* EL SAINETE EXPROPIADOR. TRINO MÁRQUEZ
* EN LA POLTRONA DEL SECTARISMO. IGNACIO AVALOS GUTIÉRREZ
* LA VIVIENDA. RAFAEL PIÑA PÉREZ
EL SAINETE EXPROPIADOR. TRINO MÁRQUEZ
El teniente coronel, tan dado a la demagogia y al populismo más ramplón, decidió atacar el problema de los supuestos ilícitos de los constructores con el peor de los métodos, ese que consiste en matar al paciente.
La industria de la construcción se tornó extremadamente compleja desde que Hugo Chávez llegó a la presidencia. Los constructores privados, por los arraigados prejuicios de los comunistas, han sido tratados como criminales en potencia. Ya desde la famosa ley habiltante de 2001, desencadenante de los sucesos que culminaron con los episodios de abril de 2002, el comandante se las dio por atacar a los constructores privados. Luego vinieron la estatización de CEMEX, la reestatización de SIDOR y la expropiación, en días recientes, de SIDETUR, con el nada oculto propósito de controlar la columna central de la construcción de inmuebles: el cemento y la producción de acero y cabillas. A estas medidas hay que agregar la eliminación del IPC que disminuyó el atractivo de la construcción de complejos habitacionales.
Las tensiones permanentes que el régimen mantiene con el sector privado han llevado a que durante la docena de años que el Chávez tiene en el poder, haya sido el período en el cual menos viviendas se han construido y el déficit habitacional -medido por el hacinamiento, las viviendas en mal estado y las construidas en lugares precarios- más ha aumentado. Esa carencia ronda los dos millones de unidades. Esta cifra se incrementa a un ritmo cercano al crecimiento vegetativo de la población; esto es, alrededor de 2% por año. Es decir, que dentro de apenas diez años el déficit puede andar por el orden de las 2.400.000 viviendas. Un problema de estas magnitudes no puede resolverse peleando todo el tiempo con la gente que se dedica al exigente oficio de levantar casas y edificios residenciales. Este segmento de la población tiene que lidiar con los bancos que realizan los avalúos y desembolsan el dinero de los préstamos, con los numerosos organismos oficiales (nacionales, estatales y municipales) que conceden los permisos de habitabilidad, con la mano de obra y los sindicatos que no siempre entienden las exigencias de la construcción y la atmósfera pesada en la que ella opera. Construir está muy lejos de ser una actividad cómoda, sencilla y placentera, no importa cuán gratificante sea el resultado final.
La decisión de expropiar las urbanizadoras forma parte de los sainetes que el gobierno monta con el fin de atemorizar a los inversionistas y ganarse el aplauso de los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Esa algarabía es pan para hoy y hambre para mañana. Funciona con la misma lógica de los controles de precio y de cambio: satisface el impulso inicial de los desesperados que se quejan del comportamiento de los precios y exigen la intervención del Estado para regular, pero en el mediano plazo provocan más inflación, mayor escasez y peor calidad de los productos que se ofrecen. El remedio resulta mucho más dañino que la enfermedad. Este será el efecto de las nuevas agresiones a los urbanizadores.
En un país tan descompuesto en el orden moral y material como es la Venezuela chavista, no resulta extraño conseguir empresarios inmorales que se aprovechan de la necesidad e ingenuidad de la gente para abusar de ella. Si tales injusticias se cometen y se comprueban existen mecanismos para castigarlas. El artículo 114 de la Constitución señala que “el ilícito económico, la especulación, el acaparamiento, la usura, la cartelización y otros delitos conexos, serán penados severamente de acuerdo con la ley”. Ahora bien, nadie sabe cuáles son los delitos que se les están imputando a esas urbanizadoras. La decisión de atacarlas obedece más a un capricho, a la intención de demostrar que Chávez sigue teniendo el poder absoluto, a pesar de la derrota sufrida el 26-S, y al objetivo de sembrar terror, que al propósito de introducir orden y racionalidad en un grupo que supuestamente actúa en contra de los intereses de la clase media.
Si los constructores en cuestión hubiesen cometido alguna irregularidad, lo más conveniente habría sido aplicarles una penalidad ejemplarizante, que sirviera de modelo disuasivo para los demás empresarios, pero que no cercenara la iniciativa privada. Se les podría haber castigado con una severa multa (por cierto, si por cometer infracciones al gobierno se le cobraran multas, estaría arruinado). Pero la seriedad está reñida con este gobierno de quinta. En adelante si un empresario lo pensaba diez veces para acometer la edificación de un complejo residencial, ahora lo pensará mil, y, probablemente no lo hará.
