ÁNGEL SOTO: CIUDADANÍA EN TIEMPOS VIOLENTOS (HONDURAS Y MEXICO)

Acabo de regresar de un viaje por Honduras y México. En el primero, tuve la oportunidad de cruzar el país de sur a norte por tierra desde Goascoran hasta Omoa en el Caribe, pasando por Tegucigalpa, Siguatepeque, el lago Yojoa y Puerto Cortés,. En el segundo, fue una visita distinta al DF que me llevó por calles que en viajes anteriores no había estado.

¿Que hay de común entre ambos países más allá de la cercanía geográfica, la belleza de sus paisajes, la riqueza natural, la exquisitez de sus comidas y por sobretodo la calidad de su gente, entre miles de otros atributos?

Lamentablemente, la sensación de miedo, riesgo e impotencia que se vive al conversar y caminar por sus calles.

Efectivamente, en Honduras -por ejemplo- constatamos que la calle esta dejando de existir como espacio para el ciudadano. La gente teme salir, con miedo pasea por los parques con sus hijos, difícilmente veremos alguien trotando y el paseo familiar es visitar los centros comerciales con circuito cerrado, que al igual que la zona hotelera esta controlada por policías privados fuertemente armados.

Honduras es un país con 8 millones de habitantes y cerca de 17 mil policías, pero que al mismo tiempo cuenta con alrededor de 80 mil guardias privados. Los carros blindados no son la excepción, aportando a una “industria de la seguridad” que -nos comenta el analista del COHEP en Tegucigalpa, Guillermo Peña- representa cerca del 8 por ciento del PIB, donde además se estima que solo entre el 20 y 30 por ciento de las armas están registradas. En tanto que para las empresas, los gastos en seguridad representan entre el 4 y 8 por ciento de sus ingresos.

Pandillas y narcotráfico se van apoderando de ambos países afectando a todos los estratos sociales. El riesgo -nos dice un joven periodista- se ha “democratizado”, ya que el secuestro, la extorsión y las amenazas afectan a los sectores altos, pero también a la clase media; en tanto que quienes se movilizan en transporte público se arriesgan a ser asaltados, pese a que los buses pagan el “impuesto de guerra”.

Quienes buscan emigrar, cada vez sienten que es más peligroso, ya que los “mojados” de Honduras deben pasar por rutas tomadas por el crimen organizado en donde arriesgan su vida, similar de lo que sucede en México, no obstante lo hacen igual.

Sin embargo, lo que más sorprende -y al mismo tiempo hace compleja una salida- es la vulnerabilidad de la confianza. Evidentemente, ya no se trata de desconfiar de los políticos, la policía ni los jueces, como históricamente ha sucedido, sino que la sensación de desamparo en donde hay que refugiarse tras verdaderas fortalezas, muros con alambres electrificados, y en donde la justicia es tomada por las propias manos de los afectados, desatando un clima de ley del más fuerte.

¿Quien es el culpable? ¿Dónde esta el Estado? ¿Acaso no debiera estar garantizando la seguridad de sus ciudadanos?

Lo que ocurre en ambos países es el debilitamiento de las instituciones, responsabilidad de un Estado débil y corrupto que ha dejado al crimen organizado actuar impunemente. Algunos creen que un Estado grande es el camino para revertir la situación; otros desconfían de su capacidad  y -amparados en la experiencia privada- sostienen que debe ser pequeño pero sólido. Sin embargo, lo que nadie contesta es ¿cuál es el rol del individuo? Evidente no se trata de inmolarse y lanzarse heroica e inútilmente a combatir en las calles, sino más bien se trata de cómo conseguir el empoderamiento ciudadano en la recuperación de las libertades individuales que se han visto afectadas.

Hoy asistimos a una indignación mundial frente al abuso, injusticia, falta de una sociedad de oportunidades, y lucha por otras libertades que al final lo que buscan es recuperar la dignidad de la persona.

México y Honduras tendrán elecciones presidenciales en el 2012 y 2013 respectivamente, y no cabe duda que este será un tema de campaña. El desafío será como canalizar el miedo en un movimiento ciudadano que aproveche esa oportunidad y permita dar un giro,  recupere las calles y con ellos los espacios públicos que tanto necesitamos.

Fuente: HACER

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VIRGINIA CONTRERAS: LEYES DE PAPEL

Si hay algo que caracteriza a los regímenes democráticos, es su sumisión al Estado de derecho. Estado de derecho no es más que la sujeción del poder del Estado a la Ley.  Uno de los fundamentos del Estado de derecho es el conocido principio de separación de poderes, formulado por Montesquieu (XVIII).  Este ha sido creado en contraposición del Estado absolutista, cuyo ejemplo más palpable fue la célebre frase, atribuía a Luis XIV: “El Estado soy yo” (L’état c’est moi).

A pesar de la ineludible obligación de nuestros gobernantes, de ceñir sus actuaciones al marco de la Ley, la práctica nos ha demostrado cómo, bajo la excusa del “interés del Estado”, dicha obligación suele diluirse, y hasta imponerse por encima de la Ley, bajo la mirada impotente de los gobernados.

Es posible que algunos eventos mundiales hayan distraído nuestra atención respecto a los sucesos que se han venido desarrollando en el Continente Americano. De allí que hayamos escogido algunos ejemplos, a los fines de destacar aquellas circunstancias en las cuales son los gobernantes quienes descaradamente violan las normas que ellos mismos pretenden imponernos, sin que en sus casos haya poder humano capaz de sancionarlos.

El primero de los eventos que vale la pena mencionar se desarrolla en Guatemala, hermoso y colorido país centroamericano, cuyo esfuerzo por salir a flote, después de una cruenta guerra civil, ha sido innegable. Su presidente es Álvaro Colóm, quien comenzó su mandato de cuatro años,  en enero de 2008. Colóm ha sido conocido como un hombre de familia, con un hogar honorable, y  con una relación sentimental con su esposa, Sandra Torres,  desde hace 14 años, si bien su matrimonio data de unos 8 años atrás.

Hace algunas semanas la sociedad guatemalteca fue sorprendida con una información, que de no haber sido ratificada por el propio presidente de la República, bien hubiera parecido alguna de esas noticias salidas de las luces de Hollywood. El presidente Colóm, y su esposa Sandra, han decidido solicitar el divorcio, decían los medios de comunicación.

