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martes, 19 de mayo de 2015

EGILDO LUJAN NAVAS, EL “BACHAQUEO” AGROALIMENTARIO

El "bachaqueo" es un nuevo coloquialismo venezolano. Para más detalles, es una derivación del neolenguaje gubernamental que, como un sinfín de expresiones de reciente data, ha pasado a formar parte del día a día nacional, especialmente en los sitios donde se evalúa y juzga a qué se debe la escasez y el desabastecimiento de todo en el país.

“Bachaquear” es, en fin,  otro verbo concebido, estructurado y producido en los laboratorios propagandísticos gubernamentales  para convencer a la población de que aquí no hay fracaso productivo. Sólo una eficiente estrategia concebida por los enemigos de la revolución venezolana para desestabilizar al Gobierno que, con sus exitosos resultados, ya está en condiciones de patentar el primer gran triunfo histórico del socialismo mundial.

Lo que el concepto desestima a partir de esa acepción del socialismo a la venezolana, es que el “bachaqueo”, en realidad, no es otra cosa que  una actividad de sobrevivencia económica. 0tra modalidad de diario “rebusque” que han generado los controles de cambio y de precios, la destrucción de la estructura productiva nacional  y el apuntalamiento permanente de la más exquisita, como diversificada corrupción oficial.

“Bachaquear”, “rebuscarse” de la manera que sea para evitar que la inflación anule la capacidad hasta  de alimentarse de centenares de miles de venezolanos,  se ha instituido en los distintos estratos sociales del país. Y consiste en la adquisición y  reventa de alimentos, medicinas, combustibles y otros bienes  subsidiados por el Gobierno, como expresión del empeño político en  ocultar la inutilidad del control de cambio. También de la ventaja de haber convertido al Banco Central en un instrumento sólo útil para imprimir dinero inorgánico las 24 horas del día durante los 365 días del año, amén de su penoso rol de sitio de ocultamiento de la verdad numérica y estadística de los efectos de una pobre -¿o desquiciada?- política monetaria, fiscal y cambiaria.

La verdad es que el Ministerio de Finanzas y el BCV son los verdaderos padres del “bachaqueo” como deformación económica, y recurso de fácil manejo para aliviar el encarecimiento que provoca la terrible y desproporcionada devaluación de la moneda, con su derivada inflación más alta del mundo.

Ciertamente, los  "bachaqueros" compiten con los ciudadanos en sus compras rutinarias e inciden en el  agotamiento permanente de  los inventarios. Y han forzado al resto de los consumidores a administrar un estado permanente de angustias, basado en el temor a no quedar sin los productos más necesarios. El resultado es que se compra en exceso para almacenar, y se crea una centrifuga de escasez perversa que obliga a todas las familias a hacer “colas” interminables en el comercio formal para comprar lo que sea. A la vez que se retroalimenta la necesidad funcional de un oferente, que coloca sus propios inventarios con la fijación unilateral de precios superiores en hasta por cuatro y cinco veces su valor regulado, a un indefenso ciudadano que no puede adquirirlos en las redes comerciales públicas o privadas.

Pero si grave es esa realidad que generan las políticas económicas públicas influidas por olfato ideológico y no por  formación académica, terrible es el drama cuando se le ubica y trata de interpretarse el “bachaqueo” a nivel fronterizo. Porque también se internacionalizó. Y se da mientras que las autoridades venezolanas mantienen vigente una publicitada política anticontrabando que, aparte de condenar a los habitantes de varios estados que colindan con países vecinos a vivir como en una economía de guerra,  ha servido para justificar la presencia de múltiples funcionarios de las instancias de resguardo en cada punto de conexión. Un contingente de resguardo que, extrañamente, no puede acabar con lo que el Ejecutivo cuantifica en un 40% de la producción e importación nacional, como “fuga” hacia el vecindario continental.

Ni una ni otra cosa ha impedido la venta en dólares de productos subsidiados a los consumidores de países vecinos fronterizos. Dichos vendedores repotencian sus ganancias en proporciones que rebasan lo obsceno, y lo hacen comprando los productos en Venezuela a un precio de dólares subsidiados a Bs. 6,30; luego los venden a precios internacionales en dólares. Y esos dólares luego son revendidos en Venezuela, por encima de Bs. 250 la unidad. ¡Negocio redondo¡.

Esto ha creado una calamidad endémica en la economía familiar, que el Gobierno ha insistido en endilgar a los “bachaqueros” y a una inexistente “guerra económica”, por lo que es poco menos que absurda la insistencia en atribuírsela  al empresariado venezolano.

