Hace dos años escribí en esta misma columna sobre la necesidad de que la oposición venezolana anunciara a los acreedores del régimen chavista sobre todo a aquellos que nos venden armas que las deudas asumidas a partir de una fecha determinada y con vencimiento más allá de 2012 no serían reconocidas después de la desaparición de este gobierno.
Este no es un concepto nuevo. De hecho, en 1927, Alexander Nahum Sack, ex ministro ruso y luego profesor de Derecho en la Universidad de París fue el primero en articular la idea de la deuda odiosa: “Si un gobierno totalitario incurre en una deuda no para satisfacer las necesidades del pueblo ni los intereses del Estado, sino para fortalecerse como régimen autoritario, esta deuda es `odiosa’ para la población de ese Estado". En otras palabras, la deuda contraída de esa manera no es una obligación para la nación, sino que es una deuda sólo del régimen y, por lo tanto, caduca cuando el régimen desaparece.
Este principio se ha aplicado anteriormente. Su más reciente uso ocurrió con la cancelación de buena parte de la deuda externa que dejó el régimen de Saddam Hussein. Actualmente, el Center for Global Development en Washington está llevando a cabo un estudio liderado por Michael Kremer para evaluar su mayor aplicación y limitar a gobiernos forajidos. Luego del último viaje de Chávez, pienso que hoy la situación es propicia para retomar el tema que propuse hace dos años, y con muchas probabilidades de éxito para la oposición democrática. A diferencia de entonces, contamos con una oposición unida que logró la mayoría de los votos en las elecciones pasadas y una buena representación en la Asamblea Nacional.
Propongo que se lleve a cabo una discusión a escala nacional para frenar el gasto militar desquiciado e irresponsable de este gobierno, pues está comprometiendo seriamente el futuro del país con objetivos que sacrifican el bienestar del pueblo venezolano. Los miles de millones de dólares gastados en una absurda carrera armamentista sólo sirven para fortalecer al régimen, satisfacer la paranoia guerrera de Chávez o, en última instancia, para comprar lealtades de gobiernos que pudieran enfrentarlo.
¿Qué hacer? Una estrategia a considerar es la de declarar ilegítima la nueva deuda externa que emita el Gobierno venezolano para, de esta manera, alertar a los potenciales prestamistas internacionales de que el país no tiene el compromiso de pagarla luego de la salida de Chávez. Esta declaración por parte de la MUD impediría que el Gobierno consiga financiamiento y, por esa vía, comprometa sin propósitos justificables el futuro del país y el presupuesto del próximo gobierno. Con ello se le pondrían límites a su capacidad de gasto y de endeudamiento. Para que el principio de deuda ilegítima tenga el efecto que se desea sin destruir el acceso al crédito de los gobiernos legítimos, es importante que la declaratoria se haga por adelantado y que sólo afecte la deuda emitida a partir de una fecha futura conocida.
Por ejemplo, si la MUD expresa su desconocimiento a toda nueva deuda contraída en un momento específico a partir de hoy, podría disminuir el apetito de muchos inversionistas por financiar la irresponsabilidad chavista. Esos futuros acreedores entenderán que esa deuda probablemente no sea reconocida por las cortes internacionales y por lo tanto, no podrán hacer valer sus derechos a la hora de cobrar. Esto, sin duda, limitaría el acceso de Chávez a fuentes financieras que ya ven una alta probabilidad de que su gobierno no sobrevivirá las elecciones de 2012. Mi mensaje a la MUD es que bien vale la pena probarlo.
Ana Julia Jatar
Este no es un concepto nuevo. De hecho, en 1927, Alexander Nahum Sack, ex ministro ruso y luego profesor de Derecho en la Universidad de París fue el primero en articular la idea de la deuda odiosa: “Si un gobierno totalitario incurre en una deuda no para satisfacer las necesidades del pueblo ni los intereses del Estado, sino para fortalecerse como régimen autoritario, esta deuda es `odiosa’ para la población de ese Estado". En otras palabras, la deuda contraída de esa manera no es una obligación para la nación, sino que es una deuda sólo del régimen y, por lo tanto, caduca cuando el régimen desaparece.Este principio se ha aplicado anteriormente. Su más reciente uso ocurrió con la cancelación de buena parte de la deuda externa que dejó el régimen de Saddam Hussein. Actualmente, el Center for Global Development en Washington está llevando a cabo un estudio liderado por Michael Kremer para evaluar su mayor aplicación y limitar a gobiernos forajidos. Luego del último viaje de Chávez, pienso que hoy la situación es propicia para retomar el tema que propuse hace dos años, y con muchas probabilidades de éxito para la oposición democrática. A diferencia de entonces, contamos con una oposición unida que logró la mayoría de los votos en las elecciones pasadas y una buena representación en la Asamblea Nacional.
Propongo que se lleve a cabo una discusión a escala nacional para frenar el gasto militar desquiciado e irresponsable de este gobierno, pues está comprometiendo seriamente el futuro del país con objetivos que sacrifican el bienestar del pueblo venezolano. Los miles de millones de dólares gastados en una absurda carrera armamentista sólo sirven para fortalecer al régimen, satisfacer la paranoia guerrera de Chávez o, en última instancia, para comprar lealtades de gobiernos que pudieran enfrentarlo.
¿Qué hacer? Una estrategia a considerar es la de declarar ilegítima la nueva deuda externa que emita el Gobierno venezolano para, de esta manera, alertar a los potenciales prestamistas internacionales de que el país no tiene el compromiso de pagarla luego de la salida de Chávez. Esta declaración por parte de la MUD impediría que el Gobierno consiga financiamiento y, por esa vía, comprometa sin propósitos justificables el futuro del país y el presupuesto del próximo gobierno. Con ello se le pondrían límites a su capacidad de gasto y de endeudamiento. Para que el principio de deuda ilegítima tenga el efecto que se desea sin destruir el acceso al crédito de los gobiernos legítimos, es importante que la declaratoria se haga por adelantado y que sólo afecte la deuda emitida a partir de una fecha futura conocida.
Por ejemplo, si la MUD expresa su desconocimiento a toda nueva deuda contraída en un momento específico a partir de hoy, podría disminuir el apetito de muchos inversionistas por financiar la irresponsabilidad chavista. Esos futuros acreedores entenderán que esa deuda probablemente no sea reconocida por las cortes internacionales y por lo tanto, no podrán hacer valer sus derechos a la hora de cobrar. Esto, sin duda, limitaría el acceso de Chávez a fuentes financieras que ya ven una alta probabilidad de que su gobierno no sobrevivirá las elecciones de 2012. Mi mensaje a la MUD es que bien vale la pena probarlo.
Ana Julia Jatar
anajulia@msm.com
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