Como comprenderemos, esta noticia, después de toda esa larga historia de amor que engalanó a la pareja durante la campaña que llevó al ingeniero Colóm a la presidencia, causaba sensación. Es cierto que se venía hablando del interés de la Primera dama de ser candidata presidencial, y de su frustración al constatar el impedimento que la Constitución de la República establece respecto a los parientes del presidente de la República, hasta el cuarto grado de consanguinidad, y segundo de afinidad, mientras éste se encuentre en funciones (literal “c”,art.186). Pero de allí a imaginarse que la pareja terminaría en divorcio, jamás.

El caso es que las noticias eran ciertas, y que el 11 de marzo pasado la pareja presidencial solicitó la disolución de su matrimonio, ante el Juzgado Segundo de Familia de la capital guatemalteca.  ¿La razón? Ninguna de las establecidas en el artículo 155 del Código Civil de Guatemala.  Simplemente, tal y como ellos mismos lo han reconocido, evadir la limitación constitucional antes señalada, a los fines de que la Primera dama pueda postularse como candidata presidencial por el partido oficialista “Unidad Nacional de Esperanza” (UNE), y “Gran Alianza Nacionalista” (GANA), a las elecciones convocadas por el Tribunal Supremo Electoral para el próximo 11 de septiembre.

Esta situación, en la cual la pareja presidencial reconoce tan campante su deseo de divorciarse, no en función de encontrarse su situación dentro de alguno de los supuestos legales, referidos a la disolución del matrimonio, sino de burlar el único obstáculo que los separaba de la continuidad en el poder,  es simple y llanamente un fraude a la Ley.  Esto es tan evidente, que aún hoy en día la ex Primera dama no deja de asombrarnos al reconocer públicamente que la justificación de su divorcio no obedece al mandato de la Ley, sino a otros intereses, no contemplados como supuestos para la disolución de su matrimonio. En efecto, si verificamos las declaraciones rendidas en rueda de prensa el 25 de marzo pasado,  constataremos lo antes afirmado.  Allí la Sra. Torres señala: “Me estoy divorciando del presidente, pero me estoy casando con el pueblo. Esa es la razón por la cual el presidente y yo anteponemos los intereses del país y no los propios” (sic).

Frente a este hecho es poco lo que la sociedad guatemalteca haya podido hacer. Algunos denunciaron la situación, otros interpusieron recursos de amparo, confiando en que la Fiscalía General de la República, y hasta la misma Procuraduría, procederían a investigar lo que para la sociedad de ese país es más que evidente.  Ninguna de estas instituciones hizo nada.  Siendo así, y amparada bajo los designios del poder, la titular del Juzgado Segundo de Familia aprobó la disolución del matrimonio presidencial. Con esto quedaba libre el camino, de la ahora ex Primera dama, para correr en la carrera electoral.-

Otro de los casos que vale la pena mencionar, se desarrolla en otro país centroamericano: Honduras. Allí, a pesar del proceso electoral que llevó al poder al presidente Porfirio Lobo, y de la manera pacífica cómo han tratado de resolver los aspectos vinculados a la crisis política que produjo la salida de la presidencia de Manuel Zelaya, las exigencias de la Organización de los Estados Americanos, -y de algunos de los Estados miembros más influyentes, como Venezuela-, han obligado al nuevo gobierno hondureño a tomar otra serie de medidas poco ortodoxas.

Como ha sido del conocimiento público, Zelaya, al intentar modificar la Constitución de su país a fin de establecer la reelección presidencial (prohibida por la Constitución hondureña), incurrió en el delito de “Traición a la Patria”, tal y como expresamente lo establece la Constitución de esa Nación.  Esta circunstancia dio origen a una primera acción judicial instaurada en su contra.

Posteriormente el ex gobernante fue objeto de varias acusaciones, ahora por hechos de corrupción, por la presunta comisión  de los delitos de “fraude,falsificación de documentos públicos en perjuicio de la fe y de la administración pública y apropiación indebida de 57 millones de lempiras, pertenecientes a la Presidencia y al Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)”.

El pasado año el presidente Porfirio Lobo, mediante decreto presidencial, sobreseyó los delitos políticos por el cual había sido perseguido el ex gobernante. De igual modo, hace algunas semanas la Corte Suprema de Justicia de Honduras, determinó la “suspensión” de las órdenes de captura expedidas en contra del ex mandatario, por los delitos de corrupción en los cuales habría incurrido Zelaya, durante el ejercicio de sus funciones como presidente de la República. A pesar de ser absolutamente irregular la suspensión de unas órdenes de captura, como si de un acto voluntario se tratara, es evidente que a partir de ese momento no existía impedimento alguno para que el ex gobernante, quien hoy en día vive en República Dominicana, se trasladara físicamente hasta su país a los fines de ejercer su derecho a la defensa en los procesos en su contra.

No obstante, y para asombro de todos, el pasado 2 de mayo, un Tribunal de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, constituido “ad-hoc”, “anuló” los procesos judiciales que por corrupción se le seguían al ex mandatario. Una vez más el poder supremo del Estado podía más que el Estado de derecho, hasta el punto de reconocerle privilegios a un ciudadano, que como tal, debería ser considerado en el mismo plano, y bajo las mismas condiciones, que cualquiera de sus compatriotas.

Ninguna duda queda respecto a la “intervención Divina” en este caso, más aún cuando examinamos las efusivas declaraciones del presidente Lobo, quien al saber la noticia manifestó: “Felicito al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés, pues la última decisión que se tomó nos abre la posibilidad para que en junio regresemos a la Organización de Estados Americanos” (sic).  Agregando más adelante: “Los dos procesos por presunta corrupción contra Zelaya están enterrados” (sic).  Visto esto, no nos queda sino concluir lo que ha sido vox populi en las instancias internacionales, y es que para que Honduras fuere aceptada ante el organismo hemisférico de nuevo, era necesario romper con el Estado de derecho. Así por lo menos lo ha entendido el presidente Lobo.

