JOELVIN VILLARREAL, COMUNICADO ANTE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS EN FRONTERA COLOMBO-VENEZOLANA

Movimiento político e ideológico no partidista de derecha liberal PROPUESTA LIBERAL.

Estimados conciudadanos venezolanos, hermanos colombianos y demás hombres libres del mundo, el presente comunicado nace de la penosa necesidad que tenemos nosotros -los hombres justos y de bien- de levantar una voz firme en contra del abuso totalitario al que están siendo sometidos un importante grupo de seres humanos habitantes de la frontera Colombo-Venezolana.

Manifestamos nuestro rechazo contundente al pragmatismo xenofóbico con el que actúa el régimen venezolano hacia la comunidad colombiana habitante de nuestra frontera y que ha ocasionando consecuencias nefastas para la acción humana que allí se desarrolla. La actitud de irracional hostilidad con la que se están llevando a cabo estos operativos abre heridas y resentimientos innecesarios para con nosotros los venezolanos de parte de toda una nación vecina indignada por el trato cruel hacia sus connacionales. 

Así mismo manifestamos nuestro apoyo a los conciudadanos nuestros también victimas de estas acciones violatorias de los derechos fundamentales del hombre, al pueblo del Táchira en nombre del resto de Venezuela le manifestamos nuestro respeto y solidaridad para con su sufrimiento. A nuestros conciudadanos dejados a su suerte del otro lado de la frontera, nuestras más sinceras palabras de aliento y sepan que haremos todo cuanto sea posible para tramitar su pronto regreso a quienes todavía lo deseen.

A la comunidad internacional le hacemos un llamado para que manifiesten su apoyo para con nuestra causa y denuncien ante el mundo libre y civilizado los abusos del totalitarismo en Venezuela, si el mal triunfa porque los hombres buenos no hacen nada, es hora de que los hombres buenos del mundo reaccionen contra el mal en Venezuela.   El mal para nosotros está representado en un sistema criminal que viola nuestros derechos y garantías haciendo de la decadencia, la miseria y el terror nuestro pan de cada día.

Lo que hoy se vive en nuestra frontera amenaza con extenderse al resto del país multiplicando de esta manera los crímenes de estado contra la población que desde las manifestaciones estudiantiles del año pasado son evidentes para el mundo entero. Conciudadanos les invito a manifestarnos en defensa de lo que queda de nuestras propiedades para que juntos pongamos freno a quienes atentan contra nuestras vidas y libertad.

Por último queremos hacer constar ante el mundo que la legalidad argumentada por el régimen Venezolano para sustentar la suspensión de garantías constitucionales en (6) seis municipios no es acorde a lo expresado textualmente en el artículo 339 de nuestra constitución por cuanto el decreto no cumple con las exigencias, principios y garantías establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la convención Americana sobre Derechos Humanos.

Joelvin Villarreal

joelvinvillarreal@gmail.com

@JoelvinV

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MILOS ALCALAY, SANCIONES PARLAMENTARIAS Y DERECHOS HUMANOS, BRÚJULA DIPLOMÁTICA

La reciente resolución presentada por los Senadores Bob Menendez y Marco Rubio aprobada por la Comisión de Política Exterior del Senado Norteamericano por 13 votos contra 2, pasará como proyecto de sanción en contra de los violadores de Derechos Humanos en Venezuela  a la Plenaria del Senado Norteamericano sumándose a otra resolución similar aprobada una semana antes en la Cámara de Representantes en respuesta a la propuesta de los Representantes Ileana Ros Lehtinen y Mario Diaz Balart.

Las amenazas del Canciller Jaua de recurrir en contra de la resolución Parlamentaria  ante la OEA –organismo que hasta hace poco tiempo criticaba- como también a la ONU, al CELAC,y a otras instancias internacionales,  no producirá efecto salvo de sus más incondicionales amigos del ALBA y sus aliados, porque la violación de Derechos Humanos ya forma parte de un sistema mundial aprobado por el Tratado de Roma con la creación del Tribunal Penal Internacional, que ha llevado a La Haya a Mandatarios que han violado los Derechos Humanos en sus respectivos países.

