Al lado del indetenible desastre económico
que ahoga al venezolano y que coloca al país al borde de una peligrosa
confrontación, el régimen de Maduro insiste en detener arbitrariamente a los
opositores, procesarlos políticamente,
perseguirlos para amedrentarlos, ejecutando como política sistemática y
generalizada la represión de la protesta pacífica y la odiosa práctica de la
tortura y otros tratos degradantes y humillantes. Violaciones sistemáticas y
generalizadas de los derechos humanos que deben ser consideradas, con
prioridad, en cualquier etapa de transición que se planteé para superar la
grave situación que atraviesa hoy el país.
El régimen insiste torpemente en desconocer
que estamos ante una crisis sin precedentes, para lo cual tuerce la realidad,
la maquilla con anuncios y burdas manipulaciones que generan una mayor
desconfianza. El país, sin embargo, avanza al margen de la irresponsabilidad
del régimen y reclama un cambio de
rumbo, lo que exige acuerdos y consensos nacionales, no solamente dentro de las
fuerzas opositoras que muestran a veces discrepancias en cuanto a las
estrategias, aunque no en relación con el objetivo común; y, entre éstas y
algunos sectores del oficialismo que expresan con sus declaraciones y silencios
su claro descontento por el rotundo fracaso del proyecto político que han
tratado de imponer por todos los medios.
No se trata solamente de la recuperación
económica, del abastecimiento y de la producción, del cambio y de las reservas
internacionales, se trata de la libertad y de la dignidad, de la existencia
misma de la República. Lo primero viene después, sin duda.
El objetivo común es encontrar un espacio que permita en un
clima de seguridad y confianza recuperar las instituciones y el estado de
derecho, en el que resulta prioritario y esencial la aplicación de la justicia
y el castigo de los responsables de las violaciones de los derechos humanos y,
por supuesto, el reconocimiento de la dignidad de las víctimas de esas
violaciones y las reparaciones que procedan.
Los acuerdos que se logren para facilitar un
periodo de transición deben considerar la reforma de las instituciones,
especialmente el Poder Judicial y de los órganos relacionados con la justicia,
la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo; y de los cuerpos policiales y
de seguridad e incluso de las fuerzas armadas. Para ello deben concebirse y
ponerse en práctica mecanismos judiciales y extrajudiciales que expresan la
justicia transicional, una herramienta útil en épocas de cambio.
La aplicación de la justicia transicional
supon que se establezcan, ante todo, Comisiones para el establecimiento de los
hechos y Comisiones de la Verdad independientes y autónomas integradas por
personalidades nacionales e incluso extranjeras, por políticos, académicos,
intelectuales, representantes de las Iglesias; tal como se han constituido en
otros países durante o después de crisis graves como la que atraviesa Venezuela
en estos momento. Argentina, Chile, El Salvador, Perú son ejemplos importantes
a considerar.
La erradicación de la impunidad es esencial.
Es la base de la confianza. Los responsables de las violaciones de derechos
humanos y de crímenes internacionales deben ser enjuiciados y castigados en
procesos justos. Los tribunales nacionales tendrán una enorme responsabilidad
lo que no excluye que algunos casos sean remitidos a las instancias penales
internacionales.
El derecho aplicable y su armonización con el
sistema de justicia nacional es quizás, como se ha visto, unos de los mayores
retos en este proceso. En este contexto es importante incorporar al derecho
interno las normas de derecho internacional reguladoras de crimines
internacionales, lo que no se hizo tras la adopción por Venezuela del Estatuto
de Roma; aunque sea más con fines preventivos que sancionadores, toda vez que
su aplicación no sería posible, dado el carácter no retroactivo de la
aplicación de las normas penales. Es por ello que el recurso a los tribunales
internacionales es una alternativa muy válida para sancionar determinados
crímenes internacionales que los tribunales nacionales, por lo expuesto, no
pueden conocer.
Otro aspecto importante en el tratamiento del
tema resulta la lucha contra la delincuencia organizada transnacional que actúa
durante y después de un conflicto, aprovechando las debilidades del Estado, en
particular el narcotráfico, en el caso de Venezuela, cuyas actividades
transnacionales se han intensificado en medio de la crisis que sufre el país en
los últimos años. Esta categoría de delitos se expresan en la corrupción y el
lavado de dólares, delitos conexos que suponen necesariamente no sólo
estrategias internas definidas, sino una cooperación regional e internacional
efectiva.
En definitiva, la justicia transicional es
una respuesta válida a situaciones de conflicto, en particular, como es el caso
de Venezuela, una sociedad lamentablemente fracturada, víctima de políticas
excluyentes. Ella permitirá el adecuado
tránsito irreversible hacia la reconciliación, la normalización de la
democracia y su afianzamiento, lo que solamente puede generar la confianza
requerida que permita estabilidad y desarrollo económico y social justo y
equitativo, sin exclusión y sin ningún otro trato discriminatorio.
Victor
Rodriguez Cedeño
vitoco98@hotmail.com
@VITOCO98
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