RAFAEL NIETO LOAIZA, ¡NO SE RINDAN!, DESDE COLOMBIA

“Señora jueza, si la sentencia es condenatoria usted tendrá más miedo de leerla que yo de escucharla, porque usted sabe que soy inocente”, le dijo Leopoldo López, el líder opositor venezolano injustamente encarcelado hace dieciocho meses, a su verdugo. Ingenuo, digo yo, porque seguro que Susana Barrientos, quien lo condena, no perderá un minuto de sueño por su tropelía. La “justicia” en Venezuela, la “justicia” del socialismo del siglo XXI, es servil y abyecta. Depende política e ideológicamente del Palacio de Miraflores y no pretende hacer justicia, dar a cada uno lo que le corresponde, sino ser instrumento de la revolución, martillo contra la oposición y disuasión ejemplarizante a quienes cuestionan el sistema.

Que la separación de los poderes, un sistema de frenos y contrapesos al Ejecutivo y la independencia y autonomía de la Rama Judicial sean condiciones indispensables de una democracia verdadera, no tiene importancia alguna para el socialismo del siglo XXI. Para la revolución socialista las elecciones son solo una careta tras la que se esconde un régimen autoritario, una herramienta de simulación para llegar y quedarse en el poder.

Y si la democracia en Venezuela es un engaño, el juicio contra López fue una pantomima, una patraña. Desde su detención arbitraria y su confinamiento en una prisión militar en el que lo aislaron y maltrataron, hasta su juicio sin garantías ni oportunidad alguna para defenderse, el proceso contra Leopoldo estuvo dirigido a dejar a la oposición sin su líder más relevante. Su condena ahora solo busca desalentar a la mayoría ciudadana con miras a las elecciones del seis de diciembre. Todas las encuestas auguran una debacle para el Gobierno. Uno de tal magnitud que el fraude usual quedará en evidencia. Como el calentamiento de la frontera, la expulsión de colombianos y el despertar de sentimientos xenófobos y nacionalistas, la condena contra López prueba que el chavismo hace de todo para aferrarse al poder.

Y mientras tanto, las muestras de repulsión a semejante iniquidad afloran por todas partes. O casi. Aquí Santos y su Canciller están mudos, como han estado siempre frente al desmantelamiento de la democracia y la violación de los derechos de la oposición en Venezuela. Un silencio cómplice en que los acompañan sus colegas latinoamericanos, salvo al valiente presidente de Costa Rica, que se atrevió a decir que “es una muy mala idea utilizar los tribunales de justicia para castigar ciudadanos por sus opiniones políticas”. Quien sí se pronunció fue el infame secretario general de Unasur que sostuvo que “reitera su respeto a las decisiones que adopten las autoridades jurisdiccionales de sus Estados miembros”. ¡Si antes no tuvo problema en alinearse con Maduro en la expulsión de colombianos, ahora Samper no tiene reparo en defender la condena a López! Hay lacayos que pagan bien a sus amos.

Pero no siempre consigue la izquierda mamerta, hoy reencarnada en las Farc y en el socialismo del siglo XXI, sus objetivos. A Fernando Londoño intentaron matarlo el mismo día en que el Gobierno, para distraer, decía que el atentado era obra de una “mano negra” y conseguía que el Congreso le aprobara el “marco jurídico para la paz”. Para entonces, ya Santos negociaba en secreto con la guerrilla. Pues bien, La Hora de la Verdad, el programa de Londoño en RCN, llegó a las tres mil emisiones. Un premio al coraje, a la coherencia y a la persistencia. Eduardo Mackenzie y Ricardo Puentes, ahora en el exilio, siguen escribiendo. Nuestra solidaridad para con ellos, con Rubén Darío Acevedo, y con todos quienes están en la mira de las Farc.

Es tiempo también de sumarnos a la petición de Leopoldo López después de su condena: ¡no se rindan! Ni ellos ni todos aquellos que creemos en la democracia de verdad, en la democracia republicana, podemos rendirnos. El caso venezolano nos obliga a poner nuestras barbas en remojo. No estamos a salvo, digan lo que digan Santos y sus áulicos. Esto no es Venezuela, es verdad, pero empieza a parecerse en exceso.

Rafael Nieto Loaiza

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RAFAEL NIETO LOAIZA, PÉSIMA IDEA, DESMOVILIZADOS DE LAS FARC EN POLICÍA RURAL, CASO COLOMBIA,

“Pensando en el postconflicto, la Gendarmería francesa es un modelo que para nosotros puede ser importante”, dijo Santos. Un día después, sobre la posibilidad de que en esa gendarmería hubiesen desmovilizados, agregó que “no lo descarto, bien puede negociarse con la contraparte algo en ese sentido”. Más adelante añadió que él también “ha pensado que, por ejemplo, los desmovilizados puedan ser guardabosques… bajo el control y dominio de la Policía”.

Las declaraciones del Presidente generaron diversas reacciones, entre ellas la del Procurador, quien sugirió que se estaba negociando la estructura de la fuerza pública en La Habana. Santos sostuvo que la postura del Procurador era “mal intencionada”, “perversa” y “malévola” y la de los “enemigos de la paz”.

Varias conclusiones pueden extraerse de la discusión. La primera, que Santos persiste tanto en su actitud intolerante con los críticos de sus políticas y en descalificarlos como “enemigos de la paz”, como en despacharlos con toda clase de epítetos. El Presidente trata con guantes de seda y delicadeza a las Farc y con mano dura y grosería a sus contradictores democráticos.

Dos, de un tiempo para acá Santos lanza globitos con sus ideas. Esa actitud es particularmente riesgosa en temas de la paz porque en la discusión de los “globitos” se profundiza la polarización política que ya existe sobre el proceso de La Habana. Además, da la impresión de que improvisa en la que es la materia más importante de su gobierno.