Además del Congreso Norteamericano hemos visto como Parlamentos de América Latina como los de Brasil, Chile, Perú, México, Colombia, se suman a los Parlamentarios de Canadá, España, Reino Unido o el Parlamento Europeo, al mostrar su profunda preocupación por la reiterada violación a los Derechos Humanos en las principales Ciudades del país.

Ello no es extraño, porque las imágenes de la brutal represión contra los jóvenes venezolanos  que se ha prolongado por más de tres meses, han recorrido el Mundo generando reacciones en contra de la reiterada violación de los derechos humanos, demostrando de parte de los agentes de la represión un odio y ferocidad nunca conocida en Venezuela, a lo que se suma la tortura.

Pero no es la reacción solo de los Parlamentos, de las ONGs  y de los medios de comunicación sino que ahora se van sumando Gobiernos que hasta hace pocos meses venían asumiendo posiciones cautelosas con relación a Venezuela por diversas razones. Hasta los aliados de UNASUR se han visto obligados a deslindarse del Gobierno-Maduro  para no ser afectados en sus respectivas elecciones, por lo que han aceptado presentarse como mediadores en un “dialogo” que no avanza ya que el Gobierno solo procuró  “oxigenar” su imagen internacional sin dar respuestas a los planteamientos que los partidos políticos han presentado a través de la MUD, y ello se está revertiendo en contra por sus promesas incumplidas que llevan al Gobierno a un callejón sin salida.

Si a ello se suman los incumplimientos económicos en violación a los compromisos contraídos por el Gobierno, vemos  de manera inmediata el aislamiento de Venezuela  como se evidencia  en el caso de las aerolíneas europeas que han tomado la decisión de suspender los vuelos hacia Caracas, a lo que se suma la negativa de empresas de seguir enviando sus productos al país hasta que no se reconozca y se cumpla con el pago de la deuda existente.

Ello repercutirá en las futuras decisiones de las Cancillerías Europeas y de otras regiones por encontrar un Gobierno que incumple las reglas básicas de la convivencia internacional, lo que podrá acarrear otras sanciones, que sumadas a las adoptadas en el Congreso de los Estados Unidos por las denuncias de violación de los derechos humanos , seguirán aislando cada vez más a nuestro país.

Milos Alcalay M

milosalcalay@yahoo.com

@MilosAlcalaym

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SAÚL GODOY GÓMEZ, VIOLACIONES AL DERECHO DE LA INFORMACIÓN,

El derecho a la información es un derecho humano fundamental, limita de manera rotunda la soberanía del Estado al tener que garantizarlo ante la comunidad internacional, por ello no se entiende la actitud del gobierno chavista de hacer pública y notoria su voluntad de ejercer una hegemonía comunicacional en Venezuela, concentrando en el Estado el control y la propiedad de los medios de comunicación, ello inevitablemente trae y traerá graves conflictos de derecho y de intereses, empezando porque es imposible el desarrollo de una sociedad democrática existiendo la inculcación del derecho a la libre expresión debido a los mecanismos autoritarios del control de los medios.

El gobierno chavista pretende disfrazar su intención hegemónica aplicando las denominaciones de medios comunitarios y públicos a una serie de proyectos, empresas y redes que son financiadas en su totalidad por el estado, controladas en su contenido por los ministerios de adscripción, y utilizados para la indoctrinación, propaganda y falsificación de la realidad del país y que solo complacen a los intereses políticos del partido de gobierno, el PSUV, tales medios ni son comunitarios ni son públicos.

No contento con esto mantiene un férreo control sobre las capacidades técnicas y de inversión de los pocos medios privados que existen, manipula sus contenidos por medios de organismos paraestatales y supuestos comités de usuarios, todos controlados políticamente y sin participación de la verdadera sociedad civil, es absolutamente obvio y grosero el grado de injerencia política que se permite en el otorgamiento, renovaciones y limitaciones de las licencias y permisos de operación de empresas y señales extranjeras, al punto que cada vez más se hace usual los conflictos y los cierres de canales que no se pliegan a la línea oficial.