Paradójicamente, el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, declaraba en San José de Costa Rica, el pasado 13 de mayo: ”No nos enfrentamos a situaciones de muerte violenta o súbita de la democracia, sino a procesos de muerte lenta. Es decir, a procesos de involución, en donde los elementos constitutivos o esenciales de la democracia se ven erosionados e incluso violados” (sic).   Sabias palabras para quien llevó la voz cantante en la suspensión de Honduras de la OEA, olvidando que el Estado de derecho debía correr por igual para unos y para otros en ese pequeño país, hoy en día víctima de tanto atropello.-

La tercera situación a destacar posee una connotación distinta. Aquí, el poder del Estado se dirige hacia su política exterior, sin que haya nadie que lo denuncie, mucho menos nadie que lo sancione, y al parecer nadie tampoco que lo vea.

Nos referimos a la reciente designación por parte del Consejo de Jefes (a) de Estado de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), el pasado mes de marzo, del nuevo (a) Secretario General de esta organización regional. Curiosamente, y a diferencia de lo que establece el artículo 10 del Tratado Constitutivo de UNASUR, en vez de designar a una sola persona para cubrir el cargo durante el lapso de DOS (2) años, los Jefes de Estado allí representados, designaron a la ex canciller colombiana, María Emma Mejía, y al ministro de energía eléctrica, venezolano, Alí Rodríguez Araque, para que “ambos”, se desempeñen como Secretarios Generales. Cada uno, durante el lapso de UN (1) año, -hasta completar los dos años- en sustitución de su antecesor, el ex presidente Néstor Kirchner, quien falleciera el 27 de octubre pasado.

Si representáramos gráficamente el caso planteado, tuviéramos que imaginarnos por un momento otras organizaciones multilaterales, como la Organización de las Naciones Unidas, o la Organización de los Estados Americanos (OEA). En cada uno de estos organismos efectivamente existe la figura del Secretario General, cuyo lapso de duración del cargo es de CINCO (5) años. Asimilando el criterio aplicado por los miembros de UNASUR a alguna de estas dos organizaciones, concluiríamos que en vez de designarse al respectivo Secretario General por el lapso de CINCO (5) años, como lo establecen los documentos constitutivos de dichas organizaciones, llegaríamos al absurdo de distribuir el cargo en cinco Secretarios Generales, por cada año de estos cinco que dura su responsabilidad.

Veamos lo que dice el Convenio de UNASUR al respecto. El artículo 26 del Tratado de UNASUR dispone: “Entrada en Vigor: El presente Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas entrará en vigor treinta días después de la fecha de recepción del noveno (9o) instrumento de ratificación.  …Para el Estado Miembro que ratifique el Tratado Constitutivo luego de haber sido depositado el noveno instrumento de ratificación, el mismo entrará en vigor treinta días después de la fecha en que tal Estado Miembro haya depositado su instrumento de ratificación”.

De lo antes expuesto se evidencian dos condiciones para la entrada en vigencia del mencionado instrumento jurídico. La primera, la suscripción del referido Tratado por cada uno de los mandatarios de los doce Estados miembros. La segunda, que una vez suscrito de la manera señalada, el Tratado en cuestión sea “ratificado” por cada uno de los Estados miembros. Esto es, que cada uno de los gobiernos de los Estados miembros, por intermedio de sus Congresos, y/o Asambleas Nacionales, ratifiquen en su seno, el contenido fiel y exacto del mencionado Convenio. Una vez ratificado, entiéndase, asimilado al derecho interno de dichos Estados, (por lo menos hasta llegar al novena de los doce Estados miembros), el Tratado adquirirá plena vigencia, después de transcurridos treinta días.

Por otro lado, el artículo 25 del citado Acuerdo, dispone: “Enmiendas: Cualquier Estado Miembro podrá proponer enmiendas al presente Tratado Constitutivo. Las propuestas de enmienda serán comunicadas a la Secretaría General que las notificará a los Estados Miembros para su consideración por los órganos de UNASUR. Las enmiendas aprobadas por el Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, seguirán el procedimiento establecido en el Artículo 26, para su posterior entrada en vigencia”.  Tal y como se evidencia, (regla similar en casi todos los casos de enmiendas a instrumentos jurídicos), para que las enmiendas realizadas a dicho Tratado adquieran validez, es necesario seguir el mismo procedimiento utilizado para la constitución original del Acuerdo.

Esto es, que se comunique la propuesta de enmienda a la Secretaria General; que ésta la transmita a cada uno de los Estados miembros; que la enmienda sea aprobada por el Consejo de Jefas y Jefes de Estado; y que “se siga el procedimiento establecido en el artículo 26”, en el sentido que la enmienda sea ratificada por los Congresos de cada uno de los Estados miembros, a cuyo efecto adquirirá vigencia, pasados 30 días después de la ratificación del noveno estado”.

Al disponer los miembros del Consejo de Jefes (a) de Estado unas condiciones distintas que las establecidas en el Tratado de la organización, para ocupar el cargo de Secretario General de UNASUR, como lo es la designación de “dos” ciudadanos, quienes se desempeñarán como Secretarios Generales; así como al distribuir el lapso de duración del referido cargo, en UN (1) año, para cada una de estas personas, es evidente que el Consejo de Jefes (a) de Estado ha enmendado el contenido del artículo 10 del Tratado Constitutivo de la referida organización. En este sentido, para que dicha enmienda adquiriera validez, se hace necesario aprobar la reforma del artículo 10 del Convenio, así como solicitar la ratificación una vez aprobada, por los Congresos de los distintos Estados miembros.

A pesar de la solicitud expresa establecida en el instrumento jurídico que rige a UNASUR, hemos visto cómo los Jefes de Estado se han limitado a designar a los referidos funcionarios, destacando cada uno de los mandatarios de los Estados representados por los Secretarios Generales designados, el triunfo de su política exterior, sin que al parecer hayan advertido, o les hayan preocupado, las condiciones incumplidas para darle validez al principio del Estado de derecho al que se encuentran obligados.

Tal situación, aparte de resultar violatoria de las normas que los mismos Jefes de Estado aprobaron en la oportunidad de constituir la referida organización, obedece a algo mucho más que un mero trámite sin consecuencias jurídicas. Tanto así, que el artículo 27 del mencionado Convenio, dispone: “Registro: El presente Tratado Constitutivo y sus enmiendas, serán registrados ante la Secretaría de la Organización de Naciones Unidas”.

