*RODOLFO SCHMIDT ESCRIBE EN REPORTE MUNDO E INDICA FUENTE (EL ULTIMO ASALTO DE HUGO CHAVEZ LEER VERSIÓN EN INGLES)

*RODOLFO SCHMIDT ESCRIBE EN REPORTE MUNDO E INDICA FUENTE (EL ULTIMO ASALTO DE HUGO CHAVEZ LEER VERSIÓN EN INGLES)

Desde hace 15 meses el régimen maniobró para hacerse de Sidor. Porque Sidor no es Sidor. Es el centro de una telaraña de cerca de 300 empresas metalmecánicas asociadas a lo que se llama el “sector metalmecánico. Para quedarse con el “sector”, el régimen primero fracturó al sindicato Sutiss y lo convirtió en una constelación de intereses.

Un grupito asomó -hace tres meses- la “re-nacionalización”, ya no las peticiones laborales ni el contrato colectivo. Con esa palanca “laboral”, solo faltó el detonante y esa fue la ira de Coca-Yoyo, por haber quedado fuera del casting de la telenovela “Ingrid-Farc”, por implicado en las laptop de alias “Raúl Reyes”.

Por ello, para vengarse de México y de Francia, adelantó la “gobernización” de las cementeras (Cemex-Lefarge) y la de Sidor porque la Kirchner no le contestó como debía, cual buena cortesana-deudora ($ 7 MM entre bonos y maletines), al señor Sarkozy, quién le pidió “controlar a su loco”. El crimen está en que la petición se haya conocido y publicado (La Nación – El Universal) . Tan sencillo como eso. Y los balbuceos “morales” de un individuo de nombre Ramón Carrizales (a quien se le “cayó” el Viaducto I y se le “quemó” la Torre Este de Parque Central ) en nada cambian el guión,

Cuando se desayuna con pasta de coca “todos los días” (Yoyo dixit), estas son las cosas que ocurren… y durarán hasta que régimen muera de gigantismo o de dessnutrición. Lo que ocurra primero. (R.S.)

El último asalto

La noción de que el Presidente de Venezuela, Hugo Chávez , pacificaría sus políticas radicales después de la humillante derrota en un referéndum nacional sobre la reforma constitucional el pasado mes de diciembre, ha sido rápidamente dispersada.

Su administración ha lanzado nuevos ataques sobre el sector privado, se apropió de dos compañías de alimentos más y en los últimos días anunciando planes para nacionalizar la industria del cemento. Las tres cementeras extranjeras -que dominan la industria- han sido blanco de ataques, pero pocas empresas del sector privado se sienten seguras después de las últimas medidas del gobierno.

La administración de Chávez ha sostenido desde hace tiempo que el Estado debería tener un mayor control sobre lo que puede considerarse “estratégico” de las industrias. En 2007 se hizo de las mayores empresas de telecomunicaciones y la electricidad, y también impone nuevas condiciones a las empresas petroleras extranjeras.

Sin embargo, Chávez parecía suavizar su retórica radical un poco después de perder el referéndum, que tenía por objeto, entre otras modificaciones de la Constitución, eliminar los límites de mandato presidencial. Este aparente cambio resultó ser de corta duración.
Lucha “alimentaria”

En medio de mayores precios de los alimentos y la escasez de algunos productos alimenticios básicos, a mediados de marzo, el gobierno se hizo de las empresas privadas de alimentos Nacionalizó a “Centro de Almacenes Congelados” (Cealco), el más grande del país y Lácteos Los Andes, un productor lechero responsable de alrededor del 30% de la producción de leche en Venezuela. Estas empresas han de incorporarse a la “Productora y Distribuidora de Alimentos” (PDVAL), un distribuidor de alimentos y la filial de la empresa petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

El gobierno justificó sus acciones afirmando que el Estado podría mejorar la producción y distribución de alimentos, y con ello ayudar a aliviar la crónica escasez de leche y carne.
También acusó a los productores de acaparamiento. Los productores niegan esto y atribuyen la escasez a la política del gobierno, en particular el control de precios, que desalientan la producción y la inversión.

