“La justicia debe ser revolucionaria…” dijo
el Presidente Chávez en un programa de televisión, en una exhortación al Poder Judicial, con lo que negaba cualquier pretensión de ecuanimidad y estado de derecho en nuestro país; esto, a pesar de que tenemos una Constitución y unas leyes promulgadas que proponen todo lo contrario a esta declaración del fallecido jefe del estado.
Pero el proceso revolucionario tiene sus maneras de satisfacer los deseos de su líder máximo y, aún en contra de todo el marco jurídico, actuando como si se tratara de un conjunto de ayatolas en un régimen teocrático, con la exclusividad de una justicia divina y una terrena, vemos jueces que se erigen por encima de la ley de los hombres, de la razón y de los derechos humanos para aplicar la mentada “justicia revolucionaria”, que no es otra cosa que la imposición de una facción sobre sus víctimas… la famosa ley situada al final del cañón de un revolver, la justicia del vencedor en una guerra, la venganza de una raza de resentidos.
Porque la justicia revolucionaria no es justicia, es fanatismo y odio, tal como lo entendía el Conde Félix Dzerzhinski, creador, para Lenin, de la temible Cheka, que se encargaría de limpiar los antiguos males en Rusia, los jueces revolucionarios son ángeles al servicio del mismo Dios del socialismo venezolano, son los primeros de una nueva raza de hombres y mujeres encargados de limpiar el mundo de lo que a su criterio, son impurezas y amenazas.
No voy hacer un recuento pormenorizado del rocambolesco juicio que esta revolución pretende seguirle al líder del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, el preso más notorio del régimen, entre otras cosas, por su relevancia internacional, obtenida justamente, gracias a los errores y metidas de pata de un Poder Judicial que ya no tiene como ocultar el uso que hace de la ley para promover su régimen de terror.
Leopoldo no sólo ha obtenido el apoyo de gobiernos y mandatarios en el mundo entero, las mismas Naciones Unidas, por medio de una recomendación del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos, ha recomendado su liberación inmediata,
de la que el gobierno, en palabras de la Fiscal General Luisa Ortega ante la XXII Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, opinó que "es parte de una matriz de opinión para atacar al Estado venezolano".
La juez de la causa, Susana Barreiros, argumentó que Venezuela es un país soberano, que no acepta injerencias en los asuntos internos. Dijo “que la resolución emitida por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria no era vinculante pues esa instancia no está expresamente establecida en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.
Pero la torpeza del gobierno en crear una causa en contra de López no paró allí, Nicolás Maduro, en una aparición televisada, le propuso al gobierno de los EEUU un intercambio de rehenes: Leopoldo López, “pelo a pelo”, por el terrorista de origen puertorriqueño Oscar López Rivera, acusado de poner bombas y atentar en contra de vidas norteamericanas; eso sí, que se llevaran a Leopoldo bien lejos y que no regresara.
La reacción internacional no se hizo esperar, el régimen venezolano reforzó la imagen internacional de gobierno forajido, utilizando a sus ciudadanos como rehenes – ya lo somos en muchos aspectos -para lograr beneficios para grupos terroristas.
En pocas horas, tres ex presidentes latinoamericanos (Pastrana por Colombia, Piñera por Chile y Calderón por México), tratarán de visitar el país con la intensión de ver a Leopoldo en la cárcel, en representación de los demócratas del continente, quieren interponer sus buenos oficios para su liberación, pero Maduro se refirió a ellos como si fueran unos criminales, acusándolos de ser parte de una conspiración en contra de su gobierno y les negó el acceso al líder venezolano.
Maduro. de la manera más displicente, tomó un avión y abandonó el país, para el momento de publicación de este articulo desconocemos si la visita se produjo.
A medida que pasa el tiempo y el gobierno incurre en estos garrafales errores, la figura nacional e internacional de Leopoldo López crece y se convierte en “ícono” de la contrarrevolución; la atención que ha logrado ha sido, entre otras causas, gracias al errático accionar del gobierno, que ya no sabe cómo maniobrar, poniéndose en el centro de la atención mundial y bajo la peor luz… personalmente creo que, antes de hacerse más daño, deberían ponerlo en libertad y tratar de corregir algunos malentendidos, derivados por esta vergonzosa situación.
