NARCISO GUARAMATO PARRA: IMPLICACIONES DE LA LEY DE COSTOS Y PRECIOS JUSTOS [ECONOMIA AL ALCANCE DE TODOS]

Después de la inmensa alegría que nos proporcionó la vinotinto, volvemos a la realidad. Recientemente, apareció en la Gaceta Oficial No. 39.715, el decreto 8.331 mediante el cual se decreta con: “Rango, Valor y Fuerza de Ley de Costos y Precios Justos”. A continuación trataremos de analizar, a nuestro entender Las implicaciones económicas más relevantes.

En el artículo 1º, se establece el objeto de la Ley. Su texto nos indica que esta pretende establecer la estabilidad (el destacado es nuestro) de los precios. Y propiciar el acceso de bienes y servicios a toda la población en igualdad de condiciones, en modelo económico y social que privilegie los intereses de la población y no del capital. Como se puede destacar, el objeto no tiene metas claras y cuantificables. Es casi imposible controlar toda la economía de un país. ¿Qué se considera con estabilidad? ¿que no haya variación de precios? (cero inflación) o ¿que la variación sea constante?, por ejemplo, que la inflación siempre sea de 20%. Aunque no lo especifica, pero así se da a entender ¿esta es una Ley Socialista y/o anticapitalista?.

En cuanto a los sujeto de la Ley, en el artículo 3º se señala claramente que están sujetas las personas de derecho público y privado, nacionales y extranjeras que dentro del territorio nacional: “produzcan, importen, comercialicen bienes y presten servicios”. Es decir Todos los que obtengan sus ingresos producto del comercio lícito de bienes y servicios, (artesanos, pequeños productores, Pymis y las grandes industrias) a excepción de las instituciones financieras.

Para poder realizar el control necesario se crea el “Sistema Nacional Integrado de Costos y Precios. Los sujetos objetos de la Ley tienen la obligación e inscribirse en el “Registro Nacional de Precios de Bienes Servicios el cual estará a Cargo de la Superintendencia Nacional de Costos y Precios”. Es decir se aumenta los trámites para tener un comercio formal, ¿no parece una contradicción controlar los costos aumentándolos?. ¿Cuántos técnicos deberá tener esta Superintendencia para analizar la estructura de costos de todos los bienes y servicios que se comercializan en el territorio nacional? ¿Cómo se determina el costo de un bien importado? ¿por el precio internacional? ¿por el tipo de cambio? ¿cómo se determina el costo y el precio de los servicios profesionales? y, por último pero no menos importante, ¿esta ley no viola los acuerdos internacionales? Si estos es así ¿nos sacaría esta Ley de todo acuerdo de integración regional, como se el Mercosur?. Como se puede ver son muchas las preguntas que se generan. Una Ley que le dedica alrededor de 12 artículos al objeto de la Ley, como son los costos y los precios, y más de 50 artículos a la organización de la Superintendencia y las sanciones demuestra la complejidad del tema, lo cual nos hace suponer que esta Ley será imposible aplicar.

Para resumir, las implicaciones económicas de esta ley, son: una enorme confusión entre los productores, que provocarán en el corto plazo una paralización de sus nuevas inversiones hasta que se aclare el panorama; una escasez de bienes, un aumento de la informalidad, un repunte inmediato en el aumento de los precios tratando de que la Superintendencia los valide y, en el mediano plazo, creo que ante la imposibilidad real de establecer la Superintendencia y todo el aparato regulatorio: inflación y un escaso o casi nulo crecimiento del producto nacional, es decir un agravamiento de los desequilibrios económicos.

Muchos dirán que es una visión muy pesimista, pero eso pasa porque no se aprende todavía que después de la guerra, la mala praxis económica es lo que más afecta a la población.

nguaramato@gmail.com

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LA DESTRUCCIÓN DE LA ADUANA. FREDDY RÍOS RÍOS.