En efecto, si consideramos las atribuciones establecidas al Secretario General de UNASUR, en los términos del artículo 10 del Acuerdo en mención, verificaremos la trascendencia que conlleva cada una de aquellas, tanto para la organización regional, como para los Estados miembros. Basta con verificar, por ejemplo, que el Secretario General ostenta la representación legal del organismo, para comprenderlo. De allí, que quienes ejerzan dichas atribuciones al margen de la Ley, no solo condenan con la nulidad de sus actos a las instituciones, personas, o Estados con quienes mantengan relación jurídica, sino que se hacen responsables de las consecuencias que pudieran ocasionar sus actos.-

El último de los casos a destacar se ubica nuevamente en territorio centroamericano. Nicaragua, el país latinoamericano con mayor índice de pobreza en la región, después de Haití, casi podría competir también en cuanto a su manera de torcer las Leyes, cuando del poder se trata.

Si bien los hechos se producen en el año 2009, será el próximo 6 de noviembre, oportunidad en que se realizarán las elecciones nacionales en dicho país, en que los efectos de los mismos podrán apreciarse a plenitud.

La circunstancia tiene su origen en la prohibición de la reelección del presidente de la República de Nicaragua. En efecto, el literal a. del artículo 147 de la Constitución de la República, establece  “No podrá ser candidato a Presidente ni Vicepresidente de la República:

El que ejerciere o hubiere ejercido en propiedad la Presidencia de la República en cualquier tiempo del período en que se efectúa la elección para el período siguiente, ni el que la hubiera ejercido por dos períodos presidenciales”.

Bien había sido conocida, desde tiempo atrás, la intención del presidente Ortega de permanecer en el poder, bajo cualquier figura jurídica que se lo garantizara. Si bien inicialmente se especulaba respecto del interés de Ortega, de modificar la Constitución de Nicaragua, a objeto de incluir la figura del Primer Ministro a fin de ocuparla en un futuro, esto nunca se materializó.

Vigente la normativa constitucional antes expuesta, y después de una serie de peripecias jurídicas del gobernante para neutralizarla (ante la Asamblea Nacional, y posteriormente ante el Consejo Supremo Electoral), Ortega obtiene lo que no había logrado hasta la fecha ningún ciudadano dentro de todo el Continente Americano. Y es así, que mediante un recurso de amparo ante un Tribunal de Apelaciones, en Managua, el Jefe de Estado solicita la desaplicación de la norma constitucional prohibitiva de su reelección, bajo el alegato del “Principio de la igualdad ante la Ley” establecido en el artículo 48 de la propia Constitución.

No obstante la existencia de un aspecto tan complejo, como lo es la modificación, eliminación, o desaplicación de una norma constitucional de tanta trascendencia como la que impide la reelección, el caso es que a las 72 horas de haberse iniciado los trámites ante el organismo jurisdiccional, y en menos de 24 horas de terminados éstos, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, “declara inaplicable el citado artículo 147 de la Constitución en la parte íntegra” y ordena al organismo electoral eliminar todos los obstáculos para la inscripción de Ortega como candidato presidencial.

No conforme con esta nueva oportunidad que le ha dado su presencia en el poder, el presidente Ortega no ha dejado al azar ninguna opción de derrota para las próximas elecciones nacionales, en donde los votantes deberán designar también a los nuevos miembros de la Cámara de diputados.  De allí que, de un plumazo,  bajo la excusa de contribuir con el “principio  de proporcionalidad establecido en la Ley Electoral”, Ortega se haya abrogado funciones Legislativas y haya derogado el Decreto 33-2001, -vigente desde hace poco más de diez años,  el cual había incorporado los municipios de “El Rama”, “Muelle de los Bueyes” y “Nueva Guinea” (Zonas de Caribe nicaragüense) a la región autónoma del Atlántico Sur (RAAS).  Así, mediante un Decreto presidencial (1502011),  trasladó las jurisdicciones de los municipios antes señalados, los cuales han sido tradicionalmente contrarios al oficialismo, anexándolos al departamento de Chontales, (Zona Central) y de gran influencia sandinista por corresponder al área de origen del mandatario. Con esto el gobernante se garantizaba la eliminación de uno de los grandes retos que ha tenido que asumir durante su actual presidencia, como lo es el tener que lidiar con una Asamblea adversa, en donde de 90 diputados, únicamente el Frente Sandinista ha contado con 38.

En Nicaragua son cuatro los candidatos que correrán en la contienda electoral del próximo mes de noviembre. Entre los más conocidos tenemos al ex presidente Arnoldo Alemán, juzgado y condenado por hechos de corrupción, y luego liberado gracias a pactos con el propio presidente Ortega.  Otro de los candidatos es el presidente Daniel Ortega.  Con el poder en sus manos resulta más que evidente quién ganará las elecciones.  Una vez más el poder del Estado puede más que el Estado de derecho.-

Son muchos los ejemplos que podríamos señalar, en donde nuestros mandatarios le otorgan poco o ningún valor a lo que representa el Estado de Derecho. Los casos aquí mencionados presentan distintas perspectivas de una misma situación: aquella dirigida a eliminar los obstáculos que el mismo Estado de derecho ha creado frente a los gobernantes, no para molestarlos a ellos-como muchos de éstos parecieran pensar-, sino para preservar la democracia que a ellos tanto les gusta manejar.

Existen infinidad de organizaciones, públicas y privadas, que día a día han venido haciendo seguimiento al desarrollo de nuestras democracias. Todas se enorgullecen al demostrar al mundo, con mapas y diagramas de colores, cómo han evolucionado nuestros pueblos hasta el punto que solo uno, Cuba, se mantiene al margen del régimen de libertades y del sistema democrático que los otros gobiernos ostentan, se equivocan.

Mientras nuestros Estados simplemente se sustenten en función de la denominación de un sistema político, sin que se cumplan con los principios fundamentales que lo garanticen; mientras el Estado de derecho sirva solo para garantizar la permanencia de nuestros gobernantes, pero no para garantizar nuestro derecho a su relevo; mientras las Leyes simplemente sirvan para mantenerse en el papel, seguirán siendo eso y solo eso: Leyes de papel.

virmar23@gmail.com
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RECONOCIMIENTO Y DESCONOCIMIENTO. OPE PASQUET. BATILLISMO ABIERTO, VAMOS URUGUAY (CASO URUGUAY)

            El gobierno uruguayo reconoce a la Autoridad Palestina que preside Mahmud Abbas, pero no reconoce al gobierno de la República de Honduras que preside Porfirio Lobo. Si existe alguna explicación que permita sostener que hay coherencia entre ambas actitudes de nuestro gobierno, yo la desconozco.

