La
conmemoración de un nuevo aniversario
del 23 de enero de 1958 me hizo recordar una vieja polémica que tuve con mi
amigo Tulio Hernández, columnista de El Nacional, sobre las intervenciones
militares en Venezuela. El debate surgió en una conferencia que dimos sobre el
tema en el Ateneo de Caracas. Su posición mantenía una visión ética de la sociedad
un poco utópica. La mía, al contrario, era pragmática e histórica. El sostenía
que todos los golpes militares eran malos porque sustituía la voluntad de lucha
de nuestro pueblo en la construcción de su historia. Mi posición era más
flexible: en nuestro devenir como país han ocurrido golpes buenos y malos,
según las circunstancias políticas que tuvieron que enfrentar sus participantes
y la solución que lograron darle a la crisis nacional que enfrentaron.
Uno
de los aspectos más relevantes del debate fue su afirmación de que en Venezuela los gobiernos civiles habían tenido
una muy limitada presencia, mientras los regímenes militares habían ocupado
toda nuestra historia con excepción de la interrumpida presidencia del doctor
José María Vargas, los gobiernos de dos años de los doctores Juan Pablo Rojas
Paúl y Raimundo Andueza Palacios en el siglo XIX y los cuarenta años de
gobiernos civiles transcurridos desde
1958 hasta 1998. Mi posición fue diferente. Mantenía que los presidentes que
ostentaban el grado de general al ejercer la presidencia de la República en el
siglo XIX eran más políticos que hacían la guerra que militares
profesionales. El Ejército
Libertador, una estructura militar jerarquizada y permanente, había sido
licenciado por bolivariano.
La
actual Fuerza Armada fue creada por Cipriano Castro después del triunfo de la
Revolución Liberal Restauradora. Durante el siglo XX evolucionó desde un
Ejército pretoriano al servicio de Juan Vicente Gómez a una institución del
Estado después de 1958, mediante un largo proceso de profesionalización desarrollado durante los
gobiernos de Eleazar López Contreras, Isaías Medina Angarita y Marcos Pérez
Jiménez. Actualmente se encuentra sometida a una fuerte presión política que
busca transformarla en una organización al servicio de un partido político que,
mediante su ideologización, busca debilitar sus tradicionales valores
militares. La Fuerza Armada, durante ese largo proceso de modernización, tuvo
diferentes intervenciones en el orden político que lograron resolver, con
aciertos y errores, delicadas crisis nacionales.
De
manera sorprendente, durante la dictadura de Juan Vicente Gómez hubo tres importantes crisis militares: 1919, 1922
y 1928. Esos intentos de golpes de Estado fueron dirigidos por oficiales y
cadetes egresados de la Escuela Militar o graduados en institutos militares en
el exterior. Su objetivo era impedir el intento reeleccionista del dictador que
se va a prolongar en el poder hasta su muerte. Ese mismo ejército pretoriano va
a ser la base de poder de Eleazar López Contreras para conducir una inteligente
transición política en 1935, que va a orientar a Venezuela hacia un proceso de
progresiva democratización, interrumpido por el golpe militar del 18 de octubre
de 1945 contra el gobierno de Isaías Medina Angarita. Una alianza entre Acción
Democrática y oficiales jóvenes descontentos
permitió su triunfo.
La
polémica sobre este golpe militar ha dividido a Venezuela. Un amplio sector
nacional lo considera injustificado por haber interrumpido una evolución
política que conducía a Venezuela hacia una plena democracia; otro, tan amplio
como el anterior, piensa que la importante transformación política realizada
durante el trienio de Acción Democrática lo justifica plenamente. Lo innegable, es que a partir de ese momento se
inicia en Venezuela un largo proceso de inestabilidad política que va a
prolongarse hasta los años sesenta.
Durante ese tiempo, la Fuerza Armada derrocó al gobierno constitucional de Rómulo Gallegos, respaldó el fraude electoral
de Marcos Pérez Jiménez en 1952 y lo derrocó el 23 de enero de 1958. No es fácil hacer una valoración ética de
esas intervenciones. Hubo golpes buenos y golpes malos.
Un
golpe militar sólo puede justificarse si tiene causas sumamente graves. A mi
criterio son tres: la flagrante violación del orden constitucional por el
gobierno a ser derrocado, la clara percepción de que se encuentra en riesgo la
soberanía nacional y el convencimiento de que ese gobierno piensa destruir la
institucionalidad de la Fuerza Armada. La historia nos enseña que las
intervenciones militares exitosas y éticamente aceptables son aquellas que
conducen lo más rápido posible a la legalidad constitucional. Un excelente
ejemplo de una acertada actuación de la Fuerza Armada fue el 23 de enero de 1958. La Junta de
Gobierno convocó a elecciones transparentes y equitativas en menos de un año y
reorientó a Venezuela hacia un régimen democrático que garantizó la alternancia
republicana por cuarenta años.
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