Pudo
ser perfectamente caricaturizado por la irreemplazable, Rayma: Maduro
estrenándose como ecologista en la ONU, mientras, cual gladiador, le presentaba
a su magra audiencia en la 69 Asamblea General, la cabeza ensangrentada del
Ministerio del Ambiente que acababa de defenestrar y era, por su agenda y
objetivos, el primero que se creó en Venezuela y América y una auténtica
novedad en el mundo.
Obra
de ecologistas de largo aliento como Henri Pittier, Francisco Tamayo, Ramón
Aveledo Hostos, William Phelps, Ricardo Montilla, Alonso Camero, Pedro Trebbau,
Francisco Quero, Juan Pablo Pérez Alfonzo y otros, cuya siembra fue
eficientemente recogida por Arnoldo José Gabaldón, Deud Demid, José Rafael
García, Guillermo y Enrique Colmenares Finol, Carlos Febres Poveda, Otto Huber,
Charles Brewer Carías y Germán Briceño Ferrín, quienes, heredando una cultura y
tradición establecida por los positivistas del siglo XIX, se empeñaron en
defender a Venezuela de las fatales consecuencias que pueden acarrear un
crecimiento económico que no se sustente en una legislación que proteja las
áreas verdes que son indispensables para mejorar la calidad de vida del país y
del planeta.
Por
eso, en sus 40 años de valiosísimos aportes, el Ministerio del Ambiente y los
Recursos Naturales fue como el otro ejército en una guerra, donde, chocaban los
ciudadanos que defendían a la Venezuela natural, de las políticas públicas y
privadas que, unas por demagogia y paternalismo, y otras por dividendos y
negocios, bramaban por más y más tierras, más y más bosques.
En
esta tesitura, puede afirmarse que socialismo y capitalismo se daban de manos,
unos y otros interesados en una legislación laxa, o excesivamente engorrosa,
que avalara la anarquía, el caos y el desorden que ha convertido a nuestras
ciudades grandes, medianas y pequeñas en infiernos sobrecogedores.
Recostados
sobre necesidades poblacionales reales como los déficits de viviendas que, en
ningún sentido, podían solventarse sobre la base de restarle espacios a los
bosques, selvas y sabanas, sin los cuales, la desertificación de los
territorios opera como una fatalidad inapelable e innegociable.
Puede
afirmarse, sin embargo, que una “solución final” contra el Ministerio del
Ambiente no advino sino durante los gobiernos que irrumpieron después de 1998,
los de Chávez y Maduro, los del socialismo o populismo salvaje, los del Estado
fuerte y depredador, cuando, al hambre por tierras y negocios de la nueva
burocracia civil y militar, se unió una geopolítica que, al abrir el país a
colonizadores de origen ruso, chino, suramericano y caribeño, les ofreció,
también, la desaparición de las trabas ecologistas y ambientales.
Con
Chávez, en efecto, se inicia la devaluación del ministerio y del cumplimiento y
mejoramiento de su legislación, al poner al frente del despacho a burócratas
improvisados, sin calificación ni entrenamiento, que comenzaron, vía la
ideologización, a desaplicar normas y leyes, y a plegarse a todas las
decisiones que emanaban de un sistema donde la voz del presidente, es la “voz
de Dios”.
Regresaba,
a través de un fallido golpe militar, y de unas elecciones presidenciales que,
sorprendentemente, sirvieron para legitimar el “acto de fuerza”, el viejo
caudillo venezolano y latinoamericano, quien, con un ropaje ideológico
civilista y democrático, instrumentó una intoxicación histórica de mitos y
leyendas que, injertadas con una ideología anacrónica, dieron lugar a una
hiperconcentración urbana que, centrada en las superpobladas ciudades de la
región central del país, devino en una proliferación de barrios y edificaciones
que comenzaron a afectar los parques y reservas que se habían decretado en las
décadas finales del siglo XX.
Los
parques Henri Pittier en el Estado Aragua, el Ávila en el Área Metropolitana, y
progresivamente, Morrocoy y los Médanos de Coro en Falcón y la Restinga en
Margarita, fueron de los primeros en sufrir las consecuencias de la
permisología y el deterioro que genera la falta de presupuestos para protección
y guardaparques.
Pero
ese fue otro de los tantos males, ya que los nuevos “aliados estratégicos” de
la revolución, los “hermanos” rusos, chinos, brasileños y cubanos también
traían lo suyo, y al ser involucrados en desarrollos agrícolas, mineros,
industriales y de construcción de infraestructura, embistieron contra los
impedimentos legales, que, alegaban, era una de las causas para justificar los
retardos, los sobreprecios, la incompetencia y la corrupción.
De
a millares pueden contarse en el país los proyectos habitacionales, agropecuarios,
manufactureros, viales, e industriales iniciados con asesoría y participación
de los “socios estratégicos”, pero abandonados tan pronto se hicieron efectivos
los primeros cobros.
Regueros
de chatarra, en miles de hectáreas que fueron previamente taladas, basureros
improvisados, donde, filas de pobres en marginalidad crítica busca procurarse
los alimentos que no encuentran en los abastos, bodegas, mercados, y
supermercados.
No
surge otra visual cuando se observa el paso de los neoimperialistas asiáticos,
euroasiáticos, suramericanos y caribeños por la que es su zona de expansión
predilecta: el extenso territorio del Estado Bolívar (350.000 km2), la zona
minera, maderera y acuífera más importante del país, la región que por 70 años
capitalizó el desarrollo minero e industrial, y hoy reconvertido en una caja
negra donde solo se perciben empresas quebradas, o a medio quebrar, un altísimo
índice de desempleo generador de más y más pobreza y un auge de la delincuencia
común y organizada que hace tiempo debieron promover una declaratoria de “zona
de desastre”.
Pero
los gobiernos de Chávez primero, y de Maduro después, muy tranquilos, viendo
cómo la Reserva Forestal de Imataca con sus 3 millones de hectáreas es
entregada sin ningún control a rusos y chinos, y cuencas como la del río Caura
(6 millones de hectáreas), la última cuenca virgen del mundo, también sufre el
embate de estos cazafortunas que por ranquearse entre las potencias
capitalistas siglo XXI son capaces de hacer y deshacerse culturas y países.
Debemos
agregar, igualmente, los derrames petroleros que, de excepción en los años
anteriores al “socialismo” castrochavista, ahora son rutinas, y, puede
apostarse, que no pasa un solo mes sin que, de las zonas de explotación
petrolera lleguen noticias de cómo la obsolescencia en equipos, la
incompetencia del personal, y la corrupción auspician que ríos, y zonas
playeras venezolanas sean tomadas por la contaminación.
Pero
la escasa inversión, la desactualización tecnológica, y la reconversión de una
empresa del primer mundo, en otra del cuarto, también se hace sentir y los
accidentes en taladros, terminales, oleoductos y complejos de refinación son
otro aporte siniestro a la ecología de dos gobiernos que, no solo deterioraron
el Ministerio del Ambiente, sino que acaban de defenestrarlo.
Un
dato que se olvidó de resaltar Maduro en su viaje de angustias por el “cambio
climático”, en sus propuestas para que los países industrializados rebajen la
emisión de gases que favorecen la “lluvia ácida” y el “efecto invernadero”,
pero sin referirse ni de pasada a la lucha que acababa de empezar en Venezuela
por el rescate del Ministerio de Ambiente y el país vuelva a tener una muralla
de defensa contra los depredadores públicos y privados.
Guerra
que encabezan ecologistas y ambientalistas como Mario Gabaldón, Alexander
Luzardo (ex senador y autor de las normas ambientales contenidas en la actual
constitución), Jorge Padrón, Cristina Bahamonde, Alfredo Rincón, Sergio
Antillano, Lusbi Portillo y tantos otros que no dudo triunfarán en su empeño.
Manuel
Malaver
manuhalm912@cantv.net
@MMalaverM
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