I

Una de las pruebas más evidentes de la destrucción de las instituciones del Estado, es lo ocurrido con la aduana nacional. El proceso de modernización aduanera en Venezuela se inicio en el primer gobierno del doctor Caldera, ya Venezuela era miembro de ALALC y era necesario adoptar la Nomenclatura de Bruselas como base del Arancel de Aduanas, trasponer la tarifas con gravámenes específicos a términos preferentemente ad-valoren y actualizar toda la legislación aduanera.

La reforma apunto hacia la estandarización de la legislación que se venía dando en las aduanas del mundo como consecuencia de dos hechos puntuales, por una parte la fundación del Consejo de Cooperación Aduanera de Bruselas, como organismo intergubernamental, con el objetivo de normalizar mediante convenios internacionales la regularización de las funciones y actividades que realizan como interventores previlegiado en el comercio trasfronterizo. La otra fue la concreción de la Comunidad Económica Europea, estos dos hechos transformaron por completo el concepto de las aduanas y su posición ante el comercio, adquirió nuevas funciones, nuevas potestades y se convirtió en un agente de transformación. Dejo de ser la fuente de recaudación, que nació en Grecia y se perfecciono en Roma, para convertirse en el “portorium”, de ahí paso a España, y de España se traslado a América para buscar un destino superior al servicio del Estado y de los ciudadanos.

La segunda reforma aduanera se inicio con el primer gobierno del presidente Pérez, y tuvo como objetivo dos hechos principales, uno la redacción de una Ley Orgánica de Aduanas que recogiera las nuevas instituciones jurídicas-aduaneras, y que fuese un instrumento eficaz para la aplicación de la política comercial, aduanera y arancelaria de la República. La otra fue convertir la Dirección de Aduanas en Direccion General separándola de la Dirección de Rentas, con el objetivo de establecer la nítida separación existente entre la relación aduanera y la relación tributaria.

A continuación en la onda prevaleciente en las orientaciones del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, se refundieron en el SENIAT lo aduanero y lo tributario, una institución que nació con débiles sustentos legales, pero con un deseo de perfeccionamiento y profesionalización de los servicios. A finales del segundo gobierno de Caldera, cuando se realizo la última reforma sustantiva de la Ley Orgánica de Aduanas, como consecuencia de la adhesión de Venezuela a la Organización Mundial de Comercio e ingreso a la Organización Mundial de Aduanas, se institucionalizo a objeto de despolitizarla, la figura del Jefe de la Administración Aduanera, como co-formulador de políticas ministeriales que afectan el comercio de mercancía y ejecutor de las mismas.

Se estaba preparando Venezuela para la aduana del Siglo XXI con sus nuevos paradigmas, control y facilitación, reflejado en la transparencia, legalidad del actuar administrativo y mejores prácticas. Una aduana previsible para los operadores económicos, transformar una muralla hermética en una puerta abierta. A esa aduana venezolana contribuyo de manera importante la normativa andina a través de sus Decisiones y Resoluciones, que se internalizaban en el derecho nacional, con su publicación en la Gaceta Andina, andabamos en el camino de la unión aduanera y en el horizonte estaba el mercado común, a final de cuentas en el medio estaba el objetivo de estatuir un Código Aduanero Comunitario perfeccionando la modernización de las instituciones jurídico-aduaneras.

II

Estando en construcción esa aduana para el Siglo XXI, consustancial con la globalización del comercio, en un mundo regido por normas especiales de acuerdos comerciales, especialmente tratados de libre comercio, que regulan la clasificación arancelaria, la valoración y el origen de la mercancía, cuando Venezuela trataba de insertarse en los mundos internacionales de las aduanas y el comercio, llego el presidente Chávez. De entrada le dio una patada a la legislación que exige, que desde el jefe de la administración aduanera hasta el último funcionario técnico debían ser titulados superiores en materia aduanera, lo cual le permitió la politización del servicio, su militarización, desprofesionalización, hasta convertirlas en un instrumento de terror tributario, cuyo único fin es la recaudación.

