MARY ANASTASIA O’GRADY, ESTADOS UNIDOS BAILA CON OTRA DICTADURA, CASO VENEZUELA,

¿Qué estaba haciendo recientemente un alto diplomático estadounidense en Haití reuniéndose con un político venezolano que, según reportes, está siendo investigado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por dirigir una gigantesca operación de tráfico de cocaína?

Esa es la pregunta que plantean las fotos que aparecieron la semana pasada en Internet en las que Tom Shannon, consejero del Departamento de Estado, aparece posando en Puerto Príncipe con el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Diosdado Cabello. En las fotos también aparece el presidente de Haití, Michel Martelly, la ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, y un francés chavista con ciudadanía venezolana que actualmente vive en Washington.

La respuesta más creíble es que el gobierno del presidente Barack Obama está una vez más trabajando para salvar un estado policial que está a punto de colapsar bajo su propio peso. El problema es que cada vez que el equipo de Obama se sienta a jugar póquer con mafiosos (estamos hablando de Rusia, Irán y Cuba) sale con los bolsillos vacíos. Los defensores de la democracia en la región tienen motivos para estar nerviosos.

No es de extrañar que Venezuela esté lista para hablar con EE.UU. Los dos países no tienen relaciones diplomáticas a nivel de embajada desde 2010. Ahora, la dictadura está prácticamente en bancarrota. Su dependencia singular de las ventas de petróleo para generar reservas de divisas funcionó en los días en que el barril llegaba a US$100. No obstante, el descenso de los precios y errores crasos de gestión en el monopolio estatal PdVSA han paralizado los ingresos. China e Irán tienen sus propios problemas y no están ayudando al país sudamericano como lo hicieron antes. A pesar de esto, Cuba, que maneja la inteligencia y la seguridad del Estado venezolano, sigue necesitando el crudo venezolano para sobrevivir.

Puede que Cabello también tenga un interés personal para hablar. El 18 de mayo, The Wall Street Journal citó a un funcionario del Departamento de Justiciadiciendo que Cabello es un “blanco principal” en lo que el diario describió como una investigación sobre acusaciones de que Venezuela se ha convertido en una “centro global para el tráfico de cocaína y el lavado de dinero”. Cabello ha negado cualquier lazo con el tráfico de drogas.

Entre la investigación del Departamento de Justicia y la situación de la economía venezolana, se podría pensar que EE.UU. lleva las de ganar en cualquier diálogo. Pero el gobierno del presidente Obama no ha demostrado mucha destreza a la hora de negociar con sus adversarios y Cabello tiene fama de ser implacable.

Diosdado el verdadero poder

El político de 52 años es a menudo descrito como el número dos en Venezuela, pero puede que sea el que dirige el país. Se dice que tiene mayor influencia sobre las fuerzas militares que el sucesor de Hugo Chávez, el poco carismático dictador Nicolás Maduro. Si Cabello es el principal jefe narco, eso aumentaría su poder.

Un funcionario del Departamento de Estado me dijo la semana pasada que los temas analizados con Cabello en Haití incluyeron el tratamiento que el gobierno de Maduro le da a los prisioneros políticos, la importancia de establecer una fecha este año para elecciones parlamentarias y la provisión de observadores internacionales creíbles.

“Seguimos muy preocupados por el bienestar de los prisioneros políticos. Hemos hecho un llamado público por su liberación y creemos que en el caso de alguien como Leopoldo López [ex alcalde de Chacao, un municipio de Caracas, y miembro importante de la oposición] es un líder político muy valioso como para perderlo”, señaló el funcionario.

Desde abril, Shannon ha viajado dos veces a Caracas para mantener conversaciones bilaterales con Maduro. Tal vez la conversación fue trasladada a Haití este mes para reducir su prominencia. Pero el lunes durante la conferencia de prensa rutina, el vocero del Departamento de Estado, Jeff Rathke, dijo que no estaba al tanto de la reunión cuando le preguntaron sobre el papel de Cabello en Puerto Príncipe.

Eso quiere decir que la participación de Cabello en las conversaciones debería haber sido secreta o se presentó sin haber sido invitado. Claramente, las fotos no favorecen los intereses de EE.UU. Para Cabello, en cambio, brindan un aire de legitimidad que podría contraponerse a su imagen de narcotraficante. La posibilidad ha llevado a algunos observadores a especular que Shannon cayó en una trampa.

