SAUL GODOY GOMEZ, OTRA CARTA A JESSE

Mi no tan estimado ministro: 

La situación eléctrica del país ha sido uno de los problemas creados por ustedes, los comunistas de derecha, y que ahora no saben cómo remediar debido a su ineficiencia y mala voluntad.  Permítame explicarle, cuando el servicio eléctrico estaba en manos de empresas privadas y públicas manejadas profesionalmente y con responsabilidad, existían programas bien gerenciados de atención al sector, los presupuestos se hacían con base en una planificación que tomaba en cuenta el crecimiento estimado del país, siempre adelantados a la demanda y necesidades, y se ejecutaban con estricto apego a cronogramas, tanto de mantenimiento, como de nuevas obras.

Pero llegaron ustedes, los revolucionarios, y dijeron “No, estas empresas capitalistas no pueden seguir haciendo negocios a costa del pueblo de Venezuela: ¡Nacionalícense!”

Ustedes creyeron y le dijeron al país que podían hacerlo mejor, y ya que se trataba de un recurso estratégico tan importante, tenía que estar en manos del gobierno socialista.

Efectivamente, con su acostumbrada arrogancia autoritaria, hicieron una limpieza del recurso humano calificado en el sector, y lo sustituyeron por sus adeptos voluntariosos, cooperativas, comunas, empresas de producción social; con esta medida, proclamaron que ahora la electricidad era del pueblo, que aplicarían tarifas solidarias y que el flujo sería abundante y llegaría a los rincones más apartados.

Pero como se había iniciado “el festín de Baltasar” con los recursos públicos, y los presupuestos para el sector eléctrico se necesitaban para otros fines mucho más importantes para el proceso revolucionario, el mismo Chávez, argumentando que esa era una inversión que podía esperar, distrajo esos dineros y los metió debajo del colchón, de acuerdo a su pública confesión.

Durante varios años el sector eléctrico se mantuvo en el congelador, hasta el día en que descubrieron que la mitad de los generadores del Guri estaban parados, que las plantas termoeléctricas funcionaban a 20% de su capacidad, que las líneas de distribución del país eran seriamente afectadas por los incendios de verano, que no había suficientes transformadores, y que los equipos habían pasado su termino de obsolescencia y presentaban fallas.

Entonces, cuando empezaron los apagones y los racionamientos, declararon la emergencia eléctrica y se dio inicio a uno de los capítulos de corrupción más terribles de nuestra historia reciente, se asignaba los dineros sin control a empresas de maletín, no había licitaciones, el gobierno de Cuba se involucró en la crisis y la empeoró con sus compras de equipos, muchos de ellos usados, y que vendía como nuevos, fuera de las especificaciones técnicas, con inmensos sobreprecios y llenaron al país de planticas que se paraban a los pocos días de uso, si era que funcionaban, y el problema se agravó, 20.000 millones de dólares es el cálculo del dinero que se perdió en esta vorágines de corrupción.

La crisis eléctrica afectó a la industria, a los comercios, al mismo gobierno, no fueron pocas las veces que el mismo Chávez se quedó sin luz en medio de uno de sus maratónicos programas de T.V. “Aló Presidente”, se hicieron innumerables maromas para aparentar que se estaba trabajando para resolver el problema, se militarizó el sector, se nombró un Estado Mayor eléctrico, las medidas de seguridad se incrementaron, se buscaron saboteadores dentro de los mismos trabajadores de Corpoelec, para nada sirvió involucrar a las FAN, y los cuerpos de seguridad quedaron en evidencia de sus incapacidades por conseguir a los responsables del saboteo, los apagones continuaron con mayor regularidad y por más tiempo, y lo peor, la falta de energía empezó afectar a Caracas.

Pero el mayor golpe lo sufrimos nosotros, la población, quienes vimos desplomarse nuestra calidad de vida en medio de la oscurana, con aparatos electrodomésticos dañados y de los que nadie se hacía responsable, con nuestras rutinas de vida trastocadas, perdiéndose la comida en las neveras apagadas, angustiados, sin comunicaciones, a veces por días completos.

Los que vivimos en el interior del país somos los más afectados, la luz la quitan sin aviso, sin información sobre sus causas, sin saber cuando vuelve y por lo tanto al descampado, sin poder tomar previsiones.

Y mientras Venezuela pagó la electrificación de Cuba, esos infelices fidelistas nos agravaron los apagones.

Por todos estos antecedentes, Jesse, me parece una tremenda irresponsabilidad de tu parte que vengas a mentirnos, a jugar con nuestras esperanzas, con planes de cien días, con anuncios de que la situación ha mejorado, de que los cortes del servicio son cada vez menos; lo peor de tu actitud es acusarnos de botarates, de consumidores irresponsables de energía, de saboteadores del sistema, procediendo a las multas, a los cortes compulsivos, al retiro de los medidores, a las amenazas, a la escalada de precios con las nuevas tarifas, a nadie le cabe dudas que hay mala voluntad, intención de agredir a la población y exprimirle el costo de sus errores y delitos.

