La
colonización kirchnerista de la Justicia no empezó en las últimas semanas.
Empezó mucho antes, pero se le agregó ahora una brutal lección: cualquier gesto
de independencia de los jueces puede ser duramente condenado. Es más que
probable, por eso, que la causa contra el vicepresidente Amado Boudou reciba,
en adelante, masivas dosis de anestesia. Dormirá.
El
miedo es también decisivo para interpretar la reacción política y sectorial por
las pésimas maneras que usó el kirchnerismo para expropiar YPF. Los propios
empresarios se mueven al compás del Gobierno, acosados por temores. Los
dirigentes radicales están asustados por una eventual estigmatización
ideológica o por sociedades políticas con el oficialismo difíciles de
descifrar. Prefieren ser funcionales al kirchnerismo. Gobernadores e
intendentes peronistas, que se sienten, en verdad, fuera del Gobierno, son
cautelosos ante una administración dispuesta a sacarles los recursos que
necesitan hasta para pagar los salarios.
El
poder siempre despierta algún temor en muchos sectores sociales, pero ningún
gobierno desde la restauración democrática había usado con tanto furor, como lo
está haciendo el de Cristina Kirchner, el miedo como estrategia.
Daniel
Rafecas, el juez caído, tenía buena fama como magistrado, pero es -o era- un
hombre ideológicamente muy cercano al kirchnerismo. El suyo es un caso muy
parecido al de Esteban Righi. Los dos cayeron empujados por el único
funcionario sospechado de corrupción hasta ahora: Boudou. Righi había
facilitado la tarea funcional del fiscal del caso Ciccone, Carlos Rívolo, y
Rafecas había autorizado casi todas las gestiones del mismo fiscal. Adiós a Righi
y a Rafecas.
Los
jueces saben leer las señales de la política. Precavida, la Cámara Federal que
le tocó en suerte al caso Boudou apartó a Rafecas. Hay dos cámaras federales.
Una tiene prestigio de independiente; la otra, la que eliminó al juez, ha hecho
siempre su aporte a la salvación judicial del kirchnerismo o a la destrucción
de sus enemigos. Es la misma Cámara que de aquí en adelante revisará todas las
decisiones del caso Boudou. Rafecas cometió un serio error cuando intercambió
mensajes de texto con un abogado amigo sobre la causa de Boudou. Es difícil
explicar una actitud tan campante en un magistrado con experiencia. Sin
embargo, fue también el juez que más avanzó en una causa judicial por
corrupción contra el kirchnerismo.
El
nuevo juez, Ariel Lijo, no tiene mala fama, pero tampoco tiene fama. Su primera
decisión será sobre la suerte futura del fiscal Rívolo, el que mostró más
disposición para investigar a Boudou. El fiscal está recusado por razones
infinitamente más leves que las de Rafecas. Con todo, el juez podría
inmovilizar a Rívolo con sólo sacarle la delegación de la investigación que
había hecho Rafecas. Era Rívolo el que investigaba, no Rafecas. Si Lijo
reasumiera la responsabilidad de la investigación, el fiscal pasaría a un plano
tan secundario como gris. La tríada de funcionarios judiciales (Rafecas, Righi
y Rívolo) que, por acción u omisión, había hecho avanzar la causa contra
Boudou, quedaría así definitivamente destruida. Sólo falta un eslabón para que
eso ocurra.
El
kirchnerismo manipula hasta las cosas de la Corte Suprema. El presidente de la
Corte, Ricardo Lorenzetti, debió aclarar la posición del tribunal ante el
enredo que andaba sembrando Eugenio Zaffaroni sobre la actitud de ese cuerpo
frente al reformismo constitucional. El kirchnerismo quiere que se hable de la
reforma de la Constitución para instalar el tema, por un lado, y también para
frenar con el temor la ambición de otros peronistas a la inevitable sucesión de
Cristina. Dicen que el parlamentarismo de Zaffaroni no le gusta a la
Presidenta. Es cierto. Pero lo que se busca ahora es que se hable de la
reforma.
