideren ofensivo y para ello tal ejercicio de libertad y manifestación de la sexualidad individual pasa por el ejercicio del respeto a los demás.
Sin menoscabo de que las libertades religiosas y sexuales poseen limitaciones propias que deberán regirse por las leyes en un Estado de Derecho, el Ejecutivo Nacional que yo quisiera para mi país tendría que impedir cualquier imposición o beneficio sustentado en criterios discriminatorios por el sexo, la edad, la condición social, la religión o cualquier otra afinidad política o social, pues ello viola el principio de igualdad ante la Ley y establece precondiciones anticonstitucionales. Los futuros integrantes del Poder Ejecutivo tendrán que ser particularmente estrictos con quienes promuevan la segregación social con listas como la tristemente célebre ‘Lista Tascón’ o la fallida ‘Lista Maisanta’.
En lo relativo a las drogas, los narcóticos y los estupefacientes, deseo la llegada de un Gobierno democrático y liberal que legalice el uso de algunas de estas substancias, de manera vigilada y controlada, con el objetivo puesto en la curación y la reinserción a la sociedad productiva de los adictos, tratándoles en primera instancia como enfermos, y atacando el aspecto perverso de su dependencia: la distribución ilegal y descontrolada de las substancias que le subsumen en ese mundo de narco dependencia. Alcanzar este objetivo presupone un esfuerzo muy grande, no exclusivo del Gobierno, mas sí liderado por él. La despenalización del consumo, que se evidencia con el compromiso por parte del adicto al sometimiento a planes de desintoxicación, consumo moderado y vigilado y reinserción productiva, debe sumarse a una política de persecución, aprehensión y enjuiciamiento de traficantes a todo nivel. Solo así podrá atacar un Gobierno liberal el flagelo actual de la drogadicción y sus secuelas.
Mencioné anteriormente que la seguridad ciudadana es una de las obligaciones fundamentales de próximo gobierno democrático que reemplace al actual desgobierno socialista. Las nuevas autoridades policiales tendrán que lidiar con una delincuencia organizada, desatada y muy bien armada, y aunque las medidas preventivas que se tomen presupongan una mejoría de la seguridad de los ciudadanos, habrán de respetarse estrictamente los derechos individuales. Para alcanzar este propósito, un próximo Gobierno centro-liberal habrá de apoyarse en la ejecución de las Leyes y en un Poder Judicial reconstituido, independiente, con jueces estables y probos, para dictaminar cuándo la justicia colectiva ha de anteponerse, preventiva y momentáneamente, a ciertos derechos individuales. Serán los tribunales y las leyes quienes le determinen al Poder Ejecutivo cómo llevar a cabo, y en cuáles condiciones legales, cualquier medida de fuerza policial.
Una de las mayores amenazas para la civilización es el deterioro del Medio Ambiente. No obstante que seamos un país petrolero, para garantizar un mejor nivel de vida para las próximas generaciones el venidero Gobierno centro liberal tendrá que promover la energía limpia mediante incentivos a aquellos que contaminen menos y cargas a los que contaminen más, incluyendo a la industria petrolera ‘aguas abajo’.
En lo relativo al comercio exterior, considero que la importación de bienes del extranjero puede ser parcialmente limitada por el Estado mediante diversos instrumentos, como los aranceles aduaneros o ciertas regulaciones, pero el Estado no debe limitar el comercio internacional. Éste debe ser libre y los aranceles deben reducirse o eliminarse. De igual forma, los impuestos, necesarios para sufragar los gastos de mínima buracracia del gobierno del Estado no deberían subir. Deben ser los justos y necesarios para dotar a la nación de la infraestructura física necesaria, de una conveniente seguridad ciudadana y de una salud y educación básica, gratuita y de primer nivel.
