“Nuestro terreno debe ser la calle, nuestra estrategia, la no violencia y nuestro rumbo, una mejor Venezuela”. Leopoldo López
Quien diga que las últimas medidas económicas
y sociales adoptadas por el régimen de Maduro consolidarán a Venezuela como una
potencia en América Latina después de 15 años de políticas erradas, y además
considere que hay voluntad política para atacar los principales problemas del
país, debe ser boliburgues, alto funcionario, bolichico, pertenece a una de las
tantas misiones-becas que generosamente existen en nuestro país o simplemente
está disociado de la realidad.
Aunado a los errores en materia económica,
autoritarismo e ineficiencia para atacar los principales problemas del país, el
gobierno de Maduro con sus acciones y omisiones coloca al Estado venezolano
dentro de los países con conductas alejadas de la promoción y protección de
derechos humanos, debido a que existe una clara ineficiencia para garantizar el
derecho a la vida, la seguridad e integridad de los venezolanos; el derecho de igualdad ante la ley; se
cercena el derecho de opinión y libertad de expresión, así como el libre
tránsito; se coarta el derecho a la libertad económica y criminaliza el derecho
a la protesta.
A muchos se les olvida que protestar es un
derecho consagrado en nuestra
Constitución y en los artículo XXI y XXII de la Declaración Americana de
los Derechos y Deberes del Hombre, por eso es inaudito que dirigentes del
oficialismo y algunos de la oposición rechacen la protesta como vía legítima
para manifestar el descontento contra el régimen actual, al calificarla de delito, atajos y conductas
antidemocráticas. Asimismo, se debe rechazar una vez más la criminalización de
la protesta y las acciones judiciales desproporcionadas contra los ciudadanos que ejercen su derecho.
Es importante recordar la comunicación
dirigida al Estado venezolano por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) en mayo de 2013 a propósito de las protestas realizadas después
del 14 de abril de 2013, mediante la que advirtió: “(…) El uso de la fuerza en
manifestaciones públicas debe ser excepcional y en circunstancias estrictamente
necesarias conforme a los principios internacionalmente reconocidos. La
criminalización de la legítima movilización y protesta social y del ejercicio
de la libertad de expresión, sea a través de represión directa o mediante la
iniciación de procesos judiciales originados en el ejercicio de dichos
derechos, es incompatible con una sociedad democrática donde las personas
tienen el derecho de manifestar su opinión.”
Es el momento de ejercer el derecho a la
protesta pacífica en Venezuela, motivos sobran para rechazar, reclamar,
quejarse y condenar las actuaciones del régimen, especialmente cuando está en
juego nuestra “libertad”.
@zulmaire
zulmairegonzalez@gmail.com
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