Regresamos a la aduana gomecista, la del “Benemérito”, la del “póngame donde haiga”, la de los compadres y los amigos ex militares, la del capricho administrativo y la obediencia debida. La meritocracia de la camisa, franela o gorra roja , suplantó el carácter de la institución y su misión histórica hasta convertirla en una barrera contra el comercio internacional de mercancías

Ya no importan la relación aduanera y la relación tributaria, ni las estructuras jurídico-económicas diferentes ni los sujetos, objetos y finalidad diferentes. No importan los derechos y obligaciones, ni el procedimiento aduanero hasta confundirlos en un procedimiento tributario olvidando su objeto fundamental, la relación aduanera

La aduana roja, ignorante, desconoce la trascendencia de la importación, exportación, transito, trasbordo, deposito aduanero, admisión temporal, importación y exportación temporal, regímenes aduaneros económicos, liberación de derechos a la importación.

Convirtieron a la aduana en un instrumento de terrorismo económico contra el sector privado de la economía, las licencias, permisos, delegaciones, certificados de no producción, certificados de producción insuficiente, control de precios y control de cambios, inciden en el desabastecimiento nacional de mercancías y constituyen uno de los insumos más relevantes de la alta inflación que caracteriza la gestión económica del régimen.

III

A la aduana le importan las características esenciales de la relación jurídica aduanera, la cual puede existir aun con independencia de los gravámenes a la importación, sin embargo queines dirigen actualmente la Aduana, desconocen que el sujeto pasivo de la relación es la persona que importa o exporta las mercancías, objeto de la relación.

En consecuencia ignoran que el ejercicio de la potestad aduanera tiene que ver principalmente con el destino de la mercancía, destino este que generalmente es el consumo en el territorio aduanero después de su nacionalización.

Y aquí nos topamos con las mercancías y sus relaciones posesorias, con la factura, el documento de trasporte internacional y la declaración de aduana, que son consecuencia de una compraventa internacional.

La aduana es un mundo pluridisciplinario, tiene que ver con el comercio internacional, con la economía, auditoria, los tratados, con el derecho, la ingeniería y la tecnología. Trabaja a dos niveles, el operativo y el normativo, el normativo conduce y participa en las relaciones y negociaciones internacionales de la aduana y las materias coetáneas a la misma.

Sin aduana no hay integración, no hay comercio. En las aduanas se concentra el control del estado sobre todas las mercancías, sanitario, técnico, de calidad, drogas, medicamentos, pesticidas, químicos y un largo etcétera.

La economía venezolana con una alta dependencia de las importaciones, requiere de una aduana eficiente, toda la producción nacional depende de la rapidez del desaduanamiento, las materías primas y los productos intermedios e incluso los productos terminados son insumos del sector productivo nacional, las barreras y la ineficiencia aduanera elevan los costos y en consecuencia esos costos se trasladan al consumidor. Una política anti-inflacionaria coherente y de pleno abastecimiento no puede dejar de tener en cuenta a la aduana como el cuello de botella de dicha política.

IV

Se viven tiempos de temores en el sector privado de la economía, destruidas las instituciones aduaneras, la administración enfoca su actuación única y exclusivamente hacia la recaudación, sin importarle los derechos del importador. La inseguridad jurídica es el signo de los tiempos que corren.

Cada una de las aduanas actúa como un compartimiento estanco. El intendente nacional de aduanas es una figura decorativa. No hay orden jerárquico. Por instrucciones verbales se derogan y desaplican normas vigentes, por ejemplo, todas las normas andinas, entre ellas la Franja de Precios Agropecuarios. Por Decretos violatorios de la Ley Orgánica de Aduana, se otorgan competencias aduaneras a otros ministerios, se imponen ajustes al valor violando las disposiciones del Acuerdo del Valor, se imponen derechos anti dumping fuera del Arancel de Aduanas, se norma el Origen no Preferencial con una Resolución que viola el Acuerdo de Origen.

Todos los días nos alejamos más de la predictibilidad necesaria para los operadores económicos, la normativa aduanera no se aplica uniformemente, ni justamente ni neutralmente. La inseguridad jurídica es tal, que con la sanción y promulgación de la ley anti contrabando, fue derogada toda la materia, que sobre este delito establecía la Ley Orgánica de Aduanas, la última reforma de esta ley, que convirtió el procedimiento de abandono legal en una actividad confiscatoria por parte de la Administración, cuando fue publicada incluyo en su texto la materia derogada, en consecuencia es de suponer que esta modificación de la Ley Orgánica de Aduanas derogo la Ley sobre el delito de Contrabando.