Te voy a decir algo, Jesse: cuando asumiste la responsabilidad de manejar el sector eléctrico esperaba que te pronunciaras sobre quienes te antecedieron y el desastre que dejaron, pero no dijiste ni pío, aceptaste la cartera tal cual te la dejaron, sin señalar responsables de la grave situación que afecta profundamente nuestro desarrollo, lo que te hace cómplice de esas actividades antipatrióticas, lesivas al interés nacional. Si hubieras levantado tu voz en contra de los que dejaron perder el sistema, hubieras ganado credibilidad, pero ahora ya nadie te cree, para todos nosotros eres la continuación de una administración viciada y que no puede ni quiere solucionar el problema de la luz; si tuvieras vergüenza, renunciaras, pero como no la tienes, te seguiremos viendo inventando excusas.

Ya estamos claros, los platos rotos que los pague el pueblo; los revolucionarios seguirán siendo los grandes irresponsables y el chavismo, la peor manera de hacer las cosas. – 

saulgodoy@gmail.com

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JUAN CARLOS HIDALGO, ARGENTINA, MÁS ALLÁ DEL PUNTO SIN RETORNO

El acontecimiento más importante de esta semana en América Latina es la decisión del gobierno argentino de tomar control de YPF, la petrolera más grande del país. El lunes, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció la expropiación de la participación mayoritaria de YPF, que es propiedad de la compañía española Repsol. El gobierno español, con el apoyo de la Unión Europea, ha anunciado que tomará medidas de represalia contra Argentina, señalando que “todas las opciones están sobre la mesa”. La Economist Intelligence Unit tiene un muy buen análisis (en inglés) sobre el caso y las implicaciones para Argentina.

La gran pregunta tras la abrumadora reelección de Fernández en octubre pasado giraba en torno a si profundizaría el modelo económico que ella y su difunto esposo (y predecesor) implementaron desde su llegada al poder en 2003 —caracterizado por un alto gasto público, controles estrictos sobre las industrias y nacionalizaciones selectivas de empresas— o si cambiaría el rumbo, dadas las crecientes señales de agotamiento del modelo: una inflación alta, un déficit fiscal cada vez mayor, una creciente fuga de capitales, la caída de la inversión extranjera directa, el debilitamiento del peso, etc.

Cualquier duda ha sido despejada. Con la nacionalización de YPF, Argentina se une decididamente a Venezuela, Ecuador y Bolivia en el club de naciones latinoamericanas que defienden el más puro de los populismos económicos. Durante los próximos meses, podemos esperar más medidas proteccionistas, más controles sobre la economía, más nacionalizaciones y, una vez que al gobierno se le acabe el dinero tomado en los últimos tres años de los fondos de pensiones privados y de las reservas del Banco Central, no debería sorprendernos si toma control de los bancos.

Las cosas solo van a empeorar para Argentina.

http://www.libremente.org/?p=1007

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CHILE LIBERAL: NO DIGA "NACIONALIZACIÓN", DIGA "ROBO". ES UNA FALACIA EL "NACIONALIZAR" EL COBRE.

Déjà vu (Eso ya lo vi)

Una de las exigencias estrella que vociferan los jerarcas del Politburó estudiantil —la Confech— es decretar la desarancelización de la educación universitaria y, por consiguiente, costearla mediante una reforma tributaria que contemplaría la "nacionalización del cobre", el principal recurso natural de Chile. En vista de que esta proposición es falaz, Chile Liberal en el presente post desea impugnarlo, haciendo varias precisiones y acotaciones para encausar la discusión y mitigar la extraordinaria entropía reinante.

Lo primero que debemos declarar es que es engañoso esto de "nacionalizar" el cobre. El cobre es chileno y el país ya aplica regalías a quienes explotan este recurso natural. La cúpula estudiantil se confunde, así como también la ciudadanía se turba. Lo que realmente tiene valor no es el cobre en sí, que no pasa de ser un mineral depositado en yacimientos. En estado natural, no tiene prácticamente ningún valor, sino que lo adquiere cuando se emplea maquinaria para extraerlo, cuando se asigna capital humano para efectuar las faenas, cuando se procesa, se transporta en vehículos, y se construyen caminos y puertos para exportarlo. Nada de esto, o muy poco, es chileno. Todo el trabajo aplicado es posible gracias a la inversión de capitales en la explotación de este recurso. Y los capitales, tanto en dinero como en expertise, han sido normalmente extranjeros.

MINA LA ESCONDIDA EN CHILE

Para entender lo anterior veamos un ejemplo práctico. Los dueños de La Escondida —mayor mina de cobre del mundo—, inviertieron en Chile US$ 5,64 mil millones, es decir, todo ese dinero ingresó a Chile (como foreign direct investment) sin que antes existiese, lo que ya es en sí entrada pura de capital que beneficia extraordinariamente al país. Este movimiento de capital, más la llegada de especialistas (capital humano) son los que realmente permiten que el cobre pueda ser exportado. Desde luego que es una falacia, una ilusión, el creer que toda la infraestructura que han desarrollado los dueños de Escondida —BHP y Rio Tinto principalmente— pertenecen a Chile. Lo que es chileno es el cobre, pero nada más.

