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Tengo a mi madre de 89 años de edad, con Mal
de Alzheimer, en un geriátrico cercano donde la visito a diario y la retiro
tres o cuatro días a la semana. Si bien camina con ayuda de un aparato
caminador por haberse quebrado la cadera
hace dos años, cualquier desplazamiento, por corto que sea, es una tortura para ella.
Ciertamente, trato de postergar lo más que se
pueda el momento en que deba pasar sus horas de vigilia en silla de ruedas pues
sé que allí comenzará otro ciclo más riesgoso para su salud y sobre todo más
mortificante para su autoestima y sus
históricamente demostradas ganas de vivir con dignidad; condiciones que en
estos pacientes y especialmente en
aquellos sujetos a postración se va perdiendo aceleradamente en las brumas de
la inconsciencia a medida que pasan los años y se complican sus estados físico,
mental y socioafectivo.
A ésta preocupación cotidiana se me sumó hoy
otra que pareciera provenir del mundo del absurdo. Resulta que en Argentina,
todas las personas, sin excepción, deberán tener el último documento nacional
de identidad antes de fin de año. Después
de esa fecha es será exigido para cualquier trámite que deban realizar por si
mismas o por medio de sus familiares o
sus representantes legales. Me lo ha dicho la hija de una interna de
avanzada edad que pasa sus horas cerca de mi madre, sin poder moverse de su
silla de ruedas dado que debe estar todo el tiempo con una pierna apoyada sobre
una silla, necesitando siempre la ayuda de una asistente.
Esta medida administrativa nacional -que no
reviste mayor trascendencia en la realidad actual de mi país- no sería
preocupante para mi (y para los familiares de los demás pacientes) si no fuera
por su carácter universal y porque la renovación del DNI (que incluye sacarse
una fotografía) deberá hacerse personalmente en el Registro Civil de esta
ciudad. Por eso mi reacción natural inmediata fue pensar y decir que lo más
conveniente sería que los empleados del
Registro Civil fueran al geriátrico a tramitarles el nuevo documento a los
pacientes para que éstos no deban someterse no ya a una incomodidad, sino a algo
peor como es la mortificación de ellos y sus familiares (cuando los tienen) por
ser exhibidos públicamente en los más
diversos grados del deterioro físico y mental, con todos los perjuicios y
quebrantos que ello conlleva, especialmente cuando la gran mayoría de ellos no
pueden valerse por si mismos, y menos aún en un contexto desconocido.
Por ejemplo, muchísimos pacientes no se
pueden comunicar con nadie, no pueden dirigir sus acciones, no pueden
permanecer demasiado tiempo de pie, otros necesitan ir al baño, muchísimos son
alimentados, aseados y vestidos varias veces al día por las enfermeras, y no
muchos cuentan con el apoyo y la asistencia frecuente de sus familiares.
Pues bien, en la eventualidad de semejante
absurdo como el que causa mi alarma, es previsible que no habrá enfermeras en
el Registro Civil para ningún paciente. Otros, muchísimos, no contarán con el
acompañamiento de ningún familiar por muy diversas razones que no vienen a
cuento. Y de estos últimos, ¿los que
tuvieran impedimentos de motricidad pero no de sus capacidades intelectuales
qué harían? Por otra parte, aun contando eventualmente con ayuda familiar es
lógico suponer que no todos han de disponer de automóvil, ni de dinero para
pagar un taxi, ni de sillas de ruedas, y ni siquiera el geriátrico podría
disponer de ellas.
¡Qué pasaría si en el trayecto al Registro
Civil, o incluso allí mismo, alguno tuviera algún percance, no sólo físico sino
de cualquier clase?
_¡Es lógico lo que digo!, ¿no te parece?
–pregunté a mi informante. Sin embargo ella no fue optimista. Ocurre que
preguntó en el Registro Civil si era posible que los empleados fueran al
establecimiento, en el mismo horario de atención al público o en otros
alternativos... pero no le dieron ninguna respuesta.
_Hay muchas cosas que están mal… – me contestó- como los taxis con rampa para
discapacitados en sillas de ruedas que no son suficientes y que no trabajan en
día domingo…
En los dos ejemplos existen derechos básicos
de los ciudadanos discapacitados que no serían contemplados en tales
circunstancias. Piénsese en los discapacitados que están totalmente postrados
en cama… ¿van a ser removidos a como dé lugar con tal de que la norma sea
cumplida?
Más aún, ¿y los discapacitados que no están
en establecimientos geriátricos? ¡Acaso no tienen derecho a no ser objeto de
cualquier mortificación lesiva para sus condiciones físicas y mentales y también para su derecho de igualdad de la
misma forma en que lo tiene, llegado el caso y con justa causa, cualquier
ciudadano sin estar discapacitado!
_Éstos son temas que merecen la atención de
las autoridades, sean nacionales, provinciales o municipales… -dijo ella.
_ Por supuesto, ¿pero viste cómo es la
realidad?... si la orden correspondiente no les llega de arriba a los
burócratas es mucho pedir que piensen correctamente y obren en
consecuencia…–contesté.- ¡Ah, no olvides
que esto también debe interesar al
periodismo y a los medios! -agregué.