            El Sr. Abbas es el presidente de una Autoridad elegida en el año 2005, cuyo mandato venció en enero de 2010; es pues, en rigor,  un gobernante de  facto. Así se  lo recrimina Hamas, la organización terrorista que ganó las elecciones parlamentarias del año 2006 en los territorios palestinos, y que desde junio de 2007 impuso a sangre y fuego su autoridad exclusiva en la franja de Gaza, obligando al presidente Abbas y a la organización política que lo apoya (Al Fatah) a limitar su acción al ámbito de Cisjordania.

            En los actuales territorios palestinos, pues (Cisjordania y Gaza), hay hoy dos centros de autoridad, uno personificado por el Sr. Abbas y el otro por el Sr. Ismail Haniyeh, líder de Hamas, que actúan como tales sobre sendos territorios y sus respectivas poblaciones.

            Pese a todo,  el gobierno uruguayo ha reconocido, como dije, al gobierno de mandato vencido del Sr. Abbas. Con esta amplitud de criterio, ¿por qué no se reconoce todavía al gobierno hondureño, instalado en enero de 2010?

            Cuesta entenderlo. El presidente hondureño Porfirio Lobo fue elegido en noviembre de 2009, en la  fecha prevista por la Constitución de Honduras, en elecciones efectivamente disputadas por los partidos que desde hace un siglo protagonizan la vida política en ese país. Ejerce su autoridad pacíficamente sobre todo el territorio de su nación. Su gobierno es reconocido por Estados Unidos,  la  Unión Europea, Costa Rica, El Salvador (gobernado por el FMLN, recuérdese), Colombia,  Chile y Perú, entre otros estados.

El Canciller Almagro dijo a la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado, que Uruguay no reconocerá al gobierno de Honduras mientras no se le garantice al ex presidente Manuel Zelaya que puede volver a Honduras sin ser perseguido penalmente por los delitos que se le imputa haber cometido, y se castigue a quienes violaron los derechos humanos durante los seis meses del gobierno de facto del Sr.  Micheletti.

Las dos exigencias referidas son absolutamente  improcedentes y constituyen flagrante intromisión en los asuntos internos hondureños, en cuanto se pretenda hacerlas valer como requisitos previos para reconocer a un gobierno.

En un tema tan delicado como el reconocimiento de gobiernos, Uruguay perdió el rumbo. Se apartó de  los criterios elaborados por juristas de la talla de  Eduardo Jiménez de Aréchaga, y parece guiarse por preferencias ideológicas.

Así no puede haber política exterior de Estado.

Batllismo Abierto

batllismoabierto@batllismoabierto.com.uy

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*CARTA ABIERTA PARA UN PAÍS EN CRISIS, TEGUCIGALPA. M.D.C. HONDURAS., CÉSAR INDIANO, ESCRITOR Y DRAMATURGO HONDUREÑO, MARTES, 30 DE JUNIO DE 2009

“¿Quién mima y defiende los pobres? El que se cree rico
> ¿y quién se cree rico? El que ignora su propia pobreza”

Los Hijos del infortunio

Si la opinión de un artista que dedica su vida a la escritura de novelas y obras teatrales, tiene alguna validez en momentos de crisis política, alzo mi pluma y elevo mi voz para hablar en nombre de la cordura, la paz y la dignidad:

Los recientes acontecimientos políticos que en estos momentos nos presentan ante el mundo como una “país anarquista que violenta la leyes y los acuerdos internacionales” nos obligan – inevitablemente – a tomar una postura coherente.

Ahora más que nunca debemos hablar todos aquellos que siempre hemos preferido callar y debemos tomar parte de las acciones todos aquellos que siempre hemos optado por la abstinencia. Lo que está sucediendo en las calles con toda seguridad rebasará los límites callejeros y se convertirá, muy pronto, en un problema real de nuestras casas y de nuestras oficinas.

Creo que solamente los ingenuos, están creyendo que la crisis actual se desvanecerá por cuenta propia. La experiencia nos demuestra que los perturbadores del orden público son además de infatigables, mucho más temerarios que los hombres de paz y bien. Por lo tanto, nuestra participación directa en los acontecimientos que en estos momentos nos abaten no debe estar impulsada por el deseo de vencer y convencer a los alborotadores experimentados, sino, por la necesidad de hacer valer la opinión de la mayoría.

Siete millones de personas calladas pueden ser fácilmente vencidas por una minoría bulliciosa.

Por lo tanto yo digo a los ciudadanos… Si no nos manifestamos abierta y valientemente a favor de las amargas decisiones tomadas por el Congreso de la República en la fecha 28 de junio del 2009, daremos la impresión de que no estamos firmemente comprometidos con las determinaciones de nuestras autoridades.

Aunque no estemos completamente seguros de que los procedimientos para la destitución del ex presidente Manuel Zelaya Rosales hayan sido los correctos y los atinentes, es nuestro deber ciudadano difundir y proclamar nuestra acuerdo absoluto con el espíritu de las acciones, pues el mundo debe tener claro que el país entero estaba al borde de un ataque de nervios producido por los abusos y los irrespetos descontrolados de un hombre que traicionó a su propio pueblo para someterse a los dictámenes de un Proyecto Ideológico Regional, a toda vista incompatible con nuestros principios soberanos de nación independiente.

A juzgar por los hechos, la inmensa mayoría de la población hondureña estaba de acuerdo en que debía hacerse algo para frenar la tiranía populista que el presidente Zelaya venía orquestando al margen de la cordura, de la legitimidad y de la lógica. Sin embargo dicha “mayoría” carece de presencia y de credibilidad porque nuestra participación se ha limitado a murmurar y rabiar al interior de nuestras casas. Haciendo gala de una timidez comprensible, como si creyéramos que las libertades públicas y las garantías cívicas deben ser resguardadas por héroes y por mártires y no por los beneficiarios directos de la democracia que en este caso, somos todos.

Ahora, mientras una minoría de inconformes se toma las calles para protagonizar y publicitar mundialmente sus impertinencias, millones de compatriotas se recluyen en sus casas y no dan la cara ni elevan su voz para aclararle al mundo que no teníamos otra opción.