Lo segundo a considerar es que como país, Chile por supuesto que cobra una regalía ("Participación en los ingresos o cantidad fija que se paga al propietario de un derecho a cambio del permiso para ejercerlo") a los inversionistas de La Escondida, y es legítimo que así sea. Tácitamente, Chile le dice a los dueños "ustedes explotan mis recursos gracias a que yo brindo la estabilidad politica y económica para que en calma puedan realizar su actividad, y a cambio, yo les cobraré un impuesto". Si esta situación no se produjese, desde luego sería imposible explotar el cobre por lo tanto el intercambio sería imposible: Chile no recibiría la inversión ni cobraría regalías, ni los inversionistas percibirían utilidades. Para ejemplificar: los hidrocarburos en Bolivia son inexplotables porque el país presidido por Evo Morales es un caos y nadie se atrevería a invertir US$ 5,64 mil millones allí, por miedo a perder toda la inversión. En el caso de Chie, BHP Biliton y Rio Tinto no sólo están obligados legalmente a pagar a Chile las regalías, sino que éticamente también ya que su trabajo sólo es posible gracias a que Chile genera las condiciones para que así sea.

En virtud de lo anterior, cuando los voceros de los estudiantes —más los sindicalistas y sectores menos ilustrados de la sociedad— rasgan vestiduras por las pingües ganancias que obtiene la gran minería y exigen que se "nacionalice" el cobre, ni siquera correspondería a una expropiación de lo que no es chileno, sino constituiría un mero robo. Si esto es lo que quieren, pues entonces bien, pero díganlo así, tal cual, que quieren que Chile arrebate la industria del cobre, tal como lo hizo Allende en 1971 con la venia unánime de la decadente clase política. Noten que Allende no compró la infraestructura minera a sus dueños (lo que sería chilenización del cobre, como efectuó Eduardo Frei Montalva), sino que lisa y llanamente la usurpó, siguiendo la ola mundial de "nacionalizaciones" (!) que sufrió EEUU en los 60 y 70, principalmente en Medio Oriente con toda su inversión petrolera, en que estos países también decretaron que las inversiones de EEUU en realidad eran de ellos. Pero desde un punto de vista conceptual, si al afectado no se le paga una justa compensación, esto no pasa de ser un atraco perpetrado por parte de un Estado a un inversionista.

Si esto es lo que quieren, o sea, robar, no esperen que Chile conserve sus impecables credenciales como país confiable en los negocios. Chile Liberal, por el contrario, cree que debemos ser celosos en el respeto a los derechos de propiedad, tanto de los más pobres que han sido saqueados por los ejecutivos de La Polar, como de la preciosa inversión que recibimos de los grandes inversionistas extranjeros. Del mismo modo que queremos bajar el IVA para no castigar los derechos de propiedad de los más vulnerables, este sitio se opone a jugar con los derechos de propiedad de cualquier otro, sea la señora Juanita pagando IVA por comprar un paquete de spaghetti y un tarro de salsa de tomates o BHP Biliton aportando inversión extranjera directa.

chileliberal@gmail.com

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OSCAR GARCÍA MENDOZA: EN DEFENSA DEL DEPOSITANTE

 “AUNQUE LO HAGAN TODOS YO NO”: SAN MATEO:

 “Al banquero se le presentan dos dilemas: "O protege a los depositantes no entregando los dineros de éstos, que son propiedad privada (...) o hace lo que el Gobierno quiere y entrega los fondos con la certeza, prácticamente total, que 

La función más importante de la banca es la intermediación financiera. Las personas naturales y jurídicas le confían sus fondos para su custodia. Otras personas demandan esos fondos para su inversión a corto o largo plazo en sus negocios, de consumo, inversión a largo plazo u otros.

El papel del banquero es actuar con la mayor precaución y prudencia. Los depositantes les han tenido confianza para colocar sus capitales, su propiedad privada. Los banqueros prestan esos fondos a otros actores de la economía que tengan la capacidad necesaria para repagar a tiempo esas sumas, más sus intereses. De otra forma no podrían devolver sus fondos a los depositantes. Luce sencillo, no lo es. 

El análisis prudente y juicioso de cada una de las propuestas de crédito no es fácil: la coyuntura económica, reputación, estrategia, balances, garantías, etc., de cada una de las solicitudes debe ser considerada y analizada a fin de garantizar la solvencia del crédito, que es, al final, la solvencia del banco y de sus depositantes.

Durante este período, las autoridades, más que concentrarse en vigilar que la banca cubra los parámetros mínimos de solvencia necesarios, han sido por un lado permisivas (recordemos la mini crisis bancaria) y, por otro lado, coercitivas: ha obligado a los bancos a colocar el dinero de los depositantes en una serie de "gavetas obligatorias" que coartan a la banca su libre actuación.

Recientemente han ido a más. Por una opinión presidencial, en abierta interferencia con la autonomía constitucional del Banco Central, se ha forzado a la mayoría de los bancos, mediante el artificio de reducción del encaje legal, a colocar fondos en un fideicomiso de Bandes, para ser invertidos en la Misión Gran Vivienda Venezuela. Para ello, no se le entregó a los bancos ninguna información que les permitiera analizar la inversión. Además, dentro de las funciones de los bancos no está el colocar fondos en este tipo de operaciones. El gobierno es poderoso y puede "inducir" a los bancos a realizar estas colocaciones. Pero su verdadera función debería ser crear las condiciones para generar el empleo, que a su vez permita a los ciudadanos adquirir sus viviendas.