La censura y los mecanismos de autocensura que logra por medio de inspecciones, multas, cierres temporales, procedimientos administrativos, normas restrictivas y simplemente, terrorismo de estado, hacen que los medios radioeléctricos se vean severamente limitados en sus funciones tanto de información como de educación y entretenimiento.

La existencia de las llamadas “cadenas presidenciales” que es la obligación de todos los medios radioeléctricos de transmitir conjuntamente programas y anuncios gubernamentales considerados importantes para la nación, le ha permitido al gobierno en condiciones de crisis sociales, hacer un black-out nacional de información en momentos cuando la sociedad necesita de orientación  e información fidedigna, creando muchas veces situaciones de peligro para los ciudadanos.

A la prensa impresa la controla por un mecanismo de asfixia en el suministro de papel y de injerencias directas de altos funcionarios recomendando que publicar y que no, a los periodistas los somete a una persecución de sus grupos violentos con peligros inminentes y continuos a sus vidas, familiares y bienes, y con su poder en que medios reciben los anuncios gubernamentales (que al fin y al cabo son pagados con dineros públicos), es fácilmente discernible quien se lleva el grueso de la publicidad gubernamental.

No contento con esto ha concentrado en una sola empresa estatal los nódulos de entrada y distribución de las señales radioeléctricas del país, incluyendo las satelitales y por cable, con la posibilidad de cortar el suministro o reducir la capacidad del mismo, de manera selectiva o total, de las señales telefónicas y de internet al país entero, estaría en capacidad de dejar al país ciego, sordo y mudo en un acto de guerra en contra de su propia población.

En una palabra, el gobierno chavista tiene la posibilidad real, y ya ha hecho uso ilegítimo de ella, de dejar, a voluntad, al país en situación de aislamiento comunicacional del mundo hacia Venezuela y dentro del país, lo que representa no solo un abuso de poder sino una flagrante violación de los derechos humanos en cuanto al derecho a la información, que incluye el derecho que tienen los ciudadanos al acceso a documentos públicos, sobre todo a actas y expedientes de carácter penal y cuya revisión oportuna garantiza la debido proceso.

Este ejercicio abusivo de control sobre las comunicaciones en el país viola no solo la Constitución Nacional sino todos los acuerdos internacionales que el país a firmado y se ha comprometido a cumplir, entre ellos la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Políticos de las Naciones Unidas, haciéndose notoria la conflictividad con los organismos veedores de estos tratados. El equilibrio comunicacional en Venezuela está definitivamente roto por causa de esta injerencia ilegal e ilegitima del gobierno chavista en querer, no solo censurar y controlar a todos los medios de comunicación del país, sino en querer limitar severamente el derecho a la opinión y a la libertad de expresión de todos los venezolanos.

Una vez que una sociedad permite que el Estado controle toda la red de comunicaciones, lo hace dueño de sus vidas. El Estado entonces s dedica a buscar información y ya que controla los registros, catastros, censos, sistemas de información geográfica, estadísticas, declaraciones de impuestos, certificados de defunciones, partidas de nacimiento, data electoral, de consumo de viajes… cada permiso o gestión que el ciudadano realiza en su vida diaria deja tras de sí información personal relevante que el Estado hegemónico pudiera coleccionar para usarla en su contra, y si además graba, espia, intercambia información con otros entes o países, en un determinado momento,, imagine usted el caso, pudiera con la cooperación de esos colectivos armados que sustenta y apoya, infiltrar a una urbanización o una residencia y secuestrar a un grupo de personas para pedir rescate, de esta manera, neutralizaría a la comunidad con miedo y desconcierto, beneficiándose a su vez económicamente.

El Estado hegemónico es un peligro, se convierte en un monstruo cuando los ciudadanos se hacen inconvenientes para sus fines totalitarios.  Al Estado hegemónico hay que derrotarlo, y esto empieza por alimentarlo con información basura.

La libertad de información (y de expresión) está indisolublemente ligada al pluralismo político, el que a su vez, constituye uno de los cimientos del funcionamiento del Estado democrático, esos derechos son reiteradamente violados en Venezuela a veces con consecuencias graves para las libertades políticas del pueblo y con daños colaterales a empresas, gobiernos extranjeros e instituciones no gubernamentales que han sido agredidas y hasta expulsadas del país por la intransigencia de un gobierno que ha demostrado su incapacidad de manejarse en democracia.

