Si durante la segunda mitad del
siglo XX el caso paradigmático que obró de guía para el marxismo-leinismo
latinoamericano fue el de la Revolución Cubana, el modelo chavista es el que
obra de guía para mandatarios socialistas en lo que va del siglo XXI.
En efecto, Hugo Chávez le ha
enseñado a la izquierda de la región que alguna forma de marxismo todavía es
practicable, siempre que se descarte el leninismo (lectura del marxismo según
la cual la revolución es imposible sin violencia y guerra civil) y se adopte en
su reemplazo formas de populismo autoritario (que aseguren un progresivo
control del ciudadano).
Así pues, el ejemplo venezolano
no es más que una receta para hacer de un gobierno democráticamente
constituido, una dictadura socialista que se va consolidando a través de
mecanismos aparentemente institucionales.
La fórmula se asienta sobre siete
maniobras fundamentales: desmoralización y desarticulación de las Fuerzas
Armadas; destrucción progresiva de los valores tradicionales; construcción de
un relato del que emerjan enemigos imaginarios; relativización de la propiedad
privada y desmedido crecimiento del Estado; amordazamiento paulatino de voces
opositoras; resquebrajamiento de la estructura republicana estropeando la
división de poderes; reforma de la Constitución Nacional.
¿Cuáles son las razones? Pues
resumidamente, que desarticulando a las Fuerzas Armadas −que históricamente en
nuestros países representaron al sector contrarrevolucionario− se neutraliza el
riesgo de que impidan (como en Honduras) la concreción del proceso; destruyendo
los valores tradicionales, se les quita a los ciudadanos el fundamento de una
rebelión; creando un relato en términos amigos-enemigos, se divide a la
sociedad; atacando la propiedad privada, se reduce la libertad del individuo;
amordazando a la prensa independiente y estatizando medios de comunicación, se
generan condiciones de adoctrinamiento y se construye una realidad artificial;
anulando la independencia de los poderes republicanos se concentra todo el
poder en el Ejecutivo; y finalmente, reformando la Constitución Nacional, se
intenta hacer pasar por institucional y democrático, a un proceso de suyo
autoritario que pretende perpetuar en el poder a una gestión.
El orden de ejecución de cada
artimaña −de vital importancia en la receta− dependerá de las circunstancias
políticas y sociales de cada país, sumado a sus realidades culturales.
Ahora bien, si nos preguntáramos
cuáles de estas siete medidas se han ido aplicando en la Argentina bajo el
gobierno de los Kirchner, surge rápidamente que nuestras Fuerzas Armadas fueron
y continúan siendo pisoteadas y perseguidas por el difunto, la viuda y todo su
séquito; que los valores que cohesionaban a nuestra sociedad están al borde del
abismo; que el oficialismo construyó poder en función de un relato maniqueo
sobre los años `70 y utilizó desvergonzadamente con fines políticos la bandera
de los Derechos Humanos; que la propiedad privada ha sido tan mancillada, que
la Argentina se ha llevado los últimos puestos de los índices internacionales
de libertad económica de los últimos tiempos; que la guerra contra la prensa opositora,
la censura y el constante adoctrinamiento que se practica desde medios
estatales se constituyen en algo de todos los días; y que elementos del Poder
Judicial, lejos de mantener la imprescindible independencia, actúan como
verdaderos militantes políticos archivando causas de corrupción (por ejemplo,
la del tan desmesurado como injustificable crecimiento patrimonial de los
Kirchner) y entorpeciendo otras que perjudiquen, aunque sea indirectamente, al
régimen (por ejemplo, la causa Shoklender).
En lo que respecta a la reforma
constitucional, si bien aún no se ha planteado formalmente, resulta evidente
que existen intereses en activar este último mecanismo. Cabe destacar que los
intelectuales rentados por el oficialismo (agrupados bajo el sello de “Carta
Abierta”) ya se encuentran trabajando para instalar el tema en la sociedad. El
propio Ricardo Forster, el personaje más reconocido del grupo en cuestión, dijo
la semana pasada que “una reforma constitucional es un imperativo en la
Argentina actual”. Por su parte, nada menos que el rockstar y vice-presidente
de la Nación Amado Boudou se pronunció (por tercera vez en lo que va del año)
sobre la necesidad de un tercer mandato para Cristina Kirchner a los efectos de
“seguir transformando a la Argentina”.
En el año 2007 los prestigiosos
escritores y analistas políticos Carlos Alberto Montaner, Plinio Apuleyo
Mendoza y Álvaro Vargas Llosa editaron el best-seller “El regreso del idiota”,
donde dividieron a los países con gobiernos izquierdistas entre “vegetarianos”
(sector encabezado por Michelle Bachelet) y “carnívoros” (sector encabezado por
Castro y Chávez). La Argentina se encontraba, a la sazón, en el primer grupo,
pero los autores enfatizaban sobre la dificultad que suponía colocar a nuestro
país en tal escala.
A cinco años del aludido
análisis, las cosas parecen haberse clarificado bastante: la Argentina está
siguiendo con sus tiempos y a su manera la receta chavista, y todo indica que
una reforma constitucional es inminente.
Nicolás Márquez
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