La estabilidad económica, entendida como una
situación en la cual no se registran variaciones negativas en la producción,
renta, empleo y precios es procurada
mediante la instrumentación de tres ramas que se desprenden de la Política
Económica, las cuales son: la Política Fiscal (variaciones en los ingresos y
gastos del Sector Público a la luz de la decisión unilateral del Gobierno
Nacional); la Política Monetaria (medidas tomadas por el Banco Central para
aumentar o disminuir la cantidad de dinero en circulación); y la Política
Cambiaria (medidas instrumentadas por el Gobierno en aras de regular el tipo de
cambio).
Estas tres políticas conforman la cadena de causalidad económica,
siendo las dos (02) primeras las que influyen notoriamente sobre la tasa de
inflación, la cual a su vez afecta la determinación del tipo de cambio (precio
del bolívar expresado en una moneda extranjera o divisa) que es fijado por el
Gobierno Nacional teniendo en paralelo una restricción en el flujo de divisas;
todo ello para intentar reducir la tasa de inflación a corto plazo mediante los
precios bajos de productos importados (acción muy difícil de mantener por mucho tiempo).
En el presente artículo centramos el análisis
en la Política Cambiaria, habida cuenta del efecto directo que tiene el tipo de
cambio sobre la inflación, las exportaciones, las importaciones, el empleo y el
crecimiento económico. Es conocido que el tipo de cambio refleja el
comportamiento del mercado de divisas (oferta y demanda), donde la oferta
proviene de las exportaciones (petroleras en nuestro caso) y de los flujos de
entradas de capitales (inversiones extranjeras) de poca presencia en Venezuela;
mientras que la demanda responde a la necesidad de importar bienes y servicios
y para preservar el patrimonio monetario en economías altamente inflacionarias.
De igual modo, el tipo de cambio está altamente condicionado por las tasas de
inflación interna entre países, en razón a que un incremento de los precios
nacionales (característico hoy día en nuestro país) superior al aumento de
precios en los países con relaciones de comercio, torna las exportaciones
venezolanas no tradicionales menos competitivas y sus importaciones
gubernamentales más atractivas; lo cual obviamente disminuirá la oferta futura
de divisas ante el estrangulamiento del aparato productivo nacional, induciendo
que el tipo de cambio se deprecie (pérdida del valor de una moneda con relación
a otra moneda) para mantener la “paridad del poder adquisitivo” (PPA);
acelerando aún más la inflación interna.
Desde otro ángulo complementario, es de
resaltar que el uso reiterativo y descontextualizado de la devaluación como un
impuesto cambiario para aumentar los ingresos de la Tesorería Nacional en pro
de nutrir el Presupuesto Nacional en aras de aumentar el gasto público,
encarece de igual modo las importaciones y eleva la tasa de inflación al
inducir un aumento de la liquidez monetaria con recursos no provenientes de la
estructura productiva nacional (dinero inorgánico) que evidentemente entra al
torrente de inversión social como estrategia para intentar una redistribución
de la renta a través del consumo, con nulo impacto sobre la movilidad social y
una negativa visión a futuro en cuanto a
la potencial contribución de los
ciudadanos hacia su propio progreso y hacia el crecimiento económico nacional
(¿perpetuación de la pobreza?). Ese aumento de la liquidez monetaria, sin la
contrapartida de una equilibrada oferta interna (sólo posible en lo inmediato
mediante un aumento de las importaciones) impactará de nuevo sobre la
inflación, ante la existencia de un modelo socio-económico-ideológico generador
de rigideces en el aparato productivo
nacional que actualmente le impide reaccionar de manera ortodoxa y oportuna
ante un tipo de cambio permanentemente o
ante una devaluación monetaria, como sería un aumento de las exportaciones no
petroleras (¿cuáles?) y una sustitución de importaciones con producción
doméstica (¿con cuál producción?).
En tal contexto, la pretensión(y terquedad)
del Gobierno Nacional de mantener una política antiinflacionaria apuntalada por
un anclaje fijo (paridad oficial congelada por largo tiempo) a un tipo de
cambio sobrevaluado de 6,30 Bs/$ para nuestro caso (en contraste a los más de 60 Bs/$ que
resulta de dividir la masa monetaria por las reservas internacionales), condujo
al desastre económico, al extremo de haber inducido, entre otras
realidades, un enanismo estructural del aparato productivo nacional que ha
propiciado una marcada tendencia decreciente del flujo de divisas, una
sistemática caída de las reservas internacionales e impulsó una refundación magnificada del rentismo
petrolero bajo la figura de un totalitarismo económico.
Nos permitimos una reflexión final: La
ingenuidad (¿?) del Gobierno, al sostener que en Sicad II (compra-venta de
dólares a precios prefijados manteniendo un rígido control de cambio) a mayor
oferta de divisas provendrá de vías privadas que mantienen fuertes cantidades
de recursos plácidamente colocados en el sistema financiero internacional sin
ningún tipo de riesgo y que estarían dispuestos (¿?) a traerlos para
invertirlos en una economía cargada de incertidumbres; y por otro lado de los
más de USD 30.000 millones que fueron obtenidos indebidamente por personas
naturales y jurídicas (aparentemente identificadas)en buen resguardo de la
banca internacional, reflejando la obviedad de una complicidad pasiva a nivel
nacional e internacional. Esta hipótesis de funcionamiento del Sicad II es, a
nuestro parecer, una cortina de humo para esconder la verdad subyacente: los
grandes proveedores serán PDVSA y el BCV por intermedio de los bonos de la
República que poseen (y marginalmente
otros entes del sector público). De tener éxito la hipótesis anterior (lo cual
dudamos), induciría la cercana eliminación del Sicad I (dado un mayor volumen
de oferta del II) propiciando otra
devaluación no menor al 217% (6.30Bs/$--20Bs/$); mientras que el mercado
paralelo (el único no controlado) pudiere seguir funcionando (a pesar de la
brecha con relación a la paridad oficial superior al 1.000%) como reacción ante
una oferta restringida de divisas por intermedio del Sicad II. Este posible
escenario marcadamente inflacionario (puede alcanzar una tasa 2014 de más del
80%) hará recrudecer la escasez y el desabastecimiento que intentarán controlar
artificialmente mediante la Ley Orgánica de Precios Justos.
Economista
Jesús Alexis González
jagp611@gmail.com
@jagp611
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