Ahora, en exceso de ese dinero extraído del encaje legal de los bancos, pretende el gobierno que la banca le entregue los fondos que no ha podido colocar responsablemente en las gavetas hipotecarias. La banca no ha cumplido por dos sencillas razones: Por una parte, no hay proyectos en el sector privado, pues el gobierno activamente se ha ocupado de impedirlos, y por la otra, como no hay empleo productivo se dificulta la capacidad de repagar los fondos.

Este es un dilema para el banquero: o protege a los depositantes no entregando los dineros de éstos, que son propiedad privada, a unos fondos que, evidentemente, correrán la misma desventura que los billones de dólares que este gobierno ha despilfarrado, o hace lo que el gobierno quiere y entrega los fondos con la certeza, prácticamente total, que no se los regresarán.

No se sabe si se trata de un plan para estatificar el dinero de los depositantes y a la banca o es una demostración de que su flujo de caja está en límites mínimos, o una mezcla de los dos. Pero la conclusión es que no es algo positivo para los depositantes bancarios ni para el sistema, y que nuestra obligación es defender de la mejor manera que pueda sus intereses. Como decía San Mateo: “Aunque lo hagan todos, yo no”.

@ogarciamendoza

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TRIBUNA LIBERTARIA., RAUL AMIEL - COMPENDIO OPINÁTICO.- 11-11-2010. OPINIONES DE TRINO MARQUEZ, IGNACIO AVALOS GUTIÉRREZ Y RAFAEL PIÑA PÉREZ

* EL SAINETE EXPROPIADOR. TRINO MÁRQUEZ
* EN LA POLTRONA DEL SECTARISMO. IGNACIO AVALOS GUTIÉRREZ
* LA VIVIENDA. RAFAEL PIÑA PÉREZ


EL SAINETE EXPROPIADOR. TRINO MÁRQUEZ

El teniente coronel, tan dado a la demagogia y al populismo más ramplón, decidió atacar el problema de los supuestos ilícitos de los constructores con el peor de los métodos, ese que consiste en matar al paciente.

La industria de la construcción se tornó extremadamente compleja desde que Hugo Chávez llegó a la presidencia. Los constructores privados, por los arraigados prejuicios de los comunistas, han sido tratados como criminales en potencia. Ya desde la famosa ley habiltante de 2001, desencadenante de los sucesos que culminaron con los episodios de abril de 2002, el comandante se las dio por atacar a los constructores privados. Luego vinieron la estatización de CEMEX, la reestatización de SIDOR y la expropiación, en días recientes, de SIDETUR, con el nada oculto propósito de controlar la columna central de la construcción de inmuebles: el cemento y la producción de acero y cabillas. A estas medidas hay que agregar la eliminación del IPC que disminuyó el atractivo de la construcción de complejos habitacionales.

Las tensiones permanentes que el régimen mantiene con el sector privado han llevado a que durante la docena de años que el Chávez tiene en el poder, haya sido el período en el cual menos viviendas se han construido y el déficit habitacional -medido por el hacinamiento, las viviendas en mal estado y las construidas en lugares precarios- más ha aumentado. Esa carencia ronda los dos millones de unidades. Esta cifra se incrementa a un ritmo cercano al crecimiento vegetativo de la población; esto es, alrededor de 2% por año. Es decir, que dentro de apenas diez años el déficit puede andar por el orden de las 2.400.000 viviendas. Un problema de estas magnitudes no puede resolverse peleando todo el tiempo con la gente que se dedica al exigente oficio de levantar casas y edificios residenciales. Este segmento de la población tiene que lidiar con los bancos que realizan los avalúos y desembolsan el dinero de los préstamos, con los numerosos organismos oficiales (nacionales, estatales y municipales) que conceden los permisos de habitabilidad, con la mano de obra y los sindicatos que no siempre entienden las exigencias de la construcción y la atmósfera pesada en la que ella opera. Construir está muy lejos de ser una actividad cómoda, sencilla y placentera, no importa cuán gratificante sea el resultado final.

La decisión de expropiar las urbanizadoras forma parte de los sainetes que el gobierno monta con el fin de atemorizar a los inversionistas y ganarse el aplauso de los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Esa algarabía es pan para hoy y hambre para mañana. Funciona con la misma lógica de los controles de precio y de cambio: satisface el impulso inicial de los desesperados que se quejan del comportamiento de los precios y exigen la intervención del Estado para regular, pero en el mediano plazo provocan más inflación, mayor escasez y peor calidad de los productos que se ofrecen. El remedio resulta mucho más dañino que la enfermedad. Este será el efecto de las nuevas agresiones a los urbanizadores.