Tres, más allá de lo formal, el asunto es muy serio. Si bien es cierto que en la mesa no se está discutiendo la estructura de las Fuerzas Militares y la Policía, las declaraciones de Santos indican que sí está abierto a hacerlo. Es decir, el comandante en jefe de la Fuerza Pública, aunque todavía no lo ha hecho, está dispuesto a sentarse con los criminales de las Farc a negociar la Fuerza Pública y la incorporación en ella de desmovilizados de la guerrilla.

Cuarto, más allá de lo éticamente reprochable de la disposición presidencial a negociar semejante asunto, la idea es equivocada por al menos las siguientes razones:  A. Uno de los elementos más importantes que nos permitió superar con éxito la agresión de narcos y guerrilla fue precisamente la existencia de una Policía nacional única (al contrario, México no podrá arreglar nunca su problema de violencia e infiltración del narco hasta que no elimine las policías municipales y estaduales). B. La historia colombiana muestra que la Policía nacional, única y profesional, fue fundamental para superar su politización y su uso violento contra los opositores (Santos necesita unas lecciones sobre la violencia de la primera mitad del siglo XX y la participación en ella de las policías rurales).  C. Colombia no es Guatemala o El Salvador, donde se disolvieron los cuerpos de seguridad previos a los acuerdos de paz y se integraron desmovilizados en los nuevas instituciones policiales. Acá no hay guerra civil, las Farc no representan a nadie, no hay simetría moral entre la Fuerza Pública y quienes acuden al terror y al narcotráfico, los antecedentes de terrorismo, crímenes internacionales y agresiones constantes a los civiles inhabilitan a los desmovilizados para pasar de victimarios a asumir la tarea de proteger a los ciudadanos, y no tendrían la confianza ciudadana para cumplir semejantes tareas. D. La propuesta socava aun más la confianza de la Fuerza Pública en su presidente, mina su moral y agudiza la inseguridad que hoy sienten sus miembros. E. Introducir desmovilizados de la guerrilla en la Policía o en un nuevo cuerpo policial podría ser aprovechado por las Farc, que no han renunciado a tomarse el poder por “cualquiera de los medios de lucha”, para hacer política, para intimidar a sus opositores en las áreas rurales, y para hacer inteligencia.

Por último, no sobraría que el Presidente recuerde que, para la inmensa mayoría de la población, la sola idea de que los terroristas sean después policías genera repulsión y físico miedo.

Rafael Nieto Loaiza

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RAFAEL NIETO LOAIZA, CESE AL FUEGO BILATERAL, CASO COLOMBIA

RAFAEL NIETO LOAIZA

El Gobierno dijo que los diálogos de La Habana estaban separados de lo que ocurría en el “campo de batalla” y que el Estado mantenía su ofensiva contra la guerrilla. En distintas ocasiones el Presidente sostuvo que “la decisión de [hablar en medio del conflicto] fue deliberada”, reiteró que “no habrá cese al fuego” y resaltó que “la guerrilla siempre lo aprovecha para fortalecerse”. La lógica implícita era que el Gobierno no podía perder la ventaja militar que, hasta el inicio de las conversaciones, tenía frente a las Farc, y que no se debía darles oportunidades. Y que la presión armada sobre la guerrilla se traduciría en una mejor posición estatal en la mesa.

De paso, se pretendía blindar las conversaciones de lo que ocurriera en la confrontación, de manera que los crímenes de las Farc no dieran al traste con los diálogos. La expresión infame de tal postura la dio Santos cuando afirmó que solo “haría explotar el proceso […] un atentado a una figura importante”. En esa lógica, las Farc venían justificando sus acciones sobre la base de que las reglas de juego eran las de negociar en medio del conflicto.

Sin embargo, al mismo tiempo las Farc y buena parte de la izquierda han venido insistiendo en un cese al fuego bilateral. El Gobierno se había negado. 

Pero ahora, de repente, ha abierto la puerta. Santos, después de una reunión con asesores internacionales, dijo que en adelante no debería haber una “desconexión” entre La Habana y lo que suceda en Colombia. Fue tal la confusión que trajeron sus palabras y tal la agitación e incertidumbre que produjeron en la Fuerza Pública, que sus funcionarios estrella con ascendiente sobre militares y policías, el ministro Pinzón y el general Naranjo, debieron salir a precisar que la Fuerza Pública seguirá cumpliendo con su deber constitucional de combatir a los violentos y que “no hay ninguna decisión que haya alterado ese mandato”. ¿Fueron por libre y enmendaron al Presidente? ¿O convencieron a Santos de su error? No lo se. Pero parece, al menos por ahora, que no habrá tal cese al fuego bilateral.

Y sería un despropósito que lo hubiera. Primero, porque significaría “caguanizar” todo el país. Un ceso al fuego bilateral ata las manos a la Fuerza Pública que, en adelante, no podrían actuar contra los bandidos. Segundo, porque mientras que el Eln siga actuando, la Fuerza Pública deberá seguir combatiéndolo y en el terreno es imposible distinguir una guerrilla de otra. Tercero, porque efectivamente el cese al fuego bilateral hace perder la poca ventaja militar que le queda al Estado. Ya han ganado mucho las Farc con los diálogos (entre otras cosas, y por cierto con autorización presidencial, poniendo por fuera del país y del alcance de la Fuerza Pública a todo el Secretariado), como para que además el resto de sus estructuras sepan que están a salvo de la acción estatal. Cuarto, porque mientras que los criminales sigan en su accionar violento a la Fuerza Pública, diga lo que diga el Presidente, no le queda sino cumplir con su mandato constitucional de combatirlos. Quinto, porque el cese al fuego bilateral debe ser el punto final del proceso y solo debe adelantarse cuando haya certeza de su éxito.