Muchas gracias, comandante Presidente, por su valioso aporte.
EN LA POLTRONA DEL SECTARISMO. IGNACIO AVALOS GUTIÉRREZ
I.
El Presidente Chávez ha decidido ignorar a la oposición, es decir, según la aritmética del pasado 26 de septiembre, a esa mitad del país que se permitió ejercer el democrático derecho de discrepar de su gobierno, y ha afirmado, palabras más palabras menos, que los que votaron en contra suya son traidores y oligarcas (o pendejos que se han dejado engañar). En el fondo, se trata, así pues, de la descalificación moral del adversario, como si la honradez política dependiera ahora del apoyo a gestión presidencial.
La realidad venezolana, en su interpretación oficial, muestra a un país cada vez mejor, en marcha indetenible hacia el socialismo, gústele o no a ese gentío de apátridas que sospecha, de pasada, que esa versión de la realidad, puesta en discursos y numeritos, muchas veces traídos por los pelos, ha sido elaborada con medias verdades y ficciones, tratando de disimular hechos inaceptables.
Pero la revolución, o sea, la realidad, no se discute, porque según la advertencia al uso, se ha comprobad que debatirla con el adversario es nocivo para la salud política del militante, a quien no le sientan bien los aires del debate. En fin, ya se sabe, el sectarismo es muy cómodo (reduce la necesidad de pensar), sobre todo si viene administrado sacramentalmente por el Presidente y se garantiza, culto a la personalidad de por medio, la infalibilidad de las ideas que se predican.
II.
Allí anda, por ejemplo, la política de nacionalizaciones, parte de un programa político que buena parte del país rechaza abiertamente. Exprópiese todo lo que se mueva, parece ser la consigna, expresión de un libreto que resulto históricamente insolvente, según ha contado, inclusive, la intelectualidad progresista del planeta. Exprópiese dice Chávez, persuadido de que siempre el interés público se encuentra mejor resguardado si el Estado es el dueño, no importa si, como es el caso, hablamos de un Estado mal equipado y de desempeño azaroso que diariamente da sobradas demostraciones de torpeza. Se trata, pues, de una política que no es la respuesta a un clamor nacional, un deseo colectivo de justicia, sino un acto personal del Presidente (exprópiese porque a mí me parece), haciendo uso de su derecho de caudillo, en nombre de la moral revolucionaria.
Por si acaso, no piense el lector, a leer estas cosas, que uno es de la estirpe de los neoliberales, salvajes o no, que promovían, al revés, la privatización de todo lo que se moviera y , por tanto, partidario dogmático de que el Estado no sea dueño de nada. Ni crea, por otro lado, que es simpatizante de las empresas constructoras de viviendas, siendo que, hace mil años, cuando era joven e indocumentado, una de ellas le expropio el pago inicial de un apartamento a cuenta de razones que nunca entendió y jamás tuvo la oportunidad para ventilarlas.
III.
A pesar de la manía política de las nacionalizaciones, Venezuela a sufre, paradójicamente, de un grave déficit de Estado. Este se ha vuelto un espejismo, se diluye cuando más lo necesitamos y hace rato que no sabemos lo que es vivir dentro de la tranquila normalidad de la ley. Así, para infinidad de efectos prácticos, el Estado Socialista es una simple desmesura ideológica, incapaz hasta de ejecutar lo que en beisbol se llaman las jugadas de rutina, siempre apostando por el jonrón, mientras falla con los roletazos al cuadro. Es difícil, por tanto, entender que ande tras la Polar mientras fracasa dolorosamente en la administración de las cárceles.
HARINA DE OTRO COSTAL
La tragedia de la inseguridad venezolana (de paso, en ella nuestro Estado parece un fantasma) se suaviza en ocasiones, volviéndose tragicomedia. Me cuenta mi sobrino Alejandro que cuatro ladrones robaron un apartamento a las tres de la tarde del martes antepasado. La víctima, una señora, madre de un amigo suyo, que en ese momento se encontraba sola, llamó a la policía una vez terminado el correspondiente saqueo. La patrulla llegó al poco rato e hizo el informe que daba cuenta del desfalco. Cuando estaban a punto de irse, la señora preguntó si no iban levantar las huellas digitales. Señora, usted cree que nosotros somos de la serie CSI, le soltó uno de los policías desde la puerta.
