La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) consagra normas para establecer la independencia de los poderes públicos (Título IV). Fundamentada en esa garantía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en irrebatible Informe emitido a comienzos del presente año, expresa preocupación por aspectos que afectan la imparcialidad del Poder Judicial.
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos observa que un Poder Judicial independiente es indispensable como contralor de la constitucionalidad de los actos de otros poderes del Estado, tal órgano encargado de administrar justicia.
Numerosas son las decisiones ajustadas a las conveniencias políticas emanadas del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); más si son para halagar al liderazgo del régimen.
Evidencias ha dado, al igual que la fiscalía general, que para actuar sólo esperan “exhortaciones” u órdenes directas como sucedió con la jueza María Lourdes Afiuni, quien concedió medida cautelar al banquero Eligio Cedeño que en violación del plazo máximo de detención preventiva llevaba más de dos años preso.
La reacción guerrerista del comandante presidente (CP), quien ha llegado a calificar de “plasta” al máximo tribunal, surgió de inmediato:
“Yo exijo dureza contra esa jueza bandida. Habrá que meterle pena máxima. Treinta años de prisión pido yo”.
De allí la diligente actuación de la presidenta del TSJ, Luisa Estella Morales, nombrada en la alocución del CP, en procesar al gobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski. Pero el carácter político le obligó a la anulación de su propia orden, alegando que quien solicitó la medida (Gerson Pérez) ¡no acreditó ser miembro del PSUV! Esa magistrada tomó la decisión tan pronto el dirigente Aristóbulo Izturiz anunció que el citado ciudadano había sido expulsado del partido oficial.
(Es de esperar que igualmente se pronuncie por revocar el absurdo antejuicio de mérito contra el gobernador de Lara, Henri Falcón).
En declaraciones a la prensa, la magistrada Blanca Rosa Mármol de León dijo que es absolutamente cierta la denuncia del uso del sistema judicial como instrumento de persecución política.
-Lo acabamos de ver con la sentencia contra Oswaldo Alvarez Paz. El objetivo es criminalizar la disidencia –expresó la valiente y honesta magistrada.
Finalicemos el esbozo con la tildada de vergüenza en los mismos predios de la “revolución”: la bonificación de diez millones de bolívares (BSF 10 mil) que la mayoría del TSJ se auto otorgó para compensar la reducción de los 30 millones (BSF 30 mil) aprobada a su “mísero” sueldo
Los llamados bolivarianos defienden este sistema en abierta contradicción con El Libertador quien pensaba que con la Justicia “reina de las virtudes republicanas…se sostiene la igualdad y la libertad”.
Ellos proclaman al “Bolívar de talla multiplicada”, que invoca el régimen castrista cubano y que Francisco Arias Cárdenas definió en la prisión por golpista: “un mito de la fantasía popular”
NOTA MARGINAL: El adelanto de elecciones primarias es un clamor, como lo fue al proponerse fijarla este año. Pero la MUD insiste en reiterar que serán el 12 de febrero. ¿Por qué esa postura, cuando está más que concebido el interés del comandante en anticipar las presidenciales. Ya la vicepresidenta del Poder Electoral advirtió: "No hay una ley que nos disponga una fecha”.
@albertojordanh
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