CARLOS E. AGUILERA A., EL EJERCICIO PERIODÍSTICO EN DEMOCRACIA

 “Hemos echado al mar los grillos de los pies. Ahora, vayamos a la escuela a quitarle a nuestro pueblo los grillos de la cabeza, porque la ignorancia es el camino de la tiranía” Andrés Eloy Blanco

Tema obligado en los actuales momentos, en los que se pone en duda la objetividad de quienes ejercemos este apostolado: el periodismo, nos induce a formular algunas consideraciones particulares, por cuanto aun cuando la objetividad es condición esencial del periodismo, nunca satisfará a quienes detentan el poder y se creen dueños absolutos de la verdad, usando a su libre arbitrio los recursos del estado, para adquirir diarios, televisoras, emisoras, semanarios y medios comunitarios, que ponen al servicio de sus ilimitados y perversos fines.

Claro está, que quienes conforman este maléfico poder mediático que incluye hasta una empresa que controla y distribuye el papel periódico que requieren los medios de comunicación independientes, desconocen la visión valorativa de los medios y del comunicador social  que califican los sucesos de acuerdo a su mayor o menor densidad social, ética o estética, verdadera función del periodismo crítico.

La ignorancia de algunos personeros del régimen, empotrados en el poder desde hace 16 años, y que desconocen absolutamente algunos temas como el periodismo, los induce a cometer dislates que ponen en evidencia más su perverso fin, ajeno a la crítica propiamente dicha, pues están divorciados del hábito de la libre expresión del pensamiento, lo cual los induce a pretender soslayar dicha función valorativa  y atribuir la visión de la violencia, a un mal intencionado culto que “contraría los valores de una supuesta revolución socialista”, mal llamada bolivariana y marxista,  que el propio Fidel Castro la denominó en cierta ocasión comunista.

Angustiosos espacios democráticos, después de la efervescencia inicial, han demostrado –como en el presente momento que vivimos los periodistas venezolanos – poseer una certera intuición de los límites legales y morales de la autonomía expresiva, conscientes del papel preponderante que jugamos en la sociedad como trabajadores sociales a su servicio, en los holgados territorios donde deberíamos desenvolvernos con amplitud y disfrute de una absoluta libertad de expresión y de prensa.

Desconocen también estos socialistas de nuevo cuño, que un  medio de comunicación  es el único documento humano capaz de recoger la memoria integral del hombre. Ignoran igualmente que por la fuerza expansiva de sus reprimidas proyecciones, no han valorado en el periodismo, la expresión del talento de quienes ejercemos una profesión que exige muchos sacrificios y que en algunas ocasiones el lector ansioso de identidad entre pensamiento y acción, exalta la firmeza, audacia y civismo de quienes nos empeñamos en revelar verdades abruptas.

Por eso, todo lo significativo humano –luz y sangre de lo contemporáneo – debe ser sometido al rigor de un examen, criba y tamiz de la historia. Periodismo crítico significa no sólo el afloramiento y análisis de la verdad, sino enjuiciamiento de todo testimonio con valor colectivo. Cabe recordar que el periodismo crítico realiza una doble valoración: la del acto humano, como esencia vivencial, y la del conocimiento, como expresión del saber.

Bien decía Voltaire que la libertad de prensa consiste en sólo depender de las leyes, pero se refería a la ley como expresión razonable y justa del ordenamiento colectivo y no a la norma singular de la libertad y ofensa al espíritu, hecho espurio del acto legislador. La libertad de expresión garantizada en todas las cartas constitucionales, está concebida en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, de las Naciones Unidas, que reza textualmente: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión, lo que implica el derecho de no ser agobiado por sus opiniones, y el de buscar, recibir y difundir, sin consideración de fronteras, las informaciones, las ideas de cualquier medio de expresión que sea”. Y esta declaración hace ostensible dos consideraciones fundamentales de la libertad de pensamiento: derecho de información, para y por la prensa, y autonomía de opinión, es decir, libre valoración crítica, sujeta a responsabilidades por delito de difamación y derecho a réplica.

Lo cierto es que la cruda realidad que vive en los actuales momentos el periodismo venezolano, se resume en una desgarradora y dramática insurgencia contra la violencia opresiva del régimen, y que el ordenamiento que la regula tiene más bien carácter penal, punitivo, de la que poco nada se ocupa de garantizarla, protegerla y hacerla eficaz.