LA VIVIENDA. RAFAEL PIÑA PÉREZ
* EN LA POLTRONA DEL SECTARISMO. IGNACIO AVALOS GUTIÉRREZ
* LA VIVIENDA. RAFAEL PIÑA PÉREZ
EL SAINETE EXPROPIADOR. TRINO MÁRQUEZ
El teniente coronel, tan dado a la demagogia y al populismo más ramplón, decidió atacar el problema de los supuestos ilícitos de los constructores con el peor de los métodos, ese que consiste en matar al paciente.
La industria de la construcción se tornó extremadamente compleja desde que Hugo Chávez llegó a la presidencia. Los constructores privados, por los arraigados prejuicios de los comunistas, han sido tratados como criminales en potencia. Ya desde la famosa ley habiltante de 2001, desencadenante de los sucesos que culminaron con los episodios de abril de 2002, el comandante se las dio por atacar a los constructores privados. Luego vinieron la estatización de CEMEX, la reestatización de SIDOR y la expropiación, en días recientes, de SIDETUR, con el nada oculto propósito de controlar la columna central de la construcción de inmuebles: el cemento y la producción de acero y cabillas. A estas medidas hay que agregar la eliminación del IPC que disminuyó el atractivo de la construcción de complejos habitacionales.
Las tensiones permanentes que el régimen mantiene con el sector privado han llevado a que durante la docena de años que el Chávez tiene en el poder, haya sido el período en el cual menos viviendas se han construido y el déficit habitacional -medido por el hacinamiento, las viviendas en mal estado y las construidas en lugares precarios- más ha aumentado. Esa carencia ronda los dos millones de unidades. Esta cifra se incrementa a un ritmo cercano al crecimiento vegetativo de la población; esto es, alrededor de 2% por año. Es decir, que dentro de apenas diez años el déficit puede andar por el orden de las 2.400.000 viviendas. Un problema de estas magnitudes no puede resolverse peleando todo el tiempo con la gente que se dedica al exigente oficio de levantar casas y edificios residenciales. Este segmento de la población tiene que lidiar con los bancos que realizan los avalúos y desembolsan el dinero de los préstamos, con los numerosos organismos oficiales (nacionales, estatales y municipales) que conceden los permisos de habitabilidad, con la mano de obra y los sindicatos que no siempre entienden las exigencias de la construcción y la atmósfera pesada en la que ella opera. Construir está muy lejos de ser una actividad cómoda, sencilla y placentera, no importa cuán gratificante sea el resultado final.
La decisión de expropiar las urbanizadoras forma parte de los sainetes que el gobierno monta con el fin de atemorizar a los inversionistas y ganarse el aplauso de los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Esa algarabía es pan para hoy y hambre para mañana. Funciona con la misma lógica de los controles de precio y de cambio: satisface el impulso inicial de los desesperados que se quejan del comportamiento de los precios y exigen la intervención del Estado para regular, pero en el mediano plazo provocan más inflación, mayor escasez y peor calidad de los productos que se ofrecen. El remedio resulta mucho más dañino que la enfermedad. Este será el efecto de las nuevas agresiones a los urbanizadores.
En un país tan descompuesto en el orden moral y material como es la Venezuela chavista, no resulta extraño conseguir empresarios inmorales que se aprovechan de la necesidad e ingenuidad de la gente para abusar de ella. Si tales injusticias se cometen y se comprueban existen mecanismos para castigarlas. El artículo 114 de la Constitución señala que “el ilícito económico, la especulación, el acaparamiento, la usura, la cartelización y otros delitos conexos, serán penados severamente de acuerdo con la ley”. Ahora bien, nadie sabe cuáles son los delitos que se les están imputando a esas urbanizadoras. La decisión de atacarlas obedece más a un capricho, a la intención de demostrar que Chávez sigue teniendo el poder absoluto, a pesar de la derrota sufrida el 26-S, y al objetivo de sembrar terror, que al propósito de introducir orden y racionalidad en un grupo que supuestamente actúa en contra de los intereses de la clase media.