Como se desprende de todo lo citado, la aduana dejo de ser una institución técnico -jurídico para convertirse en un caos administrativo y procesal donde impera la discrecionalidad, caldo de cultivo de la corrupción. Si la aduana cumpliese sus funciones no hubiese ocurrido Pudreval, no estuviesen escondidos 2500 contenedores en el complejo de José, ni tuviésemos problemas con los diamantes negros de Kimberly, ni de trafico de drogas. La aduana es un cascaron vacio, una estructura abandonada, a cargo de militantes políticos, y la puntilla se la quiere dar, una tal Hiroshima, que quiere derogar lo que queda de la venerable Ley de Hacienda Pública Nacional, la cual es la que otorga las competencias fiscales e inspectoras a los funcionarios de aduana que intervienen en los procedimientos de verificación y control.

Si en Venezuela existiese estado de derecho, todos los actos administrativos suscritos por los superintendentes del Seniat, Intendente de Aduana, Gerentes normativos y Gerentes de Aduana, serian nulos de nulidad absoluta, por incumplimiento a la Ley Orgánica de Aduanas, ya que ninguno de dichos funcionarios reúne los requisitos para ejercer los cargos para los cuales fueron desdignados.

A la aduana habrá que reconstruirla y desafortunadamente habrá que comenzar desde cero.

Freddy Rios Rios.

friosrios@gmail.com

@doserre

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LOS MUROS CHAVISTAS AL COMERCIO INTERNACIONAL, FREDDY RÍOS RÍOS

La compra de alimentos, medicinas, repuestos y los productos de uso familiar se ha convertido, poco a poco, en una dura tarea diaria. Además de los precios altos, es reconocible el desabastecimiento y los estragos de la especulación. La inflación se come el salario.

Un ejemplo es como Chávez arraso con la producción agrícola y en consecuencia con la agroindustria, es decir con toda la cadena productiva sectorial, con el pequeño cloister existente. Al mismo tiempo intento sustituir la producción nacional con importaciones subsidiadas. Resucito Corpomercadeo y lo bautizo Mercal, lo viejo se aggiorna con el cambio de nombre. Prontamente los próceres bolivaristas inventaron los fernandezbarruecos.

Si la demanda supera la oferta los precios se disparan. La producción nacional y las importaciones suplían la demanda nacional, había un equilibrio más o menos estable hasta que Chávez decidió seguir la ideología de Carlos "El Chacal". Para ello era necesario controlar la producción y la distribución. Tomemos como ejemplo otra vez al agro. Buchipluma dueño de la tierra, la semilla, los fertilizantes, los agroquímicos, la maquinaria, la refrigeración, la cosecha, el transporte, la distribución y el expendio podía decretar los precios y en consecuencia acabar con la oligarquía rural. La guinda de la jugada era que el déficit - si lo hubiese - seria importado de Argentina Uruguay, Brasil y de los hermanos del ALBA. Al final no hay ni azúcar, solo centrales parados. La agroindustria chavista es un estomago, solo produce subproductos y desperdicios, jaua-saman-oropeza. Las importaciones se infestan, infectan y contaminan en los almacenes de puertos y aeropuertos, traspasados a una empresa paraestatal para restringir y controlar el comercio externo.

Chávez ha destruido la economía privada nacional, sus tres grandes sectores, son un cementerio de santamarías bajadas. La industria, el comercio y los servicios, por la multiplicidad de restricciones formales e informales operan con lentitud. La consecuencia inmediata es perdida a granel de empleo cualitativo, aumento del desempleo y de la economía informal. En Venezuela nadie invierte, ni nacionales ni extranjeros, porque no hay seguridad jurídica, que es la mejor política económica en un mundo plano y globalizado.

