La
actual Constitución fue estructurada para romper la institucionalidad
democrática al fracturar la normalidad
constitucional mediante la incidencia de eventos como las leyes habilitantes y
los Estados de Excepción.
Aunque
la Constitución, en sus artículos 337, 338 y 339, prescribe la posibilidad del
presidente de la República de decretar Estados de Excepción con el propósito de
enfrentar acontecimientos que “pongan
seriamente en peligro la seguridad de la Nación o de sus ciudadanos”, el caso
que ha representado su autorización en algunos municipios del Estado Táchira es
el paroxismo de la arbitrariedad de la cual se vale el régimen para imponer la
injusticia que precisa el esquema antidemocrático que moldea el obtuso
socialismo pretendido.
Sin
embargo, el problema que dicha situación ha derivado deja ver la desproporción
propia de cual oscura dictadura. Advertir que su aplicación puede excusar el
quebrantamiento de garantías referidas a los “derechos a la vida, prohibición
de comunicación o de tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la
información y demás derechos intangibles”, evidencia el carácter contradictorio
que tan desatinada medida encarna. Debe
entenderse que su incidencia como decreto, sobre todo si es aprobado al margen
del influjo consciente y consideración oportuna de la Asamblea Nacional y de la
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, precisamente para que se
pronuncie sobre su “constitucionalidad”, demuestra el grado de desafuero que
está cometiéndose por causa del manejo de tan extrema y unilateral disposición.
Más aún, un Estado de Excepción no luce convincente de que cumpla “las
exigencias, principios y garantías de establecidas en el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, y en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos”.
No
obstante, deberá reconocerse que el concepto de Estado de Excepción, arreglado
a manera de disfraz democrático, para parecerse un tanto a otros textos constitucionales,
retrata un eufemismo jurídico y un adefesio politológico pues pone en
entredicho la concepción de Estado democrático y social de Derecho y de
Justicia la cual se yergue a partir de valores que exaltan el respeto a la
vida, la libertad, la igualdad, la solidaridad, la verdad, la ética y el
pluralismo político.
Esta
idea de Estado de Excepción, aviva la contrariada figura de un régimen político
cuyo sentido despótico de gobernar, le permite romper con la separación de
poderes que tanto daño hace a la democracia. De manera que esta Carta Magna, al
suscribir la posibilidad de autorizar Estados de Excepción como canales para
controlar cualquier protesta u ocurrencia que ponga en riesgo la estabilidad
gubernamental, obviando derechos fundamentales en tanto que garantías
constitucionales, se convierte en recurso de alzada para violar la razón de ser
de una Constitución democrática. O sea, preceptos constitucionales que afectan
la indeterminación del poder pues como recursos de control del Poder Público
inherente a las funciones y responsabilidades del Estado, la Constitución debe
ordenarse por una normativa que proteja la separación de poderes,
indefectiblemente.
La
vigente Constitución ha sido estructurada para romper la institucionalidad
democrática al fracturar la normalidad constitucional mediante la incidencia de
eventos como las leyes habilitantes y los Estados de Excepción. Ambas
determinaciones, logran que se usurpen funciones que corresponden a un poder en
particular. Es decir, que el Poder Ejecutivo, a través del presidente de la
República escamotee funciones legislativas. Y en el caso de los Estado de
Excepción, se hace de las restantes funciones al arrogarse atribuciones que
impiden que cada Poder vigile y controle los excesos de los otros para así
frenar, por propio empeño, que alguno de ellos predomine sobre los demás. Al
contemplarse que sea la misma Constitución la vía por la cual se conciba abolir
la separación de poderes entendida como garantía del sistema democrático, el
desenvolvimiento de cualquier nación que se precie de exhortar las libertades y
los derechos fundamentales como blasón de vida institucional, simplemente será
“letra muerta”. Y de persistirse en consideraciones que avalen desviaciones del
sistema democrático como es el caso venezolano, el riesgo de caer en espacios
de tiranía es muy alto. Entonces, ¿qué puede ganarse con decretar Estados de
Excepción que sirvan a que una rama del poder, persona o instancia de gobierno
se convierta en única y suprema? O acaso es impúdicamente una ¿excepción para
reprimir?
