La trascendente
polémica surgida en la opinión pública, con motivo de la aprobación por el
ministro de la Defensa de la resolución 008610 del 27 de enero de 2015, debería
hacer reflexionar a los miembros de la Fuerza Armada Nacional sobre las causas
del amplio deterioro que ha venido sufriendo el
prestigio de nuestra Institución. Las opiniones contrarias a la
resolución señalan, con razón, que constitucionalmente los ciudadanos tienen
derecho a manifestar pacíficamente, prohibiéndose el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas
en el control de estas manifestaciones. Las pocas voces que, sin ser
chavistas, han defendido su contenido lo
hacen con la esperanza de que esa resolución no esté orientada a la represión de manifestaciones
pacíficas sino que en realidad busca poder enfrentar legalmente a grupos
armados, mal llamados colectivos, en una compleja situación de violencia que se
podría producir en Venezuela como consecuencia del desgobierno de Nicolás
Maduro.
En verdad, la
actuación de la Guardia Nacional en el control del orden público tiene, a mi
criterio, un problema fundamental. La Constitución Nacional establece, en su artículo
332, que esta acción debe ser ejecutada por cuerpos policiales bajo
responsabilidad de la autoridad civil. De igual manera, esa misma orientación
se mantiene en el artículo 328 al establecer que la Fuerza Armada Nacional sólo “cooperará en
el mantenimiento del orden interno”. Lamentablemente, la Guardia Nacional durante estos ya largos
años de “gobierno revolucionario” ha sido empleada, sin haber sido desbordada
la policía civil por hechos de suma gravedad, con la finalidad de atemorizar a
la ciudadanía. Un ejemplo realmente doloroso fue el asesinato por un guardia
nacional, en la ciudad de Valencia, de la estudiante Geraldine Moreno Orozco, a
quien, sin ninguna justificación, se le disparó en el suelo, destruyéndole la cara y causándole la
muerte.
Esta realidad se ha
agravado como consecuencia de la equivocada conducción de la Fuerza Armada
Nacional durante estos años. Veamos: es inaceptable, que los mandos no hayan
valorado el grave perjuicio que produce en el prestigio de la Fuerza Armada esa
absurda tesis de “la unión cívico militar”. Vincular activamente a nuestra
Institución con la acción de un gobierno en particular la hace responsable ante
la historia de sus grandes errores.
Actualmente, Venezuela enfrenta una grave crisis nacional. No es fácil de
justificar que este gobierno, en medio de altos ingresos petrolero, se haya
visto en la necesidad de contratar una deuda externa que sobrepasa los 120 mil
millones de dólares, generando una debacle
económica que se expresa en inflación,
escasez y pobreza. Es verdad, que
la caída del precio del petróleo contribuye a su agravamiento, pero una mínima lógica económica obligaba a prever
esta circunstancia, la cual se ha repetido permanentemente en nuestra historia.
Otro de los graves
errores cometidos por los mandos de la Fuerza Armada ha sido permitir la
presencia de oficiales activos en innumerables cargos civiles en la
administración pública. Esta decisión, ha tenido tres delicadas consecuencias.
La primera, un importante impacto en la opinión pública al observar los
venezolanos un inexplicable enriquecimiento de
esos funcionarios. Los casos de los tenientes Rafael Isea y Alejandro Andrade han sido escandalosos por la gravedad de los hechos que se le
señalan, las altas funciones financieras que ejercieron y su estrecha amistad
con Hugo Chávez. La segunda, debilitar el profesionalismo militar al
evidenciarse que el ejercicio de las funciones civiles permite alcanzar
elevados grados y posteriormente ocupar
importantes cargos en la estructura militar. Tercero, comprometer
ampliamente el cumplimiento de la misión de nuestra organización al mantener un
elevado número de cuadros militares en cargos de la administración pública.
La conducción de la
Fuerza Armada requiere de una profunda rectificación. De no hacerse, su destino
seguirá comprometido. No es la primera vez en nuestra historia que hemos tenido
que enfrentar adversas circunstancias en la opinión pública. Una de ellas fue
el final de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. En sus discursos
siempre mantuvo que gobernaba a nombre
de las Fuerzas Armadas. Su intento continuista produjo un profundo descontento
nacional, el cual fue interpretado por las Fuerzas Armadas que lo obligaron a
abandonar el país. Este gesto fortaleció nuestro prestigio. Lamentablemente,
los intentos golpistas del 23 de julio y del 7 de septiembre de 1958
reprodujeron el rechazo en contra de las
Fuerzas Armadas. Por suerte, los jefes militares de ese tiempo tuvieron el
liderazgo y la autoridad moral para transformar a las Fuerzas Armadas en una
institución comprometida con trascendentes valores militares y subordinada al
poder civil. Esa posición la mantuvimos por cuarenta años. Nos transformamos,
con la Iglesia Católica, en una de las
dos instituciones más respetadas por los venezolanos…
Fernando Ochoa Antich
fochoaantich@gmail.com
@FOchoaAntich
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