LUIS FUENMAYOR TORO, INACEPTABLE, CONDENABLE Y PREOCUPANTE, VENECOLA

LUIS FUENMAYOR TORO

Las numerosísimas filas de gente alrededor de abastos, farmacias y otros negocios expendedores de mercancías de uso corriente, presentes en varias de las grandes ciudades del país, han desatado la furia del Gobierno empeñado en negar lo que es más que evidente para todos los venezolanos: la angustiante escasez de muchos productos básicos, cuya obtención se ha vuelto una pesadilla para el pueblo pobre y menos pobre de Venezuela. Como para el Gobierno, todo lo malo que ocurre en el país nunca es culpa suya, sino de la oposición polarizada, Uribe y el gobierno de Obama, los consumidores demandantes de mercancías de uso cotidiano se transforman en enemigos y desestabilizadores, agentes del mal, conspiradores y hasta traidores a la patria. Delincuentes, en una palabra, y como tales están comenzando a ser tratados.

Como resultado de las quejas de la gente ante el desabastecimiento y el alto costo de la vida, dos nuevos “delitos” graves han aparecido en los últimos días: las protestas de quienes se encuentran en las filas en espera de su turno para comprar, las cuales se producen en los espacios públicos donde estas esperas se realizan, y el hecho de tomar fotografías de las multitudes en fila y de las protestas que se producen en las inmediaciones de los supermercados.

Estos dos nuevos delitos, que no aparecen en el Código Penal Venezolano ni en ninguna normativa, ordenanza o reglamento, lo que significa que no son actividades delictivas, están siendo tratados por las policías con la detención de quienes protestan y de quienes toman fotos, lo cual es una violación del artículo 44 de la Constitución, que dice que sólo se puede ser detenido por orden judicial o si es hallado en situación de flagrancia, es decir, cometiendo el acto delictivo.

La protesta pacífica no es ningún delito en Venezuela. Tampoco lo es tomar fotografías. Es inaceptable y condenable que el Gobierno actúe de esta abominable manera. No sabíamos que a este tipo de acciones policiales se refería el vicepresidente Arreaza, cuando dijo que en Ramo Verde había suficientes calabozos. Protestar y tomar fotos, lejos de ser delitos, son ejercicios esenciales de las libertades de expresión e información en un país de gobierno democrático, por lo que la represión de estas actividades significa la presencia de conductas dictatoriales por parte del Gobierno de Nicolás Maduro, condenables y denunciables. Se trata de una de las arbitrariedades más peligrosas que le hemos visto al Ejecutivo Nacional, pues se ejerce contra el pueblo llano y hay que exigir una inmediata cesación de la misma. 

El Gobierno cada vez se muestra más incoherente, inquieto y temeroso ante los efectos directos de sus errores y perversiones. Ya no le basta con negar la existencia de la crisis, ya no le basta con culpar a otros de sus errores, ahora quiere acabar mediante el terror con la insatisfacción de la gente. Mal sendero…

Luis Fuenmayor Toro

lft3003@gmail.com

@LFuenmayorToro

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VLADIMIRO MUJICA, CONTROLES CASTRANTES

VLADIMIRO MUJICA

La conclusión de tanta ignominia es inescapable. Estamos en el medio de una monstruosa operación de controlar todo sin resolver nada de lo que realmente trastorna la vida de los venezolanos. Controles castrantes que asesinan el esfuerzo creativo de la nación y que crean la ficción de que el gobierno actúa para resolver males cuya solución requiere de acciones de fomento y creación y no de más alcabalas.

Nos acercamos a la posición de dudoso prestigio de ser simultáneamente una las sociedades más disfuncionales y más controladas del planeta.

Venezuela tiene una larga tradición de contar con instrumentos legales y procedimientos administrativos sumamente complejos. Una enervante costumbre que posiblemente heredamos de España y que se traduce, entre otras cosas, en una cultura de apego al papeleo y a la burocracia pomposa e inútil. La copia, de la copia, de la copia, es requisito normal en muchos trámites públicos que podrían resolverse de modo mucho más expedito. A esto hay que añadirle una tendencia a modificar de manera permanente y a veces compulsiva los instrumentos legales, desde la Constitución hasta las ordenanzas municipales, pasando por las leyes orgánicas y reglamentaciones.