Lo peor de esta situación es el elemento de “contagio” que han tenido estas políticas hegemónicas sobre los medios de comunicación, que han sido importadas a países vecinos en el continente, creándose una suerte de bloque de países que le están cercenando a sus pueblos estos importantes derechos ante la mirada impávida de la comunidad internacional, y teniendo en cuenta que la libertad de información es la matriz sobre la que descansa todos los otros derechos, no es descabellado deducir que Latinoamérica toda, vive un peligroso viraje hacia el totalitarismo. 

saulgodoy@gmail.com

@godoy_saul

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EDDY BARRIOS, ANÀLISIS DE LOS ASCENSOS DE OFICIALES RETIRADOS.

El Coronel retirado Pedro Soto publicó en Facebook lo siguiente:  

“La constitución establece que los militares en servicio activo pueden votar y elegir a las autoridades civiles pero no pueden participar en cargos de elección popular. Entonces cabría la pregunta ¿cómo es que un oficial expulsado de las filas castrenses por atentar contra el orden establecido y estando en funciones obtenidas por elección popular, ahora se le da un ascenso y se le incorpora a las fuerzas armadas activas? ¿A qué conlleva esto?”. 

Este escrito capturó mi interés.

Por otra parte, Fernando Ochoa Antich, ex ministro de la Defensa; y Enrique Prieto Silva, general de división y abogado especialista en seguridad y defensa, han expresado que los ascensos militares de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional; de Francisco Arias Cárdenas, gobernador del estado Zulia; y de Ramón Rodríguez Chacín, gobernador de Guárico (aquienes el presidente Nicolás Maduro anunció el viernes, entre otros ascensos, que Cabello había sido promovido a capitán, Arias a coronel y Rodríguez Chacín a contralmirante)  son ilegales.

En reportaje de  Diana Lozano Perafán del 29 de diciembre 2013 - 12:01 am., se lee la advertencia formulada por los dos generales prenombrados: 

“Por un lado, la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana establece que los militares que sean promovidos deben estar en servicio activo, mientras que, por el otro, la Constitución señala que los uniformados activos no pueden optar a cargos de elección popular, explicó Prieto Silva”.

Continúan: “El hecho de que los tres (Cabello, Arias y Rodríguez Chacín) ocupen cargos de elección popular demuestra que en efecto no son militares activos y por tanto no podían ser ascendidos”, aseveró el abogado especialista en temas militares. 

Para reforzar este último argumento, transcribo el Artículo 330. “Los o las integrantes de la Fuerza Armada Nacional en situación de actividad tienen derecho al sufragio de conformidad con la ley, sin que les esté permitido optar a cargo de elección popular, ni participar en actos de propaganda, militancia o proselitismo político”.

El ex ministro de la Defensa explicó que la Ley Orgánica de la FANB fue reformada para que el presidente pudiera reincorporar a los militares que estuvieran fuera de la organización, como ocurrió con aquellos que participaron en los intentos de golpe de Estado de 1992; pero, advirtió que en todo caso esos uniformados, una vez reincorporados, no podían optar por cargos de elección popular.  Según el  entrevistado: “Esto debilita la estructura profesional e institucional de la FANB, para que los militares no puedan reaccionar ante algún abuso de poder”, dijo”

Esto despertó mi curiosidad.

De inmediato, procedí a buscar y leer la LOFAN vigente y no encontré dónde fundamentar taxativamente el argumento de que: “Por un lado, la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana establece que los militares que sean promovidos deben estar en servicio activo”

No obstante, en la constitución encontré que, según el Artículo 7: “Los militares en servicio activo, en la Reserva Nacional y la Guardia Territorial movilizada, están subordinados al Presidente de la República, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional, cuyas disposiciones deben obedecer y cumplir sin retardo ni excusa de ningún género, de acuerdo con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes”.

