ENRIQUE PRIETO SILVA, ABSURDA DEGRADACION DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE

Es absurda la idea de quitarle el protagonismo contralor al Ministerio del Ambiente, transformándolo en "Viceministerio del Ecosocialismo", subordinado de quien debía controlar, el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Ecosocialismo, conductor del mayor ecocidio surgido con la populista "Misión Vivienda" del inconstitucional "Plan de la Patria", derrumbando la labor ambientalista que nació en 1977 con el "Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables", surgido de una Dirección del Ministerio de Agricultura y Cría. Novedad que despertó interés mundial y muchos países imitaron a Venezuela.

El MARNR nació como ente ejecutivo regulador de las políticas manejadas por otros ministerios, entre ellos: Agricultura y Cría, Minas e Hidrocarburos y Obras Públicas, que regulaban con poco interés la explotación de los recursos naturales, ya que su función principal era su explotación y la construcción de obras de interés público y social, que requerían el control necesario para evitar el daño ambiental, recogido como novedad en la Constitución de 1999. Desde su creación se produjo una contradicción ejecutiva a la hora de permisar actividades depredadoras de los recursos naturales renovables: flora, suelos, aguas y fauna silvestre, que condujo tiempo después regular no solo los recursos naturales renovables, quedando en su control todos los recursos naturales (renovables y no renovables) MARN, para hacer más coherente la permisología que estaba en manos de dos o más ministerios.

En 1982, con reforma en 1983, aparece la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio, que como decimos en nuestro libro: Derecho y Economía del Ambiente y de los Recursos Naturales: "...vislumbra la idea de la restricción de la propiedad, como carácter fundamental en la relación Estado-particular, que al abordar la materia del control ambiental, establece las disposiciones que debe emprender el Estado, a través de las Autoridades Ambientales, para ejercer el control ambiental sobre los efectos de las actividades capaces de degradar el ambiente, surgiendo el concepto de ABRAE (Áreas Bajo Régimen de Administración Especial); entendiéndose la Ordenación del Territorio, como una disciplina científica y técnica administrativa; influida por una multitud de disciplinas, entre las que destacan la Geografía Física, la Geografía Humana y las Ciencias Ambientales que tienen como objetivo una ocupación racional del territorio, mediante la aplicación de normativas que permitan o prohíban acordados usos de los espacios de la tierra. Es la expresión espacial de la política económica, social, cultural y ecológica de toda sociedad, que incluye múltiples objetivos, entre ellos el desarrollo socioeconómico y equilibrado de las regiones, la mejoría de la calidad de vida, la gestión responsable de los recursos naturales, la protección del medio ambiente, atendiendo a la necesidad de la utilización racional del territorio. Una política concebida como un enfoque interdisciplinario y global, consagrándose como derecho-deber de toda persona su participación activa y coordinada en las acciones de control ambiental, cuyo control previo se basará en: la planificación ambiental, la ordenación del territorio, la normativa técnica ambiental y la evaluación de impacto ambiental, indicándose los instrumentos del control previo...". Este control previo es ejercido por el MARN, mientras que el Ministerio de la Vivienda al que es adscrito, es el ente operador de la construcción, quien regulará la función contralora del Viceministerio del Ambiente.

Para que se entienda mejor la contradicción y el exabrupto generado por esta degradación del ente ministerial MARN, debemos entender, que en la organización de la Administración Pública existen entes para: la generación de políticas, para la planificación, para la dirección y ejecución de planes, mediante el uso de las políticas, para el financiamiento de las obras que consoliden los objetivos y metas, pero es de vital importancia la existencia de entes controladores, evaluadores, supervisores, con capacidad para permisar, paralizar, suspender y hasta eliminar o desautorizar la ejecución de obras, cuando se apartan de las reglas o violen normas, que como el daño ambiental, pongan en peligro la estabilidad y la seguridad política y/o pública, o como es el caso, el medio ambiente, protegido constitucionalmente.