Mientras que una democracia razonablemente funcional como la norteamericana ha tenido una sola Constitución desde la declaración de independencia de los Estados Unidos, Venezuela ha tenido innumerables cartas magnas que en muchos casos responden no a la necesidad de modernizar el contrato social de afiliación de los ciudadanos a un conjunto de leyes y normas, sino al capricho de los gobernantes de turno. Por otro lado, nuestras leyes tienden a ser exhaustivas e intentan prever todos los casos que se puedan presentar, con el resultado de que termina por armarse una cadena inagotable y de difícil aplicación de la regla, de la regla, de la regla.

Como en muchos otros casos, la pseudorevolución chavista ha transformado una mala costumbre en un vicio nacional. Toda la cháchara sobre el gobierno electrónico que en algún momento formó parte de la propaganda oficialista ha terminado por evaporarse frente a una terca realidad de burocracia profundamente anclada en los procesos públicos. El gobierno ha llegado al extremo de inventar reglas ad hoc para intentar modificar y falsear una realidad caótica que pretende presentarse como un paraíso en la tierra. Detrás de cada nuevo control impuesto por el gobierno se encuentra un error monumental de gestión pública. Peor aún, los controles terminan por ser ejercicios de castración de la actividad económica, social e intelectual de la población y estímulos abiertos para la corrupción.

Uno de los mejores ejemplos de lo que decimos es el control de cambio. Presuntamente destinado a impedir la fuga de divisas, en realidad se ha transformado en un gran caldo de cultivo de la corrupción. Alguna gente cínica diría que no hay virtud humana que soporte la tentación de hacer negocios cabalgando sobre una diferencia cambiaria de más del 1000% entre el dólar oficial y el dólar negro. Los enchufados y sus amigotes con acceso a dólares preferenciales han hecho fortunas enormes en tiempo record, pero al jubilado, o al turista, que requiere unos pocos dólares se les exige un mamotreto de papeleo. La verdad es que el control de cambio no controla lo que pretende controlar y constituye una afrenta a la gente y un sumidero horrendo de recursos.

Pocas cosas están tan reguladas en Venezuela como el porte de armas. En teoría es casi imposible para un ciudadano normal, no enchufado, obtener un permiso legal para la adquisición y posesión de armas. En la práctica, hay millones de armas ilegales en la calle, en manos de los bandidos y sus cómplices. Una situación directamente correlacionada con el hecho de que más de 20.000 venezolanos mueren al año en situaciones violentas que no son esclarecidas en un pavoroso porcentaje. Nuevamente, un control severo que no controla nada y que las autoridades manejan con un cinismo alucinante acompañado de medidas improbables como el supuesto desarme de la población.

Se controla el precio de alimentos que no existen, de bienes desaparecidos, de medicinas imposibles de obtener. Se cierra la frontera con Colombia en las noches para impedirle el paso a las sardinitas, mientras el verdadero negocio del contrabando, manejado por los peces gordos, cabalga en la diferencia abismal entre la economía colombiana, razonablemente estable, y la disfuncional y errática economía venezolana. El pobremente trabajado concepto de precio justo, que pretende desconocer las reglas básicas de la economía, es usado como criterio para emascular la ya semidestruida actividad económica de la nación.

Quizás valdría la pena preguntarle a los jerarcas del gobierno y de Pdvsa cuál sería el precio justo del petróleo venezolano si el mismo se calculara a partir de lo que cuesta producir un barril de crudo. Nos encontraríamos con que los países productores de petróleo, incluida Venezuela, venden este producto a precios tres o cuatro veces superiores a los costos combinados de exploración y producción, lo cual los calificaría indudablemente como especuladores.

Ahora nos enteramos de que se pretende ponerle un precio justo a la enseñanza universitaria basado en una supuesta estructura de costos de las instituciones de educación superior. Este exabrupto, mezcla de ignorancia y mala fe, desconoce que el tema del costo de la educación superior incluye intangibles como el conocimiento de los docentes, como lo señaló recientemente el rector de la Universidad Metropolitana, Benjamín Scharifker, además del costo de la investigación sobre la que se soporta la docencia. Esa vez se trata de aplicar controles para regular el libre pensamiento.

