*CARLOS ALBERTO MONTANER ESCRIBE PARA EL NUEVO HERALD: “EL CAMINO DEL DESASTRE”
HUGO CHÁVEZ VA A ESTATIZAR LAS SIDERÚRGICAS Y LAS GRANDES FÁBRICAS DE CEMENTO DE VENEZUELA.
Hugo Chávez va a estatizar las siderúrgicas y las grandes fábricas de cemento de Venezuela. En lugar de hacer una revolución comunista, la está comprando a plazos con su río particular de petrodólares. No se propone fusilar a los capitalistas sino, simplemente, comprarles sus propiedades. Ya lo hizo con la electricidad de Caracas y la compañía de teléfonos, y planea repetir el ejemplo con todos los sectores importantes de la economía. El ecuatoriano Rafael Correa y el boliviano Evo Morales, cada uno a su ritmo, van por el mismo camino.
Esta gente es incapaz de aprender de la experiencia ajena. En las veinte sociedades más prósperas del planeta todo el aparato productivo cae dentro del ámbito privado. Son países permanentemente estimulados por la competencia y regidos por el imperio de la ley. En este tipo de sociedad el rol del Estado es clarísimo: no es un jugador, sino un árbitro justo y un factor de estímulo que crea las condiciones para que surjan empresas cada vez más sofisticadas y complejas que le agreguen valor a la producción. ¿Cómo logran esos objetivos? Hay cinco tareas básicas:
• Generando un marco legal que atraiga a los inversionistas y favorezca la supervivencia de las empresas.
• Perfeccionando el Poder Judicial para que los inevitables conflictos que surgen en el curso de las relaciones humanas puedan solucionarse rápida y razonablemente conforme al derecho.
• Favoreciendo el desarrollo general de la educación y la salud para propiciar la disponibilidad de un robusto capital humano capaz de sostener un aparato productivo de complejidad ascendente.
• Manteniendo los equilibrios macroeconómicos con una prudente política fiscal y monetaria.
• Concesionando o ''tercerizando'' todos los servicios que puedan realizarse en el ámbito de la empresa privada.
Le corresponde al gobierno decidir cuáles son las infraestructuras que se necesitan construir o los servicios que se deben poner en marcha. Sin embargo, la experiencia nos enseña que la manera más eficiente y económica de convertir estas necesidades en obras duraderas es adjudicar su ejecución, manejo y mantenimiento a empresas surgidas en el seno de la sociedad civil. ¿Por qué? Hay, por lo menos, cinco razones que explican por qué el Estado es un pésimo empresario:
• Porque siempre es más costoso e ineficiente. Las empresas públicas, en general, son enormes focos de corrupción. En el peor de los casos, los políticos y funcionarios venales se apoderan de tajadas sustanciales de los presupuestos. En el mejor, convierten a las empresas públicas en sitios dedicados a contratar y favorecer amigos y partidarios, sobredimensionando las plantillas con trabajadores innecesarios.
• En las empresas públicas no es posible establecer fórmulas de incentivar a los buenos trabajadores o de penalizar a los incompetentes. Como nadie se beneficia o perjudica directamente con los resultados de la gestión de los trabajadores, se destruyen los fundamentos de la meritocracia.
• La empresa pública es mucho más vulnerable que la privada cuando surgen conflictos laborales. Despedir a un mal trabajador del sector público suele ser un calvario. Corregir su indisciplina es punto menos que imposible. Dado que cualquier enfrentamiento entre el empleador y el empleado tiene un costo político, la tentación de la administración pública es siempre a ceder, incluso ante las situaciones y demandas más injustas.
• La empresa privada tiene incentivos positivos y negativos para cumplir las metas pactadas en los contratos (el lucro si hace bien su trabajo y multas que pueden llegar a la pérdida de la concesión si defrauda a los usuarios), mientras que el Estado carece de esos mecanismos de recompensa o punición. Cuando un Estado es el responsable directo de brindar cierto servicio y no cumple o cumple mal sus objetivos, pareciera que nadie es responsable de esos fracasos. En cambio, si esos servicios se pactaron con una empresa privada a la que le fueron adjudicados mediante un contrato transparente y detallado, cualquier incumplimiento tiene nombre y apellido e inmediatas consecuencias negativas.
• Si partimos de la base de que uno de los objetivos clave de los gobiernos es estimular la creación y sostenimiento de un tejido empresarial denso y creciente, una de las vías para lograrlo es concesionar, ''tercerizar'' todo aquello que pueda realizarse en el ámbito privado. Esto, además, tiene otro componente adicional muy beneficioso: una parte de los beneficios del concesionario regresa al tesoro público por la vía de los impuestos.
