Publicado el domingo 23 de diciembre del 2007
LEO La VALLE / EFE
LA MANDATARIA Cristina Fernández ha insistido en que los dineros del Valijagate no estaban destinados a su campaña. Igualmente, ha pedido que Guido Antonini Wilson sea interrogado por la justicia argentina.Uno de los periodistas mejor informados de Venezuela lo dijo por la radio de su país el 14 de agosto y lo escribió dos días después en uno de sus habituales comentarios en Caracas: Guido Alejandro Antonini Wilson, el hombre de la valija de $800,000 confiscada por las autoridades argentinas, está colaborando con autoridades de Estados Unidos.
Apenas llegó a Miami, decía la crónica en El Universal del conocido comentarista Nelson Bocaranda, Antonini se puso en contacto con sus socios de la ''boliburguesía gubernamental rojita'' (empresarios cercanos al presidente Hugo Chávez), pero estos vacilaron o no le respondieron.
Ante las dudas, a Antonini ''no le quedó otra salida que contactar a las autoridades estadounidenses'', escribió Bocaranda y agregó: ``Salvando su pellejo, ya que tiene la nacionalidad gringa, el gordo de la maleta comenzó a contar de todas sus andanzas y sociedades ante funcionarios de dos organismos del norte''.
La versión sin fuente fue ampliamente difundida por la prensa, la radio y la televisión, ampliada por otros colegas y replicada en numerosos portales de Internet de ese país en los días siguientes.
Era un rumor nacional.
Hoy, cinco meses después, la osada primicia del periodista venezolano abre un interrogante de fondo sobre la historia de espionaje, dinero y política que rodea una acusación de la fiscalía federal de Miami contra cinco presuntos agentes del gobierno de Venezuela que habrían coaccionado a Antonini para que se quedara callado en relación con el origen y el destino del dinero.
¿Cómo es que, a pesar del insistente rumor de la colaboración de Antonini con el gobierno de Estados Unidos, sus amigos, los acaudalados empresarios Franklin Durán y Carlos Kauffmann, se sintieron en confianza como para reunirse con él en el sur de la Florida y someterlo a una intimidación a nombre del gobierno de Venezuela?
En una declaración bajo juramento, el agente del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Michael J. Lasiewicki afirmó que el 23 de agosto del 2007, ocho días después de que Bocaranda echó andar el rumor, Durán, Kauffmann y Moisés Manioca, un abogado venezolano, se reunieron con Antonini en Fort Lauderdale.
Allí le revelaron que la valija con unos $800,000, confiscada en la madrugada del 4 de agosto en el aeropuerto de Buenos Aires, tenía como destino la campaña electoral de la actual presidenta de Argentina, Cristina Fernández.
En esa misma reunión, Kauffmann le habría advertido a Antonini que sus decisiones futuras podrían poner en riesgo la vida de sus hijas, dos menores de edad que viven en Key Biscayne. Esta amenaza fue omitida luego en el encausamiento formal.
Durán, acusado junto con Kauffmann de actuar como agentes del gobierno venezolano, le habría comunicado a Antonini que había analizado su situación con dos altos funcionarios de la DISIP [Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención] y del Ministerio de Justicia de ese país.
Aunque la fiscalía no ha revelado la fecha exacta en la que Antonini se convirtió en un colaborador de la justicia, la abogada de Antonini, Theresa Van Vliet, sostuvo a The Miami Herald que el empresario venezolano-americano empezó su cooperación tan pronto como llegó a Estados Unidos.
Antonini regresó a Key Biscayne, donde reside, alrededor del 9 de agosto, después del fiasco del maletín en Buenos Aires.
La fecha oficial del comienzo de la colaboración de Antonini con el gobierno de Estados Unidos es clave desde el punto de vista probatorio pues de ella depende definir si el contenido de la primera conversación en Fort Lauderdale es un recuento verbal de Antonini o es tomado de una grabación secreta del FBI.
Si es lo primero, el testimonio de Antonini, en un eventual juicio, no será fácil. Es la palabra de él contra la de dos amigos que le conocen sus fortalezas y debilidades. De esa circunstancia --la falta de una grabación-- podría aferrarse también la presidenta Fernández. Si es lo segundo, es decir, si Antonini estaba conectado a una grabadora del FBI ese 23 de agosto, las cosas serían más difíciles para la defensa. No se necesita ser un abogado para entender que a los miembros de un jurado les parece más convincente una grabación que un recuerdo.