La libertad de prensa no sólo es un derecho sino también un poder del hombre. Su censura es un artificio contra la propia naturaleza humana, y bien lo decía un eminente periodista y jurista Luis Sojo, fundador del primer periódico jurídico venezolano: “No puede haber gobierno popular sin libertad de prensa”, pues la experiencia adquirida a través de los sucesivos ordenamientos que han regido el  derecho a la libertad de prensa y el abuso, sólo es posible a posteriori y nunca a priori”. En otras palabras, la censura previa a la publicación o transmisión radial o televisiva, es ilegal y moralmente intolerable.

En memorable discurso pronunciado en sesión solemne del Congreso Nacional el 4 de mayo de 1945, el poeta cumanés Andrés Eloy Blanco, seleccionado unánimemente como orador de orden en homenaje al General José Gregorio Monagas, al referirse a las Constituciones venezolanas, subrayo: “ La Constitución de 1936, como ustedes saben, trae una disposición conocida bajo el nombre de Inciso VI, según la cual se consideran contrarias a la independencia, a la forma política y a la paz social de la nación, las doctrinas comunista y anarquista y los que la proclamen, propaguen o practiquen, pues serán considerados como traidores a la patria y castigados conforme a las leyes”.

¡Lástima que fue derogada en el año 1945!

Carlos E. Aguilera A.,

careduagui@yahoo.com

@_toquedediana

Miembro fundador del Colegio Nacional de Periodistas (CNP-122)

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HUGO CÉSAR RENÉS, LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA EN LA CONDUCCIÓN DE LAS FF.AA. EN DEMOCRACIA, DESDE ARGENTINA

(Breve descripción desde mi experiencia como ex Delegado del Ejército ante el Ministerio de Defensa-1990- y ex Representante del Jefe del Estado Mayor General del Ejercito ante el Honorable Congreso de la Nación 1992/1995).

A modo de introducción resulta legítimo afirmar que son innumerables los problemas de orden político, estratégico-militar y de adiestramiento que la conducción de las F.F.A.A. deben enfrentar en tiempo de paz. Esa es la paradoja del soldado moderno.

Por ello resulta importante  analizar con qué espíritu el Poder Ejecutivo Nacional ha fijado desde la historia a la fecha (si las fijó) las bases y los alcances de la organización del brazo armado nacional  como así también si las mismas fueron hechas pensando firmemente en el mediano y largo plazo, para que puedan mantener su validez por encima de las necesarias innovaciones que deban introducirse en su orgánica (para evitar disoluciones y/o traslados de unidades  de una provincia a otra para volverlas, después de un tiempo, a la primera, actividad esta que genera y  generará, tanto un gasto innecesario al erario público, como inestabilidad en la familia militar y civil).

Las reestructuraciones y “reducciones” sistemáticas que tuvieron lugar en las FFAA tras el advenimiento de la democracia en 1983 hasta la fecha, estuvieron signadas por un trasfondo innegable de tensiones y de desconfianza mutua que subsiguieron a las grandes convulsiones históricas -que aún hoy subsisten- entre las organizaciones militares y los representantes del orden político, originadas estas, entre otras razones, en el desconocimiento de las diferencias más que evidentes que existen entre las bases en que se asienta un poder armado, de uno político, a saber:

1. La democracia se construye de abajo hacia arriba; él poder militar se erige exactamente al revés, de arriba hacia abajo, apoyándose en el mando y la obediencia.

2. La democracia es esencialmente autodeterminación y responsabilidad propia; la ley militar es obediencia dentro de una unidad que se rige por ordenes.

3.  La conducción política es división del poder y equilibrio a través del control mutuo; la conducción militar es concentración del poder y subordinación.

Con el advenimiento de la democracia, las FFAA fueron configuradas e introducidas dentro de ese orden democrático preexistente, garantizando la primacía de la política sobre el sector militar, situación esta que conlleva –se  ejerza o no- la dirección política y el control parlamentario. En ese marco se debió adaptar el alto mando militar para testimoniar su lealtad al gobierno legitimado por el voto popular.