Las pensiones para la jubilación que garantizan el bienestar cuando se llega a la tercera edad, deben estar garantizadas por el Estado, con algún tipo de modelo mixto que pueda conjugar un sistema público y planes privados.En todo caso, nunca daban ser inferiores al costo de la Cesta Básica Nacional, y deberá incluir programas de subvención temporal (articulado entre Gobierno y empresas públicas) para que los pobres y necesitados obtengan una verdadera solidaridad social del resto de la sociedad, mientras se le reinserciona en el aparato productivo nacional. El Estado debe gestionar estas ayudas y asistencia adecuada a los necesitados, independientemente de que las instituciones privadas de caridad puedan complementarla voluntariamente. En esa misma línea, el Estado debe construir centros médicos de carácter público y financiarlos mediante contribuciones a un seguro médico público de carácter obligatorio (Seguridad Social) sin menoscabo de que particulares puedan extender esa cobertura médica con pólizas y planes de HCM de empresas aseguradoras privadas.
Entrando en la materia productiva, quisiera que el próximo gobierno democrático tomara en cuenta que algunas profesiones requieren no sólo de una cualificación para ejercerlas, sino que esa cualificación inicial (usualmente técnica y universitaria) debe ratificarse periódicamente. Toda licenciatura universitaria o técnica debe actualizarse para garantizarle al que contrata al profesional que el conocimiento y experticia van de la mano. Los sectores profesionales deben estar regulados por organismos independientes, como los colegios profesionales y los profesionales cualificados deben colegiarse en ellos, para que los usuarios y beneficiarios de sus servicios profesionales sepan que esas licenciaturas, maestrías y doctorados están actualizados y respaldados por colegiaciones profesionistas cuya supervisión garantiza la calidad de sus servicios.
En lo laboral, no hay dudas que los sindicatos representan los intereses de los trabajadores, pero estos deben regirse por las normas aplicables a cualquier otra asociación, y no recibir financiación pública o atribuírseles funciones especiales, pues un sindicato es una agrupación de iguales que deben autogestionarse con el aporte de sus miembros y sujetarse estrictamente a las normativas estipuladas en la Ley Orgánica del Trabajo.
Los contratos laborales vinculan a empresarios y trabajadores en sus obligaciones, pero los contratos laborales deben gozar de más libertad de cláusulas entre las partes. La legislación debería interferir menos en materias puramente contractuales, como su duración o causas de rescisión, aún cuando se disponga de un aparataje legal, amplio e incluyente, con el que se legisle imparcialmente los derechos y deberes de las partes, libremente convenidas bilateralmente siempre que no se violen derechos constitucionales y supraconstitucionales, asumidos por el Estado en sus convenios con instituciones internacionales.
Mi visión sobre las finanzas públicas es que el Banco Central y el sistema bancario, formado por los bancos comerciales, son los que ponen en circulación el dinero de curso legal. No el Gobierno. El Banco Central debe tener como función esencial la regulación de la economía, por lo que debe ser independiente y supervisar a los bancos comerciales.
Los grandes comercios y los Mega Mall tienen ventajas competitivas frente al pequeño comercio tradicional, pero estos son empresas como cualquier otra. Tienen derecho a competir libremente en el mercado, sin restricciones en sus horarios o precios.
La gran incógnita es el Plan de Gobierno y el Proyecto de País de los precandidatos demócratas que satisfagan estas inquietudes y conjugue con mi ubicación ideológica. Como muchos otros venezolanos, espero un debate entre ellos (el anterior fue una ‘presentación en sociedad’) y además de los debates (uno solo no alcanzaría) espero tener en mis manos, antes de la selección del candidato único y demócrata, ese plan, ese proyecto, porque vamos a estar claros: Yo no le daré a ninguno de ellos mi preselección y posteriormente mi voto sin que medie ‘antes de’ su selección, un compromiso público de cada uno de ellos sobre estos temas.
También a ellos se les acabaron los ‘cheques en blanco’.
Andrés Simón Moreno Arreche
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