En un país tan descompuesto en el orden moral y material como es la Venezuela chavista, no resulta extraño conseguir empresarios inmorales que se aprovechan de la necesidad e ingenuidad de la gente para abusar de ella. Si tales injusticias se cometen y se comprueban existen mecanismos para castigarlas. El artículo 114 de la Constitución señala que “el ilícito económico, la especulación, el acaparamiento, la usura, la cartelización y otros delitos conexos, serán penados severamente de acuerdo con la ley”. Ahora bien, nadie sabe cuáles son los delitos que se les están imputando a esas urbanizadoras. La decisión de atacarlas obedece más a un capricho, a la intención de demostrar que Chávez sigue teniendo el poder absoluto, a pesar de la derrota sufrida el 26-S, y al objetivo de sembrar terror, que al propósito de introducir orden y racionalidad en un grupo que supuestamente actúa en contra de los intereses de la clase media.

Si los constructores en cuestión hubiesen cometido alguna irregularidad, lo más conveniente habría sido aplicarles una penalidad ejemplarizante, que sirviera de modelo disuasivo para los demás empresarios, pero que no cercenara la iniciativa privada. Se les podría haber castigado con una severa multa (por cierto, si por cometer infracciones al gobierno se le cobraran multas, estaría arruinado). Pero la seriedad está reñida con este gobierno de quinta. En adelante si un empresario lo pensaba diez veces para acometer la edificación de un complejo residencial, ahora lo pensará mil, y, probablemente no lo hará.

Muchas gracias, comandante Presidente, por su valioso aporte.


EN LA POLTRONA DEL SECTARISMO. IGNACIO AVALOS GUTIÉRREZ

I.
El Presidente Chávez ha decidido ignorar a la oposición, es decir, según la aritmética del pasado 26 de septiembre, a esa mitad del país que se permitió ejercer el democrático derecho de discrepar de su gobierno, y ha afirmado, palabras más palabras menos, que los que votaron en contra suya son traidores y oligarcas (o pendejos que se han dejado engañar). En el fondo, se trata, así pues, de la descalificación moral del adversario, como si la honradez política dependiera ahora del apoyo a gestión presidencial.

La realidad venezolana, en su interpretación oficial, muestra a un país cada vez mejor, en marcha indetenible hacia el socialismo, gústele o no a ese gentío de apátridas que sospecha, de pasada, que esa versión de la realidad, puesta en discursos y numeritos, muchas veces traídos por los pelos, ha sido elaborada con medias verdades y ficciones, tratando de disimular hechos inaceptables.

Pero la revolución, o sea, la realidad, no se discute, porque según la advertencia al uso, se ha comprobad que debatirla con el adversario es nocivo para la salud política del militante, a quien no le sientan bien los aires del debate. En fin, ya se sabe, el sectarismo es muy cómodo (reduce la necesidad de pensar), sobre todo si viene administrado sacramentalmente por el Presidente y se garantiza, culto a la personalidad de por medio, la infalibilidad de las ideas que se predican.

II.

Allí anda, por ejemplo, la política de nacionalizaciones, parte de un programa político que buena parte del país rechaza abiertamente. Exprópiese todo lo que se mueva, parece ser la consigna, expresión de un libreto que resulto históricamente insolvente, según ha contado, inclusive, la intelectualidad progresista del planeta. Exprópiese dice Chávez, persuadido de que siempre el interés público se encuentra mejor resguardado si el Estado es el dueño, no importa si, como es el caso, hablamos de un Estado mal equipado y de desempeño azaroso que diariamente da sobradas demostraciones de torpeza. Se trata, pues, de una política que no es la respuesta a un clamor nacional, un deseo colectivo de justicia, sino un acto personal del Presidente (exprópiese porque a mí me parece), haciendo uso de su derecho de caudillo, en nombre de la moral revolucionaria.

Por si acaso, no piense el lector, a leer estas cosas, que uno es de la estirpe de los neoliberales, salvajes o no, que promovían, al revés, la privatización de todo lo que se moviera y , por tanto, partidario dogmático de que el Estado no sea dueño de nada. Ni crea, por otro lado, que es simpatizante de las empresas constructoras de viviendas, siendo que, hace mil años, cuando era joven e indocumentado, una de ellas le expropio el pago inicial de un apartamento a cuenta de razones que nunca entendió y jamás tuvo la oportunidad para ventilarlas.

III.
A pesar de la manía política de las nacionalizaciones, Venezuela a sufre, paradójicamente, de un grave déficit de Estado. Este se ha vuelto un espejismo, se diluye cuando más lo necesitamos y hace rato que no sabemos lo que es vivir dentro de la tranquila normalidad de la ley. Así, para infinidad de efectos prácticos, el Estado Socialista es una simple desmesura ideológica, incapaz hasta de ejecutar lo que en beisbol se llaman las jugadas de rutina, siempre apostando por el jonrón, mientras falla con los roletazos al cuadro. Es difícil, por tanto, entender que ande tras la Polar mientras fracasa dolorosamente en la administración de las cárceles.

HARINA DE OTRO COSTAL

La tragedia de la inseguridad venezolana (de paso, en ella nuestro Estado parece un fantasma) se suaviza en ocasiones, volviéndose tragicomedia. Me cuenta mi sobrino Alejandro que cuatro ladrones robaron un apartamento a las tres de la tarde del martes antepasado. La víctima, una señora, madre de un amigo suyo, que en ese momento se encontraba sola, llamó a la policía una vez terminado el correspondiente saqueo. La patrulla llegó al poco rato e hizo el informe que daba cuenta del desfalco. Cuando estaban a punto de irse, la señora preguntó si no iban levantar las huellas digitales. Señora, usted cree que nosotros somos de la serie CSI, le soltó uno de los policías desde la puerta.