El ministro de Defensa o ministro de guerra o como quiera que se lo llame, desde siempre, ha tenido la responsabilidad primaria ante el Presidente de la Nación (Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas) de coordinar las políticas de defensa del Gobierno Nacional; representó y representa, tanto en el marco nacional como en el internacional, las exigencias de seguridad y de estrategia militar siendo, obviamente, el responsable de las cuestiones de intervención, organización y formación para el reclutamiento y el mantenimiento del personal y material, como también  del orden interno de las FFAA. Dicho de otra forma, el mando militar no puede desempeñar su poder a través de sus propios comandantes, sino por una orden del Ministro de Defensa o como resultado de los derechos que fueron delegados por él (la responsabilidad jamás se delega). De allí el gran peso político que debe poseer –desde mi interpretación- el Ministro de Defensa.

Aquí considero necesario hacer una acotación: resulta más que evidente que el Ministro de Defensa para poder satisfacer las exigencias de su cargo debe poseer una amplia experiencia política y al mismo tiempo gozar de la confianza “incondicional” del Presidente de la Nación (Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas). Precisa poseer capacidad para convencer e imponer criterios en los enfrentamientos políticos inevitables para obtener los recursos financieros necesarios, como así también la personalidad y autoridad para imponer su peso y pericia frente al alto mando militar. Debe estar identificado totalmente con las exigencias de la defensa para comprender las peculiaridades del terreno militar y la mentalidad  que esa actividad específica les confiere a los militares, porque el soldado es por su status, por sus deberes y derechos, algo completamente distinto a un funcionario. Su deber de obediencia va mucho más allá que la de un funcionario. La desobediencia en el caso militar, puede significar una falta gravísima. También la jurisdicción del mando va más allá de las atribuciones de poder de los funcionarios. Una orden militar, siempre que sirva a fines del servicio, no atente contra la dignidad de las personas y/o no conduzca en su ejecución a cometer delitos o faltas, constituye una prescripción de comportamiento vinculante que exige obediencia como para que, llegado el caso, se deba arriesgar hasta la vida para su cumplimiento.

Por lo expuesto, debe inferirse que las críticas sobre los acontecimientos que hayan tenido lugar dentro de las Fuerzas Armadas, debieran dirigirse, desde siempre, contra el propio Ministerio de Defensa y/o los distintos integrantes de las Comisiones de Defensa de las respectivas cámaras legislativas del Congreso de la Nación y nunca, en forma directa contra los militares, porque lo que pasó o dejó de pasar, es responsabilidad primaria de la conducción política, de la cual el militar es un mero y leal ejecutor.

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¿Algún referente de la clase política se ha hecho cargo de alguna responsabilidad en los sucesos del pasado (desde 1810 a la fecha)? ; ¿es que no han tenido y tienen todos y cada uno de ellos, junto al derecho de inspección, la obligación de debatir la política de defensa en sus respectivos niveles de conducción política?.

Mi experiencia al respecto me permite afirmar que el área de defensa fue considerada a partir del regreso a la democracia en 1983, como una cartera más que interesante para ejecutar proyectos con evidentes réditos políticos y/o económicos (abiertos o encubiertos) y en esto, a pesar de ocasionales opiniones en contrario, siempre hubo consentimiento en los legisladores integrantes de las comisiones de defensa, pese a provenir de distintos partidos políticos. Basta investigar los distintos proyectos parlamentarios presentados durante esos años (1983/1995).

En el orden interno, las Fuerzas Armadas debieron configurarse de manera que la irrenunciable estructura jerárquica y el sistema de mando y obediencia, se mantuvieran en relación equilibrada con los principios de libertad y dignidad del individuo.

 Las nuevas FFAA fueron políticamente concebidas para adoptar una actitud estratégica defensiva, su ubicación política fue determinada por el orden constitucional y jurídico de la democracia, siendo ahora el servicio militar, un servicio voluntario.

La complejidad de las nuevas misiones y la necesidad de poder llevar a cabo tareas más numerosas y diferentes entre si, con recursos humanos y materiales limitados, ha hecho y hace necesarios profundos cambios organizativos.