El gobierno de Maduro está tratando de introducir en el proceso judicial en contra de López, el uso de una experta lingüista como testimonio clave en un juicio de naturaleza política, que no son permitidos por nuestra Constitución.
Como estudioso de la comunicación, se trata de un oscuro y peligroso recurso que el gobierno socialista está utilizando para llevar adelante su campaña de terrorismo judicial contra la oposición libre y democrática de este país, me preocupa, ya que si lo logra, se convertiría en un antecedente perverso que pueden usar en contra de otros líderes democráticos, en otros juicios.
Veamos: el 12 de febrero del 2014 tuvieron lugar unas manifestaciones de calle, entre ellas una marcha estudiantil en contra del gobierno de Maduro y que dejó como resultado daños materiales en la sede de la Fiscalía General de la República, muertos, heridos, detenidos.
Pero el gobierno asegura que, desde el 23 de Enero, algunos discursos de López, así como sus mensajes por twitter, venían instigando los ánimos de la gente, al punto de convertirse en el detonante de la violencia desencadenada de ese día.
Los muy cuestionados Elías Jáua y el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, al día siguiente acusan públicamente a López de ser el provocador del episodio; la Fiscalía procedió de inmediato, ordenando su detención, con base en cuatro cargos: instigación pública, daños a la propiedad en grado de determinador, incendio en grado de determinador y asociación para delinquir, al día siguiente el encargado de la presidencia Nicolás Maduro se pronuncia por su encarcelamiento (recordemos que lo llamó asesino).
Leopoldo López se entrega a las autoridades, confiando en que será parte de un justo proceso para probar su inocencia de estos cargos, pero es internado en una prisión militar e inmediatamente aislado, mientras la Fiscalía prepara el caso para convencer a la jueza Barreiros, que el llamado que hizo Leopoldo López a ir a la calle y buscar una salida democrática fueron: “los responsables de la violencia que se produjo luego de la marcha estudiantil del 12 de febrero de ese año.”
En ese momento comenzaron las irregularidades en el proceso, muy especialmente los retardos injustificados en las audiencias del tribunal, las dificultades del acusado para reunirse con sus abogados, su oportuno acceso al expediente, no se le otorgaron los beneficios procesales que le correspondían, entre ellos gozar de libertad bajo fianza durante el juicio, el 96% de las pruebas que admite el tribunal son las de la parte acusadora, evacuadas principalmente por funcionarios de la fiscalía y policías que declaran en su contra, las pruebas y testigos de la defensa son descalificados… mientras esto ocurre, Leopoldo es sometido a torturas y malos tratos en la cárcel, su familia más inmediata es humillada y muchas veces les impiden las visitas de su esposa e hijos pequeños.
Todo el caso, promovido diligentemente por la Fiscalía, se basa en lo que dijo y escribió Leopoldo que deben ser interpretados como incitación a la violencia y al derrocamiento del gobierno de Maduro, y para ese fin, contratan los servicios de una lingüista, la Sra. Rosa Amelia Asuaje, catedrática de la Universidad de los Andes, con un post grado en lingüística y supuesta experta en semiología, quien fue ex funcionaria del MINCI y ex miembro de la organización Clase Media Revolucionaria, a favor del régimen.
Y aquí es donde quiero detenerme y explicar que el uso de expertos lingüistas, como testigos en los procesos judiciales, es de muy reciente data en algunos países y está ajustado a ciertas normativas: por lo general, se les utiliza para traducir o explicar significados de palabras y expresiones que se encuentran en otras lenguas, para dilucidar significados de algunas palabras en documentos técnicos y juicios de difamación e injurias, la mayoría de las veces en casos de patentes, para determinar acentos en grabaciones y saber la procedencia de los declarantes… pero en el análisis del discurso, que es el caso que nos ocupa, los tribunales son harto cuidadosos, los utilizan para comprender el significado de ciertas expresiones en dialectos locales, de arcaísmos o de personas con problemas del habla; pero si las declaraciones son hechas en el lenguaje común, se prefiere
que el juez y el jurado saquen sus propias conclusiones, ya que la interpretación del discurso por parte de un experto lingüista lleva, por lo general, la carga de la opinión de esa persona sobre lo que otra persona “quiso decir” y no sobre lo que realmente dijo, y si esa persona es presentada como experta su opinión tiene un efecto psicológico importante sobre jurados y magistrados.