LA VIVIENDA. RAFAEL PIÑA PÉREZ

La construcción de viviendas enfrenta dos problemas vitales, techo para las familias y empleo, siendo el subsector de esta industria el que más genera trabajo por la cantidad de insumos que demanda: cemento, cabillas, madera, vidrios, etcétera. El déficit habitacional se estima en unos dos millones. Este gobierno es el que menos construye viviendas, unas 30 mil por año, lo que implica que en casi 12 años se hayan construido unas trescientos sesenta mil, más o menos la misma cantidad que construyó el gobierno de Caldera en cinco años.

El propio presidente Chávez ha reconocido públicamente que en materia de vivienda su gobierno está raspado, han pasado cerca de un ministro anual por el despacho de Vivienda y Hábitat. Se han traído inútilmente diseños de viviendas de Uruguay, Irán, China y ahora Bielorusia, teniendo nuestro país una larga experiencia y capacidad instalada suficiente para atender la demanda nacional.

El Ministerio de Salud ya no construye viviendas rurales para atender a la población del campo. Tanta ineptitud y con tanto dinero que ha ingresado al país.

El Gobierno en vez de dedicarse a la construcción de viviendas para atender a los segmentos pobres de la población, lo que está es entorpeciendo las construcciones del sector privado. A los especuladores con el precio de las viviendas, deben ser sancionados, pero no se debe generalizar, ocupando y expropiando urbanizadoras y constructoras. Muchos atrasos en la construcción de viviendas se deben a la escasez de cemento y cabillas a pesar de que el Gobierno prometió que con la estatización de las cementeras y Sidor se iba aumentar la producción de cemento y siderúrgicos, además de bajar el precio, ni lo uno ni lo otro, hay escasez de esos insumos y más caros.

El Gobierno no puede con las empresas que tiene, muchas están quebradas o funcionando deficientemente y sigue con una irracional política de estatizaciones que viene generando la caída del PIB en el 2009 y 2010. A excepción de Haití es el único país de América Latina cuya economía viene decayendo con la inflación más alta del mundo. La construcción de viviendas es dinamizadora de la economía, pero el Gobierno no tiene planes para este fin.

raulamiel@gmail.com
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*RODOLFO SCHMIDT ESCRIBE EN REPORTE MUNDO E INDICA FUENTE (EL ULTIMO ASALTO DE HUGO CHAVEZ LEER VERSIÓN EN INGLES)

*RODOLFO SCHMIDT ESCRIBE EN REPORTE MUNDO E INDICA FUENTE (EL ULTIMO ASALTO DE HUGO CHAVEZ LEER VERSIÓN EN INGLES)

Desde hace 15 meses el régimen maniobró para hacerse de Sidor. Porque Sidor no es Sidor. Es el centro de una telaraña de cerca de 300 empresas metalmecánicas asociadas a lo que se llama el “sector metalmecánico. Para quedarse con el “sector”, el régimen primero fracturó al sindicato Sutiss y lo convirtió en una constelación de intereses.

Un grupito asomó -hace tres meses- la “re-nacionalización”, ya no las peticiones laborales ni el contrato colectivo. Con esa palanca “laboral”, solo faltó el detonante y esa fue la ira de Coca-Yoyo, por haber quedado fuera del casting de la telenovela “Ingrid-Farc”, por implicado en las laptop de alias “Raúl Reyes”.

Por ello, para vengarse de México y de Francia, adelantó la “gobernización” de las cementeras (Cemex-Lefarge) y la de Sidor porque la Kirchner no le contestó como debía, cual buena cortesana-deudora ($ 7 MM entre bonos y maletines), al señor Sarkozy, quién le pidió “controlar a su loco”. El crimen está en que la petición se haya conocido y publicado (La Nación – El Universal) . Tan sencillo como eso. Y los balbuceos “morales” de un individuo de nombre Ramón Carrizales (a quien se le “cayó” el Viaducto I y se le “quemó” la Torre Este de Parque Central ) en nada cambian el guión,

Cuando se desayuna con pasta de coca “todos los días” (Yoyo dixit), estas son las cosas que ocurren… y durarán hasta que régimen muera de gigantismo o de dessnutrición. Lo que ocurra primero. (R.S.)

El último asalto

La noción de que el Presidente de Venezuela, Hugo Chávez , pacificaría sus políticas radicales después de la humillante derrota en un referéndum nacional sobre la reforma constitucional el pasado mes de diciembre, ha sido rápidamente dispersada.

Su administración ha lanzado nuevos ataques sobre el sector privado, se apropió de dos compañías de alimentos más y en los últimos días anunciando planes para nacionalizar la industria del cemento. Las tres cementeras extranjeras -que dominan la industria- han sido blanco de ataques, pero pocas empresas del sector privado se sienten seguras después de las últimas medidas del gobierno.

