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| MALÚ KIKUCHI, |
La pregunta es interesante, porque la respuesta puede no ser la
que espera el gobierno, después de la maratón para aprobar lo más rápido
posible, y sin discusión razonable, el nuevo Código Procesal Penal.
Antes que nada vamos a aclarar que este Código tiene muchos
artículos buenos, que en general mejora y aliviana al extensísimo Código
anterior, lo reduce a la mitad, que pasa de un sistema inquisitivo a uno
acusatorio, hecho que ya funciona en 17 de las 24 provincias argentinas.
O sea que la investigación pasa al ámbito de los fiscales y sobre
esa investigación, los jueces, juzgan. El principio está bien, una parte le
toca al ministerio público, que según la Constitución Nacional es
independiente, y el juzgar queda en el poder judicial, que se supone es un
poder independiente.
El ministerio público va a nombrar 17 fiscales más y contratar a
1.700 empleados más. El problema no es “el qué”, es “quién” lo pone en
práctica. El ministerio público está manejado férreamente por Alejandra Gils
Carbó, absolutamente alineada con el ejecutivo.
Se dice que los exámenes de los futuros fiscales fueron todos
amañados, y que quedarían en manos de La Cámpora. Que toda esta movida judicial
es para asegurarles impunidad a Cristina y su gobierno. Y ha de ser cierto,
conociendo a los actores, a las denuncias en su contra, las investigaciones y
los procesamientos en marcha.
Sin olvidar los aprietes desenfadados a los jueces. La idea es
buena, los que deben llevarla a la práctica están demasiado sospechados de
parcialidad.
Además, el nuevo Código autoriza a las víctimas, o a sus
familiares, a tomar parte por ejemplo, en las audiencias de excarcelación, lo
que no deja de ser una medida lógica.
Los delincuentes extranjeros pueden ser repatriados … siempre que
ellos quieran. ¿? Las causas van a llevar como máximo 3 años, ¡finalmente!,
justicia lenta no es justicia. Salvo en casos muy complejos, que podrían durar más. Todo bien, si….
Si el ministerio público estuviera en manos idóneas y apolíticas y
fuera total y absolutamente independiente del poder ejecutivo. Hoy no es así.
Todo está direccionado para conseguir la impunidad del actual gobierno, que ha
expoliado al país como nunca antes en la historia.
Y volvamos, ahora que tenemos idea sobre algunos de los cambios
que implica este código, a la pregunta inicial: ¿es legal y legítimo o sólo
legal?
¿Qué es legal? Si recurrimos al diccionario nos dirá que es algo
que corresponde al ámbito de las leyes, al mundo jurídico. Y en cuanto a legal,
el nuevo Código, lo es. Fue aprobado por 130 diputados (1 más de lo imprescindible), no fue votado por 99 diputados y dos se
abstuvieron.
Considerando que la cámara de diputados consta de 257 miembros.
¿Dónde estaban los que no estuvieron durante una votación esencial a la vida de
las personas que habitamos Argentina, y a los que, además, les pagamos un
sueldo generoso para que nos representen y defiendan nuestros intereses? ¡Qué
buena pregunta!
¿Qué es legítimo? Pareciera que es lo mismo que legal, pero no lo
es. Legítimo conlleva una carga moral, le asigna, le asiste al individuo o a
una sociedad, un derecho moral. El Código habla de herederos legítimos y de
plazos legales.
Entonces debemos peguntarnos qué es moral. Moral, del latín
“mores”, costumbres, habla de las costumbres de las personas. Pero según el
RAE, 3° acepción dice que, “no concierne al orden jurídico, sino al interno o
al respeto humano”. Y en la 4°, dice que “es la ciencia que trata del bien en
general”.
O sea que una ley o conjunto de leyes (que eso es un código),
puede ser legal, pero no legítimo. ¿Y por
qué no es legítimo este Código? Primero porque no se lo discutió el tiempo
suficiente y con todos los actores con los que se debía discutir. Ya que,
aunque no nos demos cuenta cabal, los Códigos hacen a la calidad de vida de los
habitantes.
Segundo y creo que es lo más importante, un Código Procesal Penal,
no puede ser legítimo si sólo lo ha votado la mitad de la cámara de diputados,
que son los representantes de los ciudadanos, por lo tanto del pensamiento de
los mismos. Se puede gobernar con la mitad del país, no se puede legislar para
la mitad del país.
Este caso es peor, no es legislar para la mitad del país, es
legislar para que un gobierno corrupto, no pueda ser juzgado como corresponde,
a través del debido proceso y dentro de la legalidad, la legitimidad y la
moral, que el gobierno K no ha tenido.
Si el próximo gobierno no fuera FPV, podría anular este Código,
revisar todos los demás proyectos presentados y archivados sin leer, y con
tiempo y transparencia, dotar a la nación de un Código Procesal Penal,
consensuado.
Malu Kikuchi
maluki@fibertel.com.ar
@malukikuchi
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