La
corrupción ha impedido que se construyan las cárceles necesarias para solventar
el hacinamiento
La
inmensa corrupción que ha sufrido Venezuela en los últimos años ha influido
directa o indirectamente en el incremento de la inseguridad ciudadana. El
saqueo del patrimonio público y la conducta desviada de muchos funcionarios,
son elementos claramente relacionados con la altísima criminalidad que se
desarrolla en nuestras calles.
La
falta de inversión es un factor que ha afectado transversalmente la lucha
contra el delito. Buena parte de los recursos dilapidados por la vía de la
corrupción han podido ser destinados a solventar el gran déficit material y
humano que presentan las policías, el Ministerio Público, el Poder Judicial y
el sistema penitenciario, entre otras instituciones relacionadas con la
seguridad ciudadana.
La
corrupción se ha llevado en gran medida el dinero destinado a la
infraestructura judicial del país. Basta recordar, por ejemplo, lo ocurrido con
el caso de la denominada Ciudad Lebrún (Petare), donde supuestamente se iba a
construir la sede del Palacio de Justicia del Área Metropolitana de Caracas.
Después de miles de millones despilfarrados en este proyecto, los tribunales
penales de la capital continúan funcionando en un edificio indigno para la
administración de justicia. Esta misma historia se repitió en distintos estados
del país.
El
flagelo de la corrupción es el mecanismo a través del cual ingresan drogas,
alcohol, armas de fuego y otros elementos perjudiciales a las cárceles del
país. Sin funcionarios corruptos sería imposible la existencia de
"pranes" u otros presos privilegiados, los cuales hoy se permiten
hasta salir a la calle a parrandear, tal como ocurrió esta semana con unos
detenidos de la cárcel de Sabaneta, en Maracaibo. La mayoría de las fugas
tampoco se podrían producir sin la participación de funcionarios del sistema
penitenciario. La corrupción ha impedido también que se construyan las cárceles
necesarias para solventar el terrible hacinamiento que sufre la población
reclusa. En este punto cabría preguntarse qué ha pasado con los recursos que el
Ministerio del Servicio Penitenciario (a través del Fondo Nacional para
Edificaciones Penitenciarias) debió destinar para levantar la infraestructura
carcelaria del país.
Los
policías, fiscales del Ministerio Público, jueces y funcionarios del sistema
penitenciario, que desvían su actuación por la vía de la corrupción,
contribuyen en gran medida con la impunidad de los criminales. La corrupción es
una de las causas por las cuales hoy solo 2 de cada 100 delincuentes son
efectivamente sancionados. Desde 1998 se prometió depurar los organismos del
sistema de justicia, pero la realidad indica que poco o nada se ha hecho en
esta materia.
Los
anteriores son solo algunos ejemplos de cómo la corrupción se involucra y
afecta nuestra seguridad ciudadana. Los responsables son los que tienen más de
14 años manejando a su antojo el presupuesto y el resto de los aspectos
relacionados con las instituciones que deben luchar contra el crimen en
Venezuela. La paradoja, es que hoy se quieren investigar a sí mismos.
@luisizquiel
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