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| HUGO MACHÍN |
El 17 de diciembre de 1976, Luis Corvalán
principal dirigente comunista chileno, mantenido prisionero en infames
condiciones por el dictador Augusto Pinochet, era canjeado por el escritor ruso
Vladimir Bukovsky, preso político de la dictadura de Leonid Brézhnev.
Fue un episodio de la Guerra Fria que sería
reiterado. [1]
El 4 de enero de 2015, el presidente
venezolano Nicolás Maduro propuso canjear -“pelo a pelo, hombre a hombre”- al
dirigente político venezolano Leopoldo López, encarcelado desde hace 11 meses,
por el líder independentista portorriqueño Oscar López Rivera (72), quien
permanece desde hace 33 años en cárceles estadounidenses cumpliendo una condena
a raíz de sus actividades como integrante de las Fuerzas Armadas de Liberación
Nacional de Puerto Rico (FALN) [2]
El 12 de enero, la dictadura cubana de los
hermanos Castro dejó en libertad a 53 presos políticos en el marco de la nueva
relación iniciada con la administración Obama. El hecho fue precedido por la
liberación, el 17 de diciembre, del ciudadano americano Alan Gross condenado a
15 años y preso en Cuba desde 2009; de los espías Gerardo Hernández, Ramón
Labañino y Antonio Guerrero, tres agentes cubanos de “Los Cinco” que
permanecían presos en Estados Unidos desde 1998 y del agente de la CIA, Sarraff
Trujillo, detenido en La Habana a mediados de los noventa.
Se trata de hechos -el canje
Corvalán/Bukovsky y los recientes- producidos con diferencia de casi cuatro
décadas que llevan a analizar diferentes aspectos que hacen al histórico
relacionamiento estadounidense con Latinoamérica, continente en el que por
primera vez en su historia la mayoría de los gobiernos son de izquierda,
“progresistas” y nacionalistas, en pugna con el dominio político - económico
norteamericano.
La creciente presencia de China en la región
con préstamos a gobiernos latinoamericanos que ascienden a unos 100.000
millones de dólares desde 2005 -según la agencia Reuters- cuyos principales
receptores son
Venezuela (50.600); Argentina (14.100);
Brasil 13.400) y Ecuador (10.374); así como la presencia de Rusia e Irán en el
otrora mare nostrum de Washington, son fenómenos que necesariamente deben ser
incorporados al análisis de estos cambios a los que asistimos.
¿Y los derechos humanos? Pero en lo atinente
a derechos humanos y a la percepción que de ellos se tiene desde la izquierda
latinoamericana, hay un aspecto insoslayable: el reconocimiento de los
gobernantes cubanos y venezolanos de lo que hasta ayer negaban urbi et orbi: la
existencia de tener prisioneros políticos por disentir con el régimen impuesto,
en el caso cubano; y por manifestarse contra las medidas que han precipitado a
la crisis actual del país, en el caso venezolano.
La represión cotidiana a las Damas de Blanco
cubanas; la masacre producida en la bahía de La Habana donde perecieran 41
persona, -entre ellos diez niños con edades entre seis meses y 12 años- tras
ser hundido por la represión el barco en que pretendían escapar de la isla
(13.03.94); la detención en 2003 de más de 75 disidentes –entre ellos 27
periodistas-y el fusilamiento de tres jóvenes que intentaron huir en una balsa,
en el periodo conocido como “la primavera Negra de Cuba”; la muerte en prisión
de Orlando Zapata Tamayo (23.02.10), caso N°12.476 de la CIDH; del ex
prisionero político Juan Wilfredo Soto García, muerto tras ser golpeado por la policía
luego de una protesta en la ciudad de Santa Clara, en mayo de 2011, son algunos
de los jalones de una historia de violaciones de los derechos humanos a
ciudadanos cubanos que vastos sectores de la izquierda latinoamericana se
empecinan en desconocer.
Jorge Aguirre, reportero gráfico ultimado de
un disparo cuando cubría una manifestación el 4 de abril de 2006 en Caracas;
Enys Méndez de Garmendia, periodista del diario La Nación, asesinada el jueves
17 de noviembre de 2005; las 43 muertes ocurridas entre febrero y junio pasados
durante las manifestaciones en Venezuela, los 873 heridos, los estudiantes
comprobadamente torturados por efectivos policiales y los más de 2.500
detenidos -de los cuales 174 permanecían arrestados a mediados de 2014 según la
Fiscalía General- así como la farsa imputad a
la diputada María Corina Machado, a quien se
la acuso de pergeñar un plan para asesinar a Maduro; la detención de los
alcaldes Enzo Scarano, y Daniel Ceballos, encarcelados por protestar; son las
trágicas evidencias - antes del reconocimiento de Maduro, que también confirmó
la ausencia de un Poder Judicial independiente- de la existencia de presos
políticos en el país de Bolívar. Una realidad que también por la pertinacia,
cuando no el cinismo, de gobernantes y dirigentes de la nueva izquierda
latinoamericana, no es denunciada ni motiva solidaridad.
[1]
Los militares chilenos y los comunistas realizaron otro trueque de prisioneros
políticos el 17 de junio de 1977, cuando canjearon 11 disidentes alemanes
orientales (exRDA), por el ex-senador comunista Jorge Montes.
[2] Oscar López Rivera es el único encarcelado
de los trece independentistas puertorriqueños que en 1999 rechazó la oferta de
liberación que les hizo el entonces presidente de EEUU, Bill Clinton.
Considerado un prisionero político por unos y terrorista, por otros, López
Rivera integró el grupo clandestino autoresponsabilizado de múltiples atentados
en EEUU de los más de 100 realizados, que dejaron seis muertos y decenas de
heridos.
Hugo
Machín
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