La actividad que debe desarrollarse para evitar la guerra es dura y casi siempre pasa inadvertida. Prácticamente no hay en ella éxitos visibles, mensurables y/o espectaculares como no sea el éxito de mantener la paz. Es ESE servicio el que dignifica al soldado (ciudadano con uniforme) de nuestro tiempo y, solo puede soportar la tensión que produce ese servicio, si sabe que goza del amplio apoyo de sus conciudadanos. Si no encuentra ese apoyo, cae en el aislamiento y adquiere una interpretación incontrolable de su función, llevando una vida “independiente”, aislado de la sociedad de la cual se nutre.

En la Argentina moderna, la mayoría de las unidades poseen un grado de apresto mayor a cero en la escala de valores, pero no llega a ser perfecto, desde mi punto de vista, ni mucho menos, porque carentes de medios, las unidades no pueden desarrollar programas de entrenamiento efectivos y los mandos superiores tampoco pueden asignarles fondos, personal y otros recursos como para ayudar a lograr las deseadas capacidades, que no son otra cosa que la combinación de las condiciones del personal, el equipo y el entrenamiento, para poder emplear las armas en forma disuasiva o coercitiva si fuera menester para el cumplimiento de su misión.

A nivel Nacional es el poder político quién debe coordinar las tres expresiones del poder –militar, económico y psicológico- para aplicarlos para defender los más altos intereses del Estado. Solo decisiones responsables, puntuales y valientes del Poder Político, pueden mejorar esta realidad porque el “instrumento” militar solo puede ser eficaz si está organizado, equipado y adiestrado en todo momento para poder luchar y estar dispuesto a ello cuando lo ordene el Poder Ejecutivo Nacional.

Es cierto que la comprensión mutua va en aumento y  que la casi tradicional desconfianza entre soldados y políticos está en franca disminución y/o comprensión. De hecho, durante mi gestión en el Parlamento (la misión impuesta por el J.E.M.G.E  fue la de prestar una amplia colaboración desde el punto de vista militar a los legisladores del Congreso de la Nación, actividad esta a la que personalmente no solo creí útil sino, por lo que más adelante expresaré, fundamentalmente necesaria), numerosos diputados y senadores, de distintas extracciones políticas sin tener relación con la comisión de defensa, visitaron distintas unidades militares obteniendo una importante experiencia que les permitió opinar, ahora con más fundamento, en los grandes debates sobre la política militar.

En lo personal, debo sincerarme y expresar la desilusión que me provocó en aquellos años, tanto el casi nulo conocimiento científico–doctrinario sobre el tema específico de Defensa Nacional  existente en la casi  mayoría de los legisladores, que ponían en su actividad legislativa más “olfato político” que idoneidad, como el desinterés legislativo en el tema de defensa, olvidando muchos de ellos que por la boca negra y redonda del fusil que se vuelca bajo el certero ojo del tirador, hablan a un mismo tiempo el espíritu de los hacedores de nuestra patria, la esperanza de un pueblo y la gratitud segura de la mayoría de las progenies que vendrán.

Lo expresado en el párrafo anterior, debiera ser un elemento más que suficiente para incentivar al Estado a formar nuevas elites o “clase dirigente” con una mejor comprensión de los fenómenos históricos, políticos y sociales que les permita consensuar, partiendo de la teoría de la pronosticación, un Plan Estratégico Nacional de Defensa del cual emerja la MISIÓN de las FFAA, como así también su nueva estructura (si fuese necesario), porque muchas de las que están, como he dicho, no recibieron la información y mucho menos la especialización necesaria para ello.

Cuando un país carece de una clase dirigente calificada (vacío de poder), está condenado a ser históricamente inferior (y hasta ocupado) por los que si la tienen; por desgracia, en nuestro caso, la brecha cívico - militar más conflictiva es la que separa hoy a las Fuerzas Armadas de la Universidad.