Eso son los puntos fundamentales. Por un lado, un ceso al fuego bilateral es solo factible a la terminación feliz del proceso, con verificación independiente y con concentración geográfica de la guerrilla para su desarme definitivo y su desmovilización. Lo demás es una tomadura de pelo.

Por el otro, aunque el Gobierno viene empeñado en vender la idea de que hemos llegado a un punto irreversible, a un “no retorno” en las conversaciones con las Farc, lo cierto es que absolutamente todos los temas cruciales siguen pendientes: ¿habrá impunidad para los crímenes internacionales de las Farc?¿Sus responsables podrán hacer política? ¿No habrá extradición para los narcotraficantes de la guerrilla? ¿Las Farc entregarán sus bienes para reparar a las víctimas? ¿O el proceso será una gran lavadero de su dinero? ¿Cuál será el mecanismo de refrendación de los acuerdos? Sin respuestas, el proceso seguirá, como está, colgado de un hilo.

Rafael Nieto Loaiza

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RAFAEL NIETO LOAIZA, ¿VENDRÁ LA DEMOCRACIA?, CASO CUBA, DESDE COLOMBIA,

RAFAEL NIETO LOAIZA

Obama acaba de dar el giro más importante de la política norteamericana hacia Cuba en las últimas décadas. El pasado 17 anunció un acuerdo con Raúl Castro para la reapertura de relaciones diplomáticas entre los dos países y el canje de un cooperante norteamericano, detenido arbitrariamente en La Habana, por tres espías cubanos condenados en los Estados Unidos. De paso pidió el fin de las restricciones comerciales a Cuba.

El momento explica en buen parte el acuerdo. Por un lado, los Castro son un par de octogenarios que apenas escapan de la tumba, que ven como su proyecto colapsó económicamente y que ahora se encontraban definitivamente asfixiados por la caída del precio del petróleo que, no es una ironía, es en buena parte resultado del sustantivo aumento de la producción petrolera norteamericana por vía del uso de nuevas tecnologías extractivas como la fracturación hidráulica. Cuba recibe entre 110 y 115 mil barriles diarios de Venezuela y vende una parte sustantiva, para unos ingresos de 3.5 mil millones de dólares que ya no tendrá. Tampoco hay posibilidad alguna de que Rusia, su soporte hasta la caída del muro de Berlín, los apoye. A pesar de que Putín pudiera estar interesado en subsidiar de nuevo a Cuba en el marco de su agresiva política antinorteamericana, la economía rusa tendrá también un par de años muy malos. Así que los dólares norteamericanos, que ya le dan un alivio enorme con los 2 mil millones anuales en remesas que hoy llegan a Cuba, son la única esperanza de un país en ruinas.

No deja de ser curioso entonces que sea precisamente en este momento en el cual Obama extiende un salvavidas a los Castro. Y lo hace a cambio de nada o, si se quiere, solo a cambio de la liberación del citado cooperante.

Pero ocurre que, por otro lado, Obama, que llevó a los demócratas a la peor derrota en más de cincuenta años en las recientes elecciones y que es sumamente impopular, parece decidido a huir hacia delante, a no quedar paralizado por la nueva mayoría republicana y a dejar un legado histórico “progresista” aun en contra de la opinión mayoritaria expresada en las urnas. Debe advertirse que, sin embargo, en este caso su decisión pareciera tener una mayoría de respaldo popular.

La expectativa de quienes apoyan el acuerdo es que el cambio de la política norteamericana impulsará la apertura política y el futuro regreso de la democracia. Los detractores sostienen que el giro solo permitirá que el régimen cubano sobreviva y se fortalezca y, en el mejor de los escenarios, se torne en un sistema como el chino, con capitalismo de estado, partido único, sin democracia y con severas restricciones de derechos y libertades.

En términos pragmáticos, las medidas de Estados Unidos contra Cuba no habían conseguido el cambio del régimen. Tales medidas, no sobra advertirlo, nunca constituyeron un bloqueo y fueron siempre porosas. De hecho, hoy por hoy los Estados Unidos son el quinto socio comercial de Cuba y le venden alimentos por más de setecientos millones de dólares. Y, como dije, las remesas enviadas a La Habana son la segunda fuente de ingreso después del petróleo venezolano. En cualquier caso, esas medidas se habían constituido en la excusa para que los Castro posaran de víctimas y justificaran la miseria de la isla y la tiranía. Al menos ese discurso no existirá más.

Pero las palabras de Raúl Castro sobre el acuerdo no dan pie a la esperanza. No hubo en ellas ni un asomo de apertura política o de un cambio en la política de restricción de los derechos humanos. El riesgo, por tanto, es que el régimen, que parecía a punto de colapsar, sobreviva. Y que otros en el Continente reafirmen, como vienen haciéndolo, que desmontar la democracia no tiene costo internacional alguno.  

…

Tenemos que aprender a discutir con argumentos y a tramitar las diferencias políticas e ideológicas sin odio ni violencia. Para todos mis lectores, entre ellos críticos y detractores, mis deseos sinceros para que tengan una muy feliz Navidad junto con sus familias.

Rafael Nieto Loaiza

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RAFAEL NIETO LOAIZA, ENTRE MADURO Y SANTOS, DESDE COLOMBIA

RAFAEL NIETO LOAIZA

María Corina Machado fue imputada por cargos de “conspiración” para asesinar a Maduro. Seguramente será encarcelada y sufrirá los tratos crueles e inhumanos que los chavistas reservan para los dirigentes de la oposición. No otra cosa auguran los casos de Leopoldo López, Daniel Ceballos y Vicencio Scarano, a merced de sus guardianes en la prisión militar de Ramo Verde. No la salvará de prisión que las acusaciones sean descabelladas y que no haya prueba ninguna de tal conspiración. La justicia en Venezuela no es sino un brazo persecutor del sistema totalitario del “socialismo del siglo XXI”.