Ahora señor Chávez va en pos de los productores de cemento. Anunció 3 de abril su intención de hacerse cargo de la industria, y días más tarde el ministro del petróleo, Rafael Ramírez, dijo que ello implicaría asumir el 60% participaciones mayoritarias en las filiales de Cementos Mexicanos (Cemex), Lafarge – Francia- y de Holcim -Suiza- el más grande del mundo. A diferencia de la nacionalización de las empresas petroleras el año pasado, estas empresas son totalmente de propiedad privada.

Funcionarios justifican la medida porque las empresas cementeras han venido produciendo por debajo de su capacidad y que han exportado parte de su producción. Esto limita el suministro al mercado interno y mantiene elevados los precios de cemento, argumentan, en un momento en que el gobierno se esfuerza por acelerar la construcción de viviendas para familias de bajos ingresos y controlar de la inflación. Sin embargo, al menos una de las empresas, Cemex, recortó sus exportaciones el año pasado para aumentar los suministros internos. Y de acuerdo a un periódico local, El Nacional, la exportación ha caído. En el primer trimestre de 2008 las ventas domésticas fueron de 1.7m de toneladas, frente a sólo 32.300 toneladas vendidas en el extranjero.

Además, los críticos dicen que se trata de una cortina de humo para desviar la culpa de la incapacidad del gobierno para cumplir con sus promesas de construir viviendas y para avanzar con nuevos proyectos de infraestructura.

¿Negociación o enfrentamiento?

El gobierno ha dicho que negociará individualmente con cada una de las compañías cementeras. Hasta el momento, los tres han dicho poco, y no está claro cómo van a responder. En una declaración, Cemex dijo que está dispuesta a entablar un diálogo con el gobierno.

Una eventual lucha jurídica es posible, en particular la cuestión de la indemnización: en el caso de las compañías de teléfonía y de electricidad, no hubo batallas legales ya que la indemnización era satisfactoria y acordada. En la nacionalización del petróleo, cuatro empresas petroleras extranjeras aceptaron los nuevos arreglos contractuales, excepto dos, ExxonMobil (EE.UU.) y ConocoPhillips (EE.UU.), que se retiraron de las empresas del petróleo pesado y demandaron a Venezuela para lograr una indemnización adecuada en los tribunales internacionales.

Sin embargo, el procedimiento en el caso del cemento, e incluso si se ofrece una indemnización adecuada y aceptada, estas “gruesas” medidas pondrán a todos muy nervioso, y convertirán en aún más agria la situación para los inversionistas extranjeros y sus compromisos a largo plazo en Venezuela.

Empresas activas en muchas industrias ahora se sientan en situación de riesgo en virtud de las experiencias con el gobierno en el pasado reciente: tierras, empresas del sector alimentario, y sectores del acero y la banca.

Además, no hay certeza de que un mayor control del Estado mejore el funcionamiento de la toma de control o si simplemente avanza los objetivos “socialistas” del gobierno.

Por ejemplo la producción de la empresa petrolera estatal PDVSA ha disminuido en los últimos años, por ejemplo, debido a lo que muchos ven como ineficacia de la gestión gubernamental. Jugar a las masas

El asalto a la propiedad privada en última instancia, tiene un móvil político- reforzar la popularidad del señor Chávez entre su base: los más pobres de los venezolanos.

Pero, incluso en el supuesto de que estas expropiaciones pudiesen ser v inicialmente populares, el gobierno no será capaz de mantener su nivel de apoyo, si no mejora la persistencia de problemas como la elevada inflación, la delincuencia y la escasez de viviendas asequibles, y otras fuentes de descontento. (completo en : Economist Intelligence Unit ViewsWire http://www.economist.com/agenda/displaystory.cfm?story_id=10987655&fsrc=RSS

Hugo Chávez's latest assault
Apr 9th 2008
From the Economist Intelligence Unit ViewsWire

Venezuela launches attacks on the private sector


The notion that Venezuela’s President Hugo Chávez would ease his radical policies after last December’s humbling defeat in a national referendum on constitutional reform has been quickly disabused. His administration has launched new attacks on the private sector—taking over two food companies and in recent days announcing plans to nationalise the cement industry. The three foreign cement-makers that dominate the industry have been targeted, but few companies anywhere in private sector will feel safe after the recent government moves.

The Chávez administration has argued for some time that the state should have greater control over what it deems to be strategic industries. In 2007 he took over the largest telecommunications and electricity companies, and also imposed new contracts on foreign oil companies that gave the state a majority stake in existing heavy-oil joint-ventures.