Diosdado y Shannon 8Un vocero del Departamento de Estado me dijo en un correo electrónico la semana pasada que la reunión fue “positiva y productiva”. Traducción: no hay nada que ver aquí, siga su camino. En realidad, hay mucho en juego en estas negociaciones. El fin de la dictadura del chavismo sería algo positivo, pero un descenso en un caos de proporciones africanas arrastraría el frágil movimiento pro-democracia.

Unas elecciones limpias podrían producir una transición de regreso a la democracia no muy diferente a la votación con monitores internacionales que sacó del poder en 1990 a Daniel Ortega en Nicaragua. Sin embargo, vale la pena recordar que los sandinistas de Ortega nunca dejaron las armas, ni cedieron el control de los tribunales, lo que hizo imposible una democracia verdadera.

El régimen chavista de Venezuela —con Cuba trabajando tras bambalinas— no está dispuesto a ceder el poder. Quiere la legitimidad internacional que ha perdido debido a las violaciones de los derechos humanos y el tráfico de drogas. Probablemente, Cabello también aspiraría a salir de la lista de sospechosos en la investigación de narcotráfico. Cualquier promesa que haga sobe pluralismo debe estar avalada por algo más que su palabra. Si Obama pretende obtener concesiones al apuntalar el régimen, como lo ha hecho con Cuba, hay motivos para preocuparse.

Mary Anastasia O'Grady

O'Grady@wsj.com

@MaryAnastasiaOG

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MARY ANASTASIA O’GRADY, UNA CONCESIÓN PELIGROSA EN LAS CONVERSACIONES DE PAZ, CASO COLOMBIA,

MARY ANASTASIA O’GRADY

Una concesión peligrosa en las conversaciones de paz. La última oferta del presidente Santos es no procesar a los narcoterroristas de las FARC por los delitos de narcotráfico.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, tiró una bomba la semana pasada cuando sugirió, en una cadena de radio nacional, que la definición de un delito político debería ser ampliada para incluir el tráfico de drogas. Los delitos cometidos por razones “políticas” que apuntan a la rebelión en Colombia no impiden que una persona ocupe un cargo público, mientras que las condenas por delitos graves sí.

Al día siguiente, el presidente aclaró su pronunciamiento. No todos los narcotraficantes cumplirían con los requisitos para que sus delitos sean reclasificados, dijo. En cambio, la propuesta sería un incentivo ofrecido por el gobierno “específicamente” para las narcoterroristas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en las negociaciones de paz, que se encuentran en su cuarto año en La Habana. La idea, dijo, es prepararse para “el día en que miembros de las FARC quieran participar en política”.

Los colombianos que apoyan una indulgencia para los narcoterroristas como un camino hacia la paz celebraron. Para todos los demás, las declaraciones del presidente confirmaron lo que sus detractores han afirmado desde hace mucho: Santos está rogando a las FARC por un acuerdo, y en el proceso, poniendo en peligro la justicia y la libertad.

El procurador general, Alejandro Ordóñez, estaba particularmente perturbado. El funcionario dijo que Santos quiere poner fin a la persecución criminal del tráfico de drogas cuando es cometido por miembros de la FARC, prohibir su extradición a Estados Unidos y “darles el derecho a gobernar a Colombia a través de la participación política”. Tras haber observado cómo guerrilleros salvadoreños no fueron penalizados después de sus sangrientos crímenes en los años 80 —y luego tomaron el poder e impusieron un gobierno castrista en San Salvador—, muchos colombianos sienten temor. Además, ¿qué pasó con la igualdad ante la ley?

Cuando en agosto de 2012 se filtró a la prensa la notica de las negociaciones secretas con las FARC, el gobierno de Santos reconoció que los diálogos habían empezado hacía más de un año. En ese entonces, el presidente me dijo por teléfono desde Bogotá que los rebeldes se habían acercado a él y que sentía la responsabilidad de ver si podría alcanzarse un acuerdo de paz.

Santos insistió en que no habrá un cese al fuego bilateral ni zona desmilitarizada para los guerrilleros durante las negociaciones, que durarían meses, no años. En sus duras palabras había una convicción implícita de que las fuerzas armadas habían reducido el poder de la guerrilla de forma tan exitosa que las conversaciones eran para facilitar una rendición de los rebeldes.

Algunos de los congresistas santistas que apoyan los diálogos con las FARC

Algunos de los congresistas santistas y abiertamente farianos que apoyan los diálogos con las FARC

Más de 40 meses después del inicio en 2011, todo este razonamiento está boca abajo.

Las negociaciones formales empezaron en Oslo en octubre de 2012, pero enseguida fueron trasladadas a La Habana. La semana pasada, volví a preguntarle a la oficina de prensa de la presidencia por qué se habían trasladado las conversaciones a La Habana, en lugar de a una ubicación neutral. No ha habido respuesta. No obstante, el ex oficial de inteligencia cubano Enrique García me dijo hace unos meses en Miami que llevar a cabo las negociaciones en la isla viene directamente del manual de la KGB soviética.

Cuba es famosa por su vigilancia las 24 horas del día, siete días a la semana, a visitantes influyentes. La ventaja de la ubicación le permite evaluar psicológicamente a los negociadores colombianos, estudiar sus debilidades y desarrollar relaciones de confianza para manipularlos. La KGB también les enseñó a los cubanos a reconocer, y hacer uso, de las ambiciones personales excesivas, según García.

Santos no ha ocultado su anhelo de alcanzar un acuerdo que sería calificado como el final del conflicto más prolongado en el hemisferio. Es difícil ignorar la posibilidad de que Cuba y las FARC esten jugando con el ego del presidente.

Las FARC ciertamente no parecen interesadas en la paz. Se han negado a ceder en todos los asuntos importantes, desde entregar sus armas al gobierno a aceptar penas de cárcel por sus atrocidades, renunciar a la riqueza obtenida de las drogas y la extorsión, y pagar reparaciones a las víctimas.

Los terroristas de las FARC continúan atacando regularmente a blancos civiles. Datos de la policía indican que ha habido decenas de secuestros desde que las FARC prometieron en 2012 poner fin a la práctica. Santos finalmente puso un límite y suspendió las negociaciones cuando el brigadier general del ejército Rubén Darío Alzate Mora y otras dos personas (incluido un civil) que viajaban con él en el departamento del Chocó fueron secuestradas el 16 de noviembre.

Sin embargo, el presidente hizo un gran esfuerzo para restaurar las negociaciones con las FARC. Pastor Alape, un comandante de las FARC, es buscado en Colombia y en Estados Unidos por tráfico de drogas. No obstante, Santos le dio un salvoconducto desde La Habana al lugar en Colombia donde las FARC mantenían a Alzate. Cuando Santos anunció el día de la liberación, las FARC lo atrasaron un día para mostrar quién estaba al mando.

Antes de la liberación de los secuestrados, las FARC obligaron a Alzate a posar junto con Pastor Alape para una foto propagandista sugiriendo una reconciliación. El negociador colombiano Humberto de la Calle expresó indignación pero, como de costumbre, nada ha pasado. Esta semana, las dos partes volverán a la mesa de negociaciones, donde, como me dijo un astuto observador, “Colombia está negociando los términos de su rendición”.

Mary Anastasia O'Grady

O'Grady@wsj.com

@MaryAnastasiaOG

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MARY ANASTASIA O’GRADY, LA CIÉNAGA LEGAL DE CHEVRON EN ECUADOR.

Este es el nuevo capítulo de la larga lucha de Chevron contra la jurisprudencia ecuatoriana.

El 4 de mayo pasado, Chevron Corporation se presentó ante la corte federal de EE.UU. en Miami en busca de los registros de ocho cuentas del Banco Pichincha en Ecuador. La petrolera sostiene que tales registros podrían probar que un ingeniero geológico ecuatoriano, que fue contratado por la corte para desempeñarse como experto independiente en el caso de María Aguinda y Otros contra Chevron, fue sobornado por los abogados de los demandantes. Tanto el experto como los abogados niegan la acusación.

Chevron adquirió Texaco en 2001. Dos años más tarde, 48 ecuatorianos demandaron a la compañía ante la justicia de ese país, alegando que Texaco, que operó en Ecuador entre 1972 y 1992, dañó tierras públicas en la selva amazónica. En febrero de 2011, el tribunal falló a favor de los demandantes y fijó daños y multas por un total de US$18.200 millones, incluyendo US$8.600 en daños punitivos debido a que Chevron no había pedido disculpas.

Por supuesto, es posible que esos US$40 millones que Texaco gastó en limpiar el terreno cuando salió de Ecuador fuera insuficiente, a pesar de que el gobierno lo inspeccionó y aprobó el saneamiento en 1998. Sin embargo, PetroEcuador, una empresa estatal que nada sabe del medio ambiente que hace 20 años asumió los activos de Texaco en Ecuador, ahora sostiene que el costo de limpiar sus operaciones asciende a US$70 millones. En ese sentido, es natural que la magnitud de la sentencia invite a un escrutinio.

Chevron asegura que el caso estaba plagado de fraude, tanto por parte de los abogados de los demandantes como por el tribunal ecuatoriano. Ha presentado una demanda por crimen organizado en un tribunal de Nueva York contra el Frente de Defensa de la Amazonia (FDA), una organización no gubernamental ecuatoriana que lucha a favor de la demanda— así como contra los demandantes y algunos de sus abogados y consultores.

Una de las acusaciones de Chevron es que el ingeniero geológico Richard Cabrera, experto “independiente” designado por la el tribunal para evaluar los daños a la selva, estaba trabajando secretamente para los abogados de los demandantes. La empresa apoya su acusación en tomas descartadas de la película “Crudo”, de la FDA, que muestran a las dos partes reuniéndose antes del nombramiento, así como en documentos conseguidos en los tribunales estadounidenses. Chevron afirma también que los documentos preparados por los abogados de los demandantes se convirtieron en parte del dictamen de la justicia ecuatoriana, que dice que arrojan dudas sobre la neutralidad del tribunal.

Karen Hinton, portavoz de FDA, dice que el informe de Cabrera contiene un texto idéntico al informe preparado por los defensores de la demanda debido a que sus hallazgos fueron iguales y a que los abogados de los demandantes se reunieron con Cabrera “de acuerdo con las reglas del tribunal”. En cuanto a los documentos de los demandantes que se encuentran en el fallo del tribunal, Hinton afirma que estaban allí legítimamente, ya que “fueron incorporados al registro oficial”.

Chevron ha acudido a las cortes federales de EE.UU. más de 20 veces con la intención de mostrar que el fraude fue cometido por algunos abogados de los demandantes y sus consultores y así obtener los documentos que a su juicio demostrarían que el caso estaba arreglado. En nueve instancias, los tribunales estadounidenses criticaron duramente los procedimientos judiciales ecuatorianos.

En una instancia, señalando que la acusación de Chevron de que los representantes de los demandantes habían escrito de manera encubierta el informe de Cabrera, el tribunal estadounidense del Distrito Oeste de Carolina del Norte señaló que si bien esa corte no estaba “familiarizada con las prácticas del sistema judicial ecuatoriano”, debía creer que “el concepto de fraude es universal y que lo que ha ocurrido en ese asunto debe ser de hecho considerado fraude por cualquier tribunal”, y que “si esa conducta no equivale a fraude en un país en particular, entonces ese país tiene problemas más grandes que un derrame de petróleo”. 

Patton Boggs, que actúa en nombre de los demandantes, dice que las declaraciones de los diversos tribunales sobre el fraude fueron “realizadas en el estrecho contexto de determinar si existía una base para la exención del privilegio abogado-cliente basado en la excepción a la garantía de confidencialidad”, en otras palabras, para justificar la obtención del acceso de Chevron a los documentos.

Chevron también ha cuestionado quién se beneficia de la enorme sentencia. El tribunal de Ecuador dictaminó que un fideicomiso establecido por FDA maneje cerca de US$8.700 millones del pago para llevar a cabo la indemnización ambiental, llevar agua potable, salud pública y proyectos comunitarios a la región. También concedió 10% de la indemnización para la FDA. Sin embargo, los demandantes individuales parecen no recibir nada y el rol de supervisor del tribunal sobre el fideicomiso en un país que no es famoso por su integridad judicial es poco tranquilizador.

Esto deja una cantidad aproximadamente equivalente a la indemnización por daños y perjuicios de US$8.600 millones sin asignar. Chevron dice que los documentos conseguidos en el descubrimiento indican que en el momento del pago de los más de US$5.700 millones de la sentencia ya estaba comprometido para intereses ajenos a la comunidad indígena. Estos incluían a Patton Boggs y a Burford Group, inversionista con sede en Reino Unido, que practica “litigio financiero”. 

Burford ha admitido que había invertido US$4 millones en el caso, pero vendió su participación a un tercero. Ahora sólo tiene una “participación residual en el resultado”. Patton Boggs dice que no hace comentarios sobre los acuerdos de honorarios con sus clientes.

Hinton, la portavoz de la FDA, niega que actores externos sean los grandes ganadores. “La mayor parte regresará a la selva y a la gente”, insiste. Tal vez, un tribunal estadounidense pueda llegar al fondo de todo esto.

O'Grady@wsj.com


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