Porque para que haya democracia no basta con que se celebren elecciones. Para que sean democráticas, las elecciones requieren de varias condiciones: que sean competitivas, con dos o más candidatos y partidos y con propuestas diferentes. Elecciones de partido o candidato único no son democráticas. Como no lo son tampoco aquellas en que se favorece arbitrariamente a uno, dejando a los otros en tal desventaja que no sea posible una competición justa. Eso es lo que ocurre en Venezuela, donde el candidato chavista ocupa todos los espacios de los medios de comunicación y ruedan a chorros los recursos públicos al servicio de sus candidatos. Guardadas las distancias, lo mismo ocurrió en las pasadas elecciones en Colombia. Los medios de comunicación, con pocas excepciones, privilegiaron a Santos y a sus candidatos y se olvidaron de la oposición y sus propuestas, se engolosinaron con la multimillonaria publicidad oficial y fueron múltiples las presiones sobre los alcaldes y gobernadores, a quienes se les aduló con más recursos de la administración central y con abrirles la puerta a su reelección si apoyaban al Presidente. ¿Cómo se explica que aun no haya debate sobre los 1.2 billones de pesos que gastó el gobierno en el año previo a elecciones en publicidad y eventos?

¿Y cómo no se han investigado las cifras de la campaña de Santos, que se voló y por mucho los topes legales? Quizás acaso porque la autoridad electoral estaba conformada solo por representantes de los partidos gubernamentales. En Venezuela la desconfianza con quienes están a cargo de las elecciones es total porque no son independientes ni autónomos y toman decisiones para favorecer al gobierno. Guardadas las distancias, ¿no fue acaso lo que pasó en las elecciones pasadas? El Consejo Electoral bloqueó a Marta Lucía Ramírez, la candidata conservadora, y perjudicó arbitrariamente al Centro Democrático impidiendo que los electores pudieran identificarlo con Uribe.

Para que haya democracia se requiere de autonomía de las diferentes ramas del poder público y de que haya un sistema de frenos y contrapesos. En Venezuela todo el sistema judicial opera como un mecanismo de protección del chavismo y como un martillo demoledor contra la oposición. Por estos lares, guardadas las distancias, Santos ha hecho esfuerzos denodados por copar la rama judicial, aun sin éxito, y por congraciarse con sus miembros. Por eso no ha impulsado una verdadera reforma judicial, la más urgente e indispensable. Y un sector fundamental de la sociedad cree que la Fiscalía fue usada en las elecciones contra Zuluaga y que los jueces toman decisiones draconianas contra los ex funcionarios uribistas y miran para otro lado cuando se trata de amigos del gobierno o de dirigentes de la izquierda radical.

En Venezuela, los empresarios que no trabajan con el gobierno o que apoyan a la oposición están condenados a fracasar. Acá, guardadas las distancias, les advierten para que se abstengan de financiar a la oposición y los embajadores llaman a las multinacionales para que no contraten a críticos del gobierno.

Y si allá se acallan los medios, les quitan frecuencias y licencias y se despiden a columnistas y periodistas, guardadas las distancias acá el Gobierno consigue salir de Ana Mercedes Gómez, de Pacho Santos, de Hassan Nassar. Y alinean a punta de publicidad y de renovación de licencias tanto a los noticieros “independientes” como a los grandes medios.

Sí, Venezuela no es Colombia ni Santos es Maduro. Pero guardadas las distancias, Santos, que posa de liberal, tiene rasgos semejantes.

Rafael Nieto Loaiza

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@rafaelnietoloaiza

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RAFAEL NIETO LOAIZA, LA JUSTICIA INDÍGENA Y LAS FARC, CASO COLOMBIA

RAFAEL NIETO LOAIZA

El 05 de noviembre las Farc dieron muerte cerca de Toribío, Cauca, a dos miembros de la guardia de la etnia Nasa que, no sobra recordar, tiene por únicas armas los bastones de mando. Los indígenas fueron asesinados cuando se disponían a desmontar unas vallas alusivas al tercer aniversario de la muerte de Alfonso Cano, entonces máximo líder de las Farc.

Los Nasa lograron capturar a siete de los integrantes de las Farc y en juicio de un día condenaron a 60 años de cárcel al autor material del crimen y a 40 a sus acompañantes. A dos menores de edad, parte de la cuadrilla, los condenaron a latigazos.

Timochenko, actual jefe de las Farc, excusó a los guerrilleros, dijo que “este tipo de procedimientos repugna al más elemental sentido de justicia”, sostuvo que la condena era “absurda” y “no es otra cosa que el reinado absoluto de la arbitrariedad”, y remató con un “si ese es el país al que piensan reintegrarnos, no hay entonces la menor posibilidad de ello”. ¿Desde dónde escribe el máximo jefe guerrillero, señor Presidente? ¿Cuba, Nicaragua o Venezuela? ¿Lo hace con su autorización, como los viajes que hizo recientemente? Como sea, quedamos notificados.

Por su parte, desde el Ministro de Justicia hacia abajo, se ha aplaudido el juicio indígena y se le destaca como una muestra de “justicia pronta, cumplida y eficaz”.

Cuatro son los puntos más destacables del episodio. El primero, la crueldad de los terroristas. Aunque las Farc han dicho que la población no ha sido ni blanco principal ni blanco secundario de las acciones defensivas u ofensivas de nuestras estructuras armadas” y “evidentemente nuestras responsabilidades no son en ningún caso por la comisión de crímenes de guerra o de lesa humanidad”, nunca han tenido, y desde que están en La Habana tampoco tienen, ningún reparo en asesinar civiles desarmados, centenares de ellos indígenas.

