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viernes, 27 de diciembre de 2013

ANTONIO LEDEZMA, DIÁLOGO

La reunión de Nicolás Maduro con los alcaldes de la Alternativa Democrática la pasada semana constituyó una buena oportunidad para aclararle, con alto sentido de responsabilidad, algunos aspectos que obstaculizan la buena marcha de los municipios.

Hemos iniciado un diálogo, pero no para claudicar, sino un diálogo crítico, que nos aproxime en la búsqueda de soluciones a los problemas que afectan al colectivo.

En la reunión debieron participar también los alcaldes del oficialismo; para nosotros no hubiese sido incómodo, y no deben mantenerse estas divisiones.

Fuimos a hablar inaugurando ese diálogo en el cual debemos reconocernos y respetarnos todos. Allí no asumí un discurso diferente al que tengo en la calle. Participamos porque queremos transitar dentro de la Constitución Nacional, que es el verdadero Plan de la Patria, aun cuando no nos negamos a discutir el plan del Ejecutivo nacional. No fuimos a resolver diatribas personales, porque eso no le interesa al pueblo.

Fuimos a hablar de los problemas que padecen los venezolanos, de sus necesidades más urgentes, a dar testimonio en pro de una convivencia, muy propicia en estos días de Navidad. Tengo la plena convicción de haber interpretado a todos los venezolanos cuando afirmé que ya basta de odios y agravios, porque eso termina afectándonos a todos.

El tema es de gobernabilidad que tiene que ver con el respeto. Exigí a Maduro la devolución de las competencias y recursos a la Alcaldía Metropolitana. No se trata de un acto de caridad, sino de justicia. El pueblo nos eligió para que asumiéramos nuestras competencias y responsabilidades.

No participamos con camisas de fuerza ideológicas. Fui portavoz de los ciudadanos que me favorecieron con sus votos y los que no sufragaron por mí.

Muchas de las alcaldías carecen de los recursos necesarios para cancelarles los aguinaldos a sus empleados y obreros. ¿Cómo se les dirá a los venezolanos, que serán aumentados los precios de la gasolina y los servicios, cuando a través de Cadivi se entregaron los dólares a empresas fantasmas de maletín?

La ocasión fue propicia para solicitar que, en el marco de la Ley Habilitante, se promulgue una amnistía a los presos políticos y a los que están en el exilio.

Eso sería un buen gesto. Venezuela necesita un gobierno para todos, y guiado por la Constitución Nacional.

ledezmaantonio@hotmail.com

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miércoles, 9 de octubre de 2013

CHARITO ROJAS, CORRUPTOS HABILITADOS

“Nada hay más terrible que una ignorancia activa”. Johann Wolfgang Goethe

La lapidación es un castigo bíblico en el que el reo de algún delito del cual usualmente no ha podido defenderse, es apedreado públicamente por el pueblo que disfruta lanzándole rocas hasta que el acusado(a) muere ante los ojos de sus feroces jueces. 

Lo que acabamos de presenciar en la Asamblea Nacional con la excusa de petición por parte del presidente en ejercicio de una Ley Habilitante es exactamente una lapidación de la oposición venezolana. Sin derecho a la defensa, cualquiera que no esté alineado con las políticas revolucionarias, llámese como se llame, ejerza la actividad que sea, milite en el movimiento o partido que quiera, ha sido lapidado por un discurso que evidentemente no fue escrito ni pensado por su protagonista. 

Todo ha estado mal en esa puesta en escena, el acto en sí ha sido una ofensa a la democracia, a la justicia, a la política honesta, y sobre todo a un país que espera de sus líderes algún respeto hacia los ciudadanos. 

En primer lugar, el presidente solicitó acudir a la sesión de la Asamblea para introducir una Ley Habilitante con el argumento de lucha contra la corrupción, lo cual evidentemente no requería de la pompa de una sesión solemne, en lo cual fue convertida….aunque solo fuera desde el punto de vista protocolar. La presencia en el presidio de la contralora encargada, de la presidente del CNE, de la presidente del TSJ, del Alto Mando Militar representaba no solo una acción de Estado, sino también el apoyo en bloque de todos los poderes en una petición a todas luces con intenciones políticas. Una reafirmación más de la inexistencia de la separación de poderes en Venezuela, condición indispensable para hablar de democracia. 

Las sesiones en la asamblea nacional usualmente son convocadas a las dos y media de la tarde y esta no era una sesión extraordinaria, sin embargo, se anunció la presencia presidencial a las 4 de la tarde y él llegó pasadas las 6 de la tarde, en un acto de abierta descortesía hacia el poder legislativo. En el hemiciclo, las barras chavistas ya habían tomado los dos balcones y disfrutaban su habitual ejercicio de insultos y pitas contra los diputados de la bancada de oposición que ingresaban a la sala, ya ocupada por ministros, viceministros y otros funcionarios que hacían presencia en pleno en este acto. Hasta el expulsado Calixto Ortega, aun lamentando su intempestiva salida del “imperio”, estaba presente. 

Y los militares, algunos de ellos con insólitas bandas rojas en sus brazos, estaban alineados, dispuestos al aplauso obsequioso. Con tal escenario ingresó Maduro con su primera combatiente al lado en el hemiciclo. 

Muy curioso el hecho de que la cadena nacional no cubrió las palabras del diputado Diosdado Cabello, quien con su habitual conducta de jefe de la pandilla, amenazó a los diputados que no votasen por la habilitante de ser colaboradores de la corrupción. La soga en casa del ahorcado, pues. La intervención del presidente del parlamento lució descolocada, algo exasperada pero sobre todo, vergonzosa, coherente con su conducta habitual frente al parlamento. Durante toda la intervención del solicitante, mantuvo una actitud agresiva. Llegó a amenazar al diputado Julio Borges cuando este protestó las agresiones del discurso presidencial contra diputados y funcionarios pertenecientes a Primero Justicia. “¡Cállate, cállate!”, podía leerse en los labios de Diosdado mientras sus ojos de gato se entrecerraban lanzando dardos a Borges. Al finalizar la intervención de más de dos horas del presidente, Diosdado pidió al secretario de la Cámara recordarle en la próxima sesión aplicar tales y tales artículos a los “diputados malcriados” que no se habían comportado en la sesión. 

Increíble, obviando la institucionalidad de su cargo, se atreve a amenazar ante todo el país a diputados electos por la voluntad popular, representantes de venezolanos que merecen respeto, el mismo que se les faltó durante toda la sesión. La periodista de Antv, único canal autorizado para actuar dentro del hemiciclo hizo durante las dos horas de espera entrevistas por doquier, pero ningún diputado de oposición fue tomado en cuenta. No existen sino para ser insultados. Aparte de la grosería de encadenar a todos los canales del Estado, que no pertenecen al Psuv ni al finado, ni al actual ni a ningún funcionario de turno, la transmisión estuvo, como ya es usual, enfocada a dar vivas al régimen, tomar solo declaraciones oficiales, llevar imágenes solo de adeptos al gobierno. 

El otro país no existe para la revolución. Y el otro país es más de la mitad del país. ¿Hasta cuándo pervivirán flotando como el aceite sobre una masa de agua que es muy superior numéricamente? Las palabras de Diosdado cuando presentó al orador como el “Presidente Constitucional electo por una abrumadora mayoría, con transparencia electoral”, hace reaccionar a un país al que todavía el CNE no ha logrado disiparle la duda sobre la legitimidad del heredero. 

Por primera vez, el presidente hace uso de la lectura de un texto en un discurso. NI siquiera en el acto solemne de su juramentación, con invitados de otros países presentes, ha dejado de improvisar discursos cuyo denominador común es una cómica incoherencia adobada de repeticiones de frases y pensamientos del finado y anécdotas que nadie sabe si son un chiste o un drama. 

Pero evidentemente, alguien le escribió ese discurso, lleno de citas de personas cuyos nombres ni siquiera sabía pronunciar, de palabras que en su vida ha dicho. Su esfuerzo por no equivocarse era patético; en una oportunidad repitió en cinco oportunidades el apellido de un autor. Por eso respiró aliviado cuando citó a uno que sí conocía, su filósofo favorito, Pérez Pirela. 

Todo lo que dijo en el discurso fue una horripilante confesión de la corrupción que ha reinado en el país justamente en este periodo revolucionario. Criticó a Cadivi, sin mencionar que ese fue un invento de su finado mentor. Dijo que la burguesía parasitaria, que no hace nada por el país, robó miles de millones en Cadivi, que ha saqueado el país, que quieren hacer creer al país que no producen porque no le dan dólares. Que son unos chupa dólares, es decir. Ni por asomo mencionó a los bolichicos ni a los boliburgueses, una especie de corruptos rojo rojitos que ha crecido a la sombra del régimen, como grandes beneficiarios y testaferros de los funcionarios más pesados. 

Se olvidó el presidente decir que nunca la corrupción había sido tan grosera, descarada, permitida, como la que ha campeado en este periodo. Se le olvidó también decir que es imposible que haya corrupción si no hay un corrupto en el centro del poder, donde se manejan los recursos. Y esos, son todos chavistas. Se le olvidó que ellos se han encargado durante casi 15 años de sacar de todos los organismos del Estado, a todos los niveles, a todos aquellos técnicos, profesionales, funcionarios, que no tengan el carnet rojo. Se le olvidó también decir que tienen el control total del Estado, que si hay corrupción es porque el gobierno chavista la ha permitido. 

¿Quién tiene los dólares? ¿Quién maneja el BCV, Pdvsa, las empresas básicas de Guayana, todas las empresas expropiadas, el tesoro nacional? ¿Quién tiene a su servicio la contraloría, la defensoría, los tribunales, el poder electoral? ¿Fedecámaras? ¿Consecomercio? ¿Fedeagro? No. Es el propio que fue a la Asamblea a pedir poderes especiales porque no puede controlar la corrupción con los que tiene ni con las leyes anticorrupción que están vigentes en el país. 

La infamia de utilizar una tribuna oficial, que pertenece a todos los venezolanos y lanzar a través de una cadena nacional acusaciones, insultos, difamaciones, en fin, lapidar a la oposición con la excusa de la lucha contra la corrupción, es una conducta que avergüenza la Venezuela decente. No dar el derecho a la defensa y además de eso acusar a otros de los pecados que estás cometiendo es hipócrita y malvado. 

Y hay que revisar el grado de estupidez o de ignorancia que tienen quienes creen que esta Ley Habilitante es para combatir su propia corrupción, que es de lo que hablamos quienes tenemos los ojos bien abiertos. Ya lo dejaron escapar para quienes entiendan el idioma español: “esta ley-presidente dixit- es para luchar contra la corrupción y contra la guerra económica que nos hace la burguesía parasitaria”. Ajajá, eso se traduce así: “vamos a barrer a la oposición, a los partidos, a la empresa privada y a todos aquellos que se opongan a nuestra economía socialista”. 

Les pregunto algo: un gobierno que ubicó en 15 años a Venezuela como el último país en el ranking de libertades económicas, que ha destruido el aparato productivo nacional y por eso importamos el 72% de lo que consumimos, que es manifiestamente incapaz de mantener la infraestructura eléctrica, hídrica, vial y petrolera que dejó la democracia, que es incapaz de mantener la paz social y muy al contrario, incita al enfrentamiento de clases y a las conductas violentas hacia la disidencia; que no solo no ha controlado el problema de la inseguridad sino que lo ha hecho crecer exponencialmente con una tolerancia inadmisible en un Estado responsable. Y todo esto sucede en un gobierno con poder para cambiar leyes, quitar y poner funcionarios, dotar presupuestos y hacer lo que le venga a su real gana. Entonces ¿ustedes creen que el gobierno necesita esa Ley Habilitante con el pretexto de combatir la corrupción? 

Claro que no. Considerando las experiencias con las leyes habilitantes dadas al finado, que con excusas como ayudar a los damnificados modificó leyes orgánicas como la del trabajo y la de la Fuerza Armada, que le sacó la lengua a los venezolanos que votaron en un referendo NO a leyes a todas luces inconstitucionales pero él las promulgó por esta vía, es de suponer que el hijo putativo del finado va a hacer lo mismo. Escogerá a los miembros del TSJ, del CNE, al Contralor, dictará medidas de emergencia, expropiará, todo ello lanzando a la Constitución por la borda y con el aplauso de sus felicitadores, que gozan por cierto de una gran prosperidad. 

Dicen que tienen el diputado 99. Y lo conseguirán con la misma corrupción que quieren combatir. Siguen sin escuchar al país. Los rumores vuelan y aquí no los repetimos porque solo hablamos de hechos comprobables. Pero la protesta es el sino de estos tiempos, la inconformidad es general y creen que a la fuerza la van a combatir, cuando hay razones de fondo para que los venezolanos estén insatisfechos con el curso del país. 

Cada sector tiene sus propios intereses para sobrevivir a estos tiempos nefastos para las libertades. En algún momento coincidirán y los acontecimientos serán rápidos y furiosos. Y eso a nadie conviene. El presidente haría bien en dialogar con la mitad que ignora y enviar a unas largas vacaciones a quienes lo ponen a hacer el ridículo de mentirle al país en cadena nacional. 


Twitter: @charitorojas

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martes, 1 de octubre de 2013

JUAN PÁEZ ÁVILA, DERECHOS HUMANOS, CASO VENEZUELA

        La salida de Venezuela de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, tiene como objetivo dejar sin protección a los venezolanos víctimas de la recurrente violación de sus derechos constitucionales por parte de cuerpos represivos del gobierno, que se le puede convertir en un boomerang, debido a los compromisos que ha adquirido en diferentes tratados  internacionales que ha firmado y ratificado, como miembro la ONU y de la OEA que exigen su cumplimiento insoslayable.
El establecimiento de los Derechos Humanos en la Constitución Nacional y en todas las Cartas Magnas del mundo civilizado, y la creación de instituciones nacionales e internacionales para vigilar el cumplimiento de tales normas fundamentales en la sociedad contemporánea, es considerado como uno de los avances de mayor trascendencia en la búsqueda de un régimen que garantice el progreso material y espiritual del ser humano. Sin embargo,  no lo han podido disfrutar los pueblos donde  la cultura de la violencia  ha  predominado, en la conciencia no sólo  de los gobernantes llegados al poder por la fuerza de las armas, sino también en algunos casos ungidos por el voto mayoritario de la población.
Las grandes dificultades que han encontrado los seres humanos en el devenir de su evolución hacia una sociedad de tolerancia y de respeto a sus derechos, han sido muchos, la mayoría productos del mesianismo de algunos gobernantes  que para perpetuarse en el poder, han violado y violan lo que antes, ejerciendo la oposición, defendían. Y no es el último caso el único que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA denuncia, sino que en su último informe con relación al gobierno del difunto Presidente Hugo Chávez, devela centenares de hechos violentos contra adversarios del régimen o simples disidentes de sus políticas públicas, que han sido víctimas de la represión policial o de la acción judicial después de ser imputados de cometer delitos comunes sin que los fiscales ni los jueces hayan presentado pruebas convincentes y sobre todo señaladas como tales por las leyes vigentes.
La reacción del extinto Jefe del Estado y en particular de los representantes de los Poderes Legislativo, Judicial y Ciudadano, de rechazo  al informe,  y la descalificación a quienes lo elaboraron a partir de denuncias de familiares  o de las propias víctimas, revela la gravedad de lo que ha pasado en los  últimos 14 años y continúa pasando en nuestro país, cuyos altos funcionarios se niegan a discutir el contenido de dicho Informe porque se saben culpables de delitos de lesa humanidad, porque  ese Informe no tiene sesgo político.
El Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quedará en la OEA como testimonio de la actuación de funcionarios del gobierno que utilizan la violencia contra civiles indefensos, condenados por El Estatuto de Roma, aprobado y ratificado por Venezuela.  Si por ahora no pueden ser juzgados por sus delitos de lesa humanidad, éstos no prescriben y osu impunidad será transitoria, y sus autores recibirán la sanción de los tribunales nacionales e internacionales cuando las circunstancias lo permitan.
En el mundo contemporáneo ya existen casos ejemplares, en los que gobernantes y sus cómplices en la ejecución de acciones represivas, violatorias de los Derechos Humanos han sido apresados y condenados por tribunales internacionales integrados por jueces imparciales, verdaderos profesionales de la aplicación de la justicia. De allí que   algunos altos funcionarios del actual gobierno, responsables de delitos contra las personas inermes, civiles desarmados, manifestantes pacíficos, tendrán que responder en el futuro cercano o lejano, ante la justicia internacional
Y aunque es posible que con la entrada a MERCOSUR Nicolás Maduro se vea obligado a morigerar la represión policial y controlar, si es que puede,  a los grupos paramilitares, para cumplir con disposiciones del tratado integracionista, relativas a las libertades públicas, es necesario esperar las próximas ejecutorias gubernamentales. Lo que resulta evidente es que la salida de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, tendrá un alto costo político internacional,  y si la Mesa de la Unidad Democrática (MUD)   maneja acertadamente la bravuconada Madurista, el costo político puede ser también nacional y cobrado en votos el próximo 8 de diciembre.
Juan Páez Ávila ‏
@jpaezavila


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