Por
todos los antecedentes que había en juego, el Acuerdo sobre Participación
Política firmado en La Habana significa, en primera instancia, el lanzamiento
de la candidatura de Juan Manuel Santos a la reelección presidencial.
Como
lo hemos sostenido algunos columnistas, desde hace rato la manija de los
diálogos está en manos de las FARC y Santos, para reelegirse con algún margen
de éxito, dependía de que le firmaran algún documento.
El
texto adornado en una retórica grandilocuente reafirma, en buena medida, lo que
ya figura en la constitución política de 1991. Pero, a los ojos de observadores
extranjeros transmite una idea bastante equivocada sobre Colombia. En efecto,
cualquier francés o norteamericano o japonés, medianamente informado, pensará
con toda razón que en nuestro país no hay democracia ni libertades ni garantías
para la oposición. Que las Farc es una guerrilla que lucha por esos ideales,
que no nació como producto de un proyecto comunista, que no es terrorista, que
representa los anhelos de justicia social y que no ha tenido espacios ni
facilidades para hacer actividad política en la legalidad.
Así
lo hemos percibido en estos días de euforia desmedida y de congratulaciones
diplomáticas. La palabra paz, aunque siga estando lejos, ejerce una atracción
fascinante y da amplios réditos políticos a quienes se la apropian. No importa
que el precio de la misma sea abrir la puerta de la democracia a la
implantación de un régimen de corte castro-chavista por la vía de la
combinación de todas las formas de lucha, pero ahora, con el énfasis en las
grandes ciudades y en las masas urbanas.
El
Estado colombiano cede a algo que se supone había negado antes o que no existe.
Según los firmantes, en adelante se “profundiza y robustece nuestra democracia”
como si la Constitución vigente no contemplase un amplio régimen de garantías
que ha permitido, por ejemplo, la elección popular de alcaldes y gobernadores,
la creación de nuevos partidos y movimientos políticos de diversas tendencias,
el crecimiento electoral de la principal fuerza de izquierda, el Polo
Democrático Alternativo, la existencia de una ambiente de libertad de prensa y
de opinión, la realización de protestas, huelgas y movilizaciones de sectores
sociales que han tenido como sus grandes enemigos no a los gobiernos ni una
política de estado sino la acción armada ilegal de grupos de extrema izquierda
y extrema derecha.
Hay
párrafos bastante desafortunados para el sentido común como ese que dice “La
firma e implementación del Acuerdo Final contribuirá a la ampliación y
profundización de la democracia, en
cuanto implicará la dejación de armas y la proscripción de la violencia…a fin
de transitar a un escenario en el que impere la democracia…” pues se acepta que
no habrá entrega de armas y se da por sentado que la guerrilla lucha por la
democracia y que ella está por llegar.
Los
aspectos más polémicos del Acuerdo son los referidos al compromiso de crear
“Circunscripciones Especiales de Paz” en zonas de conflicto, sin decir cuántas
ni dónde ni por cuánto tiempo. No es necesario ser muy perspicaz para asociar
esta concesión a la vieja pretensión comunista impulsada por “Tirofijo” en los
años 60 de crear zonas de autodefensa campesina que hoy se pretenden reciclar
en las llamadas “zonas de reserva campesina” que servirían de retaguardia
social a las fuerzas guerrilleras que hayan “dejado” mas no “entregado” las
armas y en las que no imperarían algunas normas del estado de derecho.
Tradúzcase “creación de repúblicas independientes” que cumplirían la función
estratégica de apoyar el levantamiento popular al que parece estar apuntando
las Farc en su cambio de estrategia para hacer la revolución.
No
está por demás advertir que la idea de las circunscripciones especiales es una
“medida extraordinaria” de las que contempla el documento gubernamental de la
negociación, que supone reforma constitucional, que puede violar el bloque de
constitucionalidad al alterar los principios de representación política y de
proporcionalidad de la misma.
De
parte de las Farc no hay un solo compromiso en el Acuerdo. Sabedoras de tener
en sus manos la suerte del presidente Santos han cobrado duro ese poder al dar
a entender al mundo que ellas no son una fuerza terrorista sino
democrática que trata de alcanzar un
espacio en un país que no les ha brindado oportunidad de hacerlo pacíficamente.
Sin
duda, pues, las FARC van ganando, tienen la iniciativa, no han cedido en nada,
seguirán atacando a la Fuerza Pública y acometiendo actos violentos, han
asumido una retórica democrática con la que solapan su credo comunista. Se han
convertido de hecho en aliados electorales del presidente Santos en la búsqueda
de la reelección presidencial.
Con
la firma de este documento han logrado, gratis, extender la negociación hasta
por lo menos agosto del 2014 cuando se inicia un nuevo periodo de gobierno. En
los meses por venir jugarán un rol protagónico y se pueden convertir en
árbitros de la campaña presidencial. El presidente Santos nos ha
demostrado que puede hacer concesiones
“extraordinarias”, o sea, inconstitucionales, y feriar la institucionalidad con
tal de aplastar el uribismo y hacerse reelegir.
Dario
Acevedo Carmona
rdaceved@gmail.com
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