Puede uno deducir entonces, que los retirados no están subordinados al presidente, quien sin embargo pudiera reincorporarlos, acudiendo al Artículo 41 ejusdem: “El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, en su carácter de Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional, tiene potestad para reincorporar personal militar que se encuentre en situación de retiro, por necesidades del servicio, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra. El grado de la reincorporación será el mismo con el cual egresó de la Fuerza Armada Nacional, y el tiempo de su permanencia será prorrogado de acuerdo con las necesidades de la misma. Igualmente, puede prorrogar el tiempo de servicio del personal militar en actividad cuando las necesidades del servicio así lo requieran”.

Según el Artículo 236 ejusdem: “Son atribuciones y obligaciones del Presidente o Presidenta de la República:

5.       Dirigir las Fuerza Armada Nacional en su carácter de Comandante en Jefe, ejercer la suprema autoridad jerárquica de ella y fijar su contingente. 

6.       Ejercer el mando supremo de la Fuerza Armada Nacional, promover sus oficiales a partir del grado de coronel o coronela o capitán o capitana de navío, y nombrarlos o nombrarlas para los cargos que les son privativos”. 

En todo caso, El  Artículo 331 ejusdem reza: “Los ascensos militares se obtienen por mérito, escalafón y plaza vacante. Son competencia exclusiva de la Fuerza Armada Nacional y estarán regulados por la ley respectiva”.

La ley respectiva es la LOFAN y ésta es para los militares en servicio activo, no para los retirados. 

En resumen, los oficiales ascendidos estaban ocupando cargos de elección popular, al que legalmente pudieron optar por ser retirados. El presidente tiene facultad para reincorporarlos; pero, con su grado de egreso de la FAN activa. 

Luego de reincorporarlos también puede ascenderlos; pero, para ello, los beneficiarios de esta decisión deberían haber renunciado al cargo de elección popular,  para ser elegibles para la reincorporación y el ascenso. Esto es, para cumplir y hacer cumplir la constitución nacional en sus artículos antes extractados.

Para ahondar un poco más en mi análisis de los ascensos a los militares retirados, debo decir que la LOFAN vigente amerita de una revisión muy exhaustiva. 

La Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales promulgada en la Gaceta Oficial N° 4.844, de fecha 18 de enero de 1995, contemplaba los primeros unos primeros 60 artículos del título l, en los cuales se establecían disposiciones comunes de las fuerzas armadas nacionales. En su capítulo l, establecía qué eran las Fuerzas Armadas Nacionales, su Objeto y los Deberes de los Militares. En su sección l era donde estaban los referidos 60 artículos de Disposiciones Generales. 

Era todo un cuerpo de orientaciones fundamentales, las cuales estaban en concordancia con el Reglamento de Castigos Disciplinarios No., 6, tan satanizado injustamente y el cual contenía un cuerpo de conceptos éticos y morales para la conducción de los subordinados y para que cada militar  tuviera una base deontológica de actuación. Libros como el DON DE MANDO y otros, estaban relacionados entre sí y toda la estructura de normas y procedimientos para el mando y conducción de las tropas, tenían una articulación entre la LOFAN, el RCDNo.6 y las directivas internas de cada comandante de fuerza. 

En cuanto a los ascensos, la LOFAN referida contenía el Capítulo III, de las Jerarquía y reglas de subordinación, Sección I, los Grados militares, artículos del 109 al 127, y hasta el 195 los cuales estaban dedicados totalmente al asunto de los ascensos. 

Esta LOFAN vigente es vaga e incompleta en estos respetos y ellos lo que conduce es al arbitrio y sabemos por estudios de la asignatura “Derecho Constitucional”  que cada vez que la ley le da arbitrio a su administrador, se corre el riesgo de fallas o errores muy lesivos a la institución, cualquiera ella sea.

EDDY BARRIOS 

eddybarrios@gmail.com

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MERCEDES MONTERO, RECLAMO SOBRE VIOLACIONES A LOS DDHH DE LOS VENEZOLANOS

La violación de los derechos humanos por parte del régimen Castro comunista de Venezuela ha sido una de los componentes más relevantes y dolorosos de la violencia como una política de Estado que es aplicada en forma integral.