VENTANA
DE PAPEL
EXCEPCIONES
QUE MATAN
No
siempre, por mucha autoridad que pueda arrogarse una instancia de gobierno, sus
decisiones están exentas de errores capaces de hacer detonar el más peligroso
arsenal que pueda tenerse. Asimismo, por mucho poder que pueda investir a un
gobernante que además hable de promover la democracia como sistema político,
tampoco debe prestarse para humillar a sus gobernados o insultar a quienes con
civismo contrarían su forma de gobernar. Quien así actúa desde niveles de
gobierno, poco o nada comprende el significado de la política.
Es
entonces cuando la política se utiliza para buscar problemas, y luego de un
diagnóstico falso, aplicar remedios equivocados que sólo exacerban actitudes y
enmarañan situaciones. Es cuando la alevosía y la predeterminación se convierten
en meros recursos de gobernantes sin escrúpulos al momento de elaborar y tomar
una decisión en medio de alguna vicisitud. Ante lo que dificultades de esta
naturaleza pueden generar, la Ciencia Política invoca la alternabilidad como
principio de gobernanza.
De
hecho, la Constitución Nacional refiere en su artículo 6° que el gobierno
venezolano, por su carácter democrático, “es y será siempre electivo,
descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos
revocables”. Sin embargo las circunstancias, hablan distintamente a lo que
pauta la Norma Suprema. Por un lado van las realidades , y por otro el
discurso.
Precisamente,
Montesquieu, escritor y político francés, aducía que “cuando un gobierno dura
mucho tiempo se descompone poco a poco y sin notarlo”. Pero lo que está
viéndose en Venezuela, si está advirtiéndose. Más aún, con entera claridad. No cabe la menor duda a
este respecto. No obstante, la obstinación gubernamental ha permitido
decisiones que, lejos de buscar el equilibrio entre las necesidades y las
capacidades, juegan a crear confusiones que sólo sirven para distraer lo que el
tiempo de la demagogia requiere.
Pareciera
cumplirse el aforismo expresado por Arturo Graf, escritor y poeta italiano, de
que “la política es demasiado a menudo el arte de traicionar los intereses
reales y legítimos, y de crear otros imaginarios e injustos”. Particularmente,
cuando el gobierno luce enviciado por la codicia que induce el poder. Es el
caso de situaciones enredadas por la pésima praxis de gobernantes aturdidos por
la apetencia del mando lo que deriva en crisis de toda índole. Problemas estos
que, ni siquiera, pueden evitarse con el auxilio de recursos formalistas que
sólo devienen en agravar las realidades, como ha resultado del hecho de decretar
injustificables estados de excepción. Por eso se dice que hay excepciones que
matan.
¿VOLVER
A PENSAR A VENEZUELA?
En
medio de esta crisis nacional, conviene ver cómo se manejan los negocios
políticos. Particularmente, en sociedades que se precian de vivir en la
modernidad. En medio de este cuadro de contradicciones que afronta Venezuela,
muchos plantean exigencias que denotan las incoherencias de un Estado que sigue
sin saber cómo manejarse de cara a la susodicha crisis.
Según
opinión de Luís Manuel Cuevas Quintero, catedrático de la Universidad de Los
Andes, los venezolanos solicitan recursos y mejoras salariales frente a un
interlocutor que lo que menos ha mostrado, es respeto. “Los universitarios
debemos plantear el problema en un contexto más amplio y menos limitado a la
cuestión salarial. Debemos exigirle a los politiqueros del voto, que destierren
la palabra olvido y desarraigo de sus prácticas políticas. Lo que está
derrumbando al país, es el estado de anomia generalizada que vive”. Agrega
Cuevas Quintero que “además del sueldo que es un justo reclamo, los
universitarios deben demostrar a la sociedad que pueden ofrecerse diagnósticos
de la destrucción del país fundamentados
en las evidencias que parecen estar
envueltas en la opacidad del discurso politiquero y la tecnocracia sin densidad
de ideas y propuestas (…) Necesitamos de hombres rebeldes en el sentido que
proponía Camus, pero adaptados a los nuevos retos de una modernidad que se nos
escapa por un abismo aparentemente irreversible”. Así que en medio de tan serio
embrollo, será posible ¿volver a pensar a Venezuela?
“Cuando
un gobierno teme de la pérdida de su fuente de apoyo, busca excusas que le permitan
salir de cualquier circunstancia a desdén de las consecuencias que
el peligro de la situación en cuestión pueda arrastrar”
Antonio
José Monagas
antoniomonagas@gmail.com
@ajmonagas
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