Hace
50 años, en febrero de 1964, los distintos países miembros de la Organización
de Estados Americanos (OEA) estaban evaluando las preocupantes denuncias
formuladas por Venezuela en contra del gobierno cubano con respecto a actos de
intervención y agresión a la integridad territorial y a la soberanía del país,
así como contra la vigencia de sus
instituciones democráticas, y aguardaban con expectativa los resultados del
informe de la comisión investigadora designada que debía someter sus
conclusiones ante el órgano de consulta del Tratado Interamericano de
Asistencia Recíproca (TIAR).
La
grave situación había obligado al gobierno del presidente Rómulo Betancourt a
efectuar una serie de reuniones con distintos gobiernos a fin de informarles
sobre la significación de tales hechos que atentaban no solamente contra la
seguridad de Venezuela sino también contra la de otras naciones de la región. A
tal efecto, una comisión especial venezolana presidida por el almirante Luis
Croce Orozco, presentó en esa fecha sus planteamientos ante el gobierno de
Brasil indicando entre otros asuntos que el gobierno cubano había introducido
en Venezuela: "tres toneladas de armas... para una operación de
envergadura" entre ellas: "ametralladoras, fusiles automáticos, bazucas,
morteros, cañones sin retroceso y cargas de demolición", en momentos en
los cuales el país se preparaba para la realización de nuevas elecciones
presidenciales.
En
lo jurídico y en lo político, Venezuela le imputaba al gobierno cubano el
delito de agresión internacional e intervención en sus asuntos internos, ante
cuya evidencia se hacía pasible de diversas sanciones colectivas económicas y
diplomáticas con fundamento en el Tratado Interamericano de Asistencia
Recíproca (TIAR) de 1947, que contemplaba en su artículo 8, desde el retiro de
jefes de misión hasta el empleo de la Fuerza Armada contra un Estado agresor.
En
la práctica, el gobierno cubano respaldó la insurrección armada en Venezuela,
la cual había sido aprobada en marzo de 1961 en el III Congreso del PCV, con la
integración del MIR y de sectores de izquierda de URD, con el objetivo
específico de: "tomar el poder" no obstante la existencia de un
gobierno electo democráticamente y cuya legitimidad fue reconocida por el mismo
PCV mediante manifiesto público del 10-12-1958 indicando que: "desconocer
la elección de Betancourt no da ninguna salida al país", sin embargo,
modificaron su postura invitando: "... a las fuerzas patrióticas, y en
especial a la clase obrera y a los campesinos, a dominar todas las formas de
lucha, ya sean legales o ilegales, clandestinas o armadas, para responder y
derrotar a los enemigos...".
En
virtud de la situación, la Novena Reunión de Consulta de Ministros de
Relaciones Exteriores de la OEA se reunió del 21 al 26 julio de 1964 para evaluar el contenido del
Informe y declaró comprobados los actos de agresión y la ilegítima intervención
del gobierno cubano en Venezuela, en virtud de lo cual se resolvió la
aplicación de una serie de medidas previstas en el TIAR, tales como: el cese de
relaciones diplomáticas y consulares con el gobierno de Cuba; la interrupción
de todo intercambio comercial directo e indirecto con excepción de los
alimentos, medicinas y equipos médicos por razones humanitarias; la
interrupción del transporte marítimo salvo las mismas razones especiales.
Igualmente, se facultó al Consejo de la organización dejar sin efecto tales
medidas en caso que el gobierno de Cuba cambiara su conducta, que fue
calificada entonces como: "actos de agresión e intervención contra la
inviolabilidad territorial, la soberanía y la independencia política de
Venezuela", "lo cual afecta a todos los Estados miembros".
Los
gobiernos democráticos de los presidentes Betancourt y Leoni lograron derrotar
el movimiento guerrillero marxista-leninista, cuya: "inexistencia de
condiciones" en Venezuela fue admitida por representantes políticos de la
izquierda venezolana en La Habana y juzgados por muchos como una aventura política.
Rómulo
Betancourt sostuvo con firmeza desde el comienzo de su gobierno (1959) que los
"regímenes que no respeten los derechos humanos, que conculquen las
libertades de sus ciudadanos y los tiranicen con respaldo de policías
totalitarias, deben ser sometidos a riguroso cordón sanitario y erradicados
mediante acción pacífica colectiva de la comunidad jurídica
interamericana...". Basado en tal política que se denominó: "la
doctrina Betancourt", se logró asegurar en sus comienzos la democracia en
Venezuela, la defensa de los valores democráticos comunes en el continente, la
contención del militarismo y del comunismo en su época de mayor expansión y
radicalismo contra las naciones de América Latina.
José
Félix Díaz Bermúdez
Jfd599@gmail.com
@jfd599
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