La única figura pública responsable de todo  es la actual administración oficial, y  su derroche desproporcionado de fondos que terminan alimentando la cada vez más poderosa y diversificada corrupción. Adicionalmente, hay que atribuirlo a la implacable persecución y acoso contra el tejido productor privado, reducido ya en un 50% de su capacidad, como a la inevitable necesidad de importar de todo; esa actividad que, de paso, facilita la injustificada fuga de divisas, sin olvidar las siempre jugosas comisiones que llevan implícitas determinadas negociaciones internacionales.

La solución no es perseguir a los “bachaqueros”.  Ellos son una consecuencia del desempeño gubernamental, y que han visto en las distorsiones de esa forma de conducir lo económico, una alternativa para el lucro y la subsistencia, ante una economía recesiva, la desaparición permanente de fuentes de trabajo e imposibilidad de que haya nuevas inversiones privadas que las generen.

Desde luego, tampoco está en la incansable dedicación verbal, institucional, judicial y hasta policial contra los empresarios que se ocupan de producir, a sabiendas de que ellos son los únicos que pueden resolver la actual situación de obvio caos en materia de abastecimiento.

La expropiación y estatización de los medios de producción y de las cadenas de distribución y de comercialización, han demostrado, una y otra vez en la historia del mundo, que es un error, un fracaso anunciado, miles de veces repetido. En Venezuela, ya no hay que decirlo para que no sea percibido así: todos los casos de intervención oficial han sido un Midas en reversa. Fincas, Industrias o Comercios que el Gobierno les ha puesto la mano, han sido arruinados,  y convertidos en generadores de pérdidas

El tiempo y las posibilidades se agotan. Hay que eliminar el espejo retrovisor, para poder tener una clara visión del futuro. Tienen que descartarse el odio y los personalismos. Hay que imponer una rigurosa y sana administración. Si el país necesita controles, es exclusivamente como recurso gerencial mientras se implementa una política integral de reformas,  para liberarla paulatinamente a medida que se corrijan las distorsiones macroeconómicas.

El Gobierno tiene que detener el derroche de divisas, la regaladera de dinero y la venta de petróleo en condiciones desventajosas para Venezuela.  La Procuraduría General de la República, de igual manera,  tiene que trabajar responsablemente, para que el Ejecutivo regrese las tierras, industrias y comercios expropiados o confiscados, a sus legítimos propietarios.

De igual manera, el Gobierno también tiene que superar su sometimiento a la creencia de que el control del Estado es una patente de corso para conducir al país como un patrimonio particular, y su autonomía para condenar a 30 millones de ciudadanos a vivir en la pobreza. Eso incluye, por supuesto, evitar e impedir que la producción minera metálica y no metálica siga siendo otra fuente de pérdidas para la nación, y que la actividad petrolera supere su actual condición inercial y ausente de una posibilidad competitiva global.

Y, desde luego, no temerle a las implicaciones que representa para el Gobierno y el país, tener que ir a un entendimiento con el Fondo Monetario Internacional, para acceder a dinero fresco que permita superar las deficiencias del desorden administrativo, recuperar la producción y promover expectativas ciertas en los mercados, hasta reducir el riesgo país y despertar el interés por nuevas  inversiones.

La superación de lo que sucede, incluyendo el inquietante cuadro que provoca la situación de la deuda externa, definitivamente, no se supera con la generación de medidas aisladas, distorsionadas e improvisadas como la captación de dólares a partir de la venta en dólares de automóviles, pasajes aéreos y la tributación aduanera de barcos con bandera no venezolana. ¿ También se va a permitir el pago salarial en dólares, indistintamente de la actividad que lleven a cabo los millones de trabajadores asfixiados por la inflación, la escasez y la inseguridad?.

La seguridad agroalimentaria, por otra parte,  es una obligación de fiel cumplimiento para todo Gobierno. Es indispensable producir hasta que Venezuela logre la autosuficiencia en lo que la naturaleza le permita, y acometer acciones exportadoras. Pero eso sólo se logra respetando la propiedad privada y permitiéndole  a ese noble y perseverante sector de la población venezolana, como es el de los agroproductores privados, que haga su trabajo. Y, por supuesto, descartando esa falsedad histórica, de que entregándole tierras a un campesino, se le hace productor. Ese ha sido un engaño político y otro enfoque que sólo conduce al fracaso. Entregarle un libro al analfabeta, no lo hace lector: primero hay que enseñarlo a leer.  Primero hay que aprender a caminar, para luego correr.

Venezuela sí dispone de soluciones a su alcance, para hacerle frente a las causas de sus múltiples problemas actuales. Inclusive, de recursos necesarios para ello. Pero carece de voluntad política y de la decisión participativa de los venezolanos, para que eso se traduzca en resultados positivos. Ese es el reto para el liderazgo nacional que no se hace sentir.

Que Dios permita que aquí se oiga el trueno de la restauración,  y el perdón emerja como soporte de la decisión colectiva de optar por la convivencia en un ambiente de paz.

Egildo Lujan Navas
egildolujan@gmail.com
@egildolujan


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