_ ¡Sí, una vez tuve un problema con un
sanatorio y mandé una carta al Correo de los Lectores de un diario y hubo mucho ruido! -exclamó.
_Bueno, hagamos algo nosotros -propuse.
_ ¡Siiií, de lo contrario no vamos a poder
cobrarles la jubilación a nuestras madres porque en la Policía no nos van a dar
el certificado de supervivencia sin tener el nuevo documento. ¡Ya me avisaron
ahí!...
_ Ahhhh… en ese caso, ¡que aguanten los
geriátricos!
Acordamos que yo escribiera esta nota para mi
página de Facebook, y para aquellas relacionadas con la problemática de los
familiares y enfermos de Alzheimer con las que habitualmente estoy en contacto
y para los periódicos online. En tanto ella buscaría interesar a las
autoridades y a los medios de comunicación locales.
Esa noche estuve pensando en todo esto. No,
no puede ser ... seguramente todo se va a resolver satisfactoriamente, me decía
una y otra vez. De lo contrario, sería patético... como patético sería sacarles
una fotografía de carnet a enfermos mentales con las facciones alteradas del
tipo de las que ilustran los libros de patrologías mentales.
Queda poco más de ocho meses para que venza
el plazo de esta medida administrativa. Tengo la esperanza de que -en este caso
y en todos- no lleguemos a los extremos del delirio. Y que esta nota no sea una
señal de alarma sino un simple ejercicio de comunicación. Cambiando su sentido
nos ahorraremos el stress, como mínimo.
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Sabido es que la administración pública se
vincula necesariamente con el aparato burocrático del estado, pero de hecho lo
hace también, y muy intensamente, con el lado oscuro de la burocracia, ése del
cual se habla siempre con enojo o con furia cuando por su causa se sufre en
carne viva alguna mortificación.
Olvidando ahora mi interés particular en el
caso, con espíritu caritativo, como un salvavidas que se arroja a un náufrago,
se me ocurre sugerir que no sería descabellado, ni mucho menos antipatriótico,
que se eximiera de la obligatoriedad de cumplir con tan trascendental medida a
todas las personas mayores de 60 años…; o por lo menos a todas las que no
estuvieren en condiciones físicas o
mentales de hacerlo por si mismas cuando no puedan hacerlo mediante terceras
personas…; o restringidamente a los que residan en establecimientos
geriátricos…; o… en fin, ¡que se dispusiera que el personal de los Registros
Civiles del país visitará a esos fines los mencionados establecimientos durante
los meses próximos!... ¡y con compensación horaria, por supuesto!... ; y…
bueno, en tren de soñar…¡que para las personas impedidas de hacerlo no
signifique ningún perjuicio para el efectivo cumplimiento posterior de todos
sus derechos… humanos!
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Todo sería más fácil en la vida si las
autoridades de cualquier jurisdicción y rango pudieran discernir la enorme
diferencia conceptual, de sentido, y teleológica, existente entre los términos
ADMINISTRAR Y GOBERNAR.
Administrar es -obviamente, en la realidad de
Argentina- contar una y otra vez, por parte de los administradores del estado,
las figuritas que éste último ha ido acumulando desde que empezó a jugar. Algo
así como contar los porotos. O los garbanzos. Y comprobar que los jugadores
aumenta cada vez más y las figuritas, o los garbanzos, son cada vez menos.
Entonces, a como dé lugar los administradores tratarán de estirar las
figuritas, las retocarán, harán estadísticas y se sentirán ufanos porque de
alguna manera todo se patea para adelante -en Argentina, reitero-. Pero administrar bien no es patear para
adelante, ni diseñar instructivos y formularios y estampillas fiscales ni
determinar tasas o impuestos por meros automatismos derivados de concepciones
estatistas.
Administrar bien no es dotar de significados
-acotados- a cada acto administrativo, sino proveer de sentidos coherentes al
procesamiento de la realidad, la cual es totalizante y multívoca, y se vive en
forma cambiante; es decir, en la cual todo se relaciona. Por lo tanto, los
sentidos a buscar deben relacionarse con algo que excede la mera administración
pública. Es decir, la administración no
puede ni debe ser un fin en si misma, sino que debe estar al servicio de
algo superior como debe ser en la etapa social de la civilización la búsqueda
de mejores condiciones para la vida, tanto genérica como particularmente
considerada. Entre otras cosas eso que suele llamarse calidad de vida. Y en
última instancia, la felicidad, que es fruto de la feliz intersección del
individuo y de la sociedad.
Administrar es contar figuritas, porotos o garbanzos. Gobernar es lo que queda después, lo que se hace con esos y otros elementos con los que cuenta una sociedad. Los porotos se cuantifican, porque se ven. La calidad de vida no se puede medir, sólo se siente. Y cuando se siente bien, ¡eso es gobernar!
Carlos
Schulmaister
carlos.schulmaister@gmail.com
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