Debo empezar esta serie de artículos
destacando una estrategia de poder del socialismo en Latinoamérica, de carácter
común, tanto en Cuba como en Venezuela, y que asume su carácter de “practica” o
excusa que le permite a esos regímenes, bajo la pretensión de un Estado de
Excepción, declarado o no, que el gobierno practique una serie de delitos de
lesa humanidad contra la población, amparado en un supuesto “golpe de estado”,
en desarrollo o continuado, entendiendo esta modalidad de golpe de estado sin
la participación de las fuerzas armadas del país.
Creando la ilusión de que se trata de un
estado que preserva su existencia, el gobierno que activa ese novedoso recurso
se cree en el derecho y con la libertad de practicar cualquier medio a su
alcance para evitar la supuesta pérdida de poder; debido a la urgencia con la
que debe actuar, se cree excusado de acatar los principios básicos de
protección a los derechos humanos y de salvaguardar las garantías que protegen
a los ciudadanos.
Esta práctica ha sido obvia, por lo seguido
que se ha utilizado, en los gobiernos socialistas totalitarios de Cuba y
Venezuela; a la menor manifestación de protesta o de malestar social público,
sean estas las Damas de Blanco en la Habana o los estudiantes universitarios
venezolanos en San Cristóbal, las fuerzas de seguridad del estado arremeten,
inmediatamente y con desmedida fuerza, contra estos focos de protesta pública,
violando flagrantemente los derechos de los manifestantes.
Uno de los delitos de lesa humanidad más
comunes, en el caso del gobierno socialista bolivariano de Venezuela, ha sido
el de las desapariciones forzadas; los funcionarios de seguridad del estado
secuestran a las personas en la calle y las desaparecen por un tiempo
determinado, fuera de toda jurisdicción legal y asistencia humanitaria,
incomunican al rehén y lo someten a interrogatorios, tortura y vejámenes, para
luego soltarlos bajo amenaza de muerte.
Como se puede apreciar, esta práctica está
totalmente al margen del ordenamiento legal, no hay la intervención de la
fiscalía, ni de tribunales, los funcionarios no cumplen con los extremos
legales para la detención de los ciudadanos, actúan como secuestradores comunes
amparados en su autoridad, no hay ley sino la de la fuerza bruta, no hay otra
instancia sino la de la voluntad de los esbirros que golpean, insultan y
amenazan al abducido.
Y cuando el ciudadano acude a los órganos
institucionales para hacer su denuncia, ésta queda en simple declaración, ya
que no existen pruebas y las autoridades no hacen el menor esfuerzo para
iniciar una investigación; esa desaparición queda sin castigo.
En la reforma que se le hizo al Código Penal
Venezolano el 20 de Octubre del 2000, en el artículo 181-A, dice: “La autoridad
pública, sea civil o militar, o cualquier persona al servicio del Estado que
ilegítimamente prive de su libertad a una persona, y se niegue a reconocer la
detención o a dar información sobre el destino o la situación de la persona
desaparecida, impidiendo el ejercicio de sus derechos y garantías
constitucionales y legales, será castigado con pena de quince a veinticinco
años... El delito establecido en este
artículo se considerará continuado mientras no se establezca el destino o
ubicación de la víctima. Ninguna orden o instrucción de una autoridad pública,
sea civil, militar o de otra índole, ni estado de emergencia, de excepción o de
restricción de garantías, podrá ser invocada para justificar la desaparición
forzada. La acción penal derivada de este delito y su pena serán
imprescriptibles, y los responsables de su comisión no podrán gozar de
beneficio alguno, incluidos el indulto y la amnistía…”
Todos sabemos que si algo sale mal durante
esta desaparición forzada, si por mala suerte la victima muriese, bien sea por
un accidente o por los malos tratos, la desaparición se convierte en
permanente, el cuerpo de la víctima simplemente se esfuma, o lo dejan tirado en
el puesto de emergencia de algún hospital.
Es un delito terrible pero muy popular dentro
de los cuerpos de seguridad de estado de este gobierno del Presidente Maduro,
quien sabe de estas prácticas y las apoya con su silencio; es practicado con
deleite por el llamado “Carnicero de Valencia”, el gobernador del Estado
Carabobo, Francisco Ameliach, militar exgolpista y cabecilla del PSUV, quien se
ha distinguido por propiciar y apoyar tales procedimientos inhumanos, e
incluso, los anunció públicamente en la amenaza contra los estudiantes que
protestan en la entidad bajo su cargo.
Venezuela ratificó el llamado Estatuto de
Roma el 7 de junio del año 2000 que corresponden al reconocimiento de los
crímenes de derecho penal internacional, y aunque mucho de esos delitos no
están aun tipificados en nuestra legislación, abre los caminos para poder
determinar responsabilidades internacionales a quienes cometan actos contra la
humanidad en ataques generalizados o sistemáticos en contra de la población
civil.
Es absolutamente inaceptable que un gobierno,
que se dice humanitario, lleno de amor, se dedique a solventar la paz social a
fuerza de violaciones masivas de derechos humanos, sobre todo incomunicando a
las víctimas, a sus familiares, a quienes podrían prestarles asistencia médica
o jurídica, a la opinión pública, al país todo en un infame bloqueo
comunicacional, para que no se conozcan sus desafueros.
Esta lección que el país nacional está
recibiendo en carne viva, sobre la salvaje naturaleza del socialismo radical,
no debe ser olvidada. Maduro y sus cohortes de torturadores y violadores de
derechos humanos tienen que responder a la justicia nacional e internacional;
sus colaboradores y simpatizantes tienen que responsabilizarse y aceptar el
repudio de la sociedad venezolana porque una situación parecida no puede
permitirse jamás.
Me da coraje el silencio cómplice de países
amigos, vecinos que presencian estos episodios de horror y no levantan sus
voces de protesta por conveniencia e intereses, que ven la dignidad humana
pisoteada en nuestro continente, de nuevo, siendo naciones que pasaron por esta
ordalía y se recuperan todavía con mucho esfuerzo del daño causado, ellos mejor
que nadie deberían levantar sus voces de protesta… pero los venezolanos estamos
aprendiendo, por la hosca vía de la realidad real, que la solidaridad
latinoamericana se reduce a expresiones retóricas, a sentimientos edulcorados
con canciones sobre desparecidos, pero que al momento de la defensa de la
libertad y los derechos del hombre, voltean la vista a un lado y callan,
mantenerse indiferentes paga más que denunciar, porque quieren estar bien con
los “camaradas” socialistas, así éstos torturen y desaparezcan, igual o peor
que los odiosos regímenes de derecha que se parecen mucho a éste, que ahora
subyuga a Venezuela; eso siempre da mayores dividendos y se evitan problemas
diplomáticos. –
saulgodoy@gmail.com
@godoy_saul
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