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domingo, 5 de julio de 2015

LUIS MANUEL AGUANA, AN: EL INGREDIENTE SECRETO DE LA INSTITUCIONALIDAD

Comencé mis notas del año 2012 con el tema de la Institucionalidad (ver La Institucionalidad: ¿cómo se come eso? 

http://ticsddhh.blogspot.com/2012/01/la-institucionalidad-como-se-come-eso.html) 

en ocasión de las ofertas electorales de los precandidatos de la oposición que participarían en las primarias que ocurrirían pocas semanas después para la elección del candidato de la MUD al 7-O/2012. Y lo hice porque me llamó mucho la atención el lamentable discurso de algunos de ellos, particularmente los de los partidos tradicionales, en las ofertas que hacían a los electores.

Y en el 2015 siento que es importante, ahora más que nunca, comprender a cabalidad lo que significa la reconstrucción institucional de la Asamblea Nacional, ahora que empezamos a ver candidatos a diputados prometiendo cosas que no tienen nada que ver con los puestos a los cuales aspiran, sin comprender bien el rol que estos deberían jugar en una institución como esa.

De acuerdo a Juan Ignacio Jiménez la responsabilidad del Congreso (Asamblea Nacional en nuestro caso) va más allá del conocido asunto de las leyes. Su verdadero papel es el control del Poder del Ejecutivo: “En su concepción teórico-empírica más connotada, el Congreso representa al pueblo; el Ejecutivo es su fideicomisario y, como tal, sujeto a la rendición de cuentas por su gestión; todos los demás aditamentos que se añadan a la labor del Congreso son casuísticos y circunstanciales, por más que algunos a fuer de repetidos, parezcan haber alcanzado el rango de consustanciales. El primero de estos rasgos es el poder de legislar. Dar leyes no es atributo indeclinable del Congreso, por más que, a fuerza de darlas haya venido a llamársele Poder Legislativo. Nada obsta al análisis que el poder de legislar se entregue al gobierno como parte del paquete en fideicomiso, y prueba de ello es que la función de dar normas  de carácter reglamentario se considera casi universalmente función de Gobierno…”. (1) De esto último tenemos un rollo larguísimo en Venezuela…

Entonces, si esto es así, los aspirantes opositores al legislativo no deberían enfocar sus campañas a ofrecer "sacar a Maduro", o hacer ofertas que no están al cabo de poder cumplir, sino a decirnos cuales deberían ser las soluciones para controlar a los delincuentes que nos desgobiernan, si es que llegan a ser la mayoría como lo pregonan. Ese debería ser el enfoque, si tomamos al parlamento como el sitio donde está representado "el pueblo" y el lugar político por excelencia donde se deberían formular las políticas que corrijan u orienten la acción del gobierno.

El Ex Procurador General de la Republica, Jesús Petit Da Costa, profundo conocedor del Derecho, en un reciente artículo nos indica claramente que aunque llegaran a esa mayoría poco o nada podrían hacer con ella (ver Jesús Petit Da Costa, Salirse de la encerrona parlamentaria http://jesuspetitdacosta.blogspot.com/2015/06/salirse-de-la-encerrona-parlamentaria.html), al menos en eso que están equivocadamente ofreciendo a los venezolanos.

Entonces, mas allá de poder "hacer algo" para salir del rumbo al  despeñadero al cual nos lleva el régimen, la cabal comprensión del rol que deberán jugar los actuales candidatos y futuros diputados opositores, no solo por parte de ellos mismos-que es bastante pedir- sino de aquellos que los elegimos, debe pasar por conocer la naturaleza de la institución de la estamos hablando y exigir lo que se necesita para que esta mejore sustantivamente.

El solo hecho de considerar a esa institución como un trofeo de caza que debe ser capturado, y que debería representar los intereses de todos los venezolanos, es decir al “pueblo”, pone a dudar si realmente se entiende realmente cual es su naturaleza. Y aunque se lograra esa mayoría, es natural poner en tela de juicio si las personas que lleguen a ejercer su conducción, lo hagan de manera cabal. Solo basta ver que aun teniendo una representación importante AHORA, poco o nada hemos obtenido los venezolanos de eso, ya sea por acción u omisión de sus integrantes.