Segundo, su cinismo. Son famosos los ajusticiamientos, sin juicio alguno, por infracciones a la “disciplina” de las Farc o por sospechas de colaboración con el Estado. Y los “juicios populares”. Que Timochenko se indigne y la guerrilla pida juicio con garantías cuando nunca han dado una sola, prueba lo caraduras que son.

Como sea, los hechos los desmienten sin descanso. Y dejan desnudo al Fiscal General que se ha atrevido a declarar que en Colombia no hay guerrilleros condenados por crímenes de lesa humanidad. ¿No es el asesinato generalizado y sistemático de civiles, entre ellos centenares de indígenas, un crimen de lesa humanidad, doctor Montealegre? ¿No es el reclutamiento de menores un crimen de guerra? No porque la Fiscalía se niegue a llamarlos por su nombre, los crímenes internacionales dejan de serlo. La realidad es tozuda.

Tercero, la inoportunidad e inconveniencia de las declaraciones de Humberto de la Calle, jefe de los negociadores del Gobierno en La Habana, en que pide que se repiense el concepto de delito político y conexos, porque “se presentó un vaciamiento de la conexidad que lo ha dejado reducido y muy alejado de la realidad del conflicto militar”. De la Calle sabe que la jurisprudencia colombiana ha sostenido que los delitos atroces, los actos de barbarie y el narcotráfico no pueden ser considerados como delitos políticos o conexos. Lo que de la Calle sugiere es que sí lo sean. Es decir, pretende que el narcotráfico y los crímenes internacionales, o al menos algunos de ellos, sean considerados delitos políticos o conexos y en consecuencia a) puedan ser indultados o amnistiados y b) sus responsables puedan llegar a cargos de elección popular. Es evidente que busca abrirle las puertas a los comandantes de las Farc. Pero con todo respeto, no veo como el asesinato de civiles, como el de los indígenas, puede ser considerado un delito político o conexo.  Ni cual crimen internacional sí pueda serlo.

Cuarto, creo que la justicia sumaria, aunque sea contra guerrilleros, es una violación a los derechos humanos, estoy convencido de que todos sin excepción tienen derecho a una defensa profesional y a garantías procesales, y los castigos corporales me parecen una exabrupto propio de la edad media. Pero como vivimos la más grave crisis de la justicia colombiana en su historia, lenta, inoperante, corrupta, llena de impunidad, se explica que haya quien sostenga que el juicio indígena es una “lección para el estado colombiano”. No en vano en la última encuesta Gallup el sistema judicial tiene la más mala imagen en su historia: es la institución más desprestigiada, incluso diez puntos peor que el Congreso, con un 80% desfavorable, y las más negativas calificaciones, hasta hoy, de la Fiscalía y la Corte Constitucional, que por primera vez tienen más calificaciones negativas que positivas. Así estamos.

Rafael Nieto Loaiza

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RAFAEL NIETO LOAIZA, DEMAGOGIA IRRESPONSABLE, CASO COLOMBIA

RAFAEL NIETO LOAIZA

El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, ex guerrillero del M-19, anunció que el Distrito, a través de Metrovivienda, construirá 372 vivienda de interés prioritario (vip) en tres de los barrios más costosos de la capital. Lo hará en unos predios del Distrito que hoy se usan como parqueaderos. El costo aproximado sería de treinta mil millones de pesos. Las viviendas serían entregadas a víctimas de la violencia y tendrían un tratamiento catastral y tributario de estrato uno, el más bajo en la escala, por diez años.

La propuesta ha generado ruido y cubrimiento en los medios, cosa que seguramente le encantará a un alcalde que ha vuelto a sus cotas tradicionales de muy baja popularidad. Cuando pasó la marea de solidaridad por su fallida destitución por la Procuraduría, Petro volvió a los predios que le son habituales: las encuestas de la semana pasada muestran que un 70% de los habitantes de Bogotá rechazan su gestión y tienen una imagen desfavorable de él.

El Alcalde defendió su propuesta con el supuesto de que “los sistemas de subsidios no deben depender del estrato social, éste es un sistema de castas anti democrático y anti humano que no debe seguir existiendo en Colombia, se le debe dar a la persona y no al lugar”. Algunos vecinos, por su parte, dicen que el proyecto desvalorizará sus propiedades y tienen ansiedad por el impacto en materia de seguridad.

Aunque las dudas son legítimas, dudo de que tales proyectos afecten la valorización de las propiedades aledañas, porque la escasez de tierra en la zona es agobiante y la demanda se mantiene por los cielos. Y creo que las preocupaciones por la seguridad olvidan que, en todo caso, la seguridad ciudadana en Bogotá, incluyendo la zona norte, está ya muy deteriorada, como lo muestran las encuestas de victimización y el aumento de denuncias por hurtos, atracos y, recientemente, robos armados a las residencias de los que han sido víctimas incluso figuras públicas. Y parten de un prejuicio: que los más pobres son delincuentes. La realidad muestra que no solo no es verdad (en nuestro país algunos ricos son criminales redomados y abundan los de cuello blanco), sino que en general los pobres son los más afectados por la inseguridad porque, por un lado, no tienen como pagar seguridad privada y, por el otro, es inexistente su capacidad para presionar una mejor presencia y acción de la Policía.

El argumento del Alcalde, por otro lado, es falaz, porque el sistema de estratos es el único que hasta ahora permite pagos de acuerdo con las capacidades de los habitantes y un mecanismo de asignación de subsidios con base en necesidades. De hecho, Petro lo usará para asignar las viviendas y para darles un tratamiento impositivo presencial. 