Que el país, con sus defectos y pobrezas, debía tomar una medida emergente a fin de evitar una humillación. Sólo los que no han vivido en Honduras en los últimos tres años, podrían salir a la defensa de un hombre que no descansó ni un minuto en la tarea enfermiza por instalar un régimen personalista inspirado en ideas e ideologías que no son de nuestro agrado. Un hombre que primero utilizó los canales democráticos para llegar al poder y que interpretó el mandato presidencial como “la oportunidad única” de usurpar las tradiciones institucionales y de burlarse de sus compatriotas.

Más de un millón de votantes liberales acudimos a las urnas en noviembre del 2005, fuimos a hacer valer nuestro derecho cívico de legitimar un presidente y nuestro deber soberano de garantizar una transición pacífica apegada a derecho. Pusimos en manos de un candidato supuestamente decente, un país radiante y lleno de esperanzas pero ¿qué hemos recibido a cambio? Una nación anarquizada, lúgubre, atemorizada – y ahora – amenazada por un mundo sorprendido que se apresura a juzgar desde la distancia unas realidades que desconoce.

El mundo no sabe que Zelaya recibió el país con la deuda externa prácticamente borrada ¿o será que el Club de París ya olvidó las condonaciones y los alivios gestionados por Ricardo Maduro y el Cardenal Rodríguez en el marco de la HIPC?

El mundo no sabe – o será que finge olvidar – que de 1990 hasta el 2005, todos los países y los bancos mundiales obligaron a los gobiernos a invertir sendas cantidades de dinero en el fortalecimiento del Sistema Judicial, en la Reducción y Especialización del aparato burocrático y en la descentralización municipal de los fondos para el desarrollo, especialmente aquellos destinados para el Combate a la Pobreza (ERP).

Los desembolsos del Banco Mundial estuvieron durante los últimos 15 años condicionados al cumplimiento de obligaciones puntuales en lo referente al funcionamiento básico de las tareas de gobierno y – aunque el mundo no lo sepa – para el día que Zelaya recibió la banda presidencial, Honduras ya había consolidado, a duras penas, un estamento creíble y funcional y el país estaba listo para comenzar un período de bonanza y crecimiento económico. Esta bonanza y este crecimiento económico fue el sebo que el ex mandatario utilizó para agenciarse votos a granel. Pero nos engañó impunemente.

Todos, yo mismo, creí posible que el progreso dejaría de ser una ilusión en caso de que el Nuevo Gobierno asumiera las responsabilidades lógicas y las tareas mínimas ¿pero qué sucedió? Fuimos vilmente traicionados y burlados por un individuo que no sólo se desligó de sus obligaciones más básicas sino que – con premeditación y alevosía – provocó el colapso progresivo de todas las instituciones del gobierno.

En estos momentos el país está económicamente invertebrado y no cuenta con recursos suficientes para rectificar el saqueo continuado de un gobernante que se dedicó al despilfarro de los fondos públicos. Cada día, de la Casa de Gobierno egresaron fondos y regalías sin destino seguro y el derroche se convirtió en una personal “política de estado” con fondos ilimitados. Todo, con el visto bueno de un gabinete cómplice que jamás rindió cuentas y nunca se apegó a los procedimientos de ley.

El mundo no sabe que todos los programas de desarrollo están colapsados y que la mora fiscal no tiene nombre. Que Manuel Zelaya no respetó ningún límite legal para el uso del presupuesto y que prácticamente el país debe ser reconstruido a nivel administrativo. Encima de todas estas ofensas y desgracias, convirtió la Casa de Gobierno en un centro de acopio y propaganda para estrechar vínculos ilícitos, alevosos y perversos con peligrosos cabecillas del gobierno venezolano y no conforme con toda la calamidad provocada, creyó que el país entero se quedaría con los brazos cruzados mientras se aprestaba a realizar la perversa maniobra de legitimar su tiranía para obedecer los mandatos de Hugo Chávez.

Afortunadamente Honduras tiene una dignidad mínima que le permite reaccionar a tiempo. Siempre la tuvimos y parece que el mundo lo ha olvidado. Nosotros, dentro de nuestra pobreza y nuestra humildad, jamás nos hemos dejado llevar por las “demencias revolucionarias” lideradas por falsos cabecillas que se auto decretan redentores de las masas sin presentar credenciales morales ni éticas.

Los hondureños jamás nos habríamos percatado de la ceguera internacional sino no nos hubiéramos atrevido a frenar este absurdo “Proyecto Ideológico” que se estaba fraguando en nuestras narices. Sin haberlo programado, somos el primer país que le pone un freno directo al colonialismo ideológico de un tirano abusivo que aparentemente nadie desea enfrentar: Hugo Chávez Frías.

Se trata del “intervencionismo descarado” de un gobernante oscuro y enfermo que se fía de la ingenuidad internacional para humillar a aquellos países latinoamericanos que él considera indefensos. En el pasado (1980) contábamos con la alianza estratégica de los Estados Unidos para detener la infiltración de comandos agresivos que intentaban desbaratar nuestro humilde régimen constitucional. Desde entonces Honduras dejó claramente establecido su papel político y geográfico con respecto a “modelos políticos importados de inspiración marxista” que nunca han sido afines con nuestro interés ni con nuestras necesidades específicas de nación soberana.

Hoy, por razones que desconozco, los mismos Estados Unidos le dan carta blanca a este abusivo desenfrenado que no tiene un minuto para gobernar su propia patria pero que le sobra tiempo para intervenir, en abierto descaro, en los problemas, conflictos y determinaciones de países como el mío, un país, que este sujeto no conoce tan a fondo como lo conozco yo. Un país que no cuenta con el clima ni con la voluntad social para participar en las campañas demenciales de enemistad sin sentido, promovidas por un patriarca latinoamericano que ha convertido a Venezuela en una plataforma de ambiciones desquiciadas y hostilidades fuera de contexto.

Entonces qué hacer…

En primer lugar, llegó la hora para que salgamos a las calles y le digamos al mundo que no queremos el retorno de un gobernante inoperante, traidor, entreguista y abusivo que se aprovechó de la confianza otorgada por la gente para desarrollar consignas gubernamentales que no son de nuestro interés…

No queremos el retorno de un hombre que se ha aliado internacionalmente para perjudicar, asfixiar y desprestigiar a todos aquellos que un día le dimos un voto de confianza a través del sufragio civilizado…

No queremos el retorno de un hombre mentiroso que no ha tenido la honestidad de confesar en la tribuna internacional, las razones por la cuales lo hemos quitado del cargo con el que un día lo honramos…

¿Cuándo se ha visto que un pueblo entero quita a un gobernante por bueno?...

