Si
alguna institución representa la tradición republicana en nuestra historia es
precisamente la Universidad. Los egregios varones de nuestra independencia,
aquellos que reunieron nuestro primer Congreso y dieron nacimiento a la nación,
en su mayoría provinieron de ella y aportaron significativo carácter a las
reformas políticas fundadas en los principios liberales de los cuales ha
surgido el mundo moderno.
De
manera progresiva, superando inclusive ciertas iniciales concepciones, las
Universidades simbolizan en su esencia el progreso intelectual, la preservación
de la cultura, la difusión de las ideas y el cambio social. El debate y la
confrontación del pensamiento forman parte de su naturaleza. Superando tutelas
y protectorados, exigencias catedráticas, corrientes doctrinarias y antagonismos
culturales, la Universidad ha afirmado en la historia su jerarquía, la
necesidad de educar conforme a los avances de la ciencia y del humanismo para
transformar la sociedad.
La democracia como sistema político basado en la diversidad, en la vigencia de las libertades y derechos, en el pleno desarrollo del hombre en lo intelectual y material, debe asegurar la efectiva libertad de pensamiento, el derecho a la educación y a la cultura dentro de un concepto de pluralidad. En tal sentido, resulta inherente a los valores democráticos la cabal existencia de la Universidad.
Observando
los antecedentes legislativos de la autonomía universitaria dentro de los
gobiernos democráticos en Venezuela y no obstante la crítica de que la
Constitución del año 1961 no la consagró de manera expresa, sí se hizo a través
del Decreto Ley N 458 del 5 de diciembre de 1958 que contempló su alcance
administrativo, normativo, académico, económico y financiero, así como también
la inviolabilidad del recinto universitario. Igualmente, la Ley de
Universidades del año 1970, reorganizó ciertos elementos de la autonomía sin
desconocer las competencias de las autoridades universitarias en la materia.
Finalmente, la Ley Orgánica de Educación de 1980, ratificó este derecho a favor
de los institutos de educación superior.
Si
bien la Constitución de 1999 incorporó el principio y, posteriormente, la Ley
Orgánica de Educación del año 2009 previó la vinculación de la autonomía
universitaria con los derechos ciudadanos previstos en la Constitución, tal
avance normativo carece de eficacia si no es cumplido en la práctica y se
cercena la misión de la Universidad.
La
vinculación de la actividad educativa con los fines nacionales obliga a
procurarlos tanto a la Universidad misma como al propio gobierno. Cualquier
acto que atente la integridad de la Universidad, que menoscabe sus derechos,
que limite su autonomía o que le impida su contribución a la reflexión y al
pensamiento de la sociedad, resulta cuestionable por ser inconstitucional y
antidemocrático.
En
un debate parlamentario efectuado al inicio de la democracia en Venezuela el
doctor Alirio Ugarte Pelayo, entonces Presidente de la Cámara de Diputados
(1965), reflexionó sobre el concepto de la autonomía universitaria y, en
particular, sobre la independencia política de la Universidad y su derecho a la
libre expresión. En tal sentido señaló: "la idea de una Universidad que no
sea un instituto independiente en relación con las preocupaciones de la
política, la idea de una Universidad cuyas autoridades y cuyos profesores
puedan depender de un cambio de período presidencial o de un cambio de Ministro
de Educación, como fuera en otros tiempos de la vida venezolana,...es
incompatible con la idea misma de autonomía de la Universidad...". Por
otra parte, manifestaba con acierto: "considero inherente al concepto de
autonomía universitaria el desarrollo y mantenimiento de una gama de principios
y reglamentos que aseguren la libertad de cátedra, que aseguren la libertad de
expresión en la Universidad, que aseguren la libertad de investigación, que
garanticen contra toda forma de presión social o política a la Universidad
democrática que no degenere en una Universidad controlada, o por un partido, o
por una organización económica, o por un Gobierno, con el objeto de anular ese
carácter de libre pensamiento, de libre enseñanza, de libre investigación que
la esencia cultural de la Universidad".
La
democracia es inexistente sin pensamiento libre, sin reflexión y pensamiento
crítico, sin la misión formadora y transformadora de la Universidad.
Jose
Felix Diaz Bermudez
jfd599@gmail.com
@jfd599
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