A raíz de la reciente andanada gubernamental
de improperios contra las empresas privadas y los empresarios, a quienes se les
acusa de realizar prácticas especulativas que han desencadenado el galopante
proceso inflacionario que padecemos, me propuse escribir este artículo con el
ánimo de rebatir muchas de las acusaciones esgrimidas, y alertar sobre las
posibles consecuencias que se pudieran derivar de la implementación de varias
de las acciones que se están aplicando, o que se intentan poner en marcha, con
el fin de doblegar aquellas prácticas especulativas.
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Como este es un tópico sobre el que he
escrito en variadas oportunidades, revisé varios de los artículos que he
publicado en esta columna relacionados al mismo tema, y me topé con uno
escrito a raíz de la aprobación de la
Ley de Costos y Precios Justos en julio de 2011 que me llamó la atención, pues
su contenido es hoy de gran vigencia.
En el mismo decía que esa ley se
originaba del convencimiento gubernamental de que la inflación que padecíamos
se debía a la especulación, por lo que la solución de ese problema se tenía que
centrar en el combate a esas abyectas prácticas, para lo cual se aprobó la
mencionada ley con el fin de “levantar
un registro estricto, permanente y detallado de los costos de producción,
distribución y comercialización de todas las personas naturales y jurídicas que
produzcan, importen o comercialicen bienes
o presten servicios, con el fin de establecer los precios justos a los
que se podrán vender éstos”.
También decía en ese artículo que la ley
establecía que cualquier modificación, o el establecimiento del precio de un
nuevo producto, tenía que contar con la aprobación de la Superintendencia
Nacional de Costos y Precios, entidad que determinaría el precio justo del bien o servicio, o permitiría su
modificación. Me preguntaba entonces cómo un gobierno tan ineficiente
pretendía montar la sofisticada y
compleja estructura que se requería para implementar esa ley, dónde estaban los
técnicos capaces de analizar eficientemente las estructuras de costos de
infinidad de empresas, o cómo podrían establecerse los costos razonables de
distintas empresas productoras de productos similares cuando unas eran más
grandes y eficientes que otras.
Concluía ese escrito diciendo que lo que
generaría dicha ley, además de corrupción, sería escasez y desabastecimiento,
pues condenaría a múltiples empresas a trabajar a pérdida o con márgenes muy
exiguos, haciendo que los productos se consiguieran principalmente en el
comercio informal, pero a precios desproporcionadamente elevados, por lo que
lejos de aliviar el problema inflacionario, lo que haría sería agravarlo.
Pues
bien, el tiempo me dio la razón, ya que después de una desaceleración inicial y
transitoria del aumento de los precios al comienzo de la implementación de la
ley vino el brutal rebote inflacionario que hoy padecemos.
Ante las insólitas acciones recientes del
gobierno y los anuncios de las decisiones que vendrán en el marco de la
innecesaria ley habilitante que tramposamente está aprobando la Asamblea
Nacional, es válido que nos preguntemos qué consecuencias tendrán esas
decisiones.
Lo que se producirá a la larga es desabastecimiento, escasez,
escalada inflacionaria, cierre de empresas y desempleo.
Ya hemos visto el
volcamiento de personas hacia los comercios en busca de bienes con precios
reducidos, que en algunos casos degeneran en frustración y desorden ante el
agotamiento de los inventarios, llegándose a producir saqueos y destrucción.
Esto se traducirá en desabastecimiento en las
próximas semanas, precisamente en vísperas de la Navidad, proliferando el
comercio informal con altos precios, el cierre de múltiples comercios y el
despido de sus empleados.
Después de un primer efecto de desaceleración en el
aumento de los precios, lo que vendrá es alta y creciente inflación. Ojalá que
las autoridades entren en razón y eviten la materialización de un absurdo.
palma.pa1@gmail.com
@palmapedroa
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