Si los constructores en cuestión hubiesen cometido alguna irregularidad, lo más conveniente habría sido aplicarles una penalidad ejemplarizante, que sirviera de modelo disuasivo para los demás empresarios, pero que no cercenara la iniciativa privada. Se les podría haber castigado con una severa multa (por cierto, si por cometer infracciones al gobierno se le cobraran multas, estaría arruinado). Pero la seriedad está reñida con este gobierno de quinta. En adelante si un empresario lo pensaba diez veces para acometer la edificación de un complejo residencial, ahora lo pensará mil, y, probablemente no lo hará.
Muchas gracias, comandante Presidente, por su valioso aporte.
EN LA POLTRONA DEL SECTARISMO. IGNACIO AVALOS GUTIÉRREZ
I.
El Presidente Chávez ha decidido ignorar a la oposición, es decir, según la aritmética del pasado 26 de septiembre, a esa mitad del país que se permitió ejercer el democrático derecho de discrepar de su gobierno, y ha afirmado, palabras más palabras menos, que los que votaron en contra suya son traidores y oligarcas (o pendejos que se han dejado engañar). En el fondo, se trata, así pues, de la descalificación moral del adversario, como si la honradez política dependiera ahora del apoyo a gestión presidencial.
La realidad venezolana, en su interpretación oficial, muestra a un país cada vez mejor, en marcha indetenible hacia el socialismo, gústele o no a ese gentío de apátridas que sospecha, de pasada, que esa versión de la realidad, puesta en discursos y numeritos, muchas veces traídos por los pelos, ha sido elaborada con medias verdades y ficciones, tratando de disimular hechos inaceptables.
Pero la revolución, o sea, la realidad, no se discute, porque según la advertencia al uso, se ha comprobad que debatirla con el adversario es nocivo para la salud política del militante, a quien no le sientan bien los aires del debate. En fin, ya se sabe, el sectarismo es muy cómodo (reduce la necesidad de pensar), sobre todo si viene administrado sacramentalmente por el Presidente y se garantiza, culto a la personalidad de por medio, la infalibilidad de las ideas que se predican.
II.
Allí anda, por ejemplo, la política de nacionalizaciones, parte de un programa político que buena parte del país rechaza abiertamente. Exprópiese todo lo que se mueva, parece ser la consigna, expresión de un libreto que resulto históricamente insolvente, según ha contado, inclusive, la intelectualidad progresista del planeta. Exprópiese dice Chávez, persuadido de que siempre el interés público se encuentra mejor resguardado si el Estado es el dueño, no importa si, como es el caso, hablamos de un Estado mal equipado y de desempeño azaroso que diariamente da sobradas demostraciones de torpeza. Se trata, pues, de una política que no es la respuesta a un clamor nacional, un deseo colectivo de justicia, sino un acto personal del Presidente (exprópiese porque a mí me parece), haciendo uso de su derecho de caudillo, en nombre de la moral revolucionaria.
Por si acaso, no piense el lector, a leer estas cosas, que uno es de la estirpe de los neoliberales, salvajes o no, que promovían, al revés, la privatización de todo lo que se moviera y , por tanto, partidario dogmático de que el Estado no sea dueño de nada. Ni crea, por otro lado, que es simpatizante de las empresas constructoras de viviendas, siendo que, hace mil años, cuando era joven e indocumentado, una de ellas le expropio el pago inicial de un apartamento a cuenta de razones que nunca entendió y jamás tuvo la oportunidad para ventilarlas.
III.
A pesar de la manía política de las nacionalizaciones, Venezuela a sufre, paradójicamente, de un grave déficit de Estado. Este se ha vuelto un espejismo, se diluye cuando más lo necesitamos y hace rato que no sabemos lo que es vivir dentro de la tranquila normalidad de la ley. Así, para infinidad de efectos prácticos, el Estado Socialista es una simple desmesura ideológica, incapaz hasta de ejecutar lo que en beisbol se llaman las jugadas de rutina, siempre apostando por el jonrón, mientras falla con los roletazos al cuadro. Es difícil, por tanto, entender que ande tras la Polar mientras fracasa dolorosamente en la administración de las cárceles.
HARINA DE OTRO COSTAL
La tragedia de la inseguridad venezolana (de paso, en ella nuestro Estado parece un fantasma) se suaviza en ocasiones, volviéndose tragicomedia. Me cuenta mi sobrino Alejandro que cuatro ladrones robaron un apartamento a las tres de la tarde del martes antepasado. La víctima, una señora, madre de un amigo suyo, que en ese momento se encontraba sola, llamó a la policía una vez terminado el correspondiente saqueo. La patrulla llegó al poco rato e hizo el informe que daba cuenta del desfalco. Cuando estaban a punto de irse, la señora preguntó si no iban levantar las huellas digitales. Señora, usted cree que nosotros somos de la serie CSI, le soltó uno de los policías desde la puerta.