El otro punto determinante es la experticia del lingüista, debe quedar muy en clara, y hacer pública su experiencia en la materia, debe demostrar su competencia como profesional del área, sus grados y especializaciones, sus trabajos académicos, sus trabajos profesionales, su práctica como auxiliar en procesos judiciales… su testimonio es importante y su acreditación debe estar blindada a toda prueba, ya que si su testimonio es tomada como prueba, afecta la vida de personas.
Por lo general, las actuaciones de expertos lingüistas se realizan a manera de puntos de información o aclaratorias en un juicio, muy pocas veces se constituyen en pruebas.
Los análisis de discurso son interpretaciones, no sólo de palabras y expresiones, sino de contexto, que muchas veces sobrepasan la experiencia del experto, muy en particular en casos políticos y que tienen una carga mediática tan grande, como hemos visto en el caso López.
Pues bien, esta “experta”, traída al juicio por la parte acusadora, levantó un informe de 113 páginas, que forma parte de las pruebas contra el ex alcalde de Chacao, allí lo acusa de “cultivar la ira” mediante sus declaraciones, las cuales pudieron “haber exacerbado” a sus seguidores en el objetivo de sustituir al presidente Maduro por cualquier medio.
Aunque en el discurso el ex candidato presidencial pidió a los venezolanos una lucha pacífica, popular, constitucional y democrática, el informe considera que “no estableció lineamientos precisos sobre la características de las protestas” y que esto fue, sin duda, causa de cómo se dieron los eventos el 12 de febrero.
No solo emite juicio sobre motivaciones del acusado, supone intencionalidades, sino que juzga la situación política del momento, incluso se atreve a hacer análisis sobre psicología de masas, excediendo con sus opiniones el campo de su especialidad.
En opinión del abogado Alberto Arteaga, la jueza debió desestimar las acusaciones de la Fiscalía porque ahora existen graves amenazas a los derechos de expresarse y asociarse: “La resolución de juzgar a López por tres discursos y unos mensajes en Twitter es un atropello al Estado de Derecho, a la libertad de expresión y al derecho penal.
Ocurrió un hecho grave en la justicia: se criminalizó la opinión por el juicio de una experta lingüista que determinó que López influyó a los ciudadanos para que cometieran hechos vandálicos. ¡Eso es inaceptable! ¡Espeluznante!”
El asunto es bastante obvio, se trata de un juicio político, de la eliminación de este joven de 43 años, considerado una amenaza contra el proceso revolucionario. Las cuentas son claras: Leopoldo tiene a la fecha más de 330 días de cárcel y su juicio ya lleva 11 meses. La importancia creciente de Leopoldo López como figura política lo convierte en un contendor de cuidado y el objetivo del régimen es evidente: destruirlo a como dé lugar; pero como ha sido el mismo gobierno quien lo puso bajo el escrutinio mundial (ONG’s de DDHH, gobiernos, entes multilaterales, universidades, iglesia, medios de comunicación), el proceso contra López se ha convertido en una papa demasiado caliente, en una vitrina mediática que solo muestra los horrores del régimen y los abusos de las FFAA.
En mi opinión, la única opción que le queda a este gobierno, signado por su torpeza y mala intención, es dejarlo en libertad y enfrentarlo políticamente. El terrorismo judicial ya está al descubierto y ha dejado al régimen de Maduro con el tufillo de cobardía y ventajismo que todos suponíamos desde el principio. –
Saul Godoy Gomez
saulgodoy@gmail.com
@godoy_saul
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