Los permanentes y traumáticos cambios practicados casi sistemáticamente en la conducción de las Fuerzas Armadas por parte del poder político,  teniendo en cuenta la experiencia histórica en las que como brazo armado supimos destruir una monarquía, fuimos republicanos, ora unitarios, ora federales, dictadores, represores y chivo expiatorio de cuanto mal padeció el país y, convencido de que cuando un astro sale de su órbita lo traspasa todo,  me permití sugerir al entonces Jefe del Estado Mayor General del Ejército para que mantuviera una cierta equidistancia política que garantizara la continuidad de la cúpula militar de las Fuerzas Armadas ante un supuesto cambio de gobierno, no obstante reconocer que podía resultar muy útil hacer visible al público la concordancia de opinión entre la conducción política y la militar en las cuestiones fundamentales de la defensa. La historia política institucional argentina me hacía intuir que esa exposición, podría significar una nueva sangría en la cúpula militar. ¿ ME EQUIVOQUÉ?.

Hugo Cesar Renes

hcr1942@yahoo.com.ar

@hcr1942

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ELINOR MONTES, MANEJO DE CONTINGENCIA EN SOCIALISMO Y EN DEMOCRACIA

De la realidad a la mentira, del mantenimiento al abandono, de la construcción a la destrucción, de la democracia al totalitarismo.

Los venezolanos estamos de luto, 41 muertos y decenas de heridos por una explosión en Amuay, por falta de mantenimiento; 25 muertos y 43 heridos en Yare I, por control de los pranes en las cárceles, y con el país en estado de emergencia en el Centro y Oriente, muertos, cientos de damnificados, poblaciones aisladas por derrumbes, vías y puentes caídos, desbordamientos de ríos y quebradas, fallas eléctricas graves, etc.

Innumerables horas de vida se han perdido en la vía alterna por el desplome del puente de Cúpira (el régimen no le hizo mantenimiento ni permitió que lo hiciera la Gobernación de Miranda).

Como siempre la jefatura saliente elogia a los responsables de un mal, en esta oportunidad el de Amuay, según él el show debe continuar ¡La muerte de personas inocentes no es show, es doloroso e irreparable y los responsables deben ser castigados, no felicitados!

En cuanto al desastre en el que se encuentra Cubazuela el régimen culpa al clima, a los samuros que han sustituido a los rabipelados y a las iguanas, etc.

¿Será que durante los 40 años de democracia no llovió, ni pasaron tormentas, ni había iguanas, ni rabipelados, ni zamuros? No, la diferencia está en que durante la democracia había capacidad de respuesta, se mantenía la infraestructura y había un plan de obra en concordancia con las necesidades de las poblaciones en función de los ingresos del país que fueron inmensamente inferiores a los que ha despilfarrado este régimen. Entre otros, se canalizaron los ríos, se limpiaban y mantenían las quebradas, drenajes y torrenteras para evitar las inundaciones. Defensa Civil, Bomberos, vacunación, refugios, provisión de alimentos y agua estaban plenamente operativos.

En un lapso aprox. de 9 meses se hizo la carretera nacional, la Gran Sabana hasta Brasil, de aprox. 208 Km, incluyendo unos 3200 metros lineales, Mtl, de puente (32 puentes) que se construyeron entre 8 y 10 Mtl, por hora, con el uso de tecnología que aprovechó los tubos de desecho (basura) de la industria petrolera y de la CVG; existía un Taller Central, adscrito al MOP y luego al MTC, que compraba y almacenaba un mínimo de 20 puentes metálicos telescópicos tipo Bailey fabricados en Venezuela, para enfrentar las emergencias en lapsos inferiores a las 48 horas, incluyendo transporte y colocación. 

El socialismo del siglo XXI necesita 15 días o más para construir un puente que mide entre 50 y 80 Mtl y años y años para hacer unas pocas vías, lo que denota que hemos perdido la gerencia, el recurso humano y la capacidad de respuesta que existía en la democracia para enfrentar las contingencias y la planificación de ejecución de obra.

Auxilio Leopoldo Sucre, José Curiel, Kiko Aspurúa, Matías Brever, Juancho Otaola, Leonel Vangriken, Roberto Pérez Lecuna, Cesar Quintana, los difuntos Víctor Ron Pedrique y John Cavanak y otras eminencias de la ingeniería de vialidad.    

Otros tiempos, otros gobernantes, otros hombres. Gracias a la democracia en la industria petrolera se estableció la meritocracia que fue su orgullo y una razón de su éxito, y verdaderos especialistas pudieron formarse y aportar sus valiosas experticias en ingeniería y vialidad para beneficio de los venezolanos. Con la revolución eso es un imposible.

elmon35@gmail.com

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