LA VIVIENDA. RAFAEL PIÑA PÉREZ
La construcción de viviendas enfrenta dos problemas vitales, techo para las familias y empleo, siendo el subsector de esta industria el que más genera trabajo por la cantidad de insumos que demanda: cemento, cabillas, madera, vidrios, etcétera. El déficit habitacional se estima en unos dos millones. Este gobierno es el que menos construye viviendas, unas 30 mil por año, lo que implica que en casi 12 años se hayan construido unas trescientos sesenta mil, más o menos la misma cantidad que construyó el gobierno de Caldera en cinco años.
El propio presidente Chávez ha reconocido públicamente que en materia de vivienda su gobierno está raspado, han pasado cerca de un ministro anual por el despacho de Vivienda y Hábitat. Se han traído inútilmente diseños de viviendas de Uruguay, Irán, China y ahora Bielorusia, teniendo nuestro país una larga experiencia y capacidad instalada suficiente para atender la demanda nacional.
El Ministerio de Salud ya no construye viviendas rurales para atender a la población del campo. Tanta ineptitud y con tanto dinero que ha ingresado al país.
El Gobierno en vez de dedicarse a la construcción de viviendas para atender a los segmentos pobres de la población, lo que está es entorpeciendo las construcciones del sector privado. A los especuladores con el precio de las viviendas, deben ser sancionados, pero no se debe generalizar, ocupando y expropiando urbanizadoras y constructoras. Muchos atrasos en la construcción de viviendas se deben a la escasez de cemento y cabillas a pesar de que el Gobierno prometió que con la estatización de las cementeras y Sidor se iba aumentar la producción de cemento y siderúrgicos, además de bajar el precio, ni lo uno ni lo otro, hay escasez de esos insumos y más caros.
El Gobierno no puede con las empresas que tiene, muchas están quebradas o funcionando deficientemente y sigue con una irracional política de estatizaciones que viene generando la caída del PIB en el 2009 y 2010. A excepción de Haití es el único país de América Latina cuya economía viene decayendo con la inflación más alta del mundo. La construcción de viviendas es dinamizadora de la economía, pero el Gobierno no tiene planes para este fin.
raulamiel@gmail.com
EL ENVÍO A NUESTROS CORREOS AUTORIZA PUBLICACIÓN, ACTUALIDAD, VENEZUELA, OPINIÓN, NOTICIA, REPUBLICANO LIBERAL, DEMOCRACIA, LIBERAL, LIBERALISMO, LIBERTARIO, POLÍTICA, INTERNACIONAL, ELECCIONES,UNIDAD, ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA
El propio presidente Chávez ha reconocido públicamente que en materia de vivienda su gobierno está raspado, han pasado cerca de un ministro anual por el despacho de Vivienda y Hábitat. Se han traído inútilmente diseños de viviendas de Uruguay, Irán, China y ahora Bielorusia, teniendo nuestro país una larga experiencia y capacidad instalada suficiente para atender la demanda nacional.
El Ministerio de Salud ya no construye viviendas rurales para atender a la población del campo. Tanta ineptitud y con tanto dinero que ha ingresado al país.
El Gobierno en vez de dedicarse a la construcción de viviendas para atender a los segmentos pobres de la población, lo que está es entorpeciendo las construcciones del sector privado. A los especuladores con el precio de las viviendas, deben ser sancionados, pero no se debe generalizar, ocupando y expropiando urbanizadoras y constructoras. Muchos atrasos en la construcción de viviendas se deben a la escasez de cemento y cabillas a pesar de que el Gobierno prometió que con la estatización de las cementeras y Sidor se iba aumentar la producción de cemento y siderúrgicos, además de bajar el precio, ni lo uno ni lo otro, hay escasez de esos insumos y más caros.
El Gobierno no puede con las empresas que tiene, muchas están quebradas o funcionando deficientemente y sigue con una irracional política de estatizaciones que viene generando la caída del PIB en el 2009 y 2010. A excepción de Haití es el único país de América Latina cuya economía viene decayendo con la inflación más alta del mundo. La construcción de viviendas es dinamizadora de la economía, pero el Gobierno no tiene planes para este fin.
raulamiel@gmail.com
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