Hoy sabemos, en fin, cómo se alcanzan la prosperidad y el progreso colectivos. Chávez, Correa y Morales van en dirección contraria. Por el camino que han elegido van a hundir más a sus pueblos.
www.firmaspress.com
© Firmas Press
Hugo Chávez va a estatizar las siderúrgicas y las grandes fábricas de cemento de Venezuela. En lugar de hacer una revolución comunista, la está comprando a plazos con su río particular de petrodólares. No se propone fusilar a los capitalistas sino, simplemente, comprarles sus propiedades. Ya lo hizo con la electricidad de Caracas y la compañía de teléfonos, y planea repetir el ejemplo con todos los sectores importantes de la economía. El ecuatoriano Rafael Correa y el boliviano Evo Morales, cada uno a su ritmo, van por el mismo camino.
Esta gente es incapaz de aprender de la experiencia ajena. En las veinte sociedades más prósperas del planeta todo el aparato productivo cae dentro del ámbito privado. Son países permanentemente estimulados por la competencia y regidos por el imperio de la ley. En este tipo de sociedad el rol del Estado es clarísimo: no es un jugador, sino un árbitro justo y un factor de estímulo que crea las condiciones para que surjan empresas cada vez más sofisticadas y complejas que le agreguen valor a la producción. ¿Cómo logran esos objetivos? Hay cinco tareas básicas:
• Generando un marco legal que atraiga a los inversionistas y favorezca la supervivencia de las empresas.
• Perfeccionando el Poder Judicial para que los inevitables conflictos que surgen en el curso de las relaciones humanas puedan solucionarse rápida y razonablemente conforme al derecho.
• Favoreciendo el desarrollo general de la educación y la salud para propiciar la disponibilidad de un robusto capital humano capaz de sostener un aparato productivo de complejidad ascendente.
• Manteniendo los equilibrios macroeconómicos con una prudente política fiscal y monetaria.
• Concesionando o ''tercerizando'' todos los servicios que puedan realizarse en el ámbito de la empresa privada.
Le corresponde al gobierno decidir cuáles son las infraestructuras que se necesitan construir o los servicios que se deben poner en marcha. Sin embargo, la experiencia nos enseña que la manera más eficiente y económica de convertir estas necesidades en obras duraderas es adjudicar su ejecución, manejo y mantenimiento a empresas surgidas en el seno de la sociedad civil. ¿Por qué? Hay, por lo menos, cinco razones que explican por qué el Estado es un pésimo empresario:
• Porque siempre es más costoso e ineficiente. Las empresas públicas, en general, son enormes focos de corrupción. En el peor de los casos, los políticos y funcionarios venales se apoderan de tajadas sustanciales de los presupuestos. En el mejor, convierten a las empresas públicas en sitios dedicados a contratar y favorecer amigos y partidarios, sobredimensionando las plantillas con trabajadores innecesarios.
• En las empresas públicas no es posible establecer fórmulas de incentivar a los buenos trabajadores o de penalizar a los incompetentes. Como nadie se beneficia o perjudica directamente con los resultados de la gestión de los trabajadores, se destruyen los fundamentos de la meritocracia.
• La empresa pública es mucho más vulnerable que la privada cuando surgen conflictos laborales. Despedir a un mal trabajador del sector público suele ser un calvario. Corregir su indisciplina es punto menos que imposible. Dado que cualquier enfrentamiento entre el empleador y el empleado tiene un costo político, la tentación de la administración pública es siempre a ceder, incluso ante las situaciones y demandas más injustas.
• La empresa privada tiene incentivos positivos y negativos para cumplir las metas pactadas en los contratos (el lucro si hace bien su trabajo y multas que pueden llegar a la pérdida de la concesión si defrauda a los usuarios), mientras que el Estado carece de esos mecanismos de recompensa o punición. Cuando un Estado es el responsable directo de brindar cierto servicio y no cumple o cumple mal sus objetivos, pareciera que nadie es responsable de esos fracasos. En cambio, si esos servicios se pactaron con una empresa privada a la que le fueron adjudicados mediante un contrato transparente y detallado, cualquier incumplimiento tiene nombre y apellido e inmediatas consecuencias negativas.
• Si partimos de la base de que uno de los objetivos clave de los gobiernos es estimular la creación y sostenimiento de un tejido empresarial denso y creciente, una de las vías para lograrlo es concesionar, ''tercerizar'' todo aquello que pueda realizarse en el ámbito privado. Esto, además, tiene otro componente adicional muy beneficioso: una parte de los beneficios del concesionario regresa al tesoro público por la vía de los impuestos.
Hoy sabemos, en fin, cómo se alcanzan la prosperidad y el progreso colectivos. Chávez, Correa y Morales van en dirección contraria. Por el camino que han elegido van a hundir más a sus pueblos.
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