Desde
que Chávez llego al poder en 1998, Venezuela ha sido objeto de preocupación
por sus políticas internas abusivas y discriminatorias contrarias
a los derechos humanos y por su acción internacional, generalmente
de la mano con las mas férreas dictaduras: Cuba, Bielorrusia,
Zimbabue, Corea del Norte, entre otros.
Hasta
hace poco, el régimen de Chávez y ahora
el de Maduro se habrían cuidado
de no traspasar la línea divisoria entre democracia y dictadura.
Jugaron en ese espacio y lograron adhesiones y apoyos, aunque
la mayoría interesados. Pero en los últimos meses Maduro decide traspasar la línea y abandonar definitivamente
el poco espacio democrático
que quedaba, despreciando sin rubor las reglas mínimas de convivencia;
pero, sobre todo, el respeto de los derechos de los ciudadanos.
La
represión para enfrentar una “violencia” perversamente creada desde adentro
es una realidad que alarma a la comunidad internacional.
Personalidades
políticas, parlamentos, gobiernos, organizaciones de derechos
humanos y organizaciones internacionales
le piden al régimen de
Maduro que cese los atropellos, el acoso a la libertad de expresión y
a los medios independientes, los actos de tortura y que libere los procesos
políticos víctimas de un Poder Judicial
sometido al Ejecutivo,
ni autónomo ni independiente.
La
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos expresó hace unos días su justificada preocupación por
“las reiteradas violaciones de los
derechos humanos en el país” destacando
las “violaciones al debido proceso y la situación de los jóvenes
detenidos (…) además de tortura y falta de información acerca
de
las detenciones y falta de comunicación de las víctimas con sus abogados
y familiares”. Se destaca en el Comunicado de Prensa de la OACDH
la detención de más de 3120 personas entre febrero y mayo de este
año y el ataque a las Universidades nacionales por fuerzas policiales
y militares del Estado y grupos paramilitares creados por el
mismo Estado.
La
Oficina del Alto Comisionado le pide también al régimen de Maduro que
respete el derecho a la protesta pacífica y el derecho de reunión y
le pide sobretodo que permita la visita al país de los mecanismos de derechos
humanos, a lo que se ha negado reiteradamente. A ello se suma la
declaración del Relator Especial para la tortura quien destacó “el uso
excesivo de la fuerza para reprimir manifestaciones en Venezuela, como
ejemplo de tratos inhumanos”.
La
respuesta oficial fue la esperada. Un Comunicado de la Cancillería en
el que se “rechaza la falta absoluta de objetividad e imparcialidad”
de la Oficina del Alto Comisionado calificando sus declaraciones
de “infames”, a la vez que la acusa de
formar parte de “la
campaña de descrédito contra el Estado democrático de Venezuela”.
Lejos
de considerar y corregir las nefastas políticas en contra de los ciudadanos,
el régimen crea una “fuerza antichoque”, un grupo paramilitar
oficial para reprimir las
manifestaciones pacíficas.
Trata
el régimen mediante esta intimidación y actos de violencia fabricados
para desprestigiar y criminalizar la protesta, asignar la responsabilidad
de los actos violentos a los manifestantes y proteger a los funcionarios del Estado, incluidos los
paramilitares, responsables
de las numerosas atrocidades cometidas.
Estamos
ante un Estado representado por un régimen que desprecia los valores
fundamentales, lo que justifica la preocupación de personalidades
e instituciones extranjeras. La
naturaleza del régimen venezolano
es incompatible con la pretensión, lamentablemente endosada hasta
ahora por la región, de ingresar al Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas, el órgano político más importante del sistema onusiano,
encargado de velar por la paz y la seguridad internacionales.
Venezuela, lo merecería como Estado.
Antes , durante el
periodo democrático, lo estuvo dos veces, contribuyendo positivamente
con las políticas y los intereses comunes de la humanidad.
La
situación es distinta hoy. Si Venezuela fue una vez un actor influyente
a favor de la paz mundial, hoy lamentablemente no lo es. El régimen
de Maduro, como lo fue antes el de Chávez, es irrespetuoso del orden
jurídico internacional. Es simplemente, como se les cataloga hoy,
un régimen forajido. Sus manifestaciones de desprecio por las normas
de derechos humanos, su apoyo a regímenes políticos absolutamente
cuestionados, sus declaraciones sobre el concepto y el alcance
de la paz y su postura contraria a la evolución de la sociedad internacional
y a los intereses comunes de la humanidad, además de sus conflictivas
posturas, no le acreditan para actuar en un órgano como el
Consejo de Seguridad.
Victor
Rodriguez Cedeño
vitoco98@hotmail.com
@vitoco98
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