La conclusión de tanta ignominia es inescapable. Estamos en el medio de una monstruosa operación de controlar todo sin resolver nada de lo que realmente trastorna la vida de los venezolanos. Controles castrantes que asesinan el esfuerzo creativo de la nación y que crean la ficción de que el gobierno actúa para resolver males cuya solución requiere de acciones de fomento y creación y no de más alcabalas.

Nos acercamos a la posición de dudoso prestigio de ser simultáneamente una las sociedades más disfuncionales y más controladas del planeta.

Vladimiro Mujica

vladimiromujica@gmail.com

vmujica@asu.edu

@VladimiroMujica

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OSWALDO ÁLVAREZ PAZ: LO INACEPTABLE COMO RUTINA

La vida venezolana transcurre en un ambiente tan degradado, amoral y poco ético, que pocas cosas logran impresionarnos. Lo que antes era absolutamente inaceptable pasó a ser tolerable y lo que a duras penas se toleraba fue convirtiéndose en rutina dejando contaminado el cuerpo bastante enfermo de la República. La simple relación de los cadáveres que entran a la morgue de Bello Monte en Caracas durante los fines de semana, ratifica nuestra convicción sobre la inseguridad de las personas y de los bienes como política de estado. Gracias a ella, la antes llamada hampa “común” dejó de serlo. Sigue siendo hampa, pero no común sino organizada y politizada. Sólo un estado comprometido es capaz de garantizar el espectacular grado de impunidad de que gozan los delincuentes y la creciente tolerancia con el abuso de autoridad de funcionarios de los distintos cuerpos de seguridad, comprometidos con crímenes horrendos y corruptelas de toda naturaleza.

En pocos países del continente y del mundo existe un régimen penitenciario tan infame como en Venezuela. Las rebeliones y motines, las protestas y crímenes que estremecen a la opinión pública tienen su origen en la permanente violación de los más elementales derechos humanos en contra de la indefensa población penitenciaria. Se ve obligada a apelar a cualquier recurso para sobrevivir abandonada a su propia suerte, sin autoridad ni ley que los proteja. El Observatorio Penitenciario, Cofavic, Provea y varias instituciones que se ocupan del tema y de la defensa de los derechos humanos han sido constantes en la denuncia de los atropellos. Siguen intentando los recursos a su alcance en nombre de una justicia que no llega, porque en Venezuela no existe.

No se trata solamente de las cárceles. También en los centros de reclusión de los cuerpos policiales y de investigación suceden cosas horrendas. El pasado jueves 27 de mayo, de ser ciertas las denuncias presentadas, será recordado como un día para la infamia. Según la denuncia de los familiares, tres detenidos en la sede de El Rosal del Cuerpo de investigaciones científicas, penales y criminalísticas –CICPC- murieron como consecuencia de golpes y torturas. Las informaciones sobre las condiciones de los calabozos de ese centro de detención son espantosas. Podrían justificar hasta la intervención, no sólo de la División de Capturas, sino del Cuerpo mismo. Estos crímenes no pueden quedar impunes, ni la sociedad venezolana puede resignarse pasivamente frente a ellos por considerarlos normales en medio de esta rutina.

Pero en el fondo esto es reflejo de un régimen que no cree en la dignidad de la persona humana, ni respeta sus derechos por el simple hecho de existir, que se mueve al margen y en contra del Derecho, de la convivencia pacífica y de la paz democrática. No hay ni habrá solución para este problema, ni para ningún otro, mientras el régimen exista. Vamos a cambiarlo antes de que demasiado tarde. La tarea es obligatoria y urgente.

oalvarezpaz@gmail.com  

Lunes, 30 de mayo de 2011

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I-NA-CEP-TA-BLE. RAMON GUILLERMO AVELEDO

Lo ocurrido al Presidente de Fedecamaras Noel Alvarez, la expresidenta Alvis Muñoz y los directivos Ernesto Villasmil y Luis Villegas, no puede ser despachado con la resignación habitual en quienes vivimos en un país signado por la violencia y la impunidad. Ese “Gracias a Dios que pueden contarlo” al que nos va acostumbrando la frecuencia del delito violento, no basta para poner punto final al episodio que se inició en El Bosque y concluyó entre el Hospital Pérez Carreño y el Mercado de Coche dos horas y cinco minutos más tarde.

