En la Constitución venezolana, la inmunidad
parlamentaria es una prerrogativa expresamente consagrada en el artículo 200:
"Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en
el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su
mandato o la renuncia del mismo".
Allanar la inmunidad parlamentaria de un
diputado no es un asunto de poca importancia, en primer lugar, porque se trata
de un cargo de elección popular, y en segundo lugar, porque la razón de ser de
dicha prerrogativa no es defender a la persona que funge como legislador, sino
proteger el ejercicio libre e independiente de sus funciones parlamentarias,
por una parte, y por otra, evitar que mediante confabulaciones se intente
llevar a cabo algún tipo de retaliación política.
De ninguna manera debe confundirse la
inmunidad con la impunidad, pues aquélla no es una mampara para los delitos o
hechos ilícitos que pudieren cometer los diputados durante el ejercicio de su
representación. El artículo 200 de la Constitución vigente establece que
"De los presuntos delitos que cometan los o las integrantes de la Asamblea
Nacional conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única
autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su
detención y continuar su enjuiciamiento".
Por lo tanto, el procedimiento exige que
antes de llevar a juicio a un diputado, se cumpla con el requisito previo
contemplado en el ordinal 20 del artículo 187 de la Constitución: "La separación
temporal de un diputado o diputada sólo podrá acordarse por el voto de las dos
terceras partes de los diputados y las diputadas presentes".
Escribo este artículo pocas horas antes de
que la decisión de allanar la inmunidad del diputado Richard Mardo se realice
con el voto de 2/3 de los miembros de la Asamblea Nacional o con el voto de una
mayoría simple. Si ocurriere esto último, esa mayoría simple de legisladores
estaría violando impunemente la Constitución y la voluntad de los electores que
eligieron al diputado Mardo como su representante, pero además, se estaría
ejecutando una vil venganza política, muy propia de regímenes que, como el
actual gobierno ilegítimo, se esmeran en la interpretación arbitraria de la
Constitución y las leyes.
lilianafasciani@yahoo.es
@lilianafasciani
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