Yet Mr Chávez seemed to tone down his radical rhetoric a bit after losing the referendum, which sought, among other constitutional changes, to eliminate presidential term limits. This apparent shift proved to be short-lived.

Food fight
Amid higher food prices and shortages of some basic foodstuffs, in mid-March the government turned on private food businesses. It nationalised Centro de Almacenes Congelados (Cealco), the country’s largest cold storage and distribution company, and Lácteos Los Andes, a dairy producer responsible for around 30% of Venezuela milk production. These companies are to be incorporated into Productora y Distribuidora de Alimentos (PDVAL), a food distributor and subsidiary of state oil company Petróleos de Venezuela (PDVSA).

The government defended its actions by stating that the state takeover of the private firms would improve production and distribution of food, and thereby help to alleviate chronic milk and meat shortages. It also accused producers of hoarding. Producers deny this, attributing shortages more to government policy, particularly price controls, which discourage production and investment.

Now Mr Chávez has gone after cement producers. He announced on April 3rd his intention to take over the industry, and days later the minister of oil, Rafael Ramírez, said this would involve assuming 60% majority stakes in the subsidiaries of Mexico-based Cementos Mexicanos (Cemex), France’s Lafarge and Swiss-owned Holcim—the world’s largest cement makers. Unlike the oil ventures nationalised last year, these companies are wholly privately owned.

Officials say the move is justified because the cement companies have been producing below capacity and exporting too much of their output. This limits supplies to the domestic market and keeps cement prices high, they argue, at a time when the government is striving to step up construction of housing for lower-income families—and to control inflation. However, at least one of the firms, Cemex, cut back its exports last year to increase domestic supplies. And according to a local newspaper, El Nacional, export sales have been falling. In the first quarter of 2008 domestic sales were 1.7m tonnes, against just 32,300 tonnes sold abroad.

Further, critics say the takeover is a smokescreen to divert the blame for the government’s inability to meet its pledges to build homes and to advance with new infrastructure projects.

Negotiation or showdown?
The government has said it will negotiate individually with each of the cement companies. Thus far, the three have said little, and it is unclear how they will respond. In a statement, Cemex management said that it was willing to have a dialogue with the government.

An eventual legal fight is possible, particularly as the actions will be seen as outright nationalisations rather than revisions of existing joint-venture contracts, as was the case with the oil companies. The issue of compensation will be key: in the cases of the telephone and electricity companies, there were no legal battles because compensation was satisfactorily agreed. In the oil nationalisation, four foreign oil firms accepted the new contractual arrangements, but two, ExxonMobil (US) and ConocoPhillips (US), pulled out of the heavy-oil ventures entirely and are suing Venezuela for additional compensation in international courts.

However the cement takeovers proceed, and even if adequate compensation is offered and accepted, these latest heavy-handed actions by the government will make all businesses nervous, and will further sour foreign investors on making long-term commitments to Venezuela.

Indeed, besides the other difficulties in the business climate—among them exchange and price controls and other interventionist policies—the threat to private property (including land) has been growing. Whereas the initial nationalisations involved public utilities, which in some quarters are thought to be fair game for public-sector control, extending the nationalisation agenda to other sectors is far more controversial. Companies in many industries now will feel at risk; the government in the recent past threatened landowners, other food businesses, and firms in the steel and banking sectors.

Further, there is no certainty that greater state control will improve the operation of the takeover targets or better meet the government’s socialist policy goals. Production by state oil company PDVSA has been declining in recent years, for example, owing to what many see as ineffective government management. Cement output might not increase, or building of low-cost homes accelerate, simply because the state has majority ownership.

Playing to the masses
The assault on private property ultimately has a political motive—to bolster Mr Chávez’s popularity among his base: the poorest of Venezuelans. State companies can cut prices and tariffs, thereby alleviating somewhat the impact of inflation on lower-income consumers. For example, phone rates were cut as soon as the telecoms firm CANTV was nationalised (and the increase in the communications component of the consumer price index is now at -4% year on year, versus 25% for full consumer price inflation). On the other hand, productivity in the nationalised companies is likely to decline, and other private businesses will be even less likely to invest, with both factors having negative consequences for inflation.

Further, even assuming that these expropriations prove initially popular, the government will not be able to sustain its level of support if it does not ameliorate persistent problems such as high inflation, crime and shortages of affordable housing, and other sources of discontent.