Si la ONU; La OEA o cualquier organismo internacional de relevancia, se empeña en defender emotiva e irresponsablemente a un individuo que ha sido repudiado por todo un pueblo, entonces ¿Cuál es la confiabilidad que estos organismos tienen para un pueblo que ha sido humillado, saqueado y abusado de manera continuada por un tipo que llevó su Proyecto Personal a niveles enfermizos de intolerancia y arbitrariedad? Entonces ¿debemos suponer que estas instancias fueron creadas para proteger a los tiranos, a los irresponsables y a los oportunistas? … si esto es así, entonces Honduras es en estos momentos uno de los países más heroicos del Centro América. Lo cual no nos asombra pues aquí, a diez cuadras, nació Francisco Morazán. Es bueno que esto lo recuerde Arias y Ortega… nosotros somos los paisanos legítimos de Morazán.

Pero se trata de un heroísmo que no hemos buscado, se trata de un heroísmo circunstancial provocado por el pánico internacional de no reconocer que en América Latina se está desarrollando – en las barbas de todos – un Proyecto Político nefasto, bélico, irracional, irrespetuoso y abusivo. Es verdad que somos un país pequeño e inclusive pobre, pero eso no quiere decir que no somos capaces de alzar el pecho y levantar la voz para defendernos de un tirano infatigable que insulta y vocifera a todo el mundo mientras todos los países agachan la cabeza.

En definitiva…

No queremos el retorno de un apátrida que ha sido incapaz de arrepentirse y de pedir disculpas por todos los agravios provocados a un pueblo que ahora no sólo debe lidiar con las calamidades económicas provocadas por su mal gobierno, sino que debe sobreponerse a las amenazas orquestadas por un mundo que ha perdido la cordura, la razón, la decencia y la valentía.

No queremos el regreso de un hombre que nos hizo retroceder treinta años para volver a comenzar de cero. En estos momentos, amargos y penosos, todos los hondureños volvimos a recordar las penurias y el estrés de los años ochenta.

Se revivieron en nuestras mentes aquellos días oscuros en los cuales los toques de queda y las persecuciones estaban a la orden del día… jamás creí que me vería en la obligación de explicarle a mis pequeños hijos el significado de palabras tan horrendas como “huelgas”, “golpes” “estados de sitio” y “cadenas de prensa”… para todos los hondureños esto era un lenguaje del pasado y jamás imaginamos que al depositar nuestro voto a favor de un iletrado irresponsable, estábamos sellando un pacto de retroceso con un sujeto que provocó la ruina total de un país que había dado algunos pasos firmes en la consolidación de su joven democracia…

Si a pesar de estas aclaraciones, los organismos internacionales se empeñan en castigarnos y en bloquearnos, entonces las tareas que siguen para nuestros pueblos son verdaderamente penosas. Y sin embargo hay que asumirlas; en estos momentos debemos estar con los gobernantes sustitutos y alentarlos. Debemos hacernos un solo nudo con el ejército y con todos los hombres de bien que hemos vivido en carne viva, los desafueros y los abusos recurrentes de un gobierno que se había convertido en una insoportable pesadilla.

Hacía más de un año que yo no veía sonreír a nadie, después de la destitución forzada, toda la población recuperó su sonrisa de siempre.

Sería iluso de nuestra parte creer que las milicias – insultadas sin causa y desacreditadas sin razón – van a poder enfrentarse por sí solas a las arremetidas de una alianza internacional que no da señales de buscar la verdad. Llegó la hora para que nuestro pequeño y humilde pueblo se pare con valentía ante las amenazas y las provocaciones de este invasor abusivo llamado Hugo Chávez, que desea pisotear la dignidad de todos los pueblos a vista y paciencia de un mundo que se ha vuelto incapaz de pelear por la democracia y por la libertad.

Por lo tanto…

No queremos el retorno de un hombre irresponsable que deshonró la amistad, el aprecio y la confianza que un día le manifestamos en las urnas…

Elevamos nuestra queja y nuestra alarma al mundo entero y les digo a mis compatriotas:

Llegó la hora de desenmascarar a los tiranos y a los abusivos, llegó la hora para demostrar que detrás de las fachadas noticiosas protagonizadas por alborotadores irracionales, existe un pueblo íntegro, respetuoso, sensato, decente y valiente.

A la comunidad internacional:

Le pedimos y le exigimos una investigación exhaustiva y responsable de todos los eventos que precedieron a la destitución… antes de emitir un juicio y antes de dar una opinión.

La inmensa mayoría de este país está contenta y satisfecha con el curso de los acontecimientos, no por el hecho de querer apañar una decisión turbulenta que quizá presenta lagunas legales, sino, porque a pesar de todo entendimos que nadie vendrá de afuera a defendernos de las humillaciones y los sufrimientos que soberanamente hemos estado padeciendo.

En las últimas décadas Honduras ha demostrado un interés sincero por el establecimiento y la adopción de las normativas democráticas, pero esto no quiere decir que hemos perdido la noción de lo que es un abuso, una humillación y una arbitrariedad. La libre auto determinación de los pueblos no sólo se refiere al respeto de los marcos legales que rigen la conducta pública, también se refiere a la capacidad y al derecho que los pueblos tienen de tomar medidas sabias cuando las circunstancias que nos abaten rebasan los dogmas legales.

Probablemente nuestra decisión de deponer violentamente a un gobernante, no parezca a la vista de los observadores internacionales muy elegante ni muy correcta, pero todas las naciones que se han visto en apuros concordarán conmigo en que en ciertos momentos los hechos superan al derecho. Esto lo sabe perfectamente Estados Unidos, Ecuador, Argentina y Costa Rica. En casi todos los países del mundo se han presentado circunstancias dramáticas en las cuales “la destitución de un mandatario” se vuelve urgente y no negociable.

Y el hecho fundamental de la presente crisis es uno que debe quedar claro: no queremos a Manuel Zelaya como presidente de nuestro país. Entonces ¿Cuál debería ser la postura de la ONU o de la OEA cuando un pueblo grita a los cuatro vientos que ya no soporta a un mandatario?... algo tan sencillo como oír y respetar el clamor de las mayorías sin importar que estas mayorías estén calladas o atemorizadas.