La administración de Chávez ha sostenido desde hace tiempo que el Estado debería tener un mayor control sobre lo que puede considerarse “estratégico” de las industrias. En 2007 se hizo de las mayores empresas de telecomunicaciones y la electricidad, y también impone nuevas condiciones a las empresas petroleras extranjeras.

Sin embargo, Chávez parecía suavizar su retórica radical un poco después de perder el referéndum, que tenía por objeto, entre otras modificaciones de la Constitución, eliminar los límites de mandato presidencial. Este aparente cambio resultó ser de corta duración.
Lucha “alimentaria”

En medio de mayores precios de los alimentos y la escasez de algunos productos alimenticios básicos, a mediados de marzo, el gobierno se hizo de las empresas privadas de alimentos Nacionalizó a “Centro de Almacenes Congelados” (Cealco), el más grande del país y Lácteos Los Andes, un productor lechero responsable de alrededor del 30% de la producción de leche en Venezuela. Estas empresas han de incorporarse a la “Productora y Distribuidora de Alimentos” (PDVAL), un distribuidor de alimentos y la filial de la empresa petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

El gobierno justificó sus acciones afirmando que el Estado podría mejorar la producción y distribución de alimentos, y con ello ayudar a aliviar la crónica escasez de leche y carne.
También acusó a los productores de acaparamiento. Los productores niegan esto y atribuyen la escasez a la política del gobierno, en particular el control de precios, que desalientan la producción y la inversión.

Ahora señor Chávez va en pos de los productores de cemento. Anunció 3 de abril su intención de hacerse cargo de la industria, y días más tarde el ministro del petróleo, Rafael Ramírez, dijo que ello implicaría asumir el 60% participaciones mayoritarias en las filiales de Cementos Mexicanos (Cemex), Lafarge – Francia- y de Holcim -Suiza- el más grande del mundo. A diferencia de la nacionalización de las empresas petroleras el año pasado, estas empresas son totalmente de propiedad privada.

Funcionarios justifican la medida porque las empresas cementeras han venido produciendo por debajo de su capacidad y que han exportado parte de su producción. Esto limita el suministro al mercado interno y mantiene elevados los precios de cemento, argumentan, en un momento en que el gobierno se esfuerza por acelerar la construcción de viviendas para familias de bajos ingresos y controlar de la inflación. Sin embargo, al menos una de las empresas, Cemex, recortó sus exportaciones el año pasado para aumentar los suministros internos. Y de acuerdo a un periódico local, El Nacional, la exportación ha caído. En el primer trimestre de 2008 las ventas domésticas fueron de 1.7m de toneladas, frente a sólo 32.300 toneladas vendidas en el extranjero.

Además, los críticos dicen que se trata de una cortina de humo para desviar la culpa de la incapacidad del gobierno para cumplir con sus promesas de construir viviendas y para avanzar con nuevos proyectos de infraestructura.

¿Negociación o enfrentamiento?

El gobierno ha dicho que negociará individualmente con cada una de las compañías cementeras. Hasta el momento, los tres han dicho poco, y no está claro cómo van a responder. En una declaración, Cemex dijo que está dispuesta a entablar un diálogo con el gobierno.

Una eventual lucha jurídica es posible, en particular la cuestión de la indemnización: en el caso de las compañías de teléfonía y de electricidad, no hubo batallas legales ya que la indemnización era satisfactoria y acordada. En la nacionalización del petróleo, cuatro empresas petroleras extranjeras aceptaron los nuevos arreglos contractuales, excepto dos, ExxonMobil (EE.UU.) y ConocoPhillips (EE.UU.), que se retiraron de las empresas del petróleo pesado y demandaron a Venezuela para lograr una indemnización adecuada en los tribunales internacionales.

Sin embargo, el procedimiento en el caso del cemento, e incluso si se ofrece una indemnización adecuada y aceptada, estas “gruesas” medidas pondrán a todos muy nervioso, y convertirán en aún más agria la situación para los inversionistas extranjeros y sus compromisos a largo plazo en Venezuela.

Empresas activas en muchas industrias ahora se sientan en situación de riesgo en virtud de las experiencias con el gobierno en el pasado reciente: tierras, empresas del sector alimentario, y sectores del acero y la banca.

Además, no hay certeza de que un mayor control del Estado mejore el funcionamiento de la toma de control o si simplemente avanza los objetivos “socialistas” del gobierno.

Por ejemplo la producción de la empresa petrolera estatal PDVSA ha disminuido en los últimos años, por ejemplo, debido a lo que muchos ven como ineficacia de la gestión gubernamental. Jugar a las masas

El asalto a la propiedad privada en última instancia, tiene un móvil político- reforzar la popularidad del señor Chávez entre su base: los más pobres de los venezolanos.