La guerra contra el sector privado nacional - que necesariamente sufrirán los consumidores - tiene dos frentes. El nacional se inicio con la imposición de barreras a la importación incumpliendo los compromisos contraídos por el Estado venezolano en Acuerdos, Convenios y Tratados internacionales. Además de las restricciones establecidas en el Régimen Legal del Arancel de Aduana, se establecieron otras por los caminos verdes de la discrecionalidad administrativa, que con el correr del tiempo se convirtieron en prohibiciones para todos aquellos que no tenían conexiones políticas de alto nivel o no se bajaban de la mula.

Más restrictivo que los Registros y Certificados que constituyen el régimen multipolar reglado de cumplimiento de standeres mínimos, se impuso un régimen de “Permisos” administrado con criterio político. Por aquí comenzó el desabastecimiento, primero de materias primas, productos intermedios maquinas, partes y piezas para la industria y después de productos terminados para el consumo. Como si esto fuera poco se implanto el régimen de control de cambios con el fin, no de resolver una crisis de balanza de pagos que no la había, sino de someter al sector privado de la economía a los designios de Buchipluma. Fue un te montas o te encaramas, que ha dejado más de seis mil empresas industriales cerradas.

El control de cambio, como todas las iniciativas de este régimen - caracterizadas por la impronta de la ignorancia e incompetencia - que ha debido servir de marco a la implementación de un mecanismo de licencias automáticas y no automáticas en el ámbito de las políticas comercial y arancelaria, se convirtió en un monstruo pesado y torpe que legitimo un mercado paralelo, para tratar de controlar el dólar negro, cuya existencia se niegan a reconocer, pero en el cual PDVSA es el operador más importante.

La discrecionalidad de Cadivi ha sido proverbial, ante una inexistente política cambiaria, la administración actúa por ensayo y error. Sin planificación, objetivos y jerarquías claras y con total desconocimiento del papel de las importaciones en la economía nacional y la incidencia del sector externo en el abastecimiento, funciona como una macro restricción para controlar los importadores y no las importaciones, impulsando el proceso de desaceleración de la economía.

Cadivi, al igual que Recadi y la Otac, fracasara, por las mismas causas por las cuales aquellas fracasaron y por la corrupción, acendrada en el tuétano de cualquier discrecionalidad. En este país el único control de cambio que cumplió los fines para el que fue concebido – dentro una política de estado para el control de una crisis económica pasajera - fue el implementado por el gobierno de Rómulo Betancourt, para el cual no se creó parapeto alguno y fue dirigido y controlado por el Banco Central e implementado por la Dirección de Aduanas del Ministerio de Hacienda.

A lo señalado es necesario añadirle dos restricciones mas; una los "Registros" obligatorios, establecidos sin competencia legal, para la importación y actividades conexas a la logística, el almacenamiento y el transporte interno, innecesarias e ilegales ambas, toda vez que en general violan los principios establecidos en La Ley de Simplificación de Trámites Administrativos y en otras leyes especiales. La segunda es la obligatoriedad de solicitar el "Certificado de no producción o producción insuficiente", que tras la impunidad que otorga la falta de transparencia del procedimiento de marras y lo lento del mecanismo es a todas luces innecesario, porque al Minpopo que tiene la competencia , de acuerdo a la mencionada ley , debía, por ser su competencia, darle simple instrucciones a su colega militar de Cadivi, a cuales mercancías - no a que códigos arancelarios - se les debían otorgar divisas preferenciales, sin necesidad que el importador tenga que pasar por ese viacrucis innecesario.

El otro frente de guerra es el internacional, desmantelados los lineamientos de políticas publicas relativas a los sectores productivos y a la inserción del país en el comercio internacional, se procedió a denunciar los acuerdos de integración. Se tiro a la basura el hecho que la CAN era el más avanzado esquema al sur del Rio Grande y el eje ideal para recoger la herencia de Aladi y servir de bisagra para construir conjuntamente con Mercosur - en base a la complementariedad - , una unión aduanera primero y después un mercado común suramericano, lo cual permitiría negociar en mejores condiciones tratados de libre comercio con la EU, la APEC y cualquier acuerdo del "Spaguetti Bowl".