Lo primero que cualquier venezolano al que le duela Venezuela debe hacer es repudiar el hecho. Repudiarlo y punto. Sin peros, sin matices. Con la violencia no hay tolerancia. Condena y punto. Del Presidente de la República para abajo.

Lo segundo, exigir a las autoridades una actuación seria, objetiva, diligente, que esclarezca el caso y ponga a la orden de la justicia a los presuntos responsables. Aquí, desde luego, el celo y el empeño de los organismos competentes debe ser el máximo. Cabe esperar que, en la situación que vivimos, haya mucha desconfianza con relación a la actuación de las autoridades y la veracidad de su dictamen. Esa desconfianza, que es real, ha sido cultivada por la retórica y la actitud gubernamentales. Así como por el tratamiento de casos muy notorios, como el del fiscal Anderson, cuyos rasgos definitivos siguen siendo un misterio. Misterio del que brotan mil y una conjeturas.

Y aquí viene un asunto que es imposible no abordar. En el editorial de Tal Cual del viernes 29, Teodoro Petkoff llama la atención sobre los riesgos sociales del terrorismo. La sola posibilidad de que eso pueda ser amerita una reacción muy categórica, definitiva, tajante, por parte del Estado.

Ya vemos cómo se tolera la presencia en Apure y otras zonas fronterizas, de una Fuerza Bolivariana de Liberación, una organización armada irregular pro-oficialista. El propio Presidente ha reconocido su existencia y les ha llamado, con unas buenas maneras completamente inusuales en él, a que rectifiquen porque ese no es el camino, como en un consejo de tío y no como quien tiene la responsabilidad de asegurar la paz y la seguridad del país.

Y una reflexión final. Aquí hay que desterrar la retórica de la división, la satanización de sectores y de actividades sociales, la promoción del rencor y el resentimiento, la constante exposición al desprecio público de personas, instituciones, empresas, partidos. Nadie podrá vivir tranquilo en Venezuela si por esa ruta llegamos al llegadero.

DEFENDER LA CONSTITUCIÓN

Contra las expropiaciones que se ordenan y aquellas con las que se amenaza, se han presentado múltiples argumentos. Económicos, políticos, sociales, laborales. El más claro de todos es que estatizadas, las empresas expropiadas funcionan peor, se alejan de su función de utilidad social y terminan siendo una fuente de problemas y un pozo de gasto público que podría ir a destinos más útiles.

Pero uno de los datos más preocupantes de las expropiaciones que a cada rato nos disparan, es que son realizadas con total ignorancia de la Constitución, que debe ser la base de la seguridad jurídica en Venezuela.

El mismo artículo 115 que garantiza el derecho de propiedad, establece como es lógico que la propiedad “estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley, con fines de utilidad pública o interés general”. Allí entran los impuestos que pagamos o la obligación de dar paso si un predio rural es el único acceso a otros o deberes lógicos como que yo no puedo prenderle fuego a mi casa, porque haría daño a los demás.

El mismo 115 concluye que “Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes.” Como puede verse, por ningún lado aparece como modo de expropiación que el Presidente de la República grite ”Exprópiese” ante las cámaras de televisión.

Argumentos ideológicos (es una actividad “estratégica”) o punitivos (dañan el ambiente, explotan a los trabajadores, se portan mal) son los lanzados más frecuentemente, pero en ellos es muy dudosa, cuando no está ausente la “utilidad pública o interés social” que exige la Constitución.

Lo que se está haciendo es perjudicial para los trabajadores, para los empresarios, para los consumidores, dañino para la producción y propicio para la corrupción. Pero además es inconstitucional.

También es inconstitucional la sentencia del TSJ desconociendo la inmunidad parlamentaria de Biaggio Piglieri, José Sánchez, Richard Blanco y Hernán Alemán, y con eso la de todos los diputados electos el 26 de septiembre. El artículo 200 de la Constitución dice que tienen inmunidad “desde su proclamación”. La lesión a la independencia de la Asamblea Nacional, necesaria para que cumpla su función de control (porque no la está cumpliendo tenemos este inmenso desorden) es grande, el abuso contra las personas de esos diputados electos es descarado, pero lo peor es la burla que se hace de la Constitución.