El elevado número de muertes, torturas y persecuciones debidas a diferentes tipos de violencia se dan entre los  jóvenes que conforman el futuro del país.

Sobre este tema he escrito con frecuencia, ya que considero imprescindible mantener en la memoria del colectivo nacional la denuncia sobre lo que sucede en Venezuela cuyo gobierno con el fin de imponer su proyecto político doblega la voluntad popular y transforma al país en una cárcel gigantesca, en la que no haya ciudadanos sino esclavos.

En cuanto a la Salud: de acuerdo con el ex Ministro de Salud José Félix Oletta,  ante la epidemia de  AH1N1, la Ministro de Salud entre muchas otras cosas ha negado la información epidemiológica que es vital para el tratamiento de los pacientes; tampoco ha entregado la distribución de los casos, por lo tanto le recuerda que en temas de salud tan delicados, los números son tan importantes como las palabras y son el sustento de la medicina basada en evidencias. Recalca que solo hay vacunas para grupos de riesgo. La  Federación Médica Venezolana (FMV) exige datos de casos de AH1N1 que no son aportados por la funcionaria, cuando es indispensable la transparencia y el acceso a los datos que tiene y que se ha negado a divulgar.  (José Félix Oletta, Primer Poder, Reporte del Sábado 01/06/13.)

Las muertes debidas a la falta de la aplicación de las  medidas necesarias para preservar y garantizar el derecho a la salud de los venezolanos por parte del organismo del Estado al cual le corresponde como misión, es una forma de agresión por omisión.

Torturas y detenciones por protestar De acuerdo con lo expresado por el Foro Penal Venezolano ante la Corte Penal Internacional de La Haya la persecución política forma parte de un patrón sistemático del Estado desde el año 2002. En las protestas que se sucedieron después de los resultados írritos de las Elecciones Presidenciales del 14 de Abril, 2013 en Venezuela, 175 personas fueron apresadas y  torturadas física y psicológicamente en las bases e instituciones militares. De acuerdo con el informe detallado presentado por esa ONG la edad de la mayoría de los detenidos oscilaba entre los 15 y los 22 años, todos fueron detenidos durante las protestas callejeras y algunos fueron sometidos a tratos crueles, inhumanos y se los obligó a cantar consignas gubernamentales, rociándolos con orina y golpeándolos varias veces con botellas de agua congelada. Esto es violencia de la peor clase,

Homicidios: Un resumen de una noticia publicada en La Patilla (noticiero digital) muestra cifras espeluznantes. El Ministerio de Relaciones Interiores de Venezuela registró 6.050 homicidios entre el 1 de enero y el 29 de mayo de 2013, según confirmó el viceministro del Sistema Integrado de la Policía, Marcos Rojas Figueroa. El 71% de los asesinatos fueron clasificados como “ajustes de cuenta”; un 13% de personas fueron ejecutadas por resistirse a un robo. Publica Infobae

Según la organización Cecodap, con apoyo de la Unión Europea, la violencia es la principal causa de muerte para los jóvenes venezolanos de entre 15 y 17 años. De acuerdo con Oscar Misle, director de Cecodap,  hay en Venezuela una constante dificultad para acceder a información relacionada con la violencia, porque es un tema “que tiene un costo político grave”.   Según el informe, en 1997 – dos años antes de que Chávez llegara al poder – la tasa de muertes por armas de fuego en adolescentes, accidentales o inducidas, era de 15,9 cada 100 mil habitantes. En 2009 – diez años después de que el difunto asumiera como Presidente  – la tasa subió hasta 42,2 casos cada 100 mil personas: un incremento del 163 por ciento.

De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Violencia, 21.692 personas fueron asesinadas durante el año 2012, lo que elevó la tasa de asesinatos a 73 por cada 100 mil habitantes.

