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domingo, 11 de mayo de 2014

JESÚS ALEXIS GONZÁLEZ, CRISIS ECONÓMICA AL CUADRADO

Al momento de enfrentar una crisis económica, los gobiernos juzgan sobre la pertinencia de instrumentar estrategias graduales o estrategias de choque. 

En la mayoría de los casos se inclinan por acciones de choque al corto plazo (populistas y electoralistas) en aras de evitarse una “pérdida de popularidad”, y orientándose hacia variadas formas de economía planificada inscrita en un amplio marco de regulaciones y controles, con clara tendencia en favor de la participación directa del gobierno en la actividad económica, en complicidad de una política monetaria subordinada a un Estado omnipresente que procura continuas emisiones de dinero inorgánico, que al tiempo conforma un escenario marcadamente inflacionario. 

En lo inmediato, el Estado se doblega ante la tentación de asumir directamente el mecanismo distributivo del mercado, apuntalado por un entorno de regulación económico-social y en lo especial de los controles de precio (y congelación) que son fijados generalmente por debajo del equilibrio del mercado, induciendo que se invalide el mercado en cuanto a su función asignativa (facilitar la mejor información para orientar sobre qué y cómo producir, invertir y consumir); abriéndole espacio a la función distributiva (elevar la demanda familiar a costa de la inversión y de la ganancia normal empresarial) que al mediano plazo se materializa en una acción perversa que impulsa la caída de la oferta que en su tendencia decreciente siempre se “equilibra” con la demanda mediante la elevación de los precios (decepcionando y desplazando a quienes no pueden pagar el “nuevo precio”); lo que equivale a entrar en una atmosfera de escasez (carencia progresiva de productos), desabastecimiento, inflación y la consecuente ruptura de la equidad social (percepción de pertenencia a un proyecto político-partidista,  un modelo económico-social y a un sistema de gobierno).

La inestabilidad monetaria observada en su efecto más antisocial: la inflación, se convierte, por un lado, en un impuesto fuertemente regresivo (incide más sobre las familias con rentas bajas) que estimula mayor resentimiento social, y por otro lado en una depreciación del valor de la moneda (que afecta a todos sin distinción de estrato social), en conjunto con un “impuesto inflacionario” a los depósitos bancarios (acorralados ante la ausencia de oportunidades). Todo ello se traduce en una perturbación del crecimiento económico a consecuencia de la inestabilidad de los precios, la disminución del empleo, y (lo más grave) la proliferación de inversiones especulativas (incluidas las importaciones) que generan muy poca productividad social en comparación a los recursos destinados a bienes intermedios, de capital, a infraestructura y a la formación de capital humano. A la luz de tal desenvolvimiento se perfecciona una injusta redistribución de los ingresos y del patrimonio, donde los grandes perjudicados son aquellos que devengan un sueldo fijo, los pensionados y jubilados; así como los comerciantes y productores de bienes y servicios sometidos a una “política” de regulación de precios basada en una ganancia máxima inferior a la tasa de inflación anualizada que resulta muy poco probable de superar habida cuenta de la escasa rotación de inventarios (fundamentalmente originado por ausencia de divisas); magnificando la perversidad que subyace en un ambiente de inflación y control de precios.
Un alto reflexivo: La mejor forma de acabar con la sociedad burguesa y democrática es destruyendo su moneda (Lenin).
Desde otro ángulo complementario, vale destacar la perturbadora relación que existe entre la inflación, la renta colectiva (salario real) y la elevación de la producción como respuesta a una mejora en la productividad. En tal contexto resulta sobradamente evidente, que la elevación de la eficiencia económica es consecuencia de mejoras crecientes y persistentes en la productividad, hasta alcanzar potenciales reducciones de precios propiciadores de incrementos en el salario real; hecho diametralmente opuesto a la distorsionante indexación de los salarios a la (elevada) inflación (en aras de “mantener” el poder de compra del trabajador) sin que medie aumentos en la productividad del trabajo ni ajustes en los precios regulados, originándose por tanto en el sector productivo una implosión de su estructura funcional que obviamente puede conducir a la quiebra o a una sanción penal/administrativa (al violar los precios controlados), que en ambos casos repercutirá en una disminución de la oferta global y por ende en un recrudecimiento de la triada no deseada (pero si propiciada): escasez, desabastecimiento y ¡¡más inflación!!.
Una cita final: “Una política económica sólo se podrá tener por buena en la medida en que reporte provecho y prosperidad al hombre”. (¿Es esto lo que está sucediendo en Venezuela?).
Jesús Alexis González     
Jagp611@gmail.com
@jagp611

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