La doctrina europea establece como objetivos de la ordenación del territorio: el desarrollo socioeconómico equilibrado y sostenible, que involucra la mejora de la calidad de vida de la población, a través de su acceso al uso de los servicios e infraestructuras públicas y del patrimonio natural y cultural; regulando la gestión de estos objetivo, con el manejo responsable de los recursos naturales y la protección del medio ambiente, en compatibilidad con la satisfacción de las necesidades crecientes de recursos y el respeto a las peculiaridades locales. Es decir, dando relevancia a la utilización racional y equilibrada del territorio, mediante la definición de los usos aceptables de cada tipo de suelo, la creación de las adecuadas redes de infraestructuras e incluso el fomento de las actuaciones que mejor persigan el fortalecimiento del espíritu comunitario. En cuanto a Latinoamérica, como lo declara la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Ordenación del Territorio en una forma cualitativa que busca el desarrollo socioeconómico de las regiones y una mejora en la calidad de vida y persiga la gestión responsable de los recursos naturales y la protección del medio ambiente, mediante la utilización racional del territorio.

En Venezuela, con  criterio constitucional, la ordenación territorial tiene por objeto establecer las disposiciones que regirán los procesos nacionales, regionales y locales, de ordenación y gestión del territorio, de conformidad con la estrategia nacional de desarrollo, los patrimonios territoriales de la Nación, las realidades y las valoraciones ecológica, sociocultural, socioeconómica y geopolítica, de esos patrimonios, para orientar la distribución espacial del desarrollo y el fortalecimiento del Poder Municipal. Materia que ha sido regulada por la Ley, siendo entre ellas la de mayor relevancia la Ley Orgánica del Ambiente, donde se contemplan los elementos fundamentales para la protección y manejo del ambiente y de los recursos naturales. Ella establece la norma creadora del MARN, que no puede estar subordinado a otro ente de rango inferior en la generación de políticas de origen constitucional. El MARN, es la entidad de mayor nivel del Estado controlador de todos los entes públicos y privados en la protección del medio ambiente y de los recursos naturales; por lo que es incoherente e incongruente quitarle el nivel superior público que tiene desde su creación, y de mayor gravedad, colocarlo como subordinado al ente, que por su misión y funciones es el mayor depredador del medio ambiente, como lo es el Ministerio de Vivienda, que para mayor gravedad, siempre actúa al margen de las normas ambientales y urbanísticas.

Venezuela no puede, por ningún motivo, echar por la borda el desarrollo que a la fecha ha alcanzado el Estado en materia de protección del medio ambiente, hoy, cuando en la actualidad es la mayor campaña que se desarrolla en el mundo. Así como fuimos los primeros en dar el nivel que hoy tiene el Medio Ambiente, no puede esta "revolución" mediante absurdo, regresar a un  pasado superado.

Enrique Prieto Silva,

eprieto@cantv.net

@Enriqueprietos

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SIXTO MEDINA, LA DEGRADACION DE LAS INSTITUCIONES,

Mucho se ha escrito, por ejemplo, de la descapitalización del sector energético, de la descapitalización del campo o de las empresas del Estado, sin duda claves para el desarrollo de una nación. Pero es necesario para vivir en la sociedad actual prestarle mucha atención a la degradación de nuestras instituciones que se viene profundizando cada día más. Es ésa, la descapitalización más seria y más difícil de revertir que ha sufrido la nación en su nivel de desarrollo, lo logros económicos,  su nivel de vida y de democracia que había alcanzado

El capital institucional no sólo se nutre por el respeto por la ley y la Constitución, los contratos, la propiedad privada y la igualdad de oportunidades, sino también por la libertad de expresión y por la libertad de prensa. Todo ello unido, al respeto por la opinión ajena, la civilidad y la cohesión social. La calidad institucional es vital para el desarrollo de una nación y para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.