Defender la Constitución es un imperativo cívico. Allí está el espacio para convivir y las reglas para que los poderes públicos funcionen para todos los venezolanos.

ESTA SEMANA, EN LOS MEDIOS…
“$ 600 MILLONES PERDIÓ PDVSA POR PRECIO ESPECIAL A BIELORRUSIA”
En El Nacional, lunes 25.10.10, pp.1 y 4 (Nación)

RAMON GUILLERMO AVELEDO
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LA DISFUNCIÓN COMUNICACIONAL, TEÓDULO LÓPEZ MELÉNDEZ, ABRIL 8, 2010

Así como tenemos políticos del pasado, tenemos también “comunicadores estrellas” del pasado. Así como tenemos gente practicando estalinismo y convocando tribunales disciplinarios partidistas, podemos encontrar vedettes disfuncionales en materia de información.

Leer periódicos ante el micrófono es a lo máximo que arriban y, sin embargo, la sociedad los mantiene en una estima que asombra. Si uno se detiene a mirarlos los percibe ubicados en otro tiempo, en uno del pasado, en uno que no tiene nada que ver con la realidad venezolana de hoy. Si uno los toca un poco no encuentra nada, a no ser en la pantalla donde es más fácil percibir la vacuidad.
Así como la política anda en restos de eslabones perdidos la asunción del “estrellato informativo” se asemeja al telón raído de un viejo teatro donde la obra a presentar no refleja otra cosa que las intimidades publicitarias de los patrocinantes.

Se trata de “vivir de eso” y de algo todos tenemos que vivir, por supuesto, pero en el campo de la información hay un terreno delicado y el que oteamos es el del producto anunciado como protagonista y esencia de la tarea que se cumple. Desde el estilo de la voz aterciopelada o de la voz histérica la información se ejerce como una disfunción, no como la tarea primordial.

En el ejercicio informativo se percibe claramente un desarreglo en el funcionamiento, una alteración cualitativa de su función, un desacomodo espacio-temporal. Se sigue ejerciendo de manera tal que uno oye o ve y siente la ruptura, la separación entre lo que se emite y los tiempos que corren.

La voz unidireccional está allí procurando audiencia y consiguiéndola en un público amorfo que a falta de otros íconos la asume como una especie de representación de un sueño acabado. Es una voz del pasado, en contenido y forma, lo que esta sociedad diferida asume como lo que podríamos denominar “comunication pop”.

Hace tiempo que no aparece un ídolo de la canción. Hace tiempo que no surge una estrella televisiva. La disfunción comunicacional ha ido tomando su lugar, ahora la imagen a la que se presta atención es a esta imagen alterada, a este nuevo “animador” que hace el show de la mañana u ocupa el tiempo de los ancianos por la tarde. Una suave observación es tomada como el camino a seguir. O la rudeza aparente de una frase repetitiva, pero de simulada contundencia, se asume como mensaje subliminal con que llenar las cabezas de una sociedad en desbandada.

Todo es apariencia. La información un producto con que rellenar el formato. El medio sigue lanzándolos a un “estrellato” sustitutivo. Navegan sobre las ondas con placidez y distensión. Los consumidores creen encontrar respuestas, los hacen Lady Gagá o Beyoncé criollos, las nuevas luminarias pop de un entramado sin contenido, sin fondo, sin creación de conciencia.

Los “invitados predilectos” (analistas, encuestadores, políticos partidistas, gente que repite lo que de ellos se quiere oír) integran el formato, cumplen con su cuota de política de micrófono, se exhiben y se adaptan. Siempre son los mismos porque tienen el libreto introyectado.

No hay una pluralidad de criterios en un país donde somos prisioneros de dos minorías. La inmensa mayoría del país no accede allí porque no se ajusta a las necesidades del productor de la expresión lineal anticuada. El país mayoritario no cuadra con la disfunción comunicacional. La expresión múltiple rompería este proceso unidireccional estático, impediría “vivir” de lo que el amo del poder dispara en sus cadenas y discursos cotidianos. Procurar el rompimiento de esa palabra detestable llamada “polarización” conduciría a encontrarse frente a un desafío innovador que dejaría al libreto hecho añicos.

teódulopezm@yahoo.com
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