El problema, en realidad, es otro: el proyecto de Petro es del más descarado populismo y absolutamente irresponsable, porque en realidad perjudica a los sectores mas desfavorecidos. Con ese dinero, quince millones de dólares, la ciudad podría hacer 938 casas en otra zona de la ciudad (en Bogotá una casa vip tiene un valor de construcción de máximo 32 millones de pesos, tierra incluida), es decir, dos veces y media más que en donde pretende hacerlo. Y la cosa es más grave: si el Distrito vendiera esa tierra le pagarían un promedio de doce millones de pesos el metro y en algún caso hasta quince. ¡Con la plata de esa venta el Distrito podría construir miles de viviendas vip!

Toda la racionalidad económica muestra que lo que debe hacer el Distrito es vender esos predios y usar el dinero para construir muchas más casas vip en otra zona de la ciudad. Lo “humano”, señor Alcalde, es gastar de manera eficaz y eficiente los recursos públicos y resolver las necesidades de la mayor cantidad de pobres que sea posible, no hacer demagogia con ellos. ¿Pero quien ha dicho que a esta izquierda populista, que en tres administraciones acabado con la ciudad, le importan en realidad los pobres y el buen uso de los recursos públicos?

Rafael Nieto Loaiza

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RAFAEL NIETO LOAIZA, EL FISCAL Y LOS CRÍMENES INTERNACIONALES, DESDE COLOMBIA

RAFAEL NIETO LOAIZA

El Fiscal General dijo que había viajado a La Haya a “defender la solución negociada del conflicto”. No dudo ni de su buena fe ni de que esas fueran sus intenciones. Pero quizás sea exactamente esa la razón de sus equivocaciones: Montealegre no tiene entre sus funciones ninguna siquiera cercana a “la defensa de la solución negociada del conflicto”. Según la Constitución, al Fiscal le corresponde “adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito”.

Por eso se entiende tan mal que nada menos que la cabeza del órgano encargado de investigar el delito y acusar a los presuntos delincuentes insista una y otra vez en que los guerrilleros responsables de crímenes de lesa humanidad y de guerra no deben pagar con penas privativas de la libertad por sus abominables delitos. Según Montealegre, para que hubiese justicia bastaría con que esos asesinos en serie hicieran “trabajo social”.

Cuando lo dice, el Fiscal pareciera dejar de lado su tarea constitucional de perseguidor del delito y volver a su papel original de abogado defensor, por el que ganó merecida reputación. Con ello, aunque no lo quiera, hace un triple daño: por un lado, a las instituciones, al trocar la función constitucional de la Fiscalía. Por el otro, peor, incentiva la violencia y la reiterada comisión de los crímenes más abominables, los de lesa humanidad y los de guerra, porque envía el mensaje a los guerrilleros de que si los siguen cometiendo no les pasará nada distinto a tener que hacer un “trabajo social” cualquiera. En esas condiciones, cuando es el mismo Fiscal General quien hace tales anuncios, no debe extrañar que las Farc y el Eln sigan, como siguen, cometiendo tales delitos. Por último, afecta negativamente a los negociadores del gobierno en Cuba porque les cercena de manera grave su margen de maniobra en la mesa: si el Fiscal ya ha dicho que bastaría con “trabajo social” para sus crímenes, ¿porqué habrían de aceptar los jefes de las Farc alguna otra pena?

Y al mismo tiempo que declara como delitos de lesa humanidad 34 asesinatos de miembros de la Unión Patriótica (el partido que crearon las Farc durante el proceso de paz con Belisario Betancur), sostiene que en Colombia no hay guerrilleros sentenciados por tales delitos Más allá de que olvida que un crimen de lesa humanidad lo es por su naturaleza, sin importar la denominación que le de la Fiscalía (solo en la bomba del club el Nogal las Farc asesinaron a 36 y causaron mas de 200 heridos, por ejemplo), es demoledor el mensaje de un doble estándar en el cual los delitos de la guerrilla son tratados con generosísima benevolencia.

Para rematar, el Fiscal, que es suavecito como un conejo con la guerrilla, se muestra feroz con los contradictores del Gobierno, por un lado, y con los miembros de la Fuerza Pública, por el otro. La Fiscalía no solo pide condenas de decenas de años contra generales de la Fuerza Pública por “omisión” y sosteniendo que el Ejército es un “aparato organizado de poder” para delinquir, teoría que es un exabrupto en una democracia, sino que sistemáticamente persigue los órganos de inteligencia, los mismos que, junto con el apoyo aéreo y las fuerzas especiales, son los responsables del grueso de los éxitos en la lucha contra la guerrilla y de golpes como las operaciones que concluyeron con la libertad de Ingrid Betancourt y el general Mendieta, entre otros secuestrados.

En La Haya, la fiscal Bensouda de la CPI recordó, como había hecho ya en carta a la Corte Constitucional, que “el Estatuto de Roma impone no solo el deber de investigar y perseguir, sino también de castigar a los perpetradores de los más graves crímenes con penas privativas de la libertad. Es decir, en criterio de la Fiscal de la Corte Penal Internacional, sin prisión efectiva no hay justicia”. Montealegre salió de Holanda a criticar a la Fiscal de la CPI, sostuvo que su posición es “debatible” y anunció que insistirá en su cruzada por impunidad para las Farc. Su persistencia le hace flaco favor a la paz y a la justicia.

