“No
resistan al que es inicuo; antes bien el que te de una bofetada en la mejilla
derecha, vuélvele también la otra” (Mateo 5:39).
Altos dignatarios
eclesiásticos venezolanos y algunos extranjeros solicitan la reanudación del
diálogo. Esta postura es comprensible y se encuentra entre los parámetros
existenciales del cristianismo. Por ello, no es extraño que se exhorte de
manera reiterativa a los venezolanos a practicarlo y así evitar que la
violencia sea el medio expedito para resolver definitivamente la profunda
crisis que nos agobia.
Para los dirigentes el diálogo es un
mecanismo insustituible para el ejercicio de la política y no puede ser de otra
manera mientras dicha práctica esté enmarcada en principios democráticos y
republicanos. El diálogo, para solucionar crisis políticas, es la única vía
idónea porque es incruenta. Cosa distinta es cuando una de las partes –gobierno
u oposición- hace uso indebido de las reglas de juego establecidas para
garantizar los procesos democráticos y entre estos, el factor electoral es el
definitorio en cualquier régimen republicano.
En nuestro país nos encontramos en la antesala de una nueva jornada electoral a celebrarse el año que viene. La transparencia de dicho proceso está severamente cuestionada porque el árbitro electoral y los otros poderes públicos interconectados, todos dependientes del poder ejecutivo, no están conformados para garantizar las resultas prístinas de la voluntad popular.
Lo que está en juego entonces no es el
proceso electoral en sí, ya que los venezolanos deseamos resolver nuestras
diferencias democráticamente, de acuerdo a los principios establecidos en la
Constitución Nacional. Lo que sí está en juego para garantizar la pureza de
todo el proceso en sus diferentes e importantísimas facetas es el papel del
árbitro (CNE) y del TSJ –Salas Constitucional, Electoral y Penal- como poder
legítimo para resolver las controversias políticas derivadas de todo el asunto.
El gobierno nacional, por ahora, no da
muestras de enmendar la situación fáctica de la constitución de los poderes
públicos citados. Además del nombramiento del nuevo titular de la Contraloría
General de la república con más de tres años de injustificable retraso y los
nuevos a elegir para dirigir la Fiscalía General de la República y la
Defensoría del Pueblo. En el CNE la proyección actual es de 4 a 1. Los tres
miembros a elegir próximamente por la AN van a ser definitivos para que todo lo
concerniente a las elecciones sea resuelto sin mácula. En las salas
Constitucional, Electoral y Penal del TSJ, la conformación de las mismas no
garantizan la aplicación de la juridicidad necesaria para el cumplimiento de su
importantísimo rol, puesto que la mayoría de esos magistrados, casi en su
totalidad, son miembros conspicuos de partido de gobierno ya que le deben su
nombramiento, con lealtad plena y sin reunir algunos las condiciones académicas
y profesionales idóneas para formar parte del más alto tribunal.
La MUD parece estar confrontando el dilema
de dialogar sin condiciones y sin agenda establecida con el gobierno nacional
para resolver la crisis. Esta postura la debilita porque el gobierno no da
señales –abiertas o encubiertas- para la solución del problema. Todo indica que
su estrategia consiste en prolongar la controversia en “arenas movedizas” hasta
el inicio formal del proceso electoral para así aplicar la situación rígida de
“tómalo o déjalo”. De esta manera ha venido haciendo desde hace más de doce años
y dicha conducta le ha dado inmejorables resultados.
La MUD y la inmensa mayoría de los
venezolanos que adversamos las políticas instauradas por el gobierno debemos
persuadir al régimen para que a través del diálogo –como parte indivisible de
una Negociación Política formal- se aboque a designar un nuevo CNE integrado
por cinco personalidades independientes o un colegiado que represente un dos a
dos con un presidente a elegir de manera consensuada entre las partes para así
garantizar la pulcritud electoral. Igual criterio debe prevalecer para la
conformación de los magistrados del TSJ, para que estos actúen y decidan
“conforme a derecho”.
Muchos sabemos y otros intuimos que los
ansiados curules apuntalan a la mayoría de los partidos políticos de la MUD
porque coadyuvan, con otros estamentos institucionales, al mantenimiento y
funcionalidad de los mismos. La hora crucial que vivimos no está para estos
argumentos bizarros, algunos, pocos, de buena fe para cohonestar la
continuación del desborde del barro que quizás empantane aún más la república.
La única manera de lograr los objetivos
señalados son las movilizaciones del país con jornadas de protesta en la calle,
democráticas, sin otras consignas -valederas o no- pero que puedan confundir
aún más el objetivo fundamental, en el entendido de que si el gobierno persiste
en su tozudez no podrá haber ningún proceso electoral. Esta estrategia debe ser
clara e inmodificable. Aderezada con todos los factores alarmantes que
conforman la Crisis Nacional, como lo son el alto costo de la vida, la escasez
de los productos alimenticios, médicos y de consumo en general, además de la
inseguridad personal y jurídica reinante.
Si el gobierno persiste en darles a los
compatriotas otra “bofetada en la mejilla”, la solución no puede ser de ninguna
manera poner la otra. Nos quedará entonces el recurso de solicitar a nuestros
sacerdotes y guías espirituales la intervención divina para evitar el rebose
pasional y asumir con valentía cívica, de una vez por todas, una posición de
resistencia civil para la restauración plena de la Constitución Nacional.
Jose Rafael Avendaño Timaury
cheye@cantv.net
@CheyeJR
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