En Venezuela, aunque duela reconocerlo, la degradación de las instituciones de la República, se hace cada vez más evidente. Avanza sin freno. El Poder Legislativo y el Poder Judicial, justamente, por ser los grandes motores históricos de la revolución política universal a partir de la cual se crearon las bases de la democracia moderna, tienen, hoy en nuestro país un papel pálido y deslucido, completamente devaluados en su prestigio y en su capacidad para influir sobre los diversos acontecimientos públicos fundamentales, ya que responden a la órdenes y a las instrucciones de un ejecutivo autoritario que impone valores y categorías castrenses. La sociedad venezolana tiene la sensación de que el destino de la vida pública se decide de manera excluyente en Miraflores y de haber cada vez menos significativa independencia de poderes.

Para cambiar esta triste realidad que nos rebasa, lo primero es comprender que la decadencia venezolana no es responsabilidad solo de los políticos, de los partidos políticos, de un sistema de elección o de que la gente elige o vota mal. Eso es desentenderse de la propia responsabilidad cívica y no comprender o tener en cuenta que la construcción de las instituciones públicas, democráticas, y el futuro de nuestros hijos es demasiado importante para delegárselo a otro. Somos cada uno, en las pequeñas y grades acciones diarias, los que responsablemente contribuimos a la calidad institucional. Cuando respetamos nuestro lugar en la cola o las normas de tránsito, pagamos nuestros impuestos y nos interesamos por nuestro país. A partir de allí, se gana el derecho inspirado en la justicia y el deber de exigirles lo mismo a los demás, a los gobernantes y representantes en el parlamento a que cumplan con lo que dice la Constitución de la República.

El siguiente paso que vamos a dar el próximo año es la elección de los diputados a la Asamblea Nacional. Recordemos que cuando uno cede su responsabilidad, cede sus derechos. Entonces, no nos expresemos o presentemos quejas cuando los veamos avasallados, dispuestos, intentando imponer sus criterios a la fuerza con la facultad o el poder que delegamos al votar; sino mejor evaluemos en qué medida somos culpables, ya sea por acción u omisión.

Sixto Medina

sxmed@hotmail.com

@medinasixto   

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GABRIEL BORAGINA, UN PAÍS "EN LLAMAS" CASO ARGENTINA

Siempre que he podido he tratado de eludir hablar de Argentina por haber tantos que lo han hecho y lo siguen haciendo -con acierto o con error- y porque más de una vez he confesado que, en las circunstancias actuales, me ha resultado y me sigue resultando penoso hacerlo. Sin embargo, ocasionalmente me he visto obligado a ello. Y el grado de descalabro al que ha llegado el país a la fecha, me exige otra vez más a tener que decir algo al respecto, aunque lamentablemente tenga que repetir cosas que ya he dicho otras veces antes.

El estado de degradación política, económica, institucional, jurídica y moral del país al que lo ha llevado el régimen cuasi-despótico instaurado por el FpV (Frente para la Victoria) de los dos Kirchner no encuentra antecedentes en la historia política argentina desde el segundo gobierno de Perón hasta el día de la fecha, como tantas veces lo he manifestado. Ni siquiera el pésimo gobierno de Alfonsín, plagado de errores económicos de tremenda magnitud, puede ya a estas alturas superarlo.

Por supuesto que, no voy a caer en la ligereza tan frecuente de creer que el pueblo argentino es "víctima" de sus "victimarios" gobernantes. Es absolutamente cierto que el FpV está destruyendo el país con un empeño, dedicación y énfasis pocas veces puesto por ningún otro gobierno anterior, pero también lo es que, la mayoría del pueblo argentino ha sido -en buena medida, y por un tiempo desmesuradamente largo- cómplice de dicha desolación.

Lo que subyace en el fondo es ignorancia. Ignorancia de las leyes económicas, cuyo cumplimento inexorable es lo que, tanto gobernados como gobernantes han querido y persisten siempre en querer desconocer, y por ende violar.