Zaffaroni
le da prestancia a ese debate. El proyecto definitivo se planteará sólo si las
elecciones legislativas de 2013 fueran exitosas para la Presidenta. Lo que
importa ahora no es la reforma de la Constitución, sino que se cumpla la actual
, dijo un juez de la Corte que expresó el consenso mayoritario del tribunal.
Zaffaroni es sólo Zaffaroni, definitivamente.
La
Corte replicó, al menos, con un no al Gobierno. La Unión Industrial demoró, en
cambio, casi dos semanas en pronunciarse (sí, pero no, terminó diciendo) sobre
la inconstitucional apropiación de YPF. ¿Los empresarios argentinos están de
acuerdo con los modos del Gobierno para hacerse de una empresa privada? Nadie
lo sabe. Prevaleció el miedo a que Guillermo Moreno se siga llevando a su CGE,
otro remedo gelbarista de los años 70, a pequeños y medianos empresarios ahora
afiliados a la UIA. Moreno los llama y les exige prepotente, a cambio de
decisiones oficiales (como la autorización para la importaciones de
imprescindibles insumos), que se desafilien de la UIA y se afilien en el acto a
la CGE. Es como un contrato de compraventa: Moreno firma luego de que los
empresarios firmaron su desafiliación y su nueva afiliación. La UIA está
cuidando su clientela, no sus principios.
Los
radicales llegaron a argumentar con las encuestas cuando tomaron la decisión de
apoyar el proyecto oficial sobre la expropiación. Aquellas eran supuestas
porque no había ninguna seria hasta ese momento. Los sondeos más prestigiosos
hechos luego señalaron que un 40% de la sociedad no estaba de acuerdo con esa
decisión. Los radicales renunciaron a su representación. Temieron quedar
expuestos con la etiqueta de que eran funcionales a un imperio impreciso o que
se habían inclinado hacia la derecha.
Un
proyecto de Ricardo Gil Lavedra era más razonable y más realista. Propiciaba
que las provincias sacaran a YPF la concesión de los pozos en los que no se
había invertido y los licitaran de inmediato con otras petroleras. No sirvió.
Los radicales debían votar por el proyecto de Cristina, según la inexplicable
decisión del partido. El negocio político funcionó perfectamente en el Senado.
Funcionará también en Diputados. El radicalismo se despidió, así, como
alternativa política y electoral al kirchnerismo.
Nadie
desnudó tan bien y tan oportunamente el relato kirchnerista como Evo Morales,
quizá sin saberlo. El presidente boliviano anunció que se terminaron los
trabajos para duplicar las exportaciones de gas de su país a la Argentina. El
gas boliviano le cuesta a la Argentina casi seis veces más que el precio que se
les paga aquí a las petroleras. ¿Quién extrae el gas en Bolivia y lo exporta a
la Argentina? Repsol, entre otras compañías. La soberanía petrolera es el
autoabastecimiento de petróleo y gas, pero eso no sucederá aquí durante muchos
años.
Los
gobernadores no tienen plata, pero la Presidenta tampoco. No obstante, creen
que el látigo podría ser mucho peor que la penuria. Los peronistas hablan de
las alternativas a Cristina. De Daniel Scioli, el político más popular del
país, más que Cristina incluso. De Sergio Massa o de Juan Manuel Urtubey. Todos
fingen cristinismo en la Capital y posan de antikirchneristas en sus provincias
o municipios. Le temen también al casi monopolio de medios audiovisuales
kirchnerista que se terminó de formar. La economía y la opinión social han
sido, con todo, históricamente impermeables al mensaje de medios oficialistas.
Los supermercados influyen más que nadie en la opinión de la gente.
Cinco
importantes medios internacionales (The Washington Post, Financial Times, The
Wall Street Journal, The New York Times y El País) fueron en las últimas dos
semanas duramente críticos con el gobierno kirchnerista por su autoritario
maltrato al escaso periodismo independiente que va quedando en la Argentina. El
maltrato no deja de tener su lógica. Esos medios y esos periodistas son ya las
únicas voces que resisten a la estrategia del miedo.
http://www.lanacion.com.ar/1469066-la-estrategia-del-miedo
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