También existe la posibilidad de que en las conversaciones posteriores, cuando se sabe que el FBI ya tenía todos sus aparatos de interceptación en funcionamiento, se hubiera mencionado de nuevo, con nombres y apellidos, la fuente y el destino del regalo de la valija.
Lo cierto es que los sospechosos continuaron reuniéndose con Antonini mientras los chismes en Venezuela sobre su cooperación aumentaban en intensidad y en detalles.
En efecto, días después de la columna de Bocaranda, el columnista del periódico Quinto Día, J.A. Almenar, citó a una fuente no identificada que le recomendó lo siguiente: ``Averigüe si es o no cierto que ofrecieron al gordo un abogado con apellido italiano''.
Mainica, uno de los acusados, quien se reunió con Antonini es un abogado de origen italiano. Su padre es presidente de la Cámara de Comercio Italiano Venezolana.
En otra columna de Bocaranda, el mismo día de la reunión en Fort Lauderdale de Antonini con sus amigos, el periodista escribió: ``Mientras Argentina demora su pedido de captura y Venezuela sigue arropándolo con la reforma, los fusiles antigringos y los ataques a los medios, el exitoso Antonini arroja datos para tejer una vasta red de negociados tan diversos como sus amistades venezolanas, argentinas, rusas, cubanas, estadounidenses y uruguayas''.
Bocaranda se preciaba de los coloridos detalles sobre la cooperación de Antonini. Decía que el empresario de Key Biscayne tenía colgado en la pared de una casa de Fort Lauderdale, donde se habría reunido con agentes del FBI, pizarrones con organigramas de conexiones ``que podrían arrojar luces sobre guisos [componendas ilegales] y lavados de dinero, corrupción, narcotráfico, tráfico de armas y otras menudencias que pueden tocar a notorios personajes de la oligarquía roja''.
Finalmente, la presión de los rumores empezó a preocupar a los amigos de Antonini. En un viaje que Durán realizó a Miami el 7 de septiembre, le dijo que el gobierno de Venezuela desconfiaba de él por cuanto tenía sospechas de que estuviera hablando con las autoridades de Estados Unidos, según el encausamiento revelado el jueves.
En el encuentro, que se realizó en el restaurante Quarterdeck, de Fort Lauderdale, Durán le advirtió a Antonini que llegaría un momento en que nadie ``podría salvarle el pellejo''.
La manera como Antonini logró recuperar la confianza de sus amigos y disipar las dudas sobre su lealtad, es todavía un misterio.
A juzgar por lo que describe el encausamiento debió ser un compromiso muy convincente, pues ocho días después recibió una llamada en Miami de Maionica en la que el abogado caraqueño se sintió a sus anchas para comentar sobre la importancia que había adquirido en los más altos niveles del gobierno el fiasco del maletín.
Maionica le dijo que había participado en una conversación entre el vicepresidente de Venezuela y el director de la DISIP en la cual le fue encomendada la ''misión'' de actuar como intermediario, afirma la acusación.
Al parecer los servicios de inteligencia también se sintieron tranquilos respecto al fantasma del doble juego de Antonini, tanto así que el 28 de octubre enviaron al emisario Antonio José Cánchica Gómez para que escuchara de viva voz las ''inquietudes'' del empresario.
No hay dudas de que en esta etapa de la investigación Antonini estaba controlado por el FBI, y por ello es válido suponer que habría recibido instrucciones de mantener el juego de caramelear a los venezolanos a fin de recaudar más pruebas sobre el plan de intimidación y encubrimiento.
Los venezolanos le ofrecían $2 millones y pagar todos los gastos en los que incurriera con motivo de las multas que se le impondrían en Argentina, donde está acusado de contrabando y lavado de dinero, afirma la acusación.
Cánchica se reunió con Antonini en una cafetería de Plantation para que aceptara la ayuda discreta y efectiva que le estaba ofreciendo el gobierno venezolano a cambio de su silencio. Alrededor de una cafetería Starbucks, el uruguayo Rodolfo Wanseele, también acusado, hizo las labores de contrainteligencia para verificar que no hubiera sospechosos monitoreando la conversación, una precaución tardía, quizás cursi, si se tiene en cuenta el descuido y la indiferencia en ese aspecto que mostraron los interesados durante los dos meses anteriores cuando los medios de Venezuela ya estaban cansados de decir que Antonini parecía el heredero de Pavorotti: cantaba y cantaba.
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