Chávez sin medir costos y beneficios abandono el Grupo de los Tres, se salió de la CAN y tiene años tratando de ingresar al Mercosur, donde temen que por su carácter e histrionismo, además de sus manifiestas intenciones de politizar ideológicamente el tratado, contribuya a incentivar los desencuentros argentino-brasileños, y a no resolver los reclamos tradicionales de trato discriminatorio de Uruguay y Paraguay.

Así las cosas, por empirismo Venezuela ha distorsionado su comercio subregional y regional, solo quedan vigentes Acuerdos de Complementación Económica, entre ellos el más importante es el ACE 59 suscrito entre la CAN y MERCOSUR. La consecuencia es clara si pagas derechos de importación los precios de venta en el mercado nacional son mayores.

El país ha perdido un cumulo de liberaciones arancelarias a las exportaciones que van a significar pérdida de mercados, Aunado a la disminución de las actividades manufactureras se han impuestos incentivos negativos y restricciones a la exportación. Cadivi, los registros de exportadores, los requisitos de abastecimiento interno, los decomisos en frontera, las guías de transporte, la ocupación e intervención de industrias, la discrecionalidad del otorgamiento de las autorizaciones de los regímenes económicos y especiales, y en general la ausencia de incentivos eficaces marcan el rumbo de la improvisación hecha gobierno, que estima que es más importante cobrar impuestos que producir divisas.

Chávez ha intentado dos guerras comerciales, con el pretexto de la suscripción de TLC's con EE.UU. No lo hizo contra Chile que con anterioridad había negociado con ese país un acuerdo del mismo tenor. La primera fue con Colombia, hace una década, cuando desconociendo acuerdos sobre el trato nacional y no discriminación suscritos en la OMC, la CAN y ALADI, impuso a rajatablas el transbordo de mercancías originarias y procedentes de ese país, que ha escalado según sus intereses de política domestica, hasta la intervención del comercio y el intercambio mediante el cierre de las fronteras.

La segunda con México después de la salida de Venezuela del G-3, administrativamente se intento desaplicar las liberaciones arancelarias otorgadas en la Preferencia Arancelaria Regional. Fue un intento fallido, la diplomacia comercial mexicana hizo su trabajo. No obstante en ambas situaciones los únicos perdedores fueron los consumidores y la economía nacionales, dada las distorsiones que causa la desviación del comercio.

Después de 1994 la Aduana, como institución cambio sus paradigmas ante la imposibilidad real de ver, examinar y contar las mercancías y medios de transporte. Facilitación y control selectivo, declaraciones electrónica, inspección no intrusiva, fueron entre otras las metas que propuso Kioto Revisado mediante la promulgación de instrumentos legales que facilitaran el comercio con el menor costos para los agentes económicos y el estado. El camino fue la reforma aduanera. Los conceptos de la buena fe , transparencia y control posterior marcaron el camino de esa modernidad.

La gran excepción de este proceso mundial es Venezuela. La aduana es la segunda mayor restricción al comercio legitimo. Tanto el nivel normativo, como el operativo actúan al margen de la normativa legal vigente, los reparos, comisos, ajustes, remates, inspecciones, fiscalizaciones y cierres impiden el derecho a la defensa oportuna.. Los altos costos de estas arbitrariedades se trasladan a los precios.

El infierno está en los detalles predica el dicho popular, es el campo minado de la permiseria que tiene que salvar el venezolano para tramitar cualquier solicitud. Es kafkiana, como acertadamente lo señalo Emilio Nouel en su artículo de la semana pasada. El futuro previsible es de escasez y altos precios, de mayor inflación, de especulación, de desempleo y sub empleo, tenemos varios años de ineficiente ajuste neoliberal chavista, el gran planificador suena con Ferraris y los huecos revolucionarios lo devuelven al infierno rojo que sus compatriotas han construido. Lo que viene es golpe tuyero, con arpa de bordones de tripa. Vivan los patriotas revolucionarios Idi Amin y Mugabe. Viva la Quinta Internacional.

Freddy Rios Rios
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