Entonces, las Instituciones no son solo organismos muertos que se crean por una Constitución o una Gaceta Oficial, la cosa es mucho más complicada que esa. Es entender cabalmente que ellas son los instrumentos de los que dispone del Estado para ejercer la acción de gobernar. En palabras de Jiménez : “La acción de gobierno no es función administrativa, sino intrínsecamente política, en el sentido más vulgar del arte de lo posible y en el más técnico de asignación autoritaria de prioridades, de acuerdo a la captación por el gobernante de las demandas del grupo gobernado.”(1). Y en el caso de la Asamblea Nacional, esa asignación de prioridades debe forzar al Ejecutivo en una línea de dirección de acuerdo a las demandas de sus representados, “el pueblo”, ejerciendo cabalmente el rol que le corresponde.

Pero eso requiere de un ingrediente secreto (que en realidad no lo es tanto pero en la Venezuela actual podría considerársele como tal) que hace que todas las instituciones, incluyendo esa que se elegirá el 6D, haga lo que debe hacer, y que se explica muy bien en la reciente nota homenaje de Gustavo Coronel en ocasión del fallecimiento de Julio Cesar Arreaza, a los 92 años (Gustavo Coronel, Julio César Arreaza, 1924-2015 http://lasarmasdecoronel.blogspot.com/2015/03/julio-cesar-arreaza-1924-2015.html).

“Julio César no era un petrolero ni había tenido extensa experiencia gerencial pero era un hombre de mucho sentido común y de una honestidad a toda prueba”, nos explica Coronel. Y la función encargada  a Arreaza por el Presidente de la nacionalización petrolera, de acuerdo al relato, era evitar que la empresa se contaminara de los apetitos políticos: “si ustedes reciben alguna vez una recomendación para emplear a alguien por conexiones políticas, hagan esto. Y tomó un papel, lo arrugó entre sus manos y lo botó en el cesto de la basura. El Dr. Arreaza sabe que ese es mi propósito y estará pendiente de que ello se haga así.”. Y si todos conocimos a la PDVSA de antes del pito de Hugo Chávez, sabemos que Julio César Arreaza cumplió cabalmente su tarea, por la que los venezolanos le debemos un reconocimiento póstumo por su honestidad y porque comprendió cabalmente la importancia de esa misión en esa institución clave de la nación, y la realizó con muchísimo éxito.

Las Instituciones se construyen con personas honestas, no es de otra manera. Y no solo de la honestidad moral sino ética y profesional. Ese es el ingrediente secreto que hace que no distorsionen su propósito. Sin él, cualquier esfuerzo que se haga se perderá, así sean las mejores mentes quienes lo hagan, porque solamente los honestos saben para que están allí-propósito-, y poseen la fuerza necesaria para encausar la labor por el camino correcto. La gran pregunta que entonces debemos hacernos los venezolanos es: ¿es ese en su mayoría el material por el que votaremos el 6D? Si la respuesta es negativa, no esperemos cambios significativos aunque tengan la mayoría. Pero si la respuesta es positiva, aunque sean minoría, tal vez veamos cambios importantes en el destino del país.

Y así sea que tengamos todos que convertirnos en el filósofo griego Diógenes de Sinope, buscando al hombre honesto con una linterna a plena luz del día, no nos quedará otra sino conseguirlas, si deseamos que las instituciones hagan lo que deben hacer cuando les toque hacerlo…

Luis Manuel Aguana
luismanuel.aguana@gmail.com
@laguana

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domingo, 24 de mayo de 2015

ALBERTO JIMÉNEZ URE, LA «PLUTOCRACIA CARICATURESCA» DE LA INSTITUCIONALIDAD UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE VENEZUELA

«Si los constituyentes les confirieron potestad para darse sus normas de gobierno, quienes conducen las universidades autónomas de Venezuela deberían entender que no conforman tropas extraterritoriales de ocupación en instalaciones académicas: con humildad y aceptación de la justicia, deben, expeditos, redactar una que promueva y fortalezca la participación, mediante el Voto Universal, de todos los ciudadanos a los cuales concierna la escogencia de autoridades»

