Una vez más, la conducción errática, inconsulta e irresponsable de la política exterior del gobierno, coloca a Venezuela en un nuevo conflicto con uno de nuestros principales socios con quien, además, nos unen sólidos vínculos históricos, culturales, políticos, comerciales y humanos.
Ante los señalamientos presentados por Colombia en la OEA el día de hoy, el Presidente de la República está en la obligación de aclarar prontamente al país, a los venezolanos y a la comunidad internacional, la veracidad o no de tales denuncias. No es con evasivas y argumentos inconsistentes como deben ventilarse estas denuncias. La vía de una comisión internacional de verificación no debe ser desechada a priori, pues podría interpretarse como un reconocimiento a que tales acusaciones estarían bien fundadas. Cabe recordar que ya el pasado viernes nuestro vocero Timoteo Zambrano, en nombre de la Mesa de la Unidad Democrática responsablemente planteó la necesidad de verificar los señalamientos hechos por el Gobierno de Bogotá. En ese mismo sentido, se han pronunciado varios dirigentes de la Unidad Democrática al expresar su preocupación por la presencia de irregulares colombianos en los estados Táchira, Zulia, Apure y Barinas.
La ruptura de relaciones diplomáticas con Colombia anunciada por el Presidente de la República es una medida extrema que ciertamente tendrá serias repercusiones para las poblaciones de ambos países, particularmente para quienes habitan en la zona fronteriza. Rechazamos el uso del conflicto con fines políticos
La Mesa de la Unidad Democrática apuesta por la paz y la amistad con nuestros vecinos y espera a que el gobierno nacional conduzca las relaciones con el hermano país dentro de criterios de mayor racionalidad. Aspiramos que con el nuevo gobierno que habrá de instalarse en Colombia el venidero 7 de agosto, se reestablezcan los canales de diálogo y las condiciones para una pronta normalización de las relaciones diplomáticas entre los dos países.
La mayor irresponsabilidad es tomar una decisión de esta gravedad, como maniobra de distracción de la opinión pública venezolana, actualmente impactada por el vergonzoso escándalo de los contenedores de comida descompuesta y lo que ello implica. Advertimos las serias consecuencias sociales que esta decisión efectista y antipopular puede tener, y, nos comprometemos a trabajar en la próxima Asamblea Nacional para que ese cuerpo cumpla con su deber constitucional de hacer siempre presente al Poder Ejecutivo el carácter nacional que la política exterior debe tener.