Del lado de los gobernados, la ignorancia de seguir creyendo en la idiotez de que los gobiernos pueden "crear riqueza" y que "su función" sólo consiste en repartirla, ("de todo para todos" o "para los que menos tienen" lo que es otra tremenda estupidez) y del lado de los gobernantes la ignorancia de que podrán "eternamente" exprimir a "la gallina que pone los hueros de oro" mediante impuestos, regulaciones de todo tipo y clase, sin llegar nunca a exterminarla. Por supuesto que, esta ignorancia no deja de lado los casos tan frecuentes de mala fe de quienes positivamente saben que ninguna de las dos creencias es verdadera y, sin embargo, siguen robando en consecuencia de ambas. Pero digamos que, la enorme mayoría de los dos bandos se mueve dentro de ese círculo de ignorancia. En suma, la que se puede sintetizar -tanto para un caso como para el otro- en que, se puede conseguir "un beneficio sin costo alguno".

Los gobernados están convencidos que pueden obtener dadivas, prebendas, privilegios y riqueza "a granel" por parte del gobierno sin "nada" que sacrificar por ello (en esta "fe" reside el "valor" de sus votos), y los gobernantes creen exactamente lo mismo... pero a la inversa: que pueden enriquecerse "indefinidamente" a costa de los gobernados. Ambos grupos obran en consecuencia bajo estas dos premisas. Ninguno de los dos sectores parece comprender que se trata de un juego de suma cero: lo que gana uno lo está perdiendo la otra parte. La gente -en general- no parece percibir que lo que recibe del gobierno no es otra cosa que lo que ese mismo gobierno le ha sacado previamente (a otra como a ella o a ella misma).

En la mayoría de los casos, las personas están de acuerdo en que el gobierno sustraiga a "los ricos" para darle a "los pobres", sin entender que los gobiernos despojan a todos : a ricos y a pobres, y sin importar el orden en que comiencen a hacerlo, para luego proceder a apropiarse de la mayor parte del botín obtenido, del cual arrojan sólo algunas migajas a la gente de menores recursos, únicamente con el objeto de mantenerlos sujetos como manadas obedientes y sumisas a la hora de emitir su voto, clientela política que -a su turno- cree que podrá vivir eternamente de subsidios, trasferencias directas, exenciones impositivas, créditos baratos, etc.. y que ven al gobierno como encarnación de un enorme Santa Claus o Papá Noel, que dispensa sus "obsequios" las "24 horas del día los 365 días del año".

Pero, cuando los recursos -que siempre son escasos como dice una primer ley económica fundamental- empiezan a mostrar signos de agotamiento (como sucede en la Argentina del FpV), es cuando se inician los malestares de ambos bandos, y principian los primeros conflictos que se prolongan en el tiempo, ya que ninguna de las dos partes en pugna modifica sus paradigmas, sino que refuerzan sus reclamos : los gobernados piden "mas" al gobierno y los gobernantes hacen lo propio con los gobernados en un mutuo y simultáneo "pase de facturas" y demandas cruzadas. La tendencia se acrecienta y ninguno de los dos sectores cejan en sus exigencias al otro, y los enfrentamientos se multiplican: el gobierno reprime y el pueblo se defiende y contraataca. Y de la represión económica se pasa a la física, y la situación se descompone más aun.

En este fase del ciclo descripto, el pueblo no se da cuenta que el gobierno no puede darle más de lo que pide, en tanto el gobierno -del lado de enfrente- no comprende que no puede robarle al pueblo más de lo que ya lo ha expoliado. El triunfo en esta puja, estará del lado de la mayoría siempre, y esta mayoría invariablemente está del lado de los gobernados y no de los gobernantes (y ello, aun cuando esta mayoría no tenga conciencia de su propia condición de mayoría, lo que -aunque parezca paradójico- es harto frecuente). Porque todo gobierno, por muy "poderoso" que luzca a los ojos de sus gobernados (y aun a los de los mismos gobernantes) no deja de ser una minoría en comparación con estos. Y el poder -en última instancia- siempre residirá en aquel a quien le cedemos nuestro poder, ya sea gustosa o desagradablemente, consciente o inconscientemente.

@GBoragina

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