En Venezuela, lógicamente presumo que en el curso del Año 2015 todos los claustros académicos de las universidades autónomas están (conforme a las leyes de la naturaleza) bajo la responsabilidad de mujeres y hombres cuyas edades no sobrepasan los sesenta años. Lo cual no significa que los mayores tengan prohibido impartir clases, investigar o no sean aptos para ejercer importantes cargos de conducción institucional porque los provectos siempre dictarán sentencia (excepto que no sean hábiles a causa de interdicciones o enfermedades como la senilidad)
En las casas de estudios superiores son cuatro las autoridades más notorias, empero no han sido abolidas (ni lo serán) las figuras de los «consejos de facultades» y el gran «Consejo Universitario». Pese a lo cual, es indiscutible que en nuestras universidades no se aplica el principio del «Voto Universal» para elegir a quienes reciben mandatos académicos-administrativos. Si los preceptos constitucionales» poseen la cualidad de preminencia sobre las leyes, sin menoscabo de la  «Autonomía Universitaria» (que igual consagrada en la Carta Magna de 1999 en Venezuela), hace años que las autoridades académicas-administrativas debieron permitir que toda la Comunidad Universitaria votase para elegirlas o revocarlas tras reconocer que ello forma parte de nuestros Derechos Humanos. Cierto: el Artículo 109 de la Constitución Nacional destaca que  «[…] las universidades autónomas se darán sus normas de gobierno, funcionamiento y la administración eficiente de su patrimonio bajo el control y vigilancia que a tales efectos establezca la ley […]» Sin embargo, el parágrafo «[…] se darán sus normas de gobierno […]» no significa que sean omniscientes para redactarlas (o no hacerlo) de tal forma que prosigan desconociendo que todos los ciudadanos de la república tenemos los mismos deberes y derechos. Desde hace décadas, lo sucesivos «jefaturales» de las  «universidades autónomas» se impusieron la costumbre (especie de absurdo «derecho adquirido») de permanecer impenitentes en cuanto a la aplicación general de los  «Derechos Humanos», y no sólo en Materia Electoral.
No es «Secreto de Claustro Superior» la importancia principista que tiene «Ver, Oír y Callar» asuntos de indudable trascendencia relacionados con los quehaceres institucionales-universitarios. En las academias sucede lo que en el resto de los organismos del Estado. Eso que suelen calificar «extraterritorialidad» de las «universidades autónomas» es pura estupidez. Nuestra muy venerable Universidad de Los Andes, por ejemplo, «[…] no es una casa de estudios con una ciudad por dentro […]» sino un organismo del Estado Venezolano con más o menos virtudes y defectos que los demás dependientes de situados constitucionales. En ella «Ver, Oír y Callar» establecen la diferencia entre: permanecer o ser execrado, subvalorado, degradado, destituido o excluido. Los conocimientos y las habilidades de un obrero, funcionario administrativo, investigador o profesor están por debajo de la lealtad hacia determinado jerarca. El trato «digno» es reservado a quienes creen formar parte de la «Plutocracia Académica-Administrativa» en funciones de un gobierno «extraterritorial».
Aun cuando sin violencia, el «Poder Académico» que representaron los «clérigos fundacionistas» fue gradualmente sustituido por el actual de «plutócratas y fundamentalistas de imitación o caricaturas», esos que entienden por «Democracia» una forma de gobierno que se instaura fuera de los «claustros universitarios» donde ellos están extraterritorialmente exentos de cumplir y hacer cumplir la Constitución. Los «plutócratas» de la Antigüedad poseían heredadas fortunas, los de nuestro tiempo urden para obtenerla del Erario Público mientras sus comportamientos son ostentosos y soberbios. No intenten recordármelo porque lo sé, es irrefutable y me consta, soy testigo en palco de coliseo: hay admirables excepciones en el ámbito de la Academia Venezolana. 
  
Alberto Jimenez Ure
jimenezure@hotmail.com
@jurescritor 

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martes, 4 de noviembre de 2014

