MALÚ KIKUCHI, ¿LEGAL Y LEGÍTIMO O SÓLO LEGAL?, DESDE ARGENTINA

MALÚ KIKUCHI, 

La pregunta es interesante, porque la respuesta puede no ser la que espera el gobierno, después de la maratón para aprobar lo más rápido posible, y sin discusión razonable, el nuevo Código Procesal Penal.

Antes que nada vamos a aclarar que este Código tiene muchos artículos buenos, que en general mejora y aliviana al extensísimo Código anterior, lo reduce a la mitad, que pasa de un sistema inquisitivo a uno acusatorio, hecho que ya funciona en 17 de las 24 provincias argentinas.

O sea que la investigación pasa al ámbito de los fiscales y sobre esa investigación, los jueces, juzgan. El principio está bien, una parte le toca al ministerio público, que según la Constitución Nacional es independiente, y el juzgar queda en el poder judicial, que se supone es un poder independiente.

El ministerio público va a nombrar 17 fiscales más y contratar a 1.700 empleados más. El problema no es “el qué”, es “quién” lo pone en práctica. El ministerio público está manejado férreamente por Alejandra Gils Carbó, absolutamente alineada con el ejecutivo.

Se dice que los exámenes de los futuros fiscales fueron todos amañados, y que quedarían en manos de La Cámpora. Que toda esta movida judicial es para asegurarles impunidad a Cristina y su gobierno. Y ha de ser cierto, conociendo a los actores, a las denuncias en su contra, las investigaciones y los procesamientos en marcha.

Sin olvidar los aprietes desenfadados a los jueces. La idea es buena, los que deben llevarla a la práctica están demasiado sospechados de parcialidad.

Además, el nuevo Código autoriza a las víctimas, o a sus familiares, a tomar parte por ejemplo, en las audiencias de excarcelación, lo que no deja de ser una medida lógica.

Los delincuentes extranjeros pueden ser repatriados … siempre que ellos quieran. ¿? Las causas van a llevar como máximo 3 años, ¡finalmente!, justicia lenta no es justicia. Salvo en casos muy complejos,  que podrían durar más. Todo bien, si….

Si el ministerio público estuviera en manos idóneas y apolíticas y fuera total y absolutamente independiente del poder ejecutivo. Hoy no es así. Todo está direccionado para conseguir la impunidad del actual gobierno, que ha expoliado al país como nunca antes en la historia.

Y volvamos, ahora que tenemos idea sobre algunos de los cambios que implica este código, a la pregunta inicial: ¿es legal y legítimo o sólo legal?

¿Qué es legal? Si recurrimos al diccionario nos dirá que es algo que corresponde al ámbito de las leyes, al mundo jurídico. Y en cuanto a legal, el nuevo Código, lo es. Fue aprobado por 130 diputados (1 más de lo imprescindible),  no fue votado por 99 diputados y dos se abstuvieron.

Considerando que la cámara de diputados consta de 257 miembros. ¿Dónde estaban los que no estuvieron durante una votación esencial a la vida de las personas que habitamos Argentina, y a los que, además, les pagamos un sueldo generoso para que nos representen y defiendan nuestros intereses? ¡Qué buena pregunta!

¿Qué es legítimo? Pareciera que es lo mismo que legal, pero no lo es. Legítimo conlleva una carga moral, le asigna, le asiste al individuo o a una sociedad, un derecho moral. El Código habla de herederos legítimos y de plazos legales.

Entonces debemos peguntarnos qué es moral. Moral, del latín “mores”, costumbres, habla de las costumbres de las personas. Pero según el RAE, 3° acepción dice que, “no concierne al orden jurídico, sino al interno o al respeto humano”. Y en la 4°, dice que “es la ciencia que trata del bien en general”.

O sea que una ley o conjunto de leyes (que eso es un código), puede ser legal, pero no legítimo.  ¿Y por qué no es legítimo este Código? Primero porque no se lo discutió el tiempo suficiente y con todos los actores con los que se debía discutir. Ya que, aunque no nos demos cuenta cabal, los Códigos hacen a la calidad de vida de los habitantes.

Segundo y creo que es lo más importante, un Código Procesal Penal, no puede ser legítimo si sólo lo ha votado la mitad de la cámara de diputados, que son los representantes de los ciudadanos, por lo tanto del pensamiento de los mismos. Se puede gobernar con la mitad del país, no se puede legislar para la mitad del país.

Este caso es peor, no es legislar para la mitad del país, es legislar para que un gobierno corrupto, no pueda ser juzgado como corresponde, a través del debido proceso y dentro de la legalidad, la legitimidad y la moral,  que el gobierno K  no ha tenido.

Si el próximo gobierno no fuera FPV, podría anular este Código, revisar todos los demás proyectos presentados y archivados sin leer, y con tiempo y transparencia, dotar a la nación de un Código Procesal Penal, consensuado.

Malu Kikuchi

maluki@fibertel.com.ar

@malukikuchi

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