Rafael Nieto Loaiza

rafaelnietoloaiza@yahoo.com

@rafaelnietoloaiza

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RAFAEL NIETO LOAIZA, UN VOTO VERGONZOSO, DESDE COLOMBIA

David Barguil, presidente del Partido Conservador, envió esta semana una carta a la Canciller exigiendo la emisión de una nota de protesta por el ingreso de un grupo de guardias nacionales venezolanos a territorio nacional. Barguil, que es joven pero también sagaz y valiente, no ha temido enfrentarse a la jauría presidencial y a sus enmermelados parlamentarios, y además les ha ganado, como prueba entre otros hechos, su dirección del Partido, a la que se opusieron con puños, mordiscos y zancadillas desde la Casa de Nariño.

Ahora también se anotó un punto. Hasta la carta, el Gobierno colombiano se había limitado al silencio y a enviar de vuelta a casa, sin más, a los guardias chavistas. La Guardia, además de ser uno de los martillos del gobierno socialista contra los opositores, tiene tareas de seguridad fronteriza. Pero no hay justificación posible para su ingreso a Colombia y su paseo por la zona de frontera, en camioneta cuatro por cuatro, y armados hasta los dientes. ¿Qué hacían los guardias acá? ¿Tareas de inteligencia? ¿Medir la respuesta de la fuerza pública colombiana? ¿Dar protección a algún capo de las Farc que tenía que regresar por un tiempo a territorio colombiano? Está fuera de toda duda la complicidad de la Guardia con la presencia de la guerrilla en Venezuela. Cualquiera de las explicaciones es mala. Pero es aun peor que no tengamos la respuesta y que el Gobierno no haga nada para obtenerla.

Al menos Barguil consiguió que el Gobierno enviara una nota de protesta, aunque no conocemos sus términos. Serán muy suaves, eso es seguro, porque el Gobierno está hipotecado a Maduro, como lo estuvo a Chávez, el "nuevo mejor amigo", por cuenta del diálogo con las Farc. En lugar de exigirle al chavismo que cese su apoyo a las Farc y su expulsión de territorio venezolano, lo que sí sería un verdadero aporte a la paz, decidió nombrarlo facilitador del proceso. En ese momento perdió toda independencia frente al chavismo y, de paso, toda dignidad.

De ahí la entrega de Walid Makled, el narco que lo sabía todo sobre los carteles venezolanos de narcotráfico y su vínculo con el gobierno chavista; de ahí el silencio ante la presencia de "Timochenko" y compañía en su territorio; de ahí el nombramiento de Samper (a quien Santos intentó defenestrar durante el 8.000 y hoy no tiene reparo en reencauchar) en la dirección de Unasur, y de ahí también el vergonzoso voto de Colombia por Venezuela en su elección en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Más allá de que Venezuela incumple sistemáticamente las recomendaciones de los órganos de la ONU y no ha hecho otra cosa que proteger a los terroristas colombianos y minar el sistema democrático en el Continente, ese es un voto peligrosísimo por la cercanía de Maduro con el gobierno de Ortega en Nicaragua, en las condiciones actuales de cumplimiento del fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre aguas marinas y submarinas.

Por cierto, el chavismo, que sigue en la persecución de sus contradictores y en su política de silenciar los medios de comunicación independientes, está próximo a conseguir el cierre de Tal Cual, el periódico que dirige Teodoro Petkoff. Aunque Petkoff no es un hombre de derecha, su carácter de demócrata integral le ha merecido el odio visceral del chavismo. Toda nuestra solidaridad con Teodoro y los hermanos venezolanos perseguidos por el Socialismo del Siglo XXI. No olvidamos a Leopoldo López.

Rafael Nieto

rafaelnietoloaiza@yahoo.com

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RAFAEL NIETO LOAIZA, EL OJO EN EL CIELO, FUENTE DIARIO EL PAÍS DE CALI, COLOMBIA,

Si bien se puede argumentar que, en términos globales, en los últimos treinta años son menos los sistemas políticos totalitarios y que la democracia ha ganado terreno (aunque lentamente y con serias regresiones autoritarias en nuestro Continente), las revelaciones de Edward J. Snowden, el contratista de inteligencia norteamericano, ratifican la existencia de una red global de interceptación, almacenaje y análisis de comunicaciones, un gran sistema de vigilancia que todo lo ve y todo lo oye.

El nombre técnico de la red es servicio de inteligencia de señales, SIGINT, y reúne a los organismos de inteligencia electrónica y de comunicaciones de Australia, Canadá, Estados Unidos, Gran Bretaña y Nueva Zelanda, los llamados Cinco Ojos.

Los Cinco Ojos tienen acceso a los correos electrónicos, llamadas telefónicas y comunicaciones vía Internet, como skype, a lo largo y ancho de todo el mundo. Para ello usan unas plataformas de espionaje electrónico denominadas Prisma y Témpora y han celebrado convenios de acceso, por la puerta de atrás, a los programas y servidores de las empresas de servicios de comunicaciones e Internet más grandes del mundo, entre ellas Apple, AT&T, Facebook, Google, Microsoft, Sprint, Yahoo, You Tube y Verizon. Además, la Agencia para la Seguridad Nacional (NSA) y el Cuartel General de Comunicaciones británico (GCHQ) tienen derivaciones directas a los cables de fibra óptica que transportan datos intercontinentales. Como si no bastara, cuentan con la red de satélites espías Echelon, que les permite capturar comunicaciones por radio y satélite en todo el mundo, y con los sistemas de vigilancia y video de drones, aeronaves no tripuladas.

La pieza faltante del rompecabezas es el Utah Data Center, una complejo ultrasecreto de almacenamiento y procesamiento de información de cien hectáreas y cien mil metros cuadrados de espacio cerrado, en medio de una base militar en un desierto del bucólico estado de Utah, que debe entrar en operación en septiembre de este año, y que contaría con los ordenadores informáticos más potentes y veloces del mundo, con capacidad no solo de encontrar datos y patrones escondidos, cosa que ya hacen, sino incluso de quebrar el llamado Estándar de Encriptamiento Avanzado, la última barrera, con el cual se intenta proteger las transacciones financieras y las comunicaciones corporativas y diplomáticas.