CARLOTA SALAZAR CALDERÓN, EL CAUDILLO COMO FIGURA DE REEMPLAZO DE LA INSTITUCIONALIDAD

CARLOTA SALAZAR CALDERÓN
La institucionalidad es el hombre
 El caudillo criollo es, guardando las distancias, el mismo bandido del Medioevo, que aglutinaba gente para asaltar feudos, con la finalidad de robar y distribuir el botín. En Venezuela lo importamos del sur de España en tiempos de la colonia, como el líder, el cabecilla de una rebelión, jefe o cacique. Este caudillo era quien organizaba a la gente: pobre, desposeída, desplazada, excluida a cambio de prebendas. Es un ser de cualidades físicas e intelectuales que le permite reclutar partidarios, son verdaderos líderes, con características propias: - control absoluto de la situación (centraliza el poder) - no tiene adversarios, sino enemigos a vencer y - en una relación de ordeno y mando: sumisión e incondicionalidad.
El liderazgo caudillista se ha ido ajustando al zeitgeist, al espíritu de los tiempos:
Cuando comienza la lucha por la independencia de Venezuela, los líderes independentistas asumieron el comportamiento del caudillo, para poder aglutinar fuerzas. Los caudillos de la época, estaban más con la monarquía que con  la libertad al igual que la sociedad venezolana. Entonces pasó a ser un problema de prebendas más no de ideales, así la post-guerra independentista, creó un hombre cómodo que recibió méritos inmerecidos, gloria a toda costa, espíritu de casta, que estableció diferencias de rasgos y privilegios.
Con la separación de la Gran Colombia (1830), los líderes: oligarcas y liberales, utilizaban ese mismo comportamiento, para asumir el poder: montoneras y asaltos. En expresión de Lynch, cuando el caudillo emergió desde el ámbito local a la historia nacional, cambió el poncho por el uniforme y la estancia por el palacio, y podía ser contemplado como un ser autónomo y absoluto. Autónomo puesto que no debía obediencia a ninguna otra persona, a excepción de sí mismo. Absoluto, por cuanto no compartía el poder con ninguna persona o institución. Idealmente, su gobierno era de carácter permanente, dominado por su imperiosa voluntad de poder y poseyendo el derecho de designar a su propio sucesor. El orden social sometido a los designios del caudillo de turno: José Antonio Páez (el centauro de los llanos, creo una oligarquía conservadora que exacerbó el centralismo), José Tadeo Monagas (implantó una sucesión familiar en el ejercicio del poder), Antonio Guzmán Blanco (Ilustre Americano Regenerador de Venezuela, centralizó el ejercicio del poder en él), Joaquín Crespo (provoca el continuismo),   Cipriano Castro (la constitución a la medida de un gobernante) y Juan Vicente Gómez el gendarme necesario, el cesar democrático que pacifica al país a costa de sus las libertades ciudadanas.
La lucha por la democracia produce importantes liderazgos, que si bien es cierto no eran caudillos como: Rómulo Betancourt, Rómulo Gallegos, Andrés Eloy Blanco… no es menos cierto que son los partidos políticos los que asumen ese comportamiento, con estructuras leninistas, cerradas, comenzaron a captar todas las estructuras de la sociedad venezolana: gremios, sindicatos y asociaciones civiles;
En el año 1999 Venezuela produce un cambio importante en el sistema político de democracia representativa a participativa, a través del sistema nacional de planificación, para acercar el poder a la ciudadanía. Con lo cual se debía minimizar el rol del gobernante. Sin embargo, a partir del 2005 el gobierno del ex presidente Chávez comienza a transitar el Socialismo del Siglo XXI, mediante el Estado Comunal, esquema diametralmente opuesto al constitucional y demás de ello absurdamente centralista. Un ejercicio personalista del poder.    
         Así es como hoy en plena siglo XXI, Venezuela es un país donde el gobernante de turno tiene en sus manos el funcionamiento de las instituciones públicas, desde un esquema de centralista agotado y fracasado. Antes y ahora han hecho trajes a su medida con la constitución y las leyes, debilitando la institucionalidad venezolana, operando la figura del reemplazo: la institucionalidad es el hombre.
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Carlota Salazar Calderón
carlotasc@gmail.com
@carlotasalazar

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miércoles, 26 de febrero de 2014

FERNANDO OCHOA ANTICH, DESTRUIR LA INSTITUCIONALIDAD MILITAR

Ese fue siempre el objetivo de Hugo Chávez. Actualmente, esa equivocada política ha sido ratificada por Nicolás Maduro. Conocen, perfectamente bien, que una Fuerza Armada al servicio de la Nación es un verdadero límite a cualquier gobierno que intente irrespetar la Constitución Nacional y el estado de Derecho. 