Pero, incluso en el supuesto de que estas expropiaciones pudiesen ser v inicialmente populares, el gobierno no será capaz de mantener su nivel de apoyo, si no mejora la persistencia de problemas como la elevada inflación, la delincuencia y la escasez de viviendas asequibles, y otras fuentes de descontento. (completo en : Economist Intelligence Unit ViewsWire http://www.economist.com/agenda/displaystory.cfm?story_id=10987655&fsrc=RSS

Hugo Chávez's latest assault
Apr 9th 2008
From the Economist Intelligence Unit ViewsWire

Venezuela launches attacks on the private sector


The notion that Venezuela’s President Hugo Chávez would ease his radical policies after last December’s humbling defeat in a national referendum on constitutional reform has been quickly disabused. His administration has launched new attacks on the private sector—taking over two food companies and in recent days announcing plans to nationalise the cement industry. The three foreign cement-makers that dominate the industry have been targeted, but few companies anywhere in private sector will feel safe after the recent government moves.

The Chávez administration has argued for some time that the state should have greater control over what it deems to be strategic industries. In 2007 he took over the largest telecommunications and electricity companies, and also imposed new contracts on foreign oil companies that gave the state a majority stake in existing heavy-oil joint-ventures.

Yet Mr Chávez seemed to tone down his radical rhetoric a bit after losing the referendum, which sought, among other constitutional changes, to eliminate presidential term limits. This apparent shift proved to be short-lived.

Food fight
Amid higher food prices and shortages of some basic foodstuffs, in mid-March the government turned on private food businesses. It nationalised Centro de Almacenes Congelados (Cealco), the country’s largest cold storage and distribution company, and Lácteos Los Andes, a dairy producer responsible for around 30% of Venezuela milk production. These companies are to be incorporated into Productora y Distribuidora de Alimentos (PDVAL), a food distributor and subsidiary of state oil company Petróleos de Venezuela (PDVSA).

The government defended its actions by stating that the state takeover of the private firms would improve production and distribution of food, and thereby help to alleviate chronic milk and meat shortages. It also accused producers of hoarding. Producers deny this, attributing shortages more to government policy, particularly price controls, which discourage production and investment.

Now Mr Chávez has gone after cement producers. He announced on April 3rd his intention to take over the industry, and days later the minister of oil, Rafael Ramírez, said this would involve assuming 60% majority stakes in the subsidiaries of Mexico-based Cementos Mexicanos (Cemex), France’s Lafarge and Swiss-owned Holcim—the world’s largest cement makers. Unlike the oil ventures nationalised last year, these companies are wholly privately owned.

Officials say the move is justified because the cement companies have been producing below capacity and exporting too much of their output. This limits supplies to the domestic market and keeps cement prices high, they argue, at a time when the government is striving to step up construction of housing for lower-income families—and to control inflation. However, at least one of the firms, Cemex, cut back its exports last year to increase domestic supplies. And according to a local newspaper, El Nacional, export sales have been falling. In the first quarter of 2008 domestic sales were 1.7m tonnes, against just 32,300 tonnes sold abroad.

Further, critics say the takeover is a smokescreen to divert the blame for the government’s inability to meet its pledges to build homes and to advance with new infrastructure projects.

Negotiation or showdown?
The government has said it will negotiate individually with each of the cement companies. Thus far, the three have said little, and it is unclear how they will respond. In a statement, Cemex management said that it was willing to have a dialogue with the government.

An eventual legal fight is possible, particularly as the actions will be seen as outright nationalisations rather than revisions of existing joint-venture contracts, as was the case with the oil companies. The issue of compensation will be key: in the cases of the telephone and electricity companies, there were no legal battles because compensation was satisfactorily agreed. In the oil nationalisation, four foreign oil firms accepted the new contractual arrangements, but two, ExxonMobil (US) and ConocoPhillips (US), pulled out of the heavy-oil ventures entirely and are suing Venezuela for additional compensation in international courts.

However the cement takeovers proceed, and even if adequate compensation is offered and accepted, these latest heavy-handed actions by the government will make all businesses nervous, and will further sour foreign investors on making long-term commitments to Venezuela.

Indeed, besides the other difficulties in the business climate—among them exchange and price controls and other interventionist policies—the threat to private property (including land) has been growing. Whereas the initial nationalisations involved public utilities, which in some quarters are thought to be fair game for public-sector control, extending the nationalisation agenda to other sectors is far more controversial. Companies in many industries now will feel at risk; the government in the recent past threatened landowners, other food businesses, and firms in the steel and banking sectors.

Further, there is no certainty that greater state control will improve the operation of the takeover targets or better meet the government’s socialist policy goals. Production by state oil company PDVSA has been declining in recent years, for example, owing to what many see as ineffective government management. Cement output might not increase, or building of low-cost homes accelerate, simply because the state has majority ownership.

Playing to the masses
The assault on private property ultimately has a political motive—to bolster Mr Chávez’s popularity among his base: the poorest of Venezuelans. State companies can cut prices and tariffs, thereby alleviating somewhat the impact of inflation on lower-income consumers. For example, phone rates were cut as soon as the telecoms firm CANTV was nationalised (and the increase in the communications component of the consumer price index is now at -4% year on year, versus 25% for full consumer price inflation). On the other hand, productivity in the nationalised companies is likely to decline, and other private businesses will be even less likely to invest, with both factors having negative consequences for inflation.

Further, even assuming that these expropriations prove initially popular, the government will not be able to sustain its level of support if it does not ameliorate persistent problems such as high inflation, crime and shortages of affordable housing, and other sources of discontent.