En Venezuela se hace preciso que los ciudadanos interioricen el significado que tienen estadísticas como las señaladas a fin de luchar para recuperar el país y asegurar un mejor futuro para las nuevas generaciones.

mechemon99@yahoo.co.uk

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EVANGELINA GARCÍA PRINCE, VIOLACIONES DE LOS DERECHOS ELECTORALES

El artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual señala: "Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley". Es verdaderamente notable el énfasis que pone la ONU en el clima electoral "no intimidatorio y respetuoso"

El hecho de que el Presidente de la República, ante la cercana consulta de octubre, haya anunciado su voluntad de pasar por encima de la Constitución y por sobre la clara normativa internacional en la materia electoral, no es más que una de las señales del cúmulo de violaciones que los órganos públicos cometen contra los derechos humanos correspondientes.

Por recomendación de la Conferencia Internacional de Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993, el Centro de Derechos Humanos de la ONU publicó un manual sobre los aspectos jurídicos, técnicos y de derechos humanos a considerar en la organización y ejecución de elecciones y otros procesos de expresión de la voluntad popular.

El sistema normativo internacional que afecta los procesos electorales está consagrado en 14 instrumentos universales y 4 regionales, entre los que se cuenta el Pacto de San José. Los poderes del Estado son los garantes de esta normativa electoral de derechos humanos y sus esfuerzos deberían ser concurrentes y armónicos. La agenda de los derechos electorales es extensa y las recomendaciones de la ONU proporcionan un basamento útil y claro para garantizar procesos transparentes y legítimos.

Las normas versan sobre cuatro temas: elecciones libres; justas; auténticas, y periodicidad y cronología de las elecciones. Las normas de derechos humanos establecen que hay elecciones libres cuando: está garantizada la expresión de la voluntad popular; cuando la participación política popular es libre, y para ello debe efectuarse en un clima caracterizado por la ausencia de intimidación y la vigencia de una amplia gama de derechos fundamentales; cuando los derechos fundamentales tienen plena vigencia, los procedimientos están protegidos contra corrupción y cuando el clima es de respeto a los derechos de quienes intervienen; cuando hay libertad de opinión; cuando hay libertad de expresión e información con respeto a los contenidos del artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual señala: "Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley". Es verdaderamente notable el énfasis que pone la ONU en el clima electoral "no intimidatorio y respetuoso" y en la responsabilidad de la administración electoral y los poderes Públicos en su logro; cuando hay libertad de reunión; cuando hay libertad de asociación; cuando hay independencia de la judicatura; cuando el principio de no discriminación es efectivo y la voluntad popular está protegida de toda posibilidad de manipulación; cuando hay garantía de voto secreto.

En doctrina de derechos humanos las elecciones son justas cuando: el sufragio es universal, no discriminatorio e igualitario, con un mínimo de restricciones razonables; cuando hay garantía de un voto por persona; cuando hay garantías técnicas y jurídicas que impidan el favoritismo, el fraude y la manipulación; cuando la información de la cual dispone el electorado para expresar su voluntad es suficiente y confiable.

Las elecciones poseen autenticidad cuando: cumplen con todas las garantías establecidas en los instrumentos de derechos humanos; cuando las opciones del electorado son reales y efectivas, basadas en la concurrencia de fuerzas políticas plurales; cuando los efectos esperados de las elecciones garanticen a los electores la transferencia del poder a los candidatos triunfantes; cuando las elecciones consagran igualdad en el acceso a la función pública.

El interés que dispensa la ONU al acceso a los medios y su reglamentación se expresa en el criterio de que la reglamentación de su uso "debe establecer garantías contra la censura política, la ventaja indebida del sector gubernamental y la desigualdad durante el período de campaña electoral". La responsabilidad en el empleo de los medios en la campaña supone en la perspectiva de los derechos humanos de los electores responsabilidad de quienes comunican para que haya "veracidad, profesionalismo y abstención de promesas infundadas y de generación de falsas expectativas".

Huelga decir que mucho de lo que este manual de derechos humanos electorales establece para garantizar los procesos de expresión de la voluntad popular en forma libre, justa y auténtica, no ha sido respetado en las elecciones vividas durante el régimen liderado por Chávez. Quienes han tenido las mayores responsabilidades directas en el control y garantía de esos procesos (CNE) han hecho y siguen haciendo caso omiso de los compromisos internacionales y han pasado por alto violaciones claras de estos derechos.

evangar@cantv.net

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