En lugar de fortalecer el principio fundamental que rige la relación de una institución militar en un estado democrático: su subordinación al poder civil, han tratado de establecer la vieja tesis que caracteriza a los estados totalitarios de orientación marxista: la unión cívico militar, que en realidad significa que los miembros de la Fuerza Armada pertenecen al PSUV. Así ocurrió en la Unión Soviética y es la situación imperante en Cuba. Los miembros de sus Fuerzas Armadas pertenecen al  Partido Comunista.
En su intento de lograr este objetivo, se les ha  presentado dos complejos problemas que no han logrado superar en los quince años de régimen chavista: el primero, que la  Fuerza Armada venezolana no proviene de un proceso revolucionario, sino de una larga evolución institucional de más de cien años; el segundo, que nuestras Fuerzas Armadas, hasta 1998, era la segunda institución, en discusión con la Iglesia Católica que ocupaba el primer lugar, de mayor prestigio en  Venezuela.  Estos obstáculos los ha tratado de superar el régimen chavista mediante una permanente ideologización de sus cuadros que, a mi criterio, ha fracasado ante la fortaleza de la tradición militar y a través de campañas de propaganda que buscan destruir, mediante la calumnia y la mentira, el prestigio de las  Fuerzas Armadas democráticas.
Esa es la única explicación que encuentro a la apertura de un juicio penal en contra de los generales de división Ítalo de Valle Alliegro, Manuel Heinz Aspúrua (fallecido), Freddy Maya Cardona,  Rafael León Orsoni y del general de brigada Guillermo Fuentes Serra, intentando responsabilizarlos de los dolorosos acontecimientos  del 27 de febrero de 1989. He tratado de analizar, de la manera más objetiva posible, los elementos de convicción que  la Juez de la Causa tuvo para ordenar dicha apertura. Lo primero a señalar, es la sorpresa que me han causado las acusaciones. Imaginarse, que es posible señalar las responsabilidades intelectuales, después de 25 años de ocurridos los hechos, sin antes haber logrado determinar los autores materiales y el desarrollo de los acontecimientos, es realmente inaceptable. Se muestra un marcado interés político.
La pregunta que tenemos que hacernos es si existe la posibilidad de identificar a los autores materiales, precisar, con alguna exactitud,  la actuación de cada uno durante el estallido de violencia y estudiar el desarrollo de los acontecimientos. La respuesta es sí. El Plan Ávila establece la obligación de los comandantes de batallón de emitir las correspondientes órdenes de operaciones, en las cuales aparecen los nombres de los oficiales comandantes de las compañías y de los pelotones responsables de cada subsector. A través de sus declaraciones se puede establecer el desarrollo de los acontecimientos que condujeron a los hechos de violencia. Es imprescindible localizar suficientes testigos presenciales de lo ocurrido en cada caso, evaluar su imparcialidad, con el fin de poder determinar la verdad.
Esta parte de la investigación no se ha realizado por dos razones fundamentales: primera, el temor a comprometer como autores materiales de algún delito a oficiales que ocupan o han ocupado altos cargos militares y civiles en el régimen chavista y que se desempeñaron en dicha operación como comandantes de compañía y de pelotón; segunda, la convicción de que esta realidad pudiera demostrar que la justificación del alzamiento del 4 de Febrero, dada permanentemente por Hugo Chávez, al relacionar estos hechos con los acontecimientos del 27 de Febrero, era totalmente falsa. Un claro ejemplo de esta realidad fue la muerte del mayor Felipe Acosta Carlés, uno de los  juramentados en la conspiración militar, que perdió la vida por su decidida actuación al tomar un reducto desde donde se disparaba contra la Academia Militar.
La operación militar conducida por las Fuerzas Armadas el 27 de Febrero, en medio del saqueo de más de 2000 negocios, sin contar la inmensa mayoría de las pequeñas bodegas de los barrios,  fue un combate en localidades.  Este tipo de operación, exige un control y una ejecución descentralizada a nivel de unidades fundamentales y básicas. El empleo de las armas, en caso de disturbios, es regulado por el Reglamento de Servicio en Guarnición. Allí se establece, un rígido procedimiento para poder realizarlo, con la excepción de que la unidad militar sea atacada con armas de fuego. Ese empleo, no se puede justificar con la excusa de haber recibido una orden, ni siquiera si es por escrito. La obediencia debida, dejó de existir después de los juicios de Núremberg. Definitivamente, lo  único que se busca es desacreditar a las Fuerzas Armadas democráticas.
fochoaantich@gmail.com
@FOchoaAntich

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