El Utah Data Center guardaría no solo comunicaciones de todo tipo, sino videos, fotografías, historial de búsqueda en Internet y de uso de Facebook, compras electrónicas y con tarjeta de crédito y transacciones financieras, entre otras fuentes de información. Interceptada y almacenada la información, se analiza en un proceso de “minería de datos” profundo, exhaustivo e integral que le proporcionaría a los Cinco Ojos una historia y un perfil detallado de cada uno de los individuos objeto de su búsqueda.

No hay duda, pues, de que los Cinco Ojos no solo pueden interceptar las comunicaciones privadas y públicas y grabar conversaciones y mensajes, sino que acceden a los datos personales de los usuarios y almacenan y analizan toda la información en enormes supercomputadores.

Por supuesto, rusos y chinos intentan hacer lo mismo. Si no pueden es porque encuentran obstáculos para acceder a los proveedores  de comunicaciones norteamericanos.

La intimidad y la privacidad han dejado de existir. El Gran Hermano omnipresente y vigilante de 1984, la formidable sátira de George Orwell, es, apenas treinta años después, una realidad.

I am the eye in the sky looking at you, I can read your mind, I am the maker of rules dealing with fools, I can cheat you blind and I don’t need to see any more to know that I can read your mind, I can read your mind.

Soy el Ojo en el cielo mirando hacia ti, puedo leer tu mente, soy quien crea las reglas lidiando con tontos, puedo engañarte con los ojos vendados, y no necesito verte más para saber que puedo leer tu mente, puedo leer tu mente. Alan Parsons.

http://www.elpais.com.co/elpais/opinion/columna/rafael-nieto-loaiza/ojo-cielo

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RAFAEL NIETO LOAIZA, ECUADOR: EL JUEZ QUE NO OBEDECE AL GOBIERNO ES DESTITUIDO, DESDE COLOMBIA,

Luis Fernández, ex juez del Quinto Tribunal de Garantías Penales, fue destituido por absolver al Coronel César Carrión. El dijo: “Somos el ejemplo: Quien no obedece es destituido por más que actúe en derecho”.

El presidente Rafael Correa sostuvo el sábado pasado que los jueces se amedrentaron y declararon inocente al coronel César Carrión del delito de intento de magnicidio tras la sublevación del 30 de septiembre del 2010. Hace dos semanas fue reintegrado a la Policía. Uno de los jueces que lo absolvieron dice que lo sacaron de la Función Judicial por ese caso y que la presión política fue notoria. Luis Fernández participó la semana pasada en un taller sobre salidas alternativas en el sistema judicial, y en ese marco se quejó de las contradicciones.

Usted dice que ya se dio el reintegro de Carrión a la Policía, pero que los jueces de ese caso siguen fuera.

Bueno, a la ciudadanía en general le consta que nosotros fuimos destituidos por el único hecho de haber declarado, de conformidad con la ley, la inocencia del coronel Carrión. Hemos sido destituidos, ha sido una persecución porque no les gustó el fallo.

¿Qué van a hacer frente a esa destitución?

A la decisión del Consejo de la Judicatura Transitorio (CJT) hemos presentado ampliación y aclaración... en la resolución se dice que se nos destituye por no haber ordenado un juicio; es decir, para que sean enjuiciados otra vez por otro delito... Sobre los mismos hechos que presentó el fiscal declaramos la inocencia. ¿Dónde queda el principio de no (juzgar) dos veces sobre un mismo hecho?

¿Cuál era el delito que a ustedes les presentó el fiscal?

Tentativa de magnicidio al presidente de la República y de toda la prueba no se logró establecer tal tentativa.

¿Y qué otro delito se pedía que ustedes juzgaren?

No hemos descubierto un nuevo delito... Se apeló la sentencia que dictamos (junto a Hugo Sierra y Jaqueline Pachacama, también separados), pero la Corte Provincial ratificó la sentencia en relación a Carrión y la revocó a tres procesados más. Lo mismo pasó en la Corte Nacional. Quedó ratificada.

¿Hubo presión política?

Las amenazas que se dieron por parte del ministro (de Justicia) de ese tiempo al tribunal son públicas. Hemos sufrido una persecución que a mí me obligó a renunciar y después de que mi renuncia fue aceptada (por el CJT) continúa esa persecución hasta lograr la destitución.

¿Por qué renunció?

La persecución era muy grave solo por haber administrado justicia de conformidad con la ley. Quiero recordarle, que a mí y a mis compañeros no nos han sacado por ser jueces Chucky Seven, por ser jueces golondrinas o estar al servicio de equis persona. Nos han sacado porque esa sentencia no le ha gustado al poder.

¿Cabía la destitución si ya había renunciado?

No. En un Estado de derecho en el que se respete la ley, no cabría tal asunto.

¿Y si no se resuelve su caso por la vía administrativa?

A mí me han causado un irreparable daño moral. Agotaré instancias nacionales para concurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El capricho de una persona no puede estar por encima de los demás.

¿Cómo está el ambiente en la Judicatura intervenida?

Nosotros hemos sido el ejemplo: quien no obedece es destituido por más que actúe en derecho. Dentro de los compañeros se vive en pánico.

¿Qué opina del CJT?

No hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista.

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El Universo, Guayaquil

http://www.eluniverso.com/2012/06/18/1/1355/somos-ejemplo-quien-obedece-destituido-mas-actue-derecho.html

Marco de impunidad

Por Rafael Nieto Loaiza

El Colombiano, Medellín

17 de junio de 2012

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