La
justicia en Venezuela, ha estado siempre al servicio de sus gobernantes.
Bolívar, ordeno un juicio con fusilamiento, al General Manuel Piar, más por
causas políticas que militares, pero perdonó a Francisco de Paula Santander,
jefe del frustrado magnicidio del 28 de septiembre de 1827, pero nunca se había
llegado a los extremos del chavismo, no solo de criminalizar causas políticas,
peor aún engavetar otras, por delitos de corrupción, asesinatos y narcotráficos
que involucran a connotadas figuras civiles y militares, algunos inmunizados
para delinquir y otros, con bienes congelados por el gobierno de los Estados
Unidos. Sobre esos particulares, es preciso que se conozca que en la Venezuela, la del barril del petróleo a
100$ y más de 30 millones de habitantes, no tiene 2000 jueces, menos a 500
fiscales del Ministerio Público, con más
de 80 mil procesados en las cárceles y quien sabe ¿cuántas demandas en la
jurisdicción ordinaria ¿sin repuesta, porque a la democracia no le ha
interesado la justicia como está concebida en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, vendida al mundo por el difunto Chávez Frías, como la
mejor del mundo! para finalmente llamarla ¡la Bicha! Sumemos, en el precedente
entramado judicial a su máxima instancia, el Tribunal Supremo de Justicia,
repartido entre el chavismo y Acción Democrática, con unos magistrados acusados
por estafa, homicidio e ilícitos disciplinarios, además de magistrados prófugos
por corrupción y narcotráfico, ahora bajo protección de Estados Unidos a los
fines de su seguridad para el estado de indefensión en que se encuentra el país
y sus ciudadanos.
A ese estado de putrefacción judicial, se ha
llegado con el aval de la actual directiva de Acción Democrática, el partido
fundado por Rómulo Betancourt y quien
consciente de las corruptelas en el Sistema Judicial del país, afirmó que era
un “archipiélago” donde se negocian sentencias, como en los mejores tiempos de
aquellos militares corruptos de José Tadeo y José Gregorio Monagas. Pues bien,
uno observa con dolor, la trágica muerte del Fiscal argentino Alberto Nisman
dispuesto a imputar a la presidenta de la Nación Cristina Kirchner, por presunto encubrimiento en el acto
terrorista contra la Asociación Mutual
Israelita Argentina (AMIA) de Buenos Aires el 18 de julio de 1994 y los
fiscales y jueces han salido a la calle, no a protestar, sino a ratificar que
la justicia argentina es autónoma y está
al servicio de la verdad y no de la impunidad que prevalece en Venezuela,
precisamente por los negociados
inescrupuloso de algunos políticos y la pauta la dio el mismo Chávez, en una
carta, a la antigua Corte Suprema de
Justicia nunca redactada por el – no tenía capacidad para ello – afirmando:
…”Inmerso en un peligroso escenario de causas generales que determinan el
planeta (Montesquieu, Darwin) debo confirmar ante la honorabilísima Corte
Suprema de Justicia el principio de la exclusividad presidencial en la
conducción del Estado”. Releer esa carta, es pedirle disculpa a Montesquieu y
Darwin se reiría de su razón de donde
descendemos.
Da
envidia entonces, que Argentina no entregue su justicia a la corrupción y así
como imputa a la presidenta, imputa a su vicepresidente que deshonran a la Gran
Nación del mundo, mientras nosotros en Venezuela, la patria del Libertador que
dejó definido su pensamiento, sobre cómo debía constituir el Poder Judicial y
sobre todo, sancionar a los jueces corruptos, hoy chavistas y algunos
dirigentes de Acción Democrática se reparten la justicia a sus antojos, en ese
“Archipiélago” judicial que vislumbrara Betancourt, ahora en estado de
promiscuidad, para lo que hay que llevar a la hoguera la carta de Chávez, con
el silencio y los paraguas argentinos en el homenaje de la Justicia al Fiscal
Alberto Nisman.
Jorge
Ramos Guerra
ardive@gmail.com
@pikpedrero
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