Una sociedad equilibrada precisa la
existencia de un Estado fuerte, no fofo y abultado con desempleados disfrazados
como el nuestro, así como de sectores privados pujantes, rentables y creadores
de empleo con clara responsabilidad legal en el pago de impuestos y
responsabilidad social en sus aportes a la sociedad.
También necesita de
Organizaciones de la Economía Social (OESs) con claros valores y principios
como base para la resolución de problemas comunes con bases democráticas,
aportes colectivos, y el trabajo como sustento. El denominador común de estos
tres sectores debe ser el emprendimiento, individual o colectivo pero generador
de organizaciones estable y con impactos socio-económicos en esas tres áreas.
En esta idea, la sociedad debería impulsar
una Política de Estado para el Desarrollo de la Economía Social y un marco
jurídico favorables a las OESs, compatibles con su naturaleza y función, y
respetuoso de la autonomía e independencia que ellas reclaman.
Una "Comisión Sextupartita"
impulsora de esa Política de Estado se hace necesaria: Gobierno, trabajadores,
empresarios, comunidades organizadas, universidades y OESs. La base de esa
política debe ser el binomio Participación - Corresponsabilidad Social /
Estado-OESs.
Se trata de que la relación Ganar-Ganar /
Estado-OESs trascienda cualquier gestión gubernamental y centre su actividad en
la producción de riquezas y de empleos, concediendo herramientas formativas y
de trabajo y no herramientas de mendicidad y de espera a "que bajen los
recursos", evitando al mismo tiempo que la clase media nutra la pobreza.
Un reto de esa política sería enfrentar
intereses burocrático-partidistas de cualquier signo. Su centro deben ser los
problemas que de manera transversal afectan la ciudadanía por lo que debería
trabajar con categorías concretas, sinérgicas y operacionales como, a manera de
ejemplo, desnutrición, educación, capacitación, desempleo, inseguridad,
vivienda, y costo de la vida. Ella, como toda política de su calibre, debe ser
a muy largo plazo y basarse en una Ley Orgánica para el Desarrollo de la ES;
recuérdese que la ES tiene asidero constitucional gracias al cooperativismo
venezolano que logró incluirla en la actual Constitución mediante una
movilización nacional.
Esa política debe impulsarse mediante un
amplio plan de difusión de las características y bondades de las OESs y apuntar
a salvar las cooperativas salvables, superar los sectarios límites que hoy
dominan la Asamblea Nacional, apoyarse en aliados interesados en su agenda, e
institucionalizar la ES en los diferentes poderes: En el Ejecutivo con un nivel
ministerial que permita, a manera de helicóptero, cooperativizar lo
cooperativizable en la Sociedad y en la Administración Pública; en el Judicial,
estableciendo tribunales específicos con jurisprudencia basada en el Derecho
Cooperativo, el Derecho Mutualista, y el Derecho Asociativo y de la
Participación.
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