En estos momentos todos los habitantes de Honduras estamos asombrados de la indolencia, la superficialidad y la ligereza con que los organismos y organizaciones internacionales han asumido un problema que solamente nosotros conocemos bien. Sin investigar los hechos y sin indagar a fondo han corrido a juzgar y a dictaminar unas sanciones irresponsables que seguramente nos conducirán a la asfixia ¿ese es el trato que se le da a los pueblos que defienden con valentía la libertad y la democracia? ¿Ese es el trato que merecen los pueblos que todavía se muestran capaces de defenderse de las anarquías y las tiranías?

¿Podemos confiar nuestro destino patrio y nuestro porvenir nacional en unas organizaciones internacionales que defienden ciegamente a los abusivos y a los usurpadores?...

Probablemente ha llegado la hora para que se revisen a fondo los propósitos, el sentido y la razón de ser de todas las organizaciones internacionales que “teóricamente” velan por el bienestar del mundo. Tal vez hacía falta un acto de valentía en un país pobre y remoto como Honduras, para que las potencias y los países ricos evalúen y revisen el funcionamiento real de dichas organizaciones y organismos.

Desde la cómoda visión de unas organizaciones decadentes que no demuestran interés por la verdad ni por la justicia, los infractores somos nosotros y no los abusivos. Consideran una grave infracción que un pueblo humilde y desesperado de agarre de cualquier cosa para no hundirse en las tiranías, pero se hacen de la vista gorda cuando reiteradamente un pueblo emite señales de auxilio.

Para Barak Obama, Oscar Arias, Felipe Calderón y Miguel insulsa resulta fácil decir simplemente “esto es ilegal” pero uno se pregunta ¿los pueblos están obligados a soportar las humillaciones, los abusos y los saqueos de un gobernante sólo para complacer “los buenos modales” de unas organizaciones apáticas?

Los reportes de nuestro deterioro político y de nuestra ruina económica desde que dio comienzo el gobierno de Zelaya, han estado a la luz pública y los conocen todas las agencias de noticias del mundo entero. No es justo que la OEA y la ONU aleguen ignorancia sobre la conducta de un individuo cuyos atropellos son conocidos universalmente.
Este hombre que hoy defienden con tanta gallardía, fue el mismo que llegó a insultarlos en su propia casa en el marco de la Asamblea de las Naciones Unidas.

Es el mismo que ahora trama, a la vista de todos, una Conjura Regional para desacreditar y destruir las instituciones supranacionales que supuestamente defienden la integridad de las naciones libres. Es el mismo hombre que ha aplaudido públicamente los discursos hostiles e irregulares que Hugo Chávez ha proferido contra todas las naciones americanas. Es el mismo hombre que ha expresado insultos y ha ofendido, reiteradamente, la dignidad de personas y naciones que no profesan con su loca doctrina.

Entonces ¿sobre qué fundamentos morales los gobernantes del mundo entero nos quieren obligar a restituir un hombre que tiene sobrados méritos pasa ser demandado, condenado y encarcelado? Bastará con que nos den un compás de espera para reunir todas las pruebas que lo convierten en un delincuente sin escrúpulos ¿Nos obligan a esto porque nos desprecian y nos subestiman? ¿No nos creen capaces de incoar procesos penales contra aquellos que utilizan el poder para delinquir? Si esto así, entonces ¿Cuáles son las bases morales y cuales son los principios que rigen, guían y gobiernan las actuaciones de los Estados Americanos?....

A los medios de comunicación:

Desafortunadamente la decencia no es escandalosa. Yo soy un testigo ocular y un testimonio firme de lo que en verdad ha pasado en mi patria. Soy parte de ese millón de ciudadanos que ha vivido en carne vida la experiencia de empobrecer, retroceder y sufrir por obra de un gobierno ciego y despótico. Juro por mis hijos y por mi nación que este escrito no es un encargo ni una tarea oficial tarifada. Es el clamor espontáneo de alguien que desea sentar un precedente intelectual sobre la verdad de los hechos. Ni tan siquiera se si será divulgado o leído por alguien, pero lo importante es que esta carta será enviada a todos los medios de comunicación nacional e internacional que consideren importante la versión de un ciudadano corriente que escribe motivado exclusivamente por el deseo de que la verdad se imponga sobre la mentira.

Los hondureños iremos a elecciones en noviembre del 2009, otra vez tendremos la oportunidad de elegir un gobernante que tenga credenciales morales y profesionales para darle un viraje de esperanza a un país que en este momento se encuentra oscurecido por la pobreza, la anarquía y la confusión.

Invito a los reporteros del mundo entero para que vengan a mi patria y vean los resultados visibles de una gestión gubernamental inicua y perversa. Vengan a ver lo que hizo Zelaya con mi patria, vengan a ver el colapso de la red vial, la ruina de los hospitales, la deuda externa, el desplome de la educación, el saqueo fiscal, el fracaso del agro y la recesión comercial. Vengan a ver con sus propios ojos todos los daños que un solo hombre le puede causar a millones y después saquen sus propias conclusiones.
Después digan si los hondureños teníamos razones y motivos para sacar por la fuerza a un sujeto se dedicó las 24 horas del día, durante tres años, a arruinar un pequeño país que tiempo atrás lo honró con el máximo galardón que se le puede conceder a un ciudadano.

Entonces ¿de donde saca la prensa mundial y las organizaciones internacionales que aquí estamos esperando a ese delincuente con los brazos abiertos? Mas le vale que no vuelva y él perfectamente sabe a lo que me refiero. Y si vuelve acompañado, en este caso por mercenarios del ejército chavista o nicaragüense, con el perdón de la OEA y de la ONU, nos defenderemos por cualquier medio. Siempre hemos sido un pueblo de paz y bien. Jamás hemos creído en el despotismo de las armas ni en las agresiones directas, pero cuando el mundo da señales de no querer arriesgar ni un pelo en la defensa de nuestra soberanía, no tenemos más opción que agarrar nuestros garrotes y nuestras escobas para decirle al Ejército Hondureño que no están solos y que en la defensa de nuestra soberanía y de nuestra patria ¡Todos somos soldados!

César Indiano y su hijo

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