La
destrucción del país es una lamentable realidad que recoge el excelente
libro coordinado por José Curiel: “Del Pacto de Punto Fijo al
Pacto de La Habana” en el que se muestran los logros de la democracia
entre 1958 y1998; y el desastre chavista desde entonces, basado
en la mentira y el odio.
De un país pujante, en pleno desarrollo,
a un país empobrecido, acabado y dividido, en el que domina
el cuartel y el irrespeto a la persona, una corrupción sin precedentes
y una impunidad que abre el camino a la
comisión de crímenes
y delitos de todo tipo, producto de una irresponsabilidad total
de quienes hoy manejan el país.
Hacia
afuera, como prolongación de las nefastas políticas nacionales, el
régimen muestra también la mayor irresponsabilidad, lo que se refleja
en el tratamiento que ha dado a dos temas de sumo interés, uno esencialmente
político: la crisis en Gaza; y otro fundamentalmente jurídico,
la reclamación del territorio esequibo.
En
el primer caso, la posición asumida es deplorable y torpe más si se considera
la pretensión de Venezuela de ingresar al Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas. El apoyo irrestricto a grupos terroristas
palestinos, lejos de contribuir con la estabilidad en el Medio
Oriente aumenta las tensiones. Es inconcebible e inaceptable apoyar
a grupos que plantean “aniquilar” el
Estado de Israel. Es un error
apoyar el terrorismo internacional y sus prácticas, especialmente,
en este contexto, con el alistamiento de niños y su uso como
escudos en objetivos militares, para responsabilizar a Israel de la
muerte de civiles inocentes.
Más errático y perverso aun resulta traer
niños palestinos, sin programa, improvisadamente, sólo con fines políticos,
violación clara de todas las normas internacionales relacionadas
con la protección de los niños.
El
caso de la reclamación del territorio esequibo es igualmente patético.
Un tema de Estado como lo vieron con la mayor seriedad los gobiernos
democráticos hasta 1998, convertido hoy en un tema de gobierno
y de partido por los aventureros e improvisados que tienen la
responsabilidad de proteger los intereses nacionales y defender la soberanía
y la integridad territorial.
El
régimen ha manejado de la manera mas irresponsable este tema. En secreto.
De forma misteriosa, quizás para adaptarse a los intereses cubanos.
Se separa a los expertos conocedores del tema, se asumen posturas
sin consulta nacional y se nombra
facilitador a un funcionario
ausente que desconoce todos los aspectos
del tema.
Lo
relativo a los comportamientos, acciones e inacciones del Estado; y a
las declaraciones unilaterales es quizás uno de los más complejos.
No
ha habido siempre respuestas oficiales oportunas ni suficientes a algunas
acciones de Guyana; un silencio inconveniente que puede traducirse
en ciertas condiciones en aquiescencia y más allá en aceptación
o en reconocimiento de una situación determinada. También se
habrían formulado declaraciones que no necesariamente producen efectos
jurídicos.
El Derecho Internacional exige ciertas condiciones que
se resumen en la intención, la capacidad del funcionario, la publicidad
y la claridad lo que no responde a la realidad de estas actuaciones.
La
torpeza del régimen no puede llevarnos a conclusiones ligeras contrarias
al interés nacional. Sería impropio de los formadores de la doctrina
internacional en el país otorgar un valor jurídico a esos actos
atribuibles al Estado por la irresponsabilidad de los encargados de
ejecutar la política exterior y fortalecer así las tesis de Guyana.
Victor
Rodriguez Cedeño
vitoco98@hotmail.com
@VITOCO98
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