El término obediencia debida pudiera
describir la conducta asumida por el gobernador Ameliach en relación al
conflicto suscitado entre los ciudadanos carabobeños y el presidente Nicolás
Maduro. Apremio que surge a partir de procedimientos autoritarios que afectan
la integridad simbólica y material de esta ciudad. Como seguramente es de su
conocimiento, amable lector, el gobierno central mediante tres decretos presidenciales
(664,665, y 666) pretende despojar a la ciudad de Valencia de sus más
significativos símbolos (Teatro Municipal y Parque Recreacional Sur) y la
administración de tres populosas parroquias Santa Rosa, Rafael Urdaneta y
Miguel Peña.
Ahora bien, a que viene la expresión
"obediencia debida". ¿Cuál es su significado en el presente
conflicto? ¿Explica esta palabra la pasividad del Gobernador Ameliach y su
falta de voluntad en defender los intereses de los ciudadanos que lo eligieron?
Veamos. Este concepto jurídico implica el cumplimiento de mandatos contrarios
al ordenamiento jurídico y se relaciona con la actividad castrense. Ello es
así, debido a la subordinación que los
miembros de una jerarquía castrense deben rendir a sus superiores.
El gobernador de nuestro estado está obligado
a procesar obediencia debida a su superior jerárquico, el Presidente de la
República. Su lealtad no es con los ciudadanos que sufragaron por su persona;
tampoco le rinde obediencia a la voluntad popular y, desde luego, a los
principios autonómicos que deberían ordenar un estado descentralizado que
escoge sus propios gobernantes, como es el caso de Carabobo.
Recientemente el presidente Nicolás Maduro
revocó el decreto 665 que transfería la administración del Teatro Municipal de
Valencia al ejecutivo nacional.
Revocatoria que no fue producto de gestiones del gobernador Ameliach, sino de
la fuerte oposición ciudadana a este instrumento de despojo. La
"obediencia debida", en esta ocasión,
funcionó en las dos direcciones,
para la usurpación y devolución de este ícono de la ciudad de Valencia. En fin,
el gobernador Ameliach carece de la autonomía que supone el ejercicio de
la función pública para la cual fue electo. El rollo de los ciudadanos
valencianos es, pues, con el presidente Maduro.
El país está siendo pisoteado por diversas
autoridades estadales que, al igual que nuestro gobernador, carecen de
autonomía y obedecen exclusivamente a los dictados del gobierno central. No me
canso de señalarlo. El conflicto político en la Venezuela actual es aquel que
opone, por un lado, los que practican la obediencia debida y, por el otro, los
ciudadanos que ejercen de forma real la llamada democracia participativa y
protagónica. Es imperativo, entonces, "enmarcar" los graves problemas
nacionales (seguridad, vivienda, desempleo, inflación, escasez, etc.) en esta
narrativa descentralizadora, autonómica y federal.
Hay que luchar unidos con la finalidad de
derrotar a quienes ejercen el autoritarismo como forma de gobierno. En el caso
de la ciudad de Valencia, es necesario arreciar la lucha y dotarla de una
connotación de carácter nacional. Ello implica, entre otras cosas, experimentar
otras formas de expresión (marcha cívica, por ejemplo) y enlazarla con
situaciones parecidas que se están sucediendo en otras capitales del país
(Barquisimeto, Maracaibo, Barinas, San Cristóbal, entre otras).
Finalmente, dejemos el “pescueceo” y
entrompemos la obediencia debida con la desobediencia